CADUCIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA, AUTO QUE LA DECRETA ES REVOCABLE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).
RECURSO DE REVISION 49/95. DESARROLLO COMERCIAL Y DE ABASTOS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Es inatendible el primer agravio e infundado en una parte e inatendible en otra el segundo.
En el auto recurrido, el juez de Distrito desechó la demanda de garantías promovida por la recurrente, al considerar actualizada, de manera manifiesta, la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, argumentando que, conforme a los artículos 3o. y 419 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el auto que decreta la caducidad de segunda instancia es impugnable mediante el recurso de revocación, porque aun cuando el primero de los dispositivos en cita establece el recurso de apelación para combatir el auto que decreta la caducidad en primera instancia, de ello no se infiere que la caducidad decretada en segunda instancia no sea recurrible, puesto que, cuando la ley del acto reclamado no prevé el recurso procedente, debe aplicarse la regla general del artículo 419 del ordenamiento en cita, en virtud de que las resoluciones de segunda instancia, con excepción de la ejecutoria que resuelve la apelación en el juicio principal, son combatibles mediante el recurso de revocación, por lo que, al no actualizarse el principio de definitividad propio del juicio de garantías, opera la causal de improcedencia invocada y procede el desechamiento de la demanda de garantías.
Ahora bien, en el primer agravio el recurrente se inconforma en contra del auto que desechó su demanda de garantías y atribuye al juez de Distrito la violación del artículo 147 de la Ley de Amparo, porque, dice, que debió admitir a trámite la demanda y señalar fecha para las audiencias incidental y constitucional, asimismo, solicitar los informes con justificación a las autoridades responsables y en su oportunidad resolver el amparo en la audiencia constitucional.
Es inatendible el anterior agravio.
En efecto, pese a las manifestaciones de inconformidad que formula el recurrente, las consideraciones que expresa no controvierten en forma alguna lo resuelto por el juez de Distrito en el auto mediante el cual le desechó su demanda de garantías, de ahí que el agravio sea inatendible.
En el segundo motivo de agravio, el recurrente sostiene que es ilógico e ilegal lo resuelto por el juez de Distrito, porque el artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, establece que el auto que decreta la caducidad es apelable únicamente en primera instancia y en contra del auto que combate no existe ningún recurso. Agrega, que es ilegal el auto que reclamó porque el Código de Procedimientos Civiles no contempla la caducidad en segunda instancia, ni el recurso ordinario procedente en su contra, lo cual, dice, es lógico ya que siendo ilegal el auto, la ley no puede establecer recurso en su contra. Igualmente, se inconforma en contra de la aplicación del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y aduce que el juez de Distrito va más allá de lo que la ley le autoriza, ya que el numeral en cita se refiere al procedimiento de primera instancia y el tribunal sólo se concreta a resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida. Por otro lado sostiene, que no había iniciado el procedimiento de segunda instancia porque no se notificó a las partes el auto de admisión del recurso y entonces el magistrado responsable no podía decretar la caducidad.
Es infundado en parte lo anteriormente expuesto.
En efecto, en la parte que interesa, establece el artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado: "En los juicios contenciosos la instancia caducará cualquiera que sea el estado en que se encuentre, cuando de no mediar un impedimento procesal que suspenda la caducidad, las partes se abstengan de promover el curso del juicio durante un lapso de ciento ochenta días feriados o no. La resolución que pone término a la instancia extingue la posibilidad de la caducidad de la misma. El auto que decrete la caducidad será apelable en ambos sentidos; el que la niegue lo será en el efecto devolutivo. Ningún acto judicial podrá reactivar el proceso una vez que ha operado la caducidad. El juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, declarará en su caso la caducidad, sin que se extinga la acción, cuando la caducidad opere en primera instancia, acción que podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente mediante nueva demanda, si no hubiera prescrito con arreglo a derecho. Las actuaciones de la instancia declarada caduca serán nulas y de ningún valor para los efectos y en los términos de la fracción II, del artículo 1165 del Código Civil. La caducidad no operará en las diligencias de ejecución de sentencia ejecutoria, ni en las de jurisdicción mixta, ni voluntaria."
Por otro lado, este Tribunal Colegiado sustentó la tesis que aparece publicada en la página 231, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, número XI-marzo, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "CADUCIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA, EL AUTO QUE LA DECRETA ES REVOCABLE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).- De una correcta interpretación de los párrafos segundo y tercero del artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, se llega a la conclusión de que si bien es cierto que contra la resolución que decreta la caducidad procede el recurso de apelación, esto debe entenderse que se refiere a que dicha sanción procesal se declara en primera instancia; pero cuando esta figura opera dentro de la segunda instancia es lógico que el dispositivo legal en comento no sea aplicable para impugnarla, porque una de las funciones de la autoridad de alzada es precisamente conocer de las apelaciones que se interpongan en su caso, contra las resoluciones que pronuncie el juzgador de primer grado, sin que esto implique que no exista algún medio ordinario de impugnación que se pueda interponer en contra del auto que decreta la caducidad en la alzada, toda vez que cuando la ley que rige el acto reclamado no prevé en forma específica cuál es el indicado, debe aplicarse la regla general contenida en el artículo 419 del código adjetivo de la materia, porque las resoluciones dictadas en segunda instancia, a excepción hecha de la ejecutoria que resuelva en apelación el juicio en lo principal, son impugnables mediante la revocación."
De lo anteriormente expuesto se concluye que no existe razón al recurrente cuando afirma que la ley de la materia no establece la caducidad en la segunda instancia, ni el recurso procedente para combatir tal sanción, pues de la transcripción del artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desprende que establece la figura jurídica de la caducidad de la instancia, la cual opera por el simple transcurso de 180 días sin que las partes impulsen el curso del juicio, pero nada dice respecto a que tal figura se presente únicamente en la primera instancia, por consiguiente, se puede concluir válidamente que también sea legalmente procedente decretarla en segunda instancia.
Por otro lado, pese a que el artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, establece el recurso de apelación como medio para impugnar la caducidad que se decrete en primera instancia, cuando la caducidad opera en la segunda instancia el recurso procedente es el de revocación previsto por el artículo 419 del propio ordenamiento, pues lógicamente debe entenderse que así sea porque el recurso de apelación no podría ser el medio de impugnación, dado que una de las funciones del tribunal de alzada es precisamente conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones de primer grado, además de que, si la ley que rige el acto reclamado no establece en una norma específica cuál es el medio de impugnación o recurso ordinario adecuado, debe aplicarse la regla general del último de los dispositivos citados, porque las resoluciones de segunda instancia, excepción hecha de la ejecutoria que resuelve en apelación el juicio en lo principal, son impugnables mediante el recurso de revocación.
En esa forma, es correcta legalmente la actuación del juez de Distrito al aplicar en el caso concreto la regla general del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, sin que esto signifique un exceso en sus atribuciones, como lo pretende el recurrente.
Por último, resulta inatendible el agravio en estudio en la parte en que el recurrente aduce que al no haberse notificado a las partes el auto de admisión del recurso, no podía el magistrado responsable decretar la caducidad de la instancia, porque ésta no había iniciado, pues a ese respecto debe advertirse que tal inconformidad no se encamina a impugnar la sentencia constitucional recurrida, sino más bien, controvierte la actuación del magistrado responsable al emitir el auto que decretó la caducidad de la segunda instancia.
En las relacionadas consideraciones, al resultar infundados en una parte e inatendibles en otra los agravios en estudio, lo procedente es confirmar en sus términos el auto materia de revisión.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma el auto materia de revisión.
SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo promovida por Elio José Botello Lozano, apoderado jurídico, de la empresa Desarrollo Comercial y de Abastos, S.A. de C.V., contra actos del magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y otras autoridades.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, siendo ponente el magistrado Enrique Cerdán Lira.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3407-1d6f15ea/caducidad-en-segunda-instancia-auto-que-la-decreta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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