Corpus
Modo: Corpus Pro

DIVORCIO. INICIO DEL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 454, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 396/2005. · Registro digital (IUS): 19241
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 2189.

AMPARO DIRECTO 396/2005.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en otra.

Para mejor comprensión del asunto, los argumentos vertidos por la quejosa se estudiarán en un orden distinto al propuesto.

Respecto de la excepción de litispendencia la inconforme aduce que la Sala debió tenerla por demostrada pues cumplió con los requisitos previstos por el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado ya derogado.

Agrega la impetrante que en las pruebas de declaración de partes el propio actor reconoció haber tramitado un juicio de divorcio anterior, por ello el personal judicial debió interrogarle sobre los datos del mismo ya que ... no fue emplazada a aquél, por tanto, desconocía los datos de identificación, por lo anterior, es que la declaración de partes fue mal valorada, pues se debió ordenar la reposición del procedimiento para saber el estado procesal del anterior controvertido.

De igual forma la peticionaria alega que la carga de la prueba no le correspondía pues en materia familiar debe prevalecer la facultad amplia del Juez para recabar pruebas.

Lo anterior es infundado en parte e inoperante en otra.

El artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, prevé:

"Artículo 223. Respecto a la excepción de litispendencia se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Procede cuando un Juez conoce ya del mismo negocio sobre el cual es demandado el reo; II. Quien la oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio, así como los datos necesarios para identificarlo; y, III. Si en el juicio posterior se declara procedente la excepción, la sentencia, sin decidir sobre el fondo del asunto, condenará en costas al actor, y dejará sin efecto lo actuado en ese segundo juicio."

Del numeral en comento se obtiene, que una vez opuesta la excepción de litispendencia, el que la haga valer, que en dado caso será el demandado en el juicio natural, deberá indicar, necesariamente, lo siguiente:

1. El juzgado donde se tramita el primer juicio.

2. Los demás datos necesarios para identificarlo.

Ahora, en el caso concreto la entonces demandada, ahora quejosa ... al contestar la demanda sostuvo, en concreto, lo siguiente:

"A) Niego que tenga acción y derecho la parte actora para pedir la disolución del vínculo matrimonial en base a la causal de divorcio necesario a que se refiere la fracción XVI del artículo 454 del Código Civil del Estado, esto por principio a que en un procedimiento judicial anterior a este juicio el hoy actor promovió juicio de divorcio necesario ante este honorable juzgado y no demostró su acción, lo cual demostraré oportunamente con las constancias necesarias."

De la reseña anterior se obtiene que cuando la ahora impetrante contestó la demanda, opuso la excepción de litispendencia, sin embargo, omitió por completo señalar los datos de identificación del diverso juicio de divorcio intentado por el mismo actor, pues se limitó a sostener que la demostraría con posterioridad mediante las constancias respectivas, lo cual en modo alguno hizo, evidenciándose así la inobservancia de lo dispuesto por el numeral 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado abrogado y, por ende, como bien lo dijo la Sala responsable la excepción hecha valer no quedó demostrada en autos.

Además, es insoslayable que conforme a lo dispuesto por el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, corresponde al demandado demostrar los hechos constitutivos de sus excepciones; por tanto, si en la especie la ahora quejosa opuso la de litispendencia, a ella correspondía aportar los medios de prueba pertinentes para justificarla, de ahí que sea acertada la consideración de la Sala respecto a que la carga de la prueba recaía en la citada ...

Y si bien es cierto que conforme al diverso precepto legal 1105 del código adjetivo en cuestión el Juez cuenta con amplias facultades para ordenar la recepción de pruebas, aun cuando no las ofrezcan las partes; cierto es también que para que en el caso concreto el Juez natural estuviere en posibilidad de traer a juicio las constancias que acreditaran la tramitación del diverso controvertido de divorcio a que ... hizo alusión en la contestación de demanda, ésta debió externar cuando menos, el número de expediente y demás datos necesarios para su identificación, lo cual no hizo, de ahí la imposibilidad del juzgador de origen para recabar tal medio de convicción, incluso de oficio.

Sin que la afirmación de que desconocía los datos de identificación porque no fue emplazada a dicho juicio de divorcio, resulte verosímil ya que, por un lado, ante la falta de notificación, la demandada no hubiera podido oponer la excepción de litispendencia; pero, por otro, porque en la propia contestación reconoció que en el primer controvertido el actor no probó su acción.

Además, tampoco se soslaya por este órgano colegiado que el tribunal de segunda instancia para declarar infundada la excepción de litispendencia consideró que la propia apelante -quejosa- en el escrito de contestación de demanda sostuvo literalmente que el actor "no demostró su acción", en el juicio de divorcio anterior, de lo cual se infería que en aquél ya se había dictado sentencia definitiva; consideración que en modo alguno es controvertida por la aquí impetrante.

En cuanto a que la prueba de declaración de partes fue mal valorada, pues al contestar afirmativamente el actor respecto a la promoción de un diverso juicio de divorcio, por ello, se le debió interrogar sobre los datos de ese controvertido, este concepto de violación es inoperante, pues según se advierte del agravio vertido en apelación, este argumento no se hizo valer en esa instancia.

Para evidenciar lo anterior, conviene transcribir lo que al efecto expuso la entonces apelante sobre la excepción de litispendencia:

"4. Por otra parte también se violó en mi perjuicio disposiciones legales que tutelan en mi favor la debida apreciación de las pruebas, ya que el Juez textualmente dice en la página once de la sentencia que se combate: ‘la declaración de partes, a cargo de ... misma que ... lo cual aun cuando la contestó en sentido afirmativo no le perjudica’. El Juez ilegalmente dice que no le perjudica que el demandado sea la segunda vez que promueve el divorcio en contra de la suscrita, siendo que de la contestación de dicha posición reconoce esta situación, surgiendo una excepción de litispendencia que, incluso, fue mencionada en los hechos de mi contestación de demanda, por lo que se debió dictar unos vistos para mejor proveer ordenándose recabar dicha documental. Lo cual al no haberse hecho así por principio viola en mi perjuicio disposiciones legales que tutelan la apreciación de las pruebas ya que, contrario a lo sostenido por el Juez, se aprecia claramente que desde la contestación de demanda emergía una excepción de litispendencia, lo cual se confirma cuando el demandado reconoce que es la segunda vez que la suscrita contesta una demanda de divorcio necesario y si a la declaración de partes se le asignó pleno valor probatorio evidentemente que sí le debe perjudicar al demandado, lo anterior aunado a que se aprecia claramente que si analizamos la documental relativa al expediente 1168/94 que exhibió el demandado se podrá apreciar claramente la forma dolosa del demandado para tratar de evadir el pago de la pensión de alimentos, luego entonces se corrobora que el Juez actuó con parcialidad ya que a pesar de que el actor dice que reconoce que es la segunda vez que plantea un divorcio necesario en mi contra, dice el Juez que tal respuesta no le perjudica, pero olvida que con tal respuesta se demuestra mi excepción de litispendencia, lo cual obliga a reponer el procedimiento."

Entonces, si la ahora inconforme omitió enderezar como agravio en apelación el que el Juez natural debió interrogar al actor al momento de desahogar la declaración de partes, motivo por el cual el tribunal de alzada no se pronunció al respecto; es inconcuso, que este órgano colegiado tampoco puede hacerlo pues, de lo contrario, se sustituiría a la responsable, introduciría cuestiones ajenas a la litis y atentaría contra la técnica del juicio de amparo.

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 154, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 126, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Aun cuando el Juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atenta la técnica del juicio de garantías."

Por otro lado, la inconforme sostiene que la Sala debió declarar fundado el agravio relativo a que no debió aplicarse de manera retroactiva la ley, en concreto el numeral 454, fracción XVI, del Código Civil para el Estado, pues el diverso artículo 14 constitucional lo impide, máxime si el actor manifestó hechos de más de diez años atrás ocurridos antes de la entrada en vigor de la fracción y numeral antes citado, pero al haberse resuelto con base en ellos se aplicó retroactivamente la ley por no estar vigente al momento en que sucedieron, dado que la disposición legal entró en vigor el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, mientras los hechos sucedieron en mil novecientos noventa.

Insiste en que la retroactividad de la ley como excepción y conforme a la jurisprudencia, sólo se permite cuando es en beneficio de las personas, lo cual de ninguna manera acontece en la especie.

Los anteriores argumentos son infundados.

En primer término, debe decirse que la retroactividad de la ley además de presentarse como conflicto de leyes en el tiempo, también puede acontecer cuando se carezca de regulación respecto a una situación hasta entonces no contemplada legislativamente, ya que los preceptos normativos sólo pueden obrar hacia el futuro, pues, de lo contrario, se vulneraría el artículo 14 constitucional.

En la especie, el contenido de la fracción XVI del numeral 454 del Código Civil para el Estado, era una situación no contemplada legislativamente hasta antes de mil novecientos noventa y ocho, pues no se regulaba como causal de divorcio la separación de los cónyuges por más de dos años.

Esto es así, pues el anterior numeral fue reformado en la fracción décimo sexta, por decreto de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el periódico oficial de catorce de septiembre de esa misma anualidad.

La fracción XVI del artículo 454 en un inicio decía: "Son causas de divorcio: ... XVI. La bigamia."

Por tanto, la separación de los cónyuges por más de dos años, es una causal de divorcio cuya vigencia empezó después de la publicación de la reforma, esto es, posteriormente al veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por ende, no podía tener aplicación alguna a hechos anteriores a aquélla.

Luego, sería ilógico que dicha causal se aplicara para casos en los que los hechos hubieren ocurrido antes de su vigencia pues ello, efectivamente, redundaría en la aplicación retroactiva de esa disposición.

Sentado lo anterior, debe decirse que este Tribunal Colegiado considera que en ningún momento se ha aplicado retroactivamente lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 454 del Código Civil para el Estado.

En el presente caso, si bien ... fundó la demanda en el hecho de que desde el treinta de noviembre de mil novecientos noventa, la parte demandada abandonó el domicilio conyugal, lo cual aconteció mucho tiempo antes de la vigencia de la causal de divorcio consistente en la separación de los cónyuges por más de dos años, también lo es, que afirmó que el distanciamiento continuó vigente desde mil novecientos noventa hasta la fecha de presentación de demanda, esto es, el doce de marzo de dos mil cuatro.

Por tanto, aun sin contar los meses restantes del año de mil novecientos noventa y ocho, en que empezó a tener vigencia la causal de mérito, en el caso sí se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVI del artículo 454 del Código Civil para el Estado, pues computándose a partir de mil novecientos noventa y nueve a dos mil cuatro han transcurrido cinco años, tiempo que desde luego excede el término de dos años previsto en el citado numeral.

Sin que esto implique aplicación retroactiva de la ley pues, se insiste, en modo alguno se toma en consideración la separación de los cónyuges ocurrida de mil novecientos noventa a agosto de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que fue reformado el artículo 454 del Código Civil para el Estado, sino la acontecida con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, por lo que es inconcuso que es con base en estos hechos no en los anteriores, con los que se estima probada la causal de divorcio.

Apoya lo anterior, la tesis emitida por este órgano colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 496/2000, 79/2003, 174/2004 y 196/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII, febrero de dos mil uno, visible a página 1754, que dice:

"DIVORCIO, CÓMPUTO DEL TÉRMINO QUE PREVÉ LA FRACCIÓN XVI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, COMO CAUSAL DE. La fracción XVI del artículo 454 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establece como causal de divorcio ‘La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que la haya originado; esta causal podrá ser invocada por cualquiera de ellos ...’, debe interpretarse en el sentido de que ese tiempo de separación tuvo lugar después del quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en que entró en vigor, en razón de que a partir de esa fecha se reguló ese supuesto; considerar lo contrario, vulneraría el principio de no aplicación retroactiva de la ley establecida en el artículo 14 constitucional."

Se comparte, en lo conducente, el criterio sostenido en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, página 298, que dice:

"DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS COMO CAUSAL DE. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El artículo 253, fracción XVIII del Código Civil del Estado de México, determina como causa de divorcio necesario, la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, misma que podrá ser invocada por cualquiera de ellos. Tal disposición fue adicionada al cuerpo legal en cita el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, entrando en vigor el treinta de diciembre del mismo año. Por otro lado el numeral 5o. del código sustantivo civil prevé la inaplicación de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. En esa virtud, si desde el inicio de vigencia del artículo que contempla la causal referida, hasta el momento de la presentación de la demanda, no ha transcurrido el término a que hace alusión, es improcedente la acción de divorcio, pues no es dable computar el término de separación de los cónyuges anterior al tiempo en que cobró vigencia la norma, toda vez que se estarán sancionando conductas o situaciones ocurridas con anterioridad a la expedición e inicio de vigencia del precepto legal, las cuales al momento en que se suscitaron no estaban sancionadas, prohibidas, limitadas o reguladas por norma jurídica alguna."

Así, como la diversa tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, página 249, con rubro y texto siguientes:

"DIVORCIO, SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS COMO CAUSAL DE. APLICACIÓN RETROACTIVA IMPROCEDENTE DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal estatuye en su fracción XVIII, que es causa de divorcio: ‘La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos’, resulta que esos dos años de separación, debe entenderse e interpretarse hacia el futuro, es decir, computados a partir de la fecha en que entró en vigor la fracción de referencia, por lo que la demanda de divorcio correspondiente, debe presentarse cuando menos dos años después de la fecha de la existencia legal y vigencia de dicha causal, pues de admitirse lo contrario, sería tanto como aplicarla retroactivamente, ya que la nueva ley no puede sancionar hechos y actos pasados estimados como lícitos en la época respectiva, por carecer de sanción legal y una correcta interpretación del principio de la no retroactividad, impide a la ley regir hacia el pasado, destruyendo o modificando hechos y actos jurídicos consumados con anterioridad a su vigencia, circunstancia que de presentarse, sería violatoria de la garantía de irretroactividad establecida en el artículo 14 constitucional, cuyo propósito es evitar la expedición de leyes que afecten a un hecho particular determinado que ya aconteció y que no era sancionado, como sucede en el caso de que si los cónyuges se encontraban separados y esta conducta no se sancionaba con la causal relativa del divorcio, ahora la nueva causal de mérito, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de cualesquiera de los cónyuges, al penar un hecho del pasado, dado que una ley es retroactiva, cuando la derogada se aplica a hechos y actos presentes o cuando la vigente se aplica a hechos y actos acaecidos antes de su vigencia."

Las anteriores tesis se comparten, pues los artículos 253, fracción XVIII, del Código Civil del Estado de México y 267, fracción XVIII, del Código Civil para el Distrito Federal, vigentes a la época de emisión de los criterios invocados y que además en ellos se contienen, tienen semejante redacción al 454, fracción XVI, del Código Civil para el Estado de Puebla y para evidenciar lo anterior se transcriben a continuación:

Código Civil del Estado de México.

"Artículo 253. ... XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos."

Código Civil para el Distrito Federal.

"Artículo 267. ... XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos."

Además, resulta infundado el concepto de violación relativo a que la tesis invocada por la Sala responsable es inaplicable, sin especificar cuál de las dos tesis de colegiado que se citó lo sea, pues el hecho de que corresponda a un circuito distinto al relativo a la jurisdicción de Puebla, en modo alguno implica que no pueda ser invocada por los tribunales del fuero común, ya que el numeral 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo al efecto prevé:

"Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales."

Luego, los criterios establecidos por los Tribunales Colegiados sí son de observancia obligatoria para las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.

Además, si bien las tesis emitidas en distintos circuitos refieren a diversas codificaciones que no son las de Puebla, ello tampoco provoca la inobservancia de aquéllas, pues pueden interpretar o dilucidar preceptos semejantes, por tanto, su cita es ajustada a derecho, tal como se precisó en líneas anteriores.

De igual forma, resulta infundada la alegación consistente en que para ejercer la acción de divorcio, ésta debió hacerse valer dentro del término de seis meses a que alude el numeral 459 del Código Civil para el Estado, de lo contrario opera la caducidad, pues ese artículo en modo alguno distingue cuáles causales deben demandarse dentro de ese término y cuáles no; por tanto, en observancia al principio relativo a que "donde la ley no distingue el Juez no debe hacerlo", sí operó tal figura jurídica.

Esto es así, pues aun cuando el numeral 459 del Código Civil para el Estado, sea omiso en precisar de manera categórica cuáles causales de divorcio deben reclamarse dentro del término de seis meses y cuáles no, debe entenderse que la regla que impone a los cónyuges la obligación de presentar su demanda dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan acontecido los hechos en que la funden, se aplica a aquellos casos en que la causal se consuma en un solo acto, pues al dejar transcurrir dicho término sin presentar su demanda, se consiente.

Caso distinto ocurre con las causales que son de tracto sucesivo, es decir, de realización continua y permanente, como lo es la separación de los cónyuges por más de dos años, supuesto en el cual, además, se demanda el divorcio, pues aunque no se promueva el juicio dentro del término de seis meses, ello en modo alguno implica conformidad, dado que al persistir la separación subsiste el derecho a pedir la disolución del vínculo.

Así, como bien lo precisó el tribunal de alzada, dado que la separación de los cónyuges por más de dos años es una causal de tracto sucesivo, pues dicho distanciamiento se da de manera continua y permanente durante dos años, como mínimo, en modo alguno opera la caducidad por haberse omitido instaurar la acción de divorcio en el término de seis meses, debido a que el actor en el juicio natural no estaba obligado a ello, precisamente por el tipo y naturaleza de la causal invocada.

Se comparte al caso, en lo conducente, el criterio emitido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, páginas 516 y 517, con epígrafe y contenido siguientes:

"DIVORCIO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El transcurso del término de seis meses a que se refería el artículo 231 del Código Civil abrogado (igual al 459 del código vigente), da lugar legalmente a la caducidad de la acción de divorcio necesario que opera por no ser de tracto sucesivo, y cuyo estudio es de oficio por constituir una condición para el ejercicio de la acción. El anterior criterio reitera lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 209, visible a fojas 328 y 329, de la Novena Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘DIVORCIO. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y NO PRESCRIPCIÓN.-El término fijado por la ley para el ejercicio de la acción de divorcio, es un término de caducidad y no de prescripción. Ambas son formas de extinción de derechos que se producen por el transcurso del tiempo, pero se diferencian, fundamentalmente, en que la primera es condición para el ejercicio de la acción, por lo que debe estudiarse de oficio; en cambio, la segunda sólo puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima. En materia de divorcio, dado su carácter excepcional porque pone fin al matrimonio, el término señalado por la ley para el ejercicio de la acción debe estimarse como un término de caducidad, porque si la acción de divorcio estuviera sujeta a prescripción, su término no correría entre consortes y la amenaza del cónyuge con derecho a solicitarlo sería constante, afectándose con la incertidumbre, todos los derechos y obligaciones que forman el estado civil del matrimonio, intereses que dejan de ser de orden privado, y pasan a afectar la estabilidad de la familia y el orden público. La ley señala término para el ejercicio de la acción de divorcio cuando la causal es un hecho, pero no cuando se trata de una causal que implica una situación permanente porque en este último caso la causal, por su propia naturaleza, es de tracto sucesivo y de realización continua, y puede ejercitarse la acción en cualquier tiempo, si los hechos que la motivan subsisten cuando se ejercita. Cuando la ley señala término para el ejercicio de la acción de divorcio, debe promoverse éste precisamente dentro de él, pues se trata de una condición necesaria para el ejercicio de la acción y la autoridad judicial no sólo está facultada, sino tiene la obligación de estudiar si la acción se ejercitó oportunamente.’."

La peticionaria esgrime, por otro lado, que para configurar la causal de divorcio consistente en el abandono del hogar conyugal, primero debe existir éste, por tanto, si en la especie el propio actor reconoció en el escrito de demanda no haber adquirido bienes inmuebles lo cual fue corroborado por los testigos de la parte demandada, es claro que lo manifestado por los testigos ofrecidos por el actor es falso, por ello, de ninguna manera se surte dicha causal. Sin que sea cierto que en agravios la apelante, ahora quejosa alegue la existencia de cónyuge culpable, por el contrario refiere a la inexistencia del domicilio conyugal, por ello, no puede declararse procedente la acción de divorcio.

Es inoperante el concepto de violación en estudio.

Se afirma lo anterior, porque ante todo debe recordarse que la disolución del vínculo matrimonial decretada por el tribunal de alzada tuvo como base la separación de los cónyuges por más de dos años, causal prevista en la fracción XVI del numeral 454 del Código Civil para el Estado.

Ahora, la causal a que alude la peticionaria del amparo en este motivo de inconformidad, es la de separación del domicilio conyugal prevista en la fracción VI del mismo precepto legal, que literalmente establece: "Artículo 454. Son causas de divorcio: ... VI. El abandono injustificado del domicilio familiar por cualquiera de los consortes, durante seis meses consecutivos."

Esto es, la quejosa hace referencia y apoya su inconformidad en causal de divorcio ajena a la que ejerció el actor, es decir, que son dos causas distintas de divorcio, sin que una esté relacionada con la otra o dependa de aquélla, por el contrario, son autónomas e independientes, de ahí que para que se surta el abandono del domicilio conyugal que previene dicha fracción VI, es menester exista éste y se deje de habitar en él por alguno de los consortes.

En cambio, tratándose de la separación de los cónyuges por más de dos años, sólo se requiere para su configuración que exista dicho distanciamiento de manera permanente y continua durante un tiempo determinado, pues al persistir la separación por más de dos años, es posible concluir que el matrimonio ya no es tal, así como tampoco representa la base armónica para la convivencia familiar, sin que se requiera, para la actualización de dicha causal, del abandono de domicilio conyugal alguno.

Por ello, es que resulta irrelevante la existencia o no del domicilio familiar y su demostración en autos del juicio natural, pues no es con base en la causal de divorcio prevista en la fracción VI del numeral 454 del Código Civil para el Estado, que se declaró la disolución del vínculo jurídico, sino por la separación de los cónyuges por más de dos años, lo cual reconocieron tanto el actor, como la demandada.

En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección federal solicitada, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja por no surtirse hipótesis alguna de las previstas por el numeral 76 Bis de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracciones III y IX de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra el acto que reclamó de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil cinco, en el toca 431/2005, que confirmó la pronunciada por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco de esta entidad, en el expediente 412/2004, relativo al juicio de divorcio necesario, promovido por ... en contra de la hoy quejosa.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a la autoridad responsable, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Gustavo Calvillo Rangel y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19241-1a72a354/divorcio-inicio-del-computo-del-termino-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.