SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN EN CASO DE SENTENCIA QUE CONDENA A LA REIVINDICACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 384 PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO IV, PARTE SCJN, PÁGINA 257).
QUEJA 20/2007. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CERRO DE LA MITRA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Uno de los agravios es fundado y suficiente para que este tribunal modifique el monto de la garantía que la inconforme deberá satisfacer con motivo de la suspensión de la sentencia que reclamó en amparo directo.
Previo análisis de los motivos de inconformidad, conviene señalar que se vuelve imperativo tener a la vista las actuaciones del juicio de origen a fin de constatar el tipo de daños y perjuicios que la medida suspensional pudiera ocasionar a la tercera perjudicada, así como los parámetros que permitan su cuantificación y con base en ello, resolver si la decisión que adoptó la Magistrada presidente de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es o no correcta.
Sin embargo, se aprecia que al informe rendido por la autoridad recurrida tan sólo se anexaron copias de la contestación de demanda producida por la hoy recurrente (folios del 23 al 34 del expediente en que se actúa), auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, en el que se acordó dicha promoción (foja 35 ídem); escrito en que la parte demandada designa representante común (folio 36 ídem); de la escritura pública número 5,966 (cinco mil novecientos sesenta y seis), pasada ante la fe del notario público número 69 (sesenta y nueve), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, atinente a la constitución de la persona moral que ahora figura como quejosa (foja 37-45 ídem); escrito en el que el perito Carlos Zavala Andrade exhibe dos dictámenes periciales, uno de avalúo sobre el inmueble de que se trata y otro que la oferente, parte actora, designó sobre el valor comercial del movimiento de tierras, rasantes y demás modificaciones físicas que, según dijo, se hicieron en la heredad que se comenta (fojas 46-78 ídem); escrito en el que el ingeniero Isidro Hiram Briones Castañeda aceptó el cargo de perito que la parte actora le confirió para el desahogo de la prueba pericial en ingeniería y topografía; así como el auto en el que se acordó dicha promoción (folios 79 y 80 ídem); demanda de amparo, auto impugnado en queja y de la notificación practicada a la inconforme (fojas 82-178 ídem); mismas que son insuficientes para los efectos que ahora trascienden en el justiciable, pues con ellas ni siquiera se puede constatar el tipo de juicio, ni los efectos que en toda su extensión corresponden a la sentencia reclamada, lo que impide, como antes se dijo, determinar los posibles daños y perjuicios que la suspensión pudiera causar, y más aún su cuantificación.
Sin embargo, partiendo de la obligación que este tribunal tiene, en términos de la jurisprudencia que enseguida se transcribe, de recabar oficiosamente las constancias que sean necesarias para la debida solución del medio de impugnación que ocupa nuestro estudio y, asimismo, que los autos del juicio de origen, según se constata del expediente relativo al amparo directo 210/2007, índice de este tribunal -del que deriva la suspensión a la que se refiere el presente recurso de queja-, al cumplir con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Amparo, el tribunal de apelación, a través de su Magistrada presidente, los hizo llegar a este órgano jurisdiccional para la solución del citado juicio uniinstancial; se pone en evidencia que este tribunal se encuentra en aptitud material de emprender dicha actividad, pues al contar con los citados expedientes puede tenerlos a la vista para solucionar el presente recurso de queja.
La tesis corresponde a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, 1a./J. 60/2002, página 105, número de registro IUS 185,338, bajo el epígrafe y contenido:
"QUEJA. ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESE RECURSO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 17/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 108, de rubro: ‘PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.’, determinó que la finalidad perseguida por el legislador en el artículo 78 de la Ley de Amparo, consiste en que el juzgador tenga a la vista todos aquellos elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, se estimen imprescindibles para resolver los planteamientos en torno a los cuales gira la controversia sometida a su potestad, para lo cual debe allegarse de ellos oficiosamente. Ahora bien, si de lo dispuesto en los artículos 95 a 101 de la Ley de Amparo, que regulan la procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja, interpuesto para controvertir las determinaciones o actuaciones que en ellos se establecen, no es posible inferir si corresponde al recurrente o al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente aportar o recabar las pruebas, respectivamente, que no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución de ese medio de impugnación (excepción hecha de la hipótesis prevista en la fracción XI del referido artículo 95), es indudable que ante la falta de regulación al respecto y considerando la obligación de los Tribunales Colegiados de resolver las cuestiones jurídicas que les son planteadas, es aplicable, de acuerdo con una interpretación analógica, la regla prevista en el indicado numeral 78 de la ley de la materia, así como lo que al respecto señala la tesis de jurisprudencia citada. Lo anterior es así, ya que en principio, se trata de un procedimiento que deriva del juicio de amparo y sería ilógico que respecto de la cuestión principal sí exista obligación de la autoridad que conoce del juicio de amparo de recabar oficiosamente las pruebas y constancias necesarias para la resolución del asunto, y para los recursos que derivan de este juicio principal, que también resultan necesarios para lograr el respeto de las garantías constitucionales, no sea aplicable dicha regla procesal; aunado a la circunstancia de que el artículo 17 constitucional consagra el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, lo que sólo se puede lograr si el órgano jurisdiccional cuenta con todas las pruebas o constancias que le permitan conocer la verdad histórica del asunto, y sólo así se evitará el injusto proceder que implica enjuiciar la legalidad de una determinación que guarda relación con los juicios de garantías, a la luz de elementos que no se aportaron al tribunal de amparo, no obstante haber tenido la posibilidad de tenerlos a la vista."
Así se emprenderá el examen de que se trata, haciendo hincapié que se tienen a la vista, para su debida consulta, los autos del juicio ordinario civil 833/2004, índice del Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado y toca de apelación en definitiva 35/2006, de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que la autoridad responsable envió en torno al amparo directo del que deriva el trámite de suspensión a que se refiere el presente recurso de queja.
Ahora bien, contrario a la postura que asume la recurrente, la ad quem estatal sí dio a conocer el fundamento, así como las razones y circunstancias especiales que tomó en cuenta para fijar la cantidad de $2'135,000.00 (dos millones ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), como garantía para responder de los daños y perjuicios que la suspensión pudiera ocasionar a la tercera perjudicada, es decir, satisface la motivación que exige el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Al respecto, conviene señalar que los requisitos en cuestión consagran una exigencia esencial para tratar sobre bases objetivas la racionalidad y legalidad de los actos de autoridad, pues elimina la subjetividad y arbitrariedad de las mismas y entonces, dando a conocer con precisión las circunstancias especiales o razones particulares que se hayan considerado para adoptar una decisión de autoridad, así como el fundamento utilizado, se permitirá al particular el más eficaz ejercicio del derecho de impugnación; lo que, como se verá en párrafos siguientes, sí satisfizo la Magistrada presidenta de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En tal sentido, se debe transcribir el apartado correspondiente del auto impugnado:
"... Ahora bien y a fin de estar en aptitud de fijar el monto de la garantía que el quejoso debe otorgar para responder por los posibles daños y perjuicios que se causen a su contraparte, y apareciendo que de los documentos allegados al expediente en mención no se desprende el valor del bien inmueble objeto del presente procedimiento, y advirtiéndose del expediente judicial que el perito designado por la parte actora allegó un avalúo del inmueble en cuestión (visible en fojas 150, ciento cincuenta, a 182, ciento ochenta y dos), del cual se desprende como valor comercial $30'500,000.00 (treinta millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), dicha cantidad se toma de base por esta autoridad para efecto de fijar la caución. Al efecto, es procedente conceder al quejoso la suspensión del acto reclamado para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto la autoridad federal resuelva el fondo del amparo; en la inteligencia de que para conceder la suspensión de un juicio, en el cual en esta segunda instancia se confirmó la dictada por el Juez de origen en la que se decretó lo anteriormente expuesto, los daños y perjuicios estarán representados por la inejecución de la sentencia de esta Sala, que constituye el acto reclamado. La anterior medida suspensional surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no responde dentro del término de 5 cinco días por la cantidad de $2'135,000.00 (dos millones ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que se fija por la suscrita Magistrada de manera discrecional, y la cual corresponde al 7% (siete por ciento) de la cantidad de $30'500,000.00 (treinta millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); suma que aparece como valor comercial del bien inmueble objeto de la litis, en el avalúo comercial allegado por el tercero perjudicado, mismo que fuera realizado por el ingeniero Armando de Jesús Tamez Villarreal; lo anterior en virtud de no obrar documento alguno del cual se desprenda el valor del referido inmueble; caución que deberá otorgar el quejoso por cualesquiera de los medios establecidos por la ley a satisfacción de esta Sala, la cual servirá para garantizar los extremos a que se ha hecho referencia. Lo anterior tiene su fundamento en lo establecido por en (sic), los artículos 124, 125, 126, 173 de la Ley de Amparo ..." (Lo subrayado es autoría de este tribunal).
Como se aprecia, la a ad quem estatal señaló las razones del porqué consideró que se actualizaba la necesidad de fijar en uso de su prudente arbitrio el monto de la garantía, pues adujo que al sumario de origen no se ofertó documento que revelara el valor del inmueble objeto de la acción reivindicatoria y respecto del cual a la hoy quejosa se le condenó a la desocupación y entrega con sus mejoras y accesiones. Este argumento constituye la motivación de dicha conclusión de la que, incluso, como fundamento se invocó expresamente el artículo 125 de la Ley de Amparo.
Así, se concluye que en cuanto a la decisión de fijar discrecionalmente el monto de la garantía para responder de los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida suspensional, la ad quem estatal sí satisfizo los requisitos de fundamentación y motivación pues, por una parte, invocó expresamente el artículo 125 de la Ley de Amparo, que contempla dicha posibilidad y, por otra, adujo como circunstancias especiales para hacer uso de dicha hipótesis normativa, se itera, que al sumario de origen no se allegó documento alguno que revelara el valor del inmueble cuya reivindicación se demandó.
Ahora bien, respecto a la postura de fijar la cantidad de $2'135,000.00 (dos millones ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), como resultado de aplicar un 7% (siete por ciento) sobre el valor del inmueble, también se satisfacen las apuntadas exigencias pues, por una parte, la fundamentación estriba en la invocación del mismo artículo 125 de la Ley de Amparo, que otorga facultades para que la autoridad que decide sobre la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo directo, fije de manera discrecional el monto de la garantía y por lo que ve a la motivación, se encuentra circunscrita a la vinculación que la Magistrada evidenció al contenido del material probatorio existente en el juicio de garantías, es decir, al peritaje sobre el avalúo del inmueble de que se trata y que, precisamente, adoptó como parámetro pecuniario para establecer el quántum de los posibles daños y perjuicios que la suspensión de la sentencia reclamada pudiera ocasionar al tercero perjudicado, así como en la misma decisión de adoptar el uso del prudente arbitrio sobre el particular y, por ende, se reitera lo infundado del agravio que en contrario se esgrime, pues tan se encuentra fundado y motivado el auto impugnado que la misma recurrente estuvo en aptitud, pues así lo hizo, de combatir cada una de las decisiones que en su conjunto determinaron el monto de la garantía que se le asignó.
Por otra parte, asiste razón a la recurrente cuando señala que la Magistrada presidente de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se equivocó al cuantificar los posibles daños y perjuicios en función del valor asignado al inmueble respecto del cual se le condenó a su reivindicación.
Sobre el particular, existe la tesis jurisprudencial que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la extinta Tercera Sala, Sexta Época, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Parte SCJN, tesis 384, página 257, número de registro IUS 392,511, bajo el rubro y texto:
"SUSPENSIÓN. MONTO DE LA FIANZA EN CASO DE REIVINDICACIÓN. Cuando por la suspensión, el demandado en juicio reivindicatorio que tiene la posesión del bien que virtualmente perdió por la sentencia condenatoria motivo del juicio constitucional, pretende la retención del mismo, la fianza que debe otorgar para detener el cumplimiento de la ejecutoria que lo obliga a devolver, debe responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar determinados en el supuesto, los primeros, por el precio de la casa reivindicada, de manera que garantice hasta donde sea posible la indebida disposición que pueda hacerse de ella gravándola o enajenándola en forma que haga ilusoria la sentencia y ponga en peligro al tercero perjudicado, de no recuperarla; y los segundos, constituidos por el interés legal del precio del inmueble en un año, que es el tiempo probable que a lo sumo tardaría actualmente en resolverse un juicio de amparo directo.
"Sexta Época:
"Queja 177/59. Eduardo Núñez Robles. 14 de junio de 1960. Cinco votos.
"Queja 249/60. Hermilo Paz Rodas. 1o. de febrero de 1961. Unanimidad de cuatro votos.
"Queja 213/60. Ramón Álvarez Ovies. 15 de marzo de 1961. Cinco votos.
"Queja 24/62. Francisca Estrada Quezada. 11 de mayo de 1962. Cinco votos.
"Queja 137/62. Salvador Rodríguez y coags. 13 de marzo de 1963. Cinco votos."
De la cual se desprende que los daños, en casos como el que nos ocupa, deben determinarse en función de la indebida disposición que pueda hacerse del inmueble, ya sea gravándolo o enajenándolo en forma que se ponga en peligro al tercero perjudicado de no poder recuperarla, cuantificándose de tal manera, con base al valor de la heredad, y por lo que ve a los perjuicios reflejados en el interés legal sobre la anterior cantidad.
Sin embargo, no es el caso de aplicarla, pues dicha jurisprudencia, según se observa de los apuntados precedentes, se formó antes del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, motivo por el cual, en términos del artículo sexto transitorio del decreto de reformas que de la Ley de Amparo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación del cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y difundidos nuevamente el once de enero y primero de febrero de la misma anualidad, no es obligatoria de modo absoluto para los Tribunales Colegiados de Circuito, pues al derivar en un tema -queja contra auto que fija la fianza para que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en amparo directo- que según lo dispuesto en los artículos 95, fracción VIII, en relación con el 99 del citado ordenamiento, a partir de dichas reformas se volvió de competencia exclusiva para los Tribunales Colegiados de Circuito, dichos órganos jurisdiccionales las pueden interrumpir y modificar.
Sobre el tema, surte aplicación la jurisprudencia que integró la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, tesis 1a./J. 132/2005, página 394, número de registro IUS 176,956, de epígrafe y texto:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA INTERRUMPIR Y MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA. El artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1988, que entró en vigor el 15 de ese mes y año, establece que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal facultad sólo opera respecto de jurisprudencias sustentadas con anterioridad a esa fecha y cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados, además de que no puede ejercerse indiscriminadamente, en tanto que deben reunirse los siguientes requisitos de procedencia: a) que el Tribunal Colegiado interesado exprese, en la ejecutoria que emita, los datos de identificación de la tesis jurisprudencial de que se trate y transcriba su texto; b) que se establezcan las causas o motivos para apartarse del criterio establecido; y, c) que se exponga fundada y motivadamente el nuevo criterio que se sustente."
Así, en los párrafos siguientes quedarán evidenciados los motivos y fundamentos del porqué este Tribunal Colegiado decide interrumpir dicha jurisprudencia, elementos que se determinan en función de que el citado criterio judicial ya no es acorde frente a la jurisprudencia que en la actualidad rige de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En efecto y sobre la fijación del monto de la caución en amparo directo, nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al resolver el expediente número 49/2003-PS, relativo a la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, emitió la tesis de jurisprudencia que invoca la recurrente y que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, tesis 1a./J. 61/2004, página 315, número de registro IUS 180,238, con el tema y texto:
"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA. La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural." (el subrayado es autoría de este tribunal).
De la cual, expresamente se deriva que, atento a los alcances de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, el Alto Tribunal de la Nación considera que la caución no tiene como finalidad preservar la existencia misma de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado, sino que únicamente tenderá a garantizar las consecuencias que derivan directamente de la suspensión, esto es, aquellos daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión a la quejosa y hasta que se resuelva el juicio de garantías, las prerrogativas que le confiera el acto reclamado.
Por consiguiente, como lo sigue explicando el señalado precedente, los posibles daños y perjuicios que se causaren con la suspensión no podrían asimilarse al monto total a que ascienda la condena en el juicio de origen, porque la caución solamente garantizaría aquellas prerrogativas que le confiriese al tercero perjudicado el acto reclamado en amparo directo.
Acorde con lo anterior, en el caso de la sentencia que condena a la reivindicación de un bien inmueble, la cuantificación de los daños no puede resolverse en función de su precio, pues la caución se estaría considerando como un medio para resguardar y garantizar la existencia de la prerrogativa que el acto reclamado concede al tercero perjudicado, mientras que debe decidirse en exclusiva consideración del retardo que dicha persona resentirá en la obtención de los beneficios que le fueron concedidos en el fallo reclamado.
Respecto de los perjuicios, si la suspensión obra exclusivamente sobre la ejecución del acto reclamado, desde luego que la caución debe verse en función directa de las posibilidades que en el aspecto pecuniario se le pudieran presentar al tercero perjudicado de llegarse a materializar la sentencia reclamada, motivo por el cual se estima que si en el caso de la condena a reivindicar un lote de terreno la suspensión se concreta en retardar que dicho inmueble se entregue, es decir, motiva que no se tenga la disposición del inmueble y no de cierta cantidad de dinero, entonces, los posibles perjuicios no pueden cuantificarse en torno al interés legal que se aplique sobre el valor del avalúo, sino de la renta que con el mismo se pudiera obtener.
Por todo lo anterior, con base en el criterio jurisprudencial que actualmente rige sobre los efectos de la suspensión y, por consiguiente, el modo de cuantificar los posibles daños y perjuicios, este tribunal reitera su conclusión de interrumpir la jurisprudencia que de la Sexta Época se identificó bajo el rubro: "SUSPENSIÓN. MONTO DE LA FIANZA EN CASO DE REIVINDICACIÓN.". En consecuencia, de la tesis que en definitiva se apruebe del criterio que sobre el tema se adoptó, remítase información a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
De ese modo, se pone en evidencia que contrario a la decisión que adoptó la autoridad recurrida, los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse con motivo de la suspensión de una sentencia que condena a la reivindicación de un bien inmueble, no pueden cuantificarse en relación a su valor.
La anterior conclusión determina que este tribunal se ocupe de fijar, con base en los parámetros establecidos, el monto de los posibles daños y perjuicios que con la suspensión de la sentencia reclamada se pudieran ocasionar a la tercera perjudicada. Al respecto, de las citadas actuaciones del juicio de origen, se aprecia que en sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil seis (folios 209-256 del toca de apelación) -acto reclamado en el juicio de amparo directo-, el tribunal de apelación confirmó la del Juez de primera instancia que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco (fojas 774-788 del expediente que se formó ante el a quo estatal), declaró la procedencia de la acción reivindicatoria y condenó a la hoy quejosa a la desocupación y entrega del siguiente bien inmueble:
"... porción de terreno de mayor extensión consistente en: inmueble ubicado en Monterrey, Nuevo León, cuya superficie total es de 101,977.24 (ciento un mil novecientos setenta y siete punto veinticuatro) metros cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias: Del vértice 1 (uno) al 2 (dos) y del 2 (dos) al 3 (tres) con excomunidad San Bernabé Topo Chico; de los vértices 3 (tres) al 4 (cuatro) y del 4 (cuatro) al 5 (cinco) colinda con sucesión de Santiago Belden; del 5 (cinco) al 33 (treinta y tres) colinda con distintas propiedades privadas del segundo sector ampliación de la colonia Cumbres de esta ciudad; del vértice 33 (treinta y tres) al 34 (treinta y cuatro) y del 34 (treinta y cuatro) al 35 (treinta y cinco) colinda con tanque de agua y drenaje de Monterrey IPD; del vértice 35 (treinta y cinco) al 36 (treinta y seis) colinda con la calle Paseo de las Olimpiadas del citado segundo sector ampliación de la colonia Cumbres; del vértice 36 (treinta y seis) al 40 (cuarenta) y del 40 (cuarenta) al 1 (uno) (cerrando el polígono) colinda con el Club Deportivo Cumbres, A.C.; medidas y rumbos: del vértice 1 (uno) al vértice 2 (dos) con rumbo SW 41°31'14" y distancia de 59.36 m. Del vértice 2 (dos) al vértice 3 (tres) con rumbo SW 41°31'14" y distancia 198.36 m. Del vértice 3 (tres) al vértice 4 (cuatro) con rumbo SE 69°26'31" y distancia 438.09 m. Del vértice 4 (cuatro) al vértice 5 (cinco) con rumbo SE 69°26'31" y distancia de 334.38 m. Del vértice 5 (cinco) al vértice 6 (seis) con rumbo NW 43°43'06" y distancia 92.89 m. Del vértice 6 (seis) al vértice 7 (siete) con rumbo NW 44°32'39" y distancia de 37.15 m. Del vértice 7 (siete) al vértice 8 (ocho) con rumbo NW 39°36'59" y distancia de 46.80 m. Del vértice 8 (ocho) al vértice 9 (nueve) con rumbo NW 34°59'14" y distancia de 17.02 m. Del vértice 9 (nueve) al vértice 10 (diez) con rumbo NW 44°05'09" y distancia de 12.15 m. Del vértice 10 (diez) al vértice 11 (once) con rumbo NW 12°37'57" y distancia de 17.48 m. Del vértice 11 (once) al vértice 12 (doce) con rumbo SW 68°19'29" y distancia de 6.82 m. Del vértice 12 (doce) al vértice 13 (trece) con rumbo SE 19°13'42" y distancia de 1.39 m. Del vértice 13 (trece) al vértice 14 (catorce) con rumbo SW 69°48'47" y distancia de 5.36 m. Del vértice 14 (catorce) al vértice 15 (quince) con rumbo NW 11°19'21" y distancia de 17.62 m. Del vértice 15 (quince) al vértice 16 (dieciséis) con rumbo NE 68°55'14" y distancia de 11.61 m. Del vértice 16 (dieciséis) al vértice 17 (diecisiete) con rumbo NW 12°20'43" y distancia de 32.14 m. Del vértice 17 (diecisiete) al vértice 18 (dieciocho) con rumbo NW 19°38'04" y distancia de 15.89 m. Del vértice 18 (dieciocho) al vértice 19 (diecinueve) con rumbo NE 24°55'14" y distancia de 15.27 m. Del vértice 19 (diecinueve) al vértice 20 (veinte) con rumbo NW 88°27'48" y distancia de 38.98 m. Del vértice 20 (veinte) al vértice 21 (veintiuno) con rumbo SW 02°52'56" y distancia de 1.28 m. Del vértice 21 (veintiuno) al vértice 22 (veintidós) con rumbo SW 81°40'49" y distancia de 41.28 m. Del vértice 22 (veintidós) al vértice 23 (veintitrés) con rumbo NW 69°40'46" y distancia de 14.00 m. Del vértice 23 (veintitrés) al vértice 24 (veinticuatro) con rumbo NW 53°02'30" y distancia de 15.84 m. Del vértice 24 (veinticuatro) al vértice 25 (veinticinco) con rumbo SW 37°46'59" y distancia de 0.92 m. Del vértice 25 (veinticinco) al vértice 26 (veintiséis) con rumbo NW 53°33'34" y distancia de 15.04 m. Del vértice 26 (veintiséis) al vértice 27 (veintisiete) con rumbo NW 39°26'24" y distancia de 30.55 m. Del vértice (sic), (veintisiete) al vértice 28 (veintiocho) con rumbo NW 50°40'38" y distancia de 15.07 m. Del vértice 28 (veintiocho) al vértice 29 (veintinueve) con rumbo SW 39°09'36" y distancia de 19.77 m. Del vértice 29 (veintinueve) al vértice 30 (treinta) con rumbo NW 51°34'40" y distancia de 14.97 m. Del vértice 30 (treinta) al vértice 31 (treinta y uno) con rumbo NE 39°29'09" y distancia de 18.84 m. Del vértice 31 (treinta y uno) al vértice 32 (treinta y dos) con rumbo NW 55°28'44" y distancia de 15.01 m. Del vértice 32 (treinta y dos) al vértice 33 (treinta y tres) con rumbo NW 50°58'43" y distancia de 15.02 m. Del vértice 33 (treinta y tres) al vértice 34 (treinta y cuatro) con rumbo SW 38°35'21" y dist
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20368-9010046e/suspension-en-amparo-directo-forma-de-cuantificar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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