INSTRUCCIÓN. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE LA CAUSA DE EMITIR EL ACUERDO QUE ANUNCIA QUE ESTÁ POR CONCLUIR LA ETAPA RELATIVA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO, VIOLA LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
AMPARO DIRECTO 405/2006.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Este Tribunal Colegiado, supliendo la deficiencia de la queja en términos de lo establecido por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, al realizar el estudio de las constancias de la causa penal, advierte infracciones al procedimiento, que afectan al quejoso, las que de acuerdo a la técnica instituida en el juicio de amparo, en particular a las reglas contenidas en los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, deben ser analizadas con prelación a las cuestiones de fondo, esgrimidas en el motivo de desacuerdo que se plantea.
El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos segundo y tercero, dispone:
"Artículo 14. ...
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata."
Como se advierte, el referido artículo consagra como uno de los derechos inalienables del gobernado, que durante la tramitación de un juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para garantizar una defensa adecuada antes del acto de privación.
Cabe señalar que el proceso penal se compone de los siguientes procedimientos:
I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejerce o no la acción penal;
II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;
III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;
IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;
V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos; y,
VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas.
Ahora bien, en lo que interesa, cabe señalar que la averiguación previa es un procedimiento autónomo y se sustancia antes del proceso penal, cuya finalidad es indagar sobre la denuncia o querella criminales, con el objeto de probar la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo que viene a constituir la función investigadora del Ministerio Público de la Federación, con el objeto de determinar la procedencia de la acción penal, conforme al artículo 21 de la Constitución Federal.
La preinstrucción comprende el plazo instituido por el artículo 19 de la Constitución Federal y tiene por objeto verificar la comprobación del delito y la probable responsabilidad del indiciado considerados por el Ministerio Público en su pliego consignatorio, este procedimiento inicia a partir de que el inculpado se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional, abarca setenta y dos horas, las cuales pueden duplicarse únicamente a petición del inculpado en la forma que establezca la ley; concluye con una resolución en la que se puede decretar auto de libertad a favor del inculpado, auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso.
Si se determina decretar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, inicia el procedimiento de instrucción, que supone la presencia del procesado, del defensor y del Ministerio Público, dicho procedimiento se denomina de esa forma, porque en ella se instruye al juzgador para llegar al conocimiento de los hechos, así como de las pruebas, y concluye con la resolución que la declara cerrada, según se trate del procedimiento ordinario o del sumario.
En esta etapa del proceso se decreta la apertura de alguno de los procedimientos de que se trata, cuyo objetivo es establecer la forma en que se sustanciará la instrucción y cada uno tiene características que los distinguen.
En el procedimiento ordinario, que es el que nos ocupa en el caso, supone una mayor duración, debiéndose tener presente lo dispuesto por la fracción VIII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, que dispone:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado:
"...
"VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa."
La fracción anterior prevé la garantía de celeridad del proceso, procurando que éste no se extienda injustificadamente por más de cuatro meses si la pena máxima no excede de dos años de prisión o por más de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que el propio inculpado manifestara su necesidad de un plazo mayor para ofrecer pruebas.
Se relacionan con lo anterior los artículos 92 y 93 del código adjetivo penal de la entidad, los que establecen lo siguiente:
"Artículo 92. La instrucción deberá terminarse dentro de diez meses contados a partir del auto de formal prisión, salvo que el inculpado o su defensor soliciten mayor tiempo para su defensa, en cuyo caso el Juez ampliará este plazo por el tiempo estrictamente necesario para el desahogo de las pruebas que aquéllos ofrezcan.
"Dentro del mes anterior a la conclusión de los plazos ordinario o extraordinario a que se refiere el párrafo anterior, el Juez dictará auto que señale esta circunstancia, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo. En este último supuesto, hará saber su determinación al tribunal de alzada, para que resuelva los recursos pendientes antes de que concluya la instrucción. Las partes, notificadas del auto, manifestarán y promoverán lo que a su derecho convenga. El Juez resolverá de plano."
"Artículo 93. Transcurridos los plazos señalados en el artículo anterior, o antes si no hubiese diligencias que practicar, el tribunal declarará cerrada la instrucción y mandará poner el proceso a la vista de las partes para la preparación de las conclusiones que deberán presentar en la audiencia.
"Primero se pondrá el expediente a la vista del Ministerio Público, por diez días, plazo que se ampliará en un día más por cada doscientas hojas de que conste el expediente, sin exceder nunca de treinta días. A continuación se pondrá el expediente a la vista del inculpado y su defensa, por el mismo plazo. Concluido éste, el Juez fijará fecha para la audiencia, que en ningún caso será renunciable o dispensable, y que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la terminación del periodo del que disponen el inculpado y su defensa para la preparación de sus conclusiones.
"Antes de la celebración de la audiencia, las partes podrán solicitar el desahogo de pruebas en aquélla, sin perjuicio de la potestad judicial de ordenar diligencias para mejor proveer, que podrá ejercer en todo tiempo. El Juez calificará las pruebas ofrecidas y dispondrá lo conducente para su recepción en la audiencia."
De dichos preceptos se infiere que la instrucción en los procesos penales deberá concluirse dentro de los diez meses contados a partir del auto de término constitucional que resuelve la situación jurídica del inculpado, con la salvedad de que el procesado y su defensor soliciten mayor tiempo para su defensa, caso en el que se ampliara el término necesario para desahogar las pruebas ofertadas; dentro del mes anterior a la conclusión de los plazos antes referidos, el Juez de la causa instructor dictará auto en el que declare agotada la instrucción, hará relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogarse, en este último supuesto lo hará del conocimiento del tribunal de apelación para que resuelva los medios ordinarios que se interpongan antes de que concluya la instrucción y las partes una vez notificadas del auto que declara agotada la instrucción manifestarán y promoverán lo que en derecho convenga.
Cabe observar que la declaración de que la instrucción está agotada en un procedimiento ordinario, tiene por objeto que las partes hagan un repaso de su material probatorio aportado, para estar en condiciones de observar la conveniencia de algún medio más que ofrecer, esto representa una llamada de atención a las partes para que en un complemento probatorio puedan practicarse los medios de convicción que por cualquier circunstancia no se llevaron a cabo en la fase principal de la instrucción.
Transcurridos los plazos a que hace referencia el artículo 92 del código adjetivo penal de la entidad, o antes si no existieran diligencias que practicar, el juzgador declarara cerrada la instrucción y mandará poner a la vista de las partes los autos para que presenten sus conclusiones por un término de diez días, en primer lugar al Ministerio Público y posteriormente al inculpado y su defensa por el mismo plazo. Concluido el término referido, se fijara fecha para la audiencia de vista que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la terminación del periodo que dispone el procesado y su defensa para la preparación de sus conclusiones, antes de la audiencia las partes podrán solicitar desahogo de pruebas, sin perjuicio de que la autoridad judicial lo haga para mejor proveer, disposiciones que son imperativas para el órgano jurisdiccional, dado que se trata de disposiciones de orden público e interés social que instrumentan el proceso penal.
De la figura de la declaratoria de agotamiento de la instrucción en el procedimiento ordinario se desprende que ésta tiene la finalidad de llamar la atención de las partes del próximo cierre de la instrucción, para que estén en aptitud de hacer el análisis del material probatorio que aportaron al procedimiento y se percaten de las diligencias que falten y, en su caso, solicitar su desahogo, o bien, manifiesten lo que a su derecho corresponda. En ese sentido, si el Juez de la causa en un mismo auto declara agotada la instrucción y el cierre de ésta, ello implica una violación a las normas que rigen el procedimiento penal que deja sin defensa al inculpado y trasciende al resultado de la sentencia, pues soslaya que la declaratoria de agotamiento de la instrucción tiene la intención de respetar la garantía de defensa del procesado, de manera que no puede prescindirse de ninguna de las etapas del procedimiento con el pretexto de respetar el principio de celeridad en la administración de justicia en perjuicio de aquella garantía.
Pues el artículo 160 de la Ley de Amparo, en sus fracciones VIII y XVII, establece:
"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:
"...
"VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa;
"...
"XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."
Del referido artículo se desprende que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento en las hipótesis que detalla enunciativamente, en las que sin lugar a dudas quedan comprendidas las que se cometan desde el auto de radicación de la causa hasta la actuación que antecede a la sentencia definitiva, lo que significa que las violaciones procesales que se adviertan oficiosamente y las planteadas por el indiciado deberán ser materia de estudio en el juicio de amparo directo si se cometieron en el periodo antes indicado, ya que ello es acorde con la obligación que deriva de los artículos 76, 76 Bis, fracción II y 158 de la propia legislación, en cuanto imponen a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección de las garantías de los gobernados tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso, de constancias que integran la causa penal ... instruida en contra de ... por el delito de violación, se advierte que el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, dictó auto por el que decretó cerrada la instrucción en el procedimiento de origen, sin que previamente emitiera el proveído correspondiente que decretara el agotamiento de la instrucción, con lo cual se quebrantó la garantía de legalidad y debido proceso a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal.
Agotar la instrucción antes de cerrarla tiene el efecto de dividir en dos periodos a la instrucción, al considerar como obligación por parte del juzgador hacer una declaratoria de agotamiento de la instrucción y prevenir a las partes del próximo cierre de la misma, lo que implica la posibilidad de que el procesado pueda ser oído nuevamente en pro de una mejor defensa, en la medida de que el agotamiento de instrucción tiene por objeto que las partes hagan un repaso de su material probatorio aportado para estar en condiciones de observar su debido desahogo, previo al cierre de instrucción.
Ahora bien, de las constancias que integran los autos de la causa penal que nos ocupa, se aprecia que el dieciséis de agosto de dos mil tres, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, decretó auto de formal prisión contra ... por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 139 del Código Penal para el Estado de Guerrero, y declaró la apertura del procedimiento ordinario, pues al efecto expuso en el resolutivo cuarto lo siguiente:
"SEGUNDO. Hágase saber a las partes que el presente proceso se tramitará por la vía ordinaria, por lo que abre el mismo a prueba, por el plazo de diez meses contados a partir de este auto ..." (foja 140).
Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas en la causa, mediante proveído de doce de abril de dos mil seis, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, dictaminó lo siguiente:
"...Visto el resultado jurídico de autos, al observar que no existen pruebas pendientes por desahogar ni recurso que resolver, atento a lo pedido por el licenciado ... en su escrito de veintinueve de marzo previo, que obra glosado en autos, con fundamento en el artículo 93 del código procesal penal, declaro cerrada la instrucción; por lo que pongo los autos a la vista de las partes para la preparación de sus respectivas conclusiones por el plazo de diez días, el cual se amplía por otros dos, en razón de exceder el expediente de doscientas fojas útiles. De tal manera que el plazo para ello es de doce días hábiles; mismo que primero contará a la Ministerio Público adscrita, y luego al procesado y su defensor. Notifíquese y cúmplase. ..."
De lo anterior, se advierte que el procedimiento de la causa penal que nos ocupa es violatorio de garantías del quejoso, toda vez que tanto el agotamiento como el cierre de instrucción tienen naturaleza jurídica propia, por ende, sus efectos dentro del proceso penal son distintos y si bien el primero da pauta para la emisión del segundo, al haber dictado el Juez un proveído de esta naturaleza, sin acatar lo dispuesto por los normativos 92 y 93 del Código de Procedimientos Penales en la entidad, implica una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo, pues no les informó del estado de los autos para su adecuada defensa.
Es aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 47/95, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que dice:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito que la justicia debe administrarse de manera pronta y expedita, con base en lo que dispone el artículo 17 constitucional; sin embargo, este precepto no faculta de modo alguno al juzgador a eliminar una parte del procedimiento, en virtud de que ello no es una prerrogativa para el órgano jurisdiccional, ya que la pretensión del legislador al instaurar en los juicios ordinarios la declaratoria de agotamiento de instrucción fue para favorecer el alcance de las garantías de defensa del procesado, pues la administración en la justicia requiere favorecer, hasta donde sea razonable y posible, la abreviación de procedimientos, sin prescindir en ningún caso de la garantía de defensa de la acusada.
Es aplicable al caso la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que este similar comparte, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 231, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"DEFENSA, GARANTÍA DE, TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del artículo 20 constitucional señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo; también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en el plazo que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebase el término ya señalado, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente que deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello de acuerdo con la mencionada fracción VIII del artículo constitucional aludido, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia."
Por tanto, si en el caso particular el Juez de la causa, sin respetar las fases establecidas en los artículos 92 y 93 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Guerrero, declaró cerrada la instrucción sin haber agotado previamente la misma, ello constituye una violación a las formalidades que rigen el procedimiento, cuya infracción afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo.
Es aplicable al caso la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que este similar comparte, Tomo XVIII, julio de 2003, tesis III.2o.P.84 P, página 1250, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE LA CAUSA CIERRE LA INSTRUCCIÓN SIN HABERLA DECLARADO PREVIAMENTE AGOTADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).-El artículo 315 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, en síntesis, establece que si el juzgador al revisar el expediente encontrare en el procedimiento que no existen ya diligencias pendientes de practicar, por haberse desahogado las promovidas por las partes o decretadas por él mismo, declarará agotada la averiguación (instrucción) y dará vista a las partes por el plazo de diez días para que promuevan los medios de prueba que estimen pertinentes. Luego, si el Juez natural, en lugar de acatar lo dispuesto por tal norma, es decir, tener por agotada la instrucción, declara el cierre de esta etapa procesal y pone las actuaciones a la vista del Ministerio Público para que formule sus conclusiones, acorde a lo previsto por el numeral 318, párrafo primero, de la ley adjetiva invocada, es evidente que con ello se deja en estado de indefensión al quejoso, porque no se le proporcionaron los datos necesarios para su defensa, en la medida de que el agotamiento de la instrucción tiene por objeto que las partes hagan un repaso de su material probatorio aportado para estar en condiciones de observar la conveniencia de alguna probanza más que ofrecer, lo que representa una llamada de atención a las partes para que en un complemento probatorio puedan desahogarse los elementos de convicción que estimen pertinentes; por tanto, al haber privado de esa oportunidad a las partes antes del cierre de instrucción, ello se traduce en una infracción procesal de acuerdo a lo previsto por el artículo 160, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que amerita la reposición del procedimiento."
En las condiciones relatadas, al actualizarse en el caso concreto la violación procesal de mérito, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, para que la autoridad responsable deje sin efecto la sentencia reclamada y ordene al Juez de primer grado la reposición del procedimiento a partir del proveído que declaró cerrada la instrucción y previo a ésta declare agotada la misma en términos del artículo 92 del código adjetivo penal en el Estado.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 160, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Maximiliano Toral Pérez, presidente, Jesús Rafael Aragón y Martiniano Bautista Espinosa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20302-37d0fb21/instruccion-la-omision-del-juez-de-la-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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