PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA SI NO GUARDA RELACIÓN CON LA LITIS O LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IDONEIDAD.
QUEJA 50/2007. CORPORACIÓN ATLAS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son fundados los agravios, por las siguientes causas.
En el caso se impugna el proveído dictado por el Juez Séptimo de Distrito el dos de mayo de dos mil siete, en la parte en que ordenó agregar a los autos el oficio suscrito por el subprocurador fiscal de amparos en representación del presidente de la República por sí y el secretario de Hacienda y Crédito Público, de ingresos, de egresos, del oficial mayor, por el que propuso y exhibió la adición al cuestionario pericial ofrecido por la quejosa, admitiendo la adición pericial de referencia, y para la preparación y desahogo de dicha prueba ordenó la entrega a cada uno de los peritos de las copias simples del cuestionario exhibido para que estuvieran en condiciones de resolverlo antes de la celebración de la audiencia constitucional, mismo acuerdo al cual la parte recurrente le atribuye vicios de tipo formal como es la falta de fundamentación y motivación, así como de fondo, procediéndose en el caso al análisis de estos últimos, atendiendo al principio de mayor beneficio para el agraviado.
En ese último aspecto es aplicable analógicamente el criterio que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 3/2005, que aparece publicada en la página 5, del Tomo XXI, febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."
Precisado lo anterior, este órgano colegiado advierte fundados los agravios que aduce la parte recurrente, en torno a la determinación del a quo de tener por exhibida la adición al cuestionario pericial ofrecido por la autoridades responsables en cita, y tener por admitida dicha asociación pericial, ordenando la realización de los actos necesarios para el desahogo de dicha prueba.
Para ello cabe destacar lo siguiente:
La promotora del amparo reclamó en el caso el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de las leyes del impuesto sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios; de la ley Federal sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete, a través del cual se reformaron los artículos 5o. A primer párrafo, 5o. B y 9o., último párrafo, todos de la Ley del Impuesto al Activo, asimismo la derogación del artículo 5o. de la citada ley, y el establecimiento de las fracciones I y II del artículo séptimo de la mencionada ley, en el cual se prevén disposiciones de carácter transitorio cuya aplicación también es obligatoria; mismo decreto a través del cual se modificó sustancialmente la mecánica del cálculo del impuesto al activo, ya que no permite al contribuyente deducir del valor de su activo objeto del impuesto, el importe de sus deudas, lo cual modifica uno de los elementos esenciales del tributo (base gravable); que también en el artículo 16 se otorga una exención del pago del impuesto al activo que se cause con motivo de la propiedad de cuentas por cobrar derivadas de contratos que celebren los contribuyentes con organismos públicos descentralizados del gobierno federal respecto de inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 18 de la Ley General de la Deuda Pública.
Para demostrar los hechos que se narran en la demanda y su correlación con los conceptos de violación que se centran a combatir la imposibilidad de deducir de la base gravable del activo las deudas correspondientes al mismo ejercicio y/o la aplicación de opción de pago del activo, con base en el artículo 5o. A, anterior a la reforma reclamada, la parte quejosa, en el punto número 7 del capítulo respectivo de pruebas, ofreció la prueba pericial en los siguientes términos:
"7. Prueba pericial contable. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, desde este momento se ofrece y anuncia la prueba pericial contable, misma que habrá de rendirse en la audiencia principal de este juicio y correrá a cargo del C. C.P. Enrique Silva Romero, contador público con cédula profesional número 1991700, expedida el 27 de septiembre de 1994 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y con domicilio ubicado en Privada de Acequia Mayor número 3559, del Fraccionamiento Jardines Residencial en Ciudad Juárez Chihuahua, prueba que tendrá por objeto demostrar a su señoría los siguientes hechos: a) Que siendo la quejosa una persona moral residente en México cuenta además con activos de diferente especie, afectos y destinados al desarrollo de sus actividades, lo cual la ubica como causante del impuesto al activo en términos del artículo 1o. de la ley de la materia, incluyéndose, entre otros, activos financieros consistentes en cuentas por cobrar. b) Que la quejosa tiene además a su cargo diferentes deudas o pasivos, derivados de operaciones celebradas con terceros. c) Que para la determinación de su primer pago provisional del impuesto al activo del ejercicio fiscal 2007, correspondiente al mes de enero del mismo año, la quejosa solamente consideró como base gravable el valor de sus activos, incluyendo sus cuentas por cobrar, es decir, que no disminuyó de dicho valor el importe de las deudas o pasivos que se mencionan en el inciso anterior. d) Que para el cálculo y determinación del impuesto al activo, correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, la quejosa ejerció la acción prevista en el artículo 5o. A de la ley de la materia, vigente en esa época. A efecto del debido desahogo de esta prueba pericial, desde este momento queda a disposición del perito nombrado en el domicilio social y fiscal de la quejosa que ya fue señalado en antecedentes de esta demanda, tanto la contabilidad de mi representada como sus demás documentos y papeles relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo. El perito en cuestión habrá de rendir su dictamen al tenor del siguiente cuestionario. I. Dirá el perito, con base en la revisión de la contabilidad de mi representada, así como los demás documentos y papeles relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si ésta cuenta con activos afectos y destinados al desarrollo de sus actividades, entre ellos, activos financieros consistentes en cuentas por cobrar. II. Dirá el perito, con base en la revisión de la contabilidad de mi representada, así como los demás documentos y papeles relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si ésta tiene a su cargo deudas o pasivos contratados con terceros. III. Dirá el perito, con base en la revisión de la contabilidad de mi representada, de los demás documentos y papeles relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como de su pago provisional del impuesto al activo correspondiente al mes de enero de 2007 y del papel de trabajo referente a su cálculo que se mencionan y exhiben en el punto 3 de este capítulo de pruebas, si para fines de determinar en cantidad líquida el monto del pago provisional en cuestión, la quejosa dedujo o no, del valor de sus activos el importe de sus deudas o pasivos contratados con terceros, y si además dentro de los citados activos incluyó sus cuentas por cobrar. IV. Dirá el perito, con base en la revisión de la contabilidad de mi representada, de los demás documentos y papeles relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de su declaración anual del impuesto al activo correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, así como del dictamen de estados financieros, para efectos fiscales de dicho ejercicio, que se menciona y exhibe en el punto 5 de este capítulo de pruebas, si se ejerció o no en dicha declaración anual la opción de pago prevista en el artículo 5o. A de la ley de la materia, vigente en esa época. V. Dará, finalmente el perito, las razones fundadas de los hechos y las conclusiones que se contengan en el dictamen que rinda."
Por su parte, la autoridad responsable al adicionar el interrogatorio en cuestión lo hizo en los siguientes términos:
"1. Dirá el perito cuáles fueron los montos causados de los impuestos sobre la renta y al activo en los años de 2002 a 2006. 2. Dirá el perito cuál fue el monto de sus activos financieros, activos fijos, gastos y cargos diferidos, terrenos e inventarios, determinado en los términos del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, de los años de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 3. Dirá el perito cuál fue el monto de sus ingresos totales y los acumulables para efectos del impuesto sobre la renta de los años 2006 y 2005. 4. Dirá el perito cuál es la rentabilidad de la(s) quejosa(s) medida en función del retorno de activos del ejercicio del 2006 y del periodo de enero a abril del 2007. 5. Dirá el perito si la(s) quejosa(s) ha(n) pagado el impuesto al activo en los ejercicios anteriores a 2007 sin exceder de 10 años y en caso de causar impuesto sobre la renta en exceso al impuesto al activo en ejercicios posteriores, podría recuperar las cantidades pagadas del impuesto al activo de ejercicios anteriores. 6. Dirá el perito si la(s) quejosa(s) han causado el impuesto sobre la renta en los ejercicios del 2006, 2005 y 2004 y si en caso de causar impuesto al activo en exceso del impuesto sobre la renta en el ejercicio del 2007, se podrían recuperar las cantidades del impuesto sobre la renta pagadas de impuesto sobre la renta en dichos ejercicios. 7. Que diga el perito la razón de su dicho. Que en caso de que la(s) empresa(s) quejosa(s) sea controlada o controladora deberá responder a las siguientes preguntas: 1. Que diga el perito si la(s) quejosa(s) consolida(n) para efectos fiscales. 2. Que diga el perito, a cuánto asciende la participación consolidable de la controladora respecto a las controladas. 3. Que diga el perito, hasta el 2006 a cuánto ascendía el monto de las deudas de las empresas controladas. 4. Derivado de la respuesta dada a la pregunta anterior, dirá en qué porcentaje de dichas deudas corresponde a las controladas en relación a su participación no consolidable. 5. Quién es el obligado a cubrir el impuesto al activo consolidado y en qué proporción los activos de la controlada se suben a la consolidación. 6. Que diga el perito la razón de su dicho."
De lo supratranscrito se advierte que asiste la razón a la parte recurrente al afirmar que el proveído que impugna le causa agravio, pues ciertamente, el Juez de Distrito tuvo por adicionado el interrogatorio exhibido por la citada autoridad para el desahogo de la prueba pericial contable que ofreció la parte quejosa, sin analizar previamente la pertinencia o idoneidad de las preguntas adicionales contenidas en el interrogatorio en cita, no obstante que no guardaban una verdadera e inmediata relación con la finalidad para lo cual se ofreció la pericial; y a pesar de ello, proveyó de inmediato a su desahogo, pues ordenó la entrega del cuestionario adicional a los peritos designados para que emitieran el dictamen correspondiente.
Lo anterior es así, si se toma en cuenta que las cuestiones que pretende demostrar la autoridad responsable no se relacionan con la finalidad de la prueba pericial ofrecida por la quejosa, ya que ésta versa sobre el tema de la modificación sustancial que contiene el decreto reclamado, referente a la mecánica del cálculo del impuesto al activo, ya que no permite al contribuyente deducir del valor de su activo objeto de impuesto el importe de sus deudas, como lo hacía la citada ley antes del decreto de reforma; por tanto, nada tiene que ver con dicha prueba, demostrar el monto del impuesto sobre la renta causado en los años dos mil dos (2002) al dos mil seis (2006), así como el monto de los activos financieros, fijos, gastos y cargos diferidos, terrenos e inventario determinado, durante los ejercicios fiscales mil novecientos noventa y nueve (1999) al dos mil seis (2006); al igual que el monto de los ingresos totales y acumulados para efectos del impuesto sobre la renta de los años dos mil cuatro (2004) al dos mil seis (2006); tampoco lo relativo a la rentabilidad de la quejosa, medida en función del retorno de activos, del ejercicio dos mil seis (2006), y periodo de enero a abril del dos mil siete (2007), tampoco se requiere demostrar si la quejosa ha pagado en exceso el impuesto al activo en los ejercicios anteriores al dos mil siete (2007), respecto al impuesto sobre la renta; así como también es innecesario para la litis, las preguntas relativas a las empresas consolidadas, la participación de éstas, el importe de las deudas en este tipo de empresas hasta el dos mil seis (2006).
Y si bien conforme a lo previsto por los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto es admisible cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad no es plena sino que deben cumplirse ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que la prueba ofrecida, en el caso, que el cuestionario adicional deba tener relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que se traduce en el principio de idoneidad de la prueba, el cual se encuentra regulado por el artículo 79 del código adjetivo invocado, de aplicación supletoria a los juicios de garantías; de tal manera que si en el asunto que se resuelve no se satisface este requisito, dicho ofrecimiento es ilegal, y ante ello, el Juez desde su anuncio podía y debía desechar el interrogatorio adicional sin esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional.
Resulta aplicable analógicamente el criterio que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 41/2001, que aparece publicada en la página 157, del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."
Igualmente, cabe invocar como aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2001 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede ser consultada en la página 6 del Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE. Por regla general, los autos o resoluciones dictados por los Jueces de Distrito, dentro de los cuales se ubica la orden de preparación y desahogo de una prueba legal y conducente, no son recurribles, sino sólo impugnables vía agravio en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia establece un supuesto de excepción consistente en la impugnación, a través del recurso de queja, de aquellos autos que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme a lo previsto en el señalado artículo 83 y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes de imposible reparación en la sentencia definitiva, como acontece tratándose de los autos que mandan preparar y desahogar pruebas que, no obstante ser legales y conducentes, contengan una posibilidad de afectación cierta sobre cualquiera de los sujetos de la relación procesal, con independencia de la valoración apropiada o inapropiada que realice el juzgador, así como de que la sentencia definitiva le resulte favorable o no. Empero, es claro que dicha factibilidad de daño y perjuicio no puede considerarse ordinaria, toda vez que se exige gravedad y trascendencia, como puede ser el caso de que se ordene preparar y desahogar pruebas posiblemente atentatorias, verbigracia, de la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera, hipótesis que el legislador está imposibilitado en señalar casuísticamente; de ahí que para evitar la materialización objetiva de aquel daño o perjuicio, otorgó a los agraviados la posibilidad de lograr la suspensión del procedimiento y de probar ante los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del recurso la referida amenaza, efectuando una valoración tendiente a ponderar la veracidad o no de la misma. En conclusión, debe decirse que el auto que ordena preparar y desahogar pruebas podrá ser impugnado a través del recurso de queja, siempre y cuando puedan causar un daño grave y trascendente no reparable en sentencia definitiva y serán los órganos jurisdiccionales colegiados que conozcan del asunto los que, atendiendo a sus características particulares en la resolución fundada y motivada sobre la queja hecha valer, determinen o no su procedencia."
De la misma manera, por las razones que contienen, son aplicables las tesis que enseguida se transcriben.
Tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 498, del Tomo XIII, mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes:
"PRUEBA PERICIAL. ALCANCE DE LA ADICIÓN O REPREGUNTAS AL CUESTIONARIO POR LAS PARTES DISTINTAS DE LA OFERENTE EN EL JUICIO DE AMPARO.-El artículo 151, segundo párrafo, de la Ley de Amparo dispone: ‘Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia ...’. Como se observa, si bien la transcrita disposición legal no establece literalmente alguna limitante para que las partes distintas de la oferente de la prueba pericial formulen ‘repreguntas’, por escrito o verbalmente, es lógico que éstas deban estar relacionadas con el hecho que la parte que ofreció la probanza pretenda acreditar. De otra manera se rebasaría el objetivo de tal prueba desarticulando las cargas probatorias que corresponden a las partes o las facultades oficiosas del juzgador de recabar elementos de convicción en los casos que se lo permita la ley. No se desatiende que la misma disposición legal al facultar a las contrapartes de la oferente de una prueba pericial para formular repreguntas o adicionar el cuestionario relativo, según se quiera ver, tiene como finalidad que el juzgador quede debidamente ilustrado con una opinión de un perito nombrado por cada uno de los interesados en el juicio. Pero este derecho de las partes y esa finalidad de ilustración debida del juzgador tiene que ser, se insiste, respecto del hecho que la oferente pretenda acreditar en función de las cargas procesales establecidas por la ley, o el juzgador deba conocer de cualquier manera en los casos en que opere su intervención oficiosa conforme a la misma ley".
Tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 497, del Tomo XIII, mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente tenor literal:
"PRUEBA PERICIAL. ALCANCE DE LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO POR LAS PARTES DISTINTAS DE LA OFERENTE EN LA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).-El artículo 146, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo conducente, señala: ‘El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese ...’. Según se ve, esta parte del artículo 146 no señala literalmente que la adición al cuestionario relativo esté limitada y sí dice que podrán hacerlo ‘con lo que les interese’. Empero, la disposición de que se trata no debe examinarse en forma aislada, sino en función de la primera parte del artículo en cuestión, que señala: ‘La parte que desee rendir prueba pericial deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar ...’. Se puede observar que el Código Federal de Procedimientos Civiles se refiere a los puntos, que no son sino los hechos, que la parte oferente desee probar, sin que esté a discusión que la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativo a una ciencia o arte o en los casos en que expresamente lo prevenga la ley. Esto es, lo importante de decidir aquí es el objeto de la prueba, en relación con las cargas probatorias y, por consecuencia, con el alcance de la adición del cuestionario que hagan las partes distintas a la oferente. Más aún, el artículo 81 del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles ordena que ‘El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones’. No se desatiende que la disposición legal que faculta a las contrapartes de la oferente de una prueba pericial para adicionar el cuestionario relativo, tiene como finalidad que el juzgador quede debidamente ilustrado con una opinión de un perito nombrado por cada uno de los interesados en el juicio. Pero este derecho de las partes y esa finalidad de ilustración debida del juzgador tiene que ser, se insiste, respecto del hecho que la oferente pretenda acreditar en función de las cargas procesales establecidas por la ley, o el juzgador deba conocer de cualquier manera en los casos en que opere su intervención oficiosa conforme a la misma ley."
En las relatadas condiciones, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja.
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 95, fracción VI y 99, ambos de la Ley de Amparo, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.
Notifíquese; publíquese, dése de alta en el módulo de sentencias del SISE, regístrese en el libro de gobierno; remítase testimonio autorizado de esta resolución al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, integrado por los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, José Luis Gómez Molina y María Teresa Zambrano Calero, firmando el primero en su carácter de Magistrado presidente y ponente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20317-febc204e/prueba-pericial-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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