ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE SU FIJACIÓN EN UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR. ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA REGULARIDAD DE SU PAGO Y ASEGURAMIENTO.
AMPARO DIRECTO 595/2006.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En una parte del primer concepto de violación, el quejoso señala que la Sala responsable omitió entrar al estudio de los agravios, y consideró exacto el razonamiento del Juez de primer grado, pero pasando por alto que en el desahogo de la prueba confesional a cargo de la actora, que la autoridad dejó de valorar, dicha absolvente manifestó que el actor siempre cumplió con sus obligaciones alimentarias, con lo que dejó de existir controversia al respecto, así como que la actora señaló que no le alcanzaba para sufragar sus gastos, lo cual es diferente a la falta de otorgamiento de alimentos, que sí proporciona el demandado, además de que la demandante trabaja y obtiene ingresos económicos propios.
Son infundados los señalamientos anteriores, porque en la sentencia reclamada, según puede verse en la transcripción efectuada en el considerando tercero de esta ejecutoria, la Sala responsable sí analizó los aspectos anteriores, indicando que la actora señaló, al responder a las posiciones que se le formularon en audiencia de diez de abril de dos mil seis, que el demandado siempre había cumplido con la obligación de alimentos para sus menores hijos, tras lo cual, dicha autoridad estimó que fue correcta la fijación de la pensión de alimentos al tratarse de intereses superiores generadores de una obligación que no puede quedar al libre arbitrio de las partes.
La propia autoridad de apelación precisó que no debía perderse de vista que la actora adujo que las cantidades entregadas por el demandado eran insuficientes, y que no obraba prueba sobre la fuente y monto de los ingresos de la mencionada actora, por lo que si bien ambos padres debían contribuir al desarrollo y estabilidad de los menores, la resolución recurrida no causaba perjuicio al apelante.
Con esas consideraciones, el órgano de alzada no omitió el examen de los agravios que el quejoso hace depender de la ausencia de ponderación de las referidas circunstancias inherentes al reconocimiento en la confesional del cumplimiento de la obligación alimenticia, la insuficiencia de las cantidades entregadas por tal concepto y los ingresos de su contraparte.
En otra parte del primer concepto de violación y en el segundo, que se examinan conjuntamente dada la estrecha relación de las cuestiones que comprenden, según autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, el peticionario de amparo sostiene que en la resolución reclamada se infringen los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a:
Que la Sala responsable consideró por "mera analogía" que se debía continuar con el descuento ordenado por el Juez de primera instancia.
Que el órgano de segundo grado citó un criterio de interpretación judicial, el cual "no lo funda ni motiva", y se abstuvo de señalar si era una tesis aislada o jurisprudencial, así como el órgano de emisión y época de publicación.
Que la situación a que se refiere esa tesis tiene lugar cuando el deudor alimentario proporciona una pensión de manera irregular y por cantidades diferentes, lo cual no ha pasado en el presente asunto, por lo que ese criterio "es incorrecto" e "inconstitucional" por omitir aplicarse "la legislación".
Que la autoridad de alzada no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la acreedora alimentaria, ya que nunca se demostró cuáles eran los gastos de la actora, ni por qué "no le alcanza", además de que no señaló el monto de sus ingresos económicos, de tal suerte que la Sala carecía de elementos para confirmar la condena de primer grado; y,
Que si la pretensión de la autoridad responsable era proteger a los menores hijos de las partes, debió señalar, siempre y cuando se demostrara que el demandado se abstuvo de proporcionar alimentos, lo cual no ocurrió según probó la confesional a cargo de la actora, una pensión justa de hasta un veinte por ciento de los ingresos del propio demandado, tomando en cuenta que la actora tiene un trabajo que le permite obtener ingresos por lo que, al no hacerlo así, resulta incongruente la resolución reclamada.
Son infundados los argumentos reseñados, ya que fue correcta la conclusión a que arribó el órgano de alzada en el sentido de confirmar la condena al pago de una pensión alimenticia en el porcentaje decretado en primera instancia, sin que obsten a ello un cumplimiento previo del débito alimentario por parte del ahora quejoso, ni la expresión sobre los ingresos que pudiera obtener la cónyuge que promovió por sí y en representación de sus menores hijos.
El anterior aserto encuentra sustento, en primer lugar, en el hecho de que, ordinariamente, tratándose de alimentos, la carga probatoria sobre la necesidad de los mismos y sobre su pago corresponde al deudor, en términos del primer párrafo del artículo 282 del código adjetivo civil, ya que si el acreedor alimentista niega que se haya cumplido con el deber de alimentos, no se le puede compeler a probar ese hecho negativo, amén de que únicamente debe demostrar su calidad de acreedor, lo que genera la presunción de necesitar alimentos, particularmente tratándose de menores, y la capacidad económica del deudor para cubrir la obligación alimenticia.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91 a 96, Cuarta Parte, página 7, que indica:
"ALIMENTOS. CARGA DE LA PRUEBA. No corresponde al acreedor alimentario demostrar que necesita los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba corresponde al deudor."
En el mismo sentido, obra la tesis I.3o.C.325 C de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 1243, que se reitera y es del tenor siguiente:
"ALIMENTOS. NO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE UNO DE LOS PADRES, QUE EL OTRO TENGA BIENES SUFICIENTES PARA ABSORBER TOTALMENTE LA CARGA NI QUE LOS HIJOS TENGAN BIENES PROPIOS, SI NO SE DEMUESTRA QUE LES PRODUCEN INGRESOS MONETARIOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR ESA NECESIDAD. El objeto fundamental de la figura jurídica de los alimentos es que el deudor otorgue al acreedor lo necesario para su subsistencia en forma integral, entendiéndose por esto, tratándose de los hijos: el sustento, el vestido, la habitación, el entretenimiento, la atención médica y hospitalaria, la educación y los gastos para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Además, los alimentos deben darse de acuerdo a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del deudor y, en principio, son ambos padres los principales obligados a dar alimentos a sus hijos y tal obligación se cumple asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia, a menos que exista un inconveniente legal al respecto, por lo que la carga de proporcionar los alimentos debe repartirse entre los deudores en proporción a sus haberes y si uno solo de ellos tiene posibilidades, él cumplirá únicamente la obligación. Cabe precisar que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos, dado que se supone que por su edad no tienen ingresos propios ni la capacidad suficiente para procurárselos por sí mismos, presunción que se desvirtúa cuando el deudor demuestra plenamente que el acreedor sí tiene ingresos propios, sea como producto de su trabajo o frutos de bienes y que son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, en cuyo caso cesa la obligación de otorgar alimentos, por lo que para que proceda la acción ejercitada por un menor, sólo debe demostrar su calidad de acreedor y que el deudor tiene bienes o ingresos para cubrir la pensión reclamada. Luego, si se acredita que los dos progenitores tienen ingresos, resulta evidente que ambos tienen la obligación de contribuir en forma proporcional a sus ingresos al pago de los alimentos de sus hijos. No es motivo para estimar que uno de los progenitores está eximido de dar alimentos a los hijos, que el otro tenga posibilidades suficientes como para afrontar por sí solo la carga alimentaria, puesto que ello sólo implica el reparto equitativo de la obligación y ésta dimana de la ley. Tampoco desvirtúa esa obligación alimentaria que se demuestre que los menores tienen bienes, si no se prueba, además, que les producen ingresos monetarios suficientes, de los cuales puedan hacer uso para satisfacer sus necesidades alimentarias."
Como apunta el quejoso, en la especie formó parte del debate de primera instancia la insuficiencia de los alimentos proporcionados por el demandado, sin embargo, ello no relevaba a este último de la carga probatoria apuntada ya que, por un lado, la existencia de ingresos propios de su cónyuge no le libera de contribuir proporcionalmente a la subsistencia de los menores hijos de ambos y, por otra parte, si pretendía la fijación de una pensión que tuviera en cuenta los ingresos de su esposa era necesario que acreditara, primero, la fuente y monto de esos activos y, segundo, que estos últimos eran suficientes para cubrir los alimentos en forma tal que se disminuyera el importe de la pensión que, de cualquier manera, debía pagar el hoy peticionario de garantías.
Este último imperativo es el segundo aspecto que sustenta la afirmación sobre la correcta determinación de la Sala responsable, ya que si bien es cierto, y así lo ponderó esa autoridad de alzada, que la actora reconoció que el demandado había cumplido con su obligación alimentaria, también es verdad que, aun teniendo al quejoso cumpliendo con su obligación alimentaria, sí procedía la condena al pago de una pensión alimenticia.
En efecto, debe tenerse en cuenta que la figura jurídica de los alimentos está integrada por diversos conceptos, todos ellos, necesarios para la subsistencia de los acreedores alimentarios y, en el caso de los menores, para su adecuado desarrollo y preparación que les permita, en su momento, procurarse a sí mismos esos satisfactores.
Así, se desprende del artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece:
"Artículo 308. Los alimentos comprenden:
"I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;
"II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;
"III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declaradas en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y
"IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia."
Aún más, los diferentes elementos comprendidos en la institución de los alimentos, no se limitan a obtener una precaria supervivencia o a la satisfacción de las más ingentes necesidades del acreedor alimentario, sino que deben ser bastantes para solventar una vida decorosa a dicho acreedor, atendiendo a las circunstancias personales, familiares y sociales del mismo, determinadas por su entorno inmediato.
De esa manera, lo ha estimado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2001, visible en la página 11 del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social."
La necesidad de recibir los alimentos se produce de momento a momento, debido a que están destinados a lograr la subsistencia decorosa de los acreedores alimentarios, y mientras existan éstos resulta inexorable que sean cubiertas las necesidades inherentes al ser humano que tienden a proteger los diversos elementos integrados en la mencionada figura jurídica, de modo que la obligación de los deudores alimentarios se prolongará hasta en tanto los acreedores dejen de reunir esa calidad, lo que ocurrirá cuando estén en posibilidad de allegarse por sí mismos los satisfactores necesarios para subsistir, o en el momento en que los deudores carezcan de la posibilidad de suministrar los alimentos.
Por ende, el cumplimiento previo de la obligación de proporcionar alimentos, no impide que el órgano jurisdiccional pueda fijar una pensión alimenticia suficiente para que el acreedor alimentario se desenvuelva de manera decorosa en el medio determinado por sus personales circunstancias, ya que la necesidad de subsistencia seguirá presentándose y, por consiguiente, también se prolongará el deber de otorgar alimentos, pero el cumplimiento del mismo no puede quedar al arbitrio del deudor alimentista, salvo que exista un acuerdo de voluntades sobre el tiempo y la cantidad en que será satisfecha su obligación.
Luego, la pensión se presenta como un medio idóneo para garantizar que el acreedor recibirá en el futuro sus alimentos, con independencia de que los haya obtenido con anterioridad a la promoción de la controversia judicial, ya que tal circunstancia sólo es relevante si existen deudas que hayan sido contraídas por el acreedor alimentista a fin de sufragar sus necesidades pretéritas de alimentos, habida cuenta que será necesario un pronunciamiento sobre el pago de esos débitos por parte del deudor alimentista, pero carece de esa trascendencia si no existen tales deudas porque, entonces, la cuestión se enfoca en la subsistencia futura del acreedor alimentario que será solventada por la cantidad fijada a título de pensión.
Resulta aplicable, la tesis I.3o.C.371 C de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, página 744, que se reitera y que establece:
"ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA REGULARIDAD DE SU PAGO Y ASEGURAMIENTO; POR TANTO, PROCEDE SU CONDENA AUNQUE EL DEMANDADO HAYA PROBADO HABER REALIZADO PAGOS ANTES Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. No es suficiente para absolver al demandado del pago de alimentos, que haya probado haberlos ministrado antes y durante la tramitación del juicio, ya que tal obligación es de tracto sucesivo, en razón de que la necesidad de recibirlos surge de momento a momento. Consecuentemente, los pagos efectuados por el demandado no generan que el órgano jurisdiccional esté imposibilitado a fijar una pensión alimenticia suficiente y a determinar su aseguramiento, porque se trata de una obligación que tiende a satisfacer necesidades de subsistencia, que no puede quedar a la potestad del deudor alimentista proporcionarla en el tiempo y por la cantidad que estime necesaria, salvo cuando existe acuerdo de voluntades al respecto, ya que mediante la resolución judicial se salvaguarda y da certeza jurídica al cumplimiento de esa obligación, en tutela del derecho de las personas que están imposibilitadas para allegarse por sí mismos de lo necesario para subsistir."
A lo anterior, se añade que este Tribunal Colegiado considera que la forma idónea de cuantificar una pensión alimenticia es a través de un porcentaje sobre los ingresos del deudor, ya que con ello se atiende a los elementos reales de capacidad y necesidad, beneficiando, además, a ambas partes, al hacer innecesaria la promoción de nuevas controversias de incremento o disminución de los alimentos, con el consiguiente ahorro de tiempo, gastos y trámites, y se cumple a cabalidad con la plena administración de justicia al establecer en una sola oportunidad el quántum que deberá regir en lo sucesivo.
Así es, porque la fijación de la pensión en una cantidad fija basada en los ingresos del deudor es susceptible de quedar rebasada con el devenir temporal, ante el incremento del costo de vida, o bien, ser mayor a la que en el futuro esté en posibilidad de cubrir el obligado, ante un decremento en sus percepciones económicas lo que, a su vez, podrá provocar nuevos procedimientos de aumento o disminución de pensiones.
También, puede suceder que el deudor perciba una cantidad menor o igual a un salario mínimo general, que es un parámetro susceptible de utilizarse para fijar una pensión alimenticia cuando se desconocen los ingresos del mencionado obligado, en cuyo caso le será materialmente imposible cumplir con el débito alimentario fijado en el equivalente a esa remuneración, tanto por insuficiencia, en el primer supuesto o, por significar, en la segunda hipótesis, el traslado de todo su ingreso a los acreedores sin reservar nada para sí, con el peligro para la propia subsistencia que ello entraña; por el contrario, si el deudor tiene un ingreso efectivo considerablemente mayor al salario mínimo general, la fijación de la pensión con base en este último será en detrimento de los acreedores.
En cambio, al fijarse la pensión en un porcentaje de los ingresos se evita la inequidad que para una y otra parte representan las situaciones descritas, dado que se ajustará a la real capacidad del deudor, y en la medida que se incremente o decrezca esa posibilidad económica de cumplir la obligación alimenticia recibirán una mayor o menor suma de dinero los acreedores, según sea el caso, efecto que se generará al aplicar el mismo porcentaje a una cantidad superior o inferior, circunstancia que permite satisfacer un segundo objetivo, esto es, evitar la sustanciación innecesaria de posteriores reclamos de incremento y disminución de pensiones, por lo que acudir por única vez ante los tribunales es suficiente para los gobernados, consiguiéndose de esa manera el ulterior, aunque no menos importante, propósito de obtener una justicia completa, pronta y expedita.
A la conveniencia de fijar la pensión alimenticia en forma porcentual, sustentada en las consideraciones precedentes, se ha referido este Tribunal Colegiado en el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 207, que se reitera por apoyar y complementar lo aquí expuesto, y señala:
"ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE LA FIJACIÓN DE LOS, CUANDO SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR.-La fijación de una pensión alimenticia en forma definitiva consistente en el porcentaje del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de que esa fijación se haga en cantidad líquida, no agravia a la acreedora ya que en cualquier caso, la fijación debe sujetarse a la regla de proporcionalidad de los alimentos previstos en el artículo 311 del Código Civil, independientemente de que la fijación de una pensión alimenticia consistente en un porcentaje de los ingresos del deudor, es más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social."
Tanto ese criterio de interpretación judicial, como las consideraciones formuladas en los párrafos precedentes, que han sido sustentadas igualmente por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos DC. 379/2006 y DC. 442/2006, en sesiones celebradas, respectivamente, el diecisiete de agosto y el veintiuno de septiembre, ambos de dos mil seis, encuentran plena correspondencia con diversos criterios sustentados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que destacan aquellos que tienen los datos de localización, rubros y textos siguientes:
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 127-132, Cuarta Parte
"Página: 29
"Tesis Aislada
"Materia(s): Civil
"ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-No es ilegal la fijación de los alimentos con base en un porcentaje, puesto que con el puede regularse la proporción debida entre las necesidades de quienes deben recibirlos y la capacidad económica de quien está obligado a cubrirlos, según los términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, que dispone: 'Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos'; pero además de lo expresado, cabe hacer notar que el sistema de fijar los alimentos señalando un porcentaje de las percepciones económicas, obviamente presenta la ventaja de eliminar la exigencia, al menos hasta cierto punto, de nuevos juicios encaminados a solicitar el aumento o la disminución de la pensión alimenticia, porque el acreedor o acreedores, en efecto, una vez que obtuvieron determinado porcentaje, no tendrán que acudir a solicitar otro ante los tribunales, cada vez que aumente el grado de capacidad económica de su deudor alimentista, ni éste tendrá que pedir una disminución cuando su capacidad económica se vea menguada."
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 82, Cuarta Parte
"Página: 15
"Tesis Aislada
"Materia(s): Civil
"ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.-El juzgador puede legalmente fijar como monto de la pensión alimenticia que decreta un tanto por ciento de las percepciones, salarios y emolumentos del deudor, ya que tal porcentaje puede oportunamente convertirse en una determinada suma de dinero."
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 33, Cuarta Parte
"Página: 15
"Tesis Aislada
"Materia(s): Civil
"ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.-Ningún precepto legal impone a la autoridad judicial el deber de fijar en cantidad líquida el monto de la pensión alimenticia que se hubiere demandado, por lo que puede también ser correcto decretar su pago ateniéndose a un porcentaje de los emolumentos que perciba el deudor alimentista; además, si se prueba en el juicio cuál es la capacidad económica del deudor, la orden para que ministre un porcentaje de sus percepciones equivale a la condenación de una cantidad cierta, pues para hacer la transformación respectiva bastará una simple operación aritmética."
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 27, Cuarta Parte
"Página: 38
"Tesis Aislada
"Materia(s): Civil
"ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.-No existe inconveniente legal alguno para que la fijación de la pensión alimenticia se haga señalando un porcentaje sobre los ingresos del deudor alimentista, ni puede aducirse que tal hecho motive inseguridad para éste, ya que si el artículo 311 de la ley sustantiva establece la proporcionalidad de los alimentos en relación con la capacidad económica del obligado, es obvio que si los ingresos del deudor aumentaran, debería también aumentarse, en la misma proporción, la cantidad que por este concepto deben recibir los acreedores alimentistas, y si disminuyeran, también deberá disminuir la pensión."
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 4, Cuarta Parte
"Página: 21
"Tesis Aislada
"Materia(s): Civil
"ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.-Cuando los ingresos del deudor alimentista son determinados, lo más idóneo es fijar un porcentaje que permita el aumento o disminución de la pensión en su importe líquido, según las fluctuaciones de los ingresos del obligado, sin necesidad de que éste o los acreedores tengan que estar recurriendo a juicios de disminución o aumento de la pensión de alimentos, según el caso, lo que no sucedería de fijarse una cantidad fija, porque en tal supuesto, el aumento o disminución de la pensión, por el aumento o disminución de los ingresos del deudor, siempre tendría que solicitarse a la autoridad judicial, con los consiguientes retardos y molestias que todo juicio origina."
Además de las anteriores consideraciones que, de manera general, revelan la carencia de sustento de los motivos de violación, debe señalarse, en forma específica, lo siguiente:
No es verdad que la Sala responsable haya resuelto mediante analogía el asunto, pues no trasladó la solución legalmente prevista para un caso a otro diverso no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, sino que determinó que a pesar de acreditarse el cumplimiento de la obligación alimentaria resultaba necesario fijar una pensión alimenticia, a fin de proteger el superior interés de los menores hijos del deudor.
Tampoco era exigible a la autoridad de alzada que fundara y motivara el criterio de interpretación judicial que invocó en apoyo de su resolución, y si bien es verdad que omitió aportar algunos datos de identificación de la tesis citada, mismos que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a las partes y no a los órganos jurisdiccionales señalar, por lo cual pudiera entenderse que existió un defecto en esa cita que trascendiera a la falta de fundamentación que aduce el quejoso, también es cierto que era inexigible a la Sala esa mención que se abstuvo de realizar.
Así es, porque además de no existir precepto alguno que imponga esa exigencia, debe considerarse que si tratándose de los preceptos legales en que se apoya una resolución jurisdiccional el órgano decisorio carece de la obligación de hacer su cita expresa, bastando que los razonamientos correspondientes encuentren sustento en dispositivos a los cuales conduzcan aquéllos, también está relevado de ese deber, con mayor razón, es decir, en aplicación del argumento a fortiori en su expresión a minori ad maius relativo a las obligaciones, tratándose de criterios de interpretación judicial.
Lo que sí es necesario, tanto en la aplicación de preceptos legales como de tesis aisladas y jurisprudenciales, que exista adecuación al caso concreto, situación que ocurrió en la especie, toda vez que la demostración del pago de alimentos previo a la controversia judicial no exime de la fijación de una pensión, sin que la invocación de un criterio de interpretación judicial signifique desacatar la ley o dejar de aplicarla, como asevera inexactamente el peticionario de amparo.
En cuanto a la incorrección o inconstitucionalidad de la tesis I.10o.C.16 C, invocada por la Sala responsable, de rubro: "ALIMENTOS DE MENORES. PARA SU PAGO Y ASEGURAMIENTO DEFINITIVO, EL JUZGADOR DEBE FIJAR SU IMPORTE EN LA SENTENCIA, AUNQUE EL DEUDOR DEMUESTRE QUE LOS ESTUVO PAGANDO, SI NO LO HIZO EN FORMA UNIFORME Y CONTINUA.", emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, página 1177, debe señalarse que el control constitucional de amparo no es la vía idónea para analizar esos aspectos.
En las narradas circunstancias, al no haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo procedente es negar el amparo solicitado.
La negativa del amparo se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Juez Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 76 a 79, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala Familiar y del Juez Tercero de lo Familiar, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistentes en la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil seis, en el toca de apelación número 1235/2006, y su ejecución.
Notifíquese; y con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos originales de primera y segunda instancia al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Neófito López Ramos, Benito Alva Zenteno y Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Fue ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20345-087a4de0/alimentos-conveniencia-de-su-fijacion-en-un-porcentaje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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