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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA AMPLIACIÓN DEL CUESTIONARIO HECHA POR LA RESPONSABLE PARA EL DESAHOGO DE UNA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA QUEJOSA, PORQUE NO SE CAUSA DAÑO O PERJUICIO A ALGUNA DE LAS PARTES NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 74/2001).

Tipo de asunto: QUEJA 52/2007. · Registro digital (IUS): 20518
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS ARMA, S.A. DE C.V. Y COAGS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 680.

QUEJA 52/2007. INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS ARMA, S.A. DE C.V. Y COAGS.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de agravio propuestos, dado que, en mérito de las razones a que se hará mención en la presente ejecutoria, debe desecharse por improcedente el presente recurso de queja.

En efecto, el auto impugnado, en el apartado materia de los agravios del recurrente es del tenor literal siguiente:

"Monterrey, Nuevo León, diecisiete de abril de dos mil siete. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio signado por el subprocurador fiscal federal de amparos en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, éste por sí y en representación del presidente de la República, mediante el cual desahoga la vista que se le hiciera por auto de fecha ocho de marzo del año en curso y amplía el cuestionario ofrecido por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial contable; al efecto, remítase al perito de la parte quejosa y al perito de la intención de este juzgado, copia simple de la ampliación del cuestionario de la prueba en comento y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuentan con el término de diez días para emitir el dictamen solicitado, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 59, fracción I, de la calificación citada, se les impondrá una multa de hasta $1,000.00 (mil pesos moneda nacional). Notifíquese personalmente a los peritos."

Ahora bien, cabe establecer que el recurso de queja que propone la parte quejosa por conducto de su autorizado jurídico, se fundamenta en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Disposición normativa que, en el segmento anotado, señala:

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"...

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."

De la anterior transcripción se infiere que el legislador estableció para la procedencia del recurso de queja, en la hipótesis de trato (con base en la premisa principal consistente en que las resoluciones impugnables no admitan expresamente el diverso de revisión en términos del artículo 83 de la ley de la materia, y con objeto de garantizar la expeditez del juicio), la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente su desarrollo; es por ello que, en forma especial, lo sujetó al requisito consistente en que con la resolución dictada por el Juez de Distrito pudiera causarse un daño o perjuicio que fuere de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva.

En esa tesitura, la materia del recurso de queja excepcional a que se refiere el numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que se apoya la recurrente, se contrae a determinar, en la especie, si con la determinación del juzgador, consistente en la admisión de la ampliación del cuestionario ofrecido por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por esta última, es factible o no, causar daño o perjuicio a la inconforme, que sea de imposible reparación aun en el dictado del fallo definitivo.

Lo anterior significa que con independencia de la legal o ilegal valoración que se haga de la citada prueba, o bien, de que la sentencia definitiva resulte favorable o desfavorable a la recurrente, debe considerarse si existe el riesgo de exponerla a una situación que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave y trascendente.

Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 74/2001, que enseguida se transcribirá, cita algunos supuestos en los cuales se emiten proveídos que ordenan preparar y desahogar pruebas que serían irreparables aun en el dictado de la resolución fundamental del juicio de amparo biinstancial, y que señala como aquellos que atenten, verbigracia, contra la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera.

La invocada jurisprudencia, aplicable al caso concreto, se publicó en la página seis, Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y es del tenor literal siguiente:

"PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.-Por regla general, los autos o resoluciones dictados por los Jueces de Distrito, dentro de los cuales se ubica la orden de preparación y desahogo de una prueba legal y conducente, no son recurribles, sino sólo impugnables vía agravio en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia establece un supuesto de excepción consistente en la impugnación, a través del recurso de queja, de aquellos autos que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme a lo previsto en el señalado artículo 83 y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes de imposible reparación en la sentencia definitiva, como acontece tratándose de los autos que mandan preparar y desahogar pruebas que, no obstante ser legales y conducentes, contengan una posibilidad de afectación cierta sobre cualquiera de los sujetos de la relación procesal, con independencia de la valoración apropiada o inapropiada que realice el juzgador, así como de que la sentencia definitiva le resulte favorable o no. Empero, es claro que dicha factibilidad de daño y perjuicio no puede considerarse ordinaria, toda vez que se exige gravedad y trascendencia, como puede ser el caso de que se ordene preparar y desahogar pruebas posiblemente atentatorias, verbigracia, de la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera, hipótesis que el legislador está imposibilitado en señalar casuísticamente; de ahí que para evitar la materialización objetiva de aquel daño o perjuicio, otorgó a los agraviados la posibilidad de lograr la suspensión del procedimiento y de probar ante los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del recurso la referida amenaza, efectuando una valoración tendiente a ponderar la veracidad o no de la misma. En conclusión, debe decirse que el auto que ordena preparar y desahogar pruebas podrá ser impugnado a través del recurso de queja, siempre y cuando puedan causar un daño grave y trascendente no reparable en sentencia definitiva y serán los órganos jurisdiccionales colegiados que conozcan del asunto los que, atendiendo a sus características particulares en la resolución fundada y motivada sobre la queja hecha valer, determinen o no su procedencia."

De la jurisprudencia transcrita se desprende, como antes se dijo, que para la procedencia del recurso de queja en análisis, se requiere la satisfacción de los extremos consistentes en que, atendiendo al caso específico, la resolución ordenadora de preparación y desahogo de pruebas legales y conducentes, sea de naturaleza trascendental y grave, que puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, de imposible reparación, incluso, en la determinación final del juicio de garantías promovido en la vía indirecta.

Requisitos que este Tribunal Colegiado estima no se satisfacen en el caso particular, toda vez que el acuerdo cuya legalidad se discute, de diecisiete de abril del año en curso, no puede reputarse como uno de los que puedan, por su naturaleza trascendental y grave, causar un daño o perjuicio no reparable en el fallo definitivo, dado que se trata de la admisión de la ampliación del cuestionario exhibido por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial contable que ofreció mediante escrito, obviamente para justificar los hechos que motivaron el acto reclamado, al que recayó el auto de ocho de marzo de dos mil siete, en el que, entre otras cosas, se acordó:

"Igualmente, se deberá notificar al resto de las partes el contenido del presente proveído, entregándoles copia del escrito de ofrecimiento de la mencionada prueba así como del correspondiente cuestionario, para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, adicionen el cuestionario con lo que les interese, y en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, si así quisieren hacerlo y en caso contrario, se les tendrá por conformes con el cuestionario planteado y con el peritaje que en su momento deberá rendir el perito que auxilie a este juzgado ..."

Advirtiéndose por otra parte, que en el propio auto se ordena la notificación personal a las partes, entre las que se encuentra la recurrente en su carácter de quejosa, como se desprende de la lectura del mismo (fojas ciento ochenta y siete y ciento ochenta y ocho) de los autos en consulta.

Para la conclusión apuntada se considera también que los actos reclamados en el juicio de garantías, según se desprende del respectivo escrito de demanda (que obra agregado a los autos del presente juicio de trato, concretamente a fojas trece a treinta y siete), se hicieron consistir en "la aprobación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los impuestos sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, específicamente:

a) La derogación del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, que implica un cambio del sistema y estructura del propio impuesto, ya que modifica la base gravable del tributo que trae como consecuencia un cambio en el objeto del propio impuesto.

b) La aplicación de los artículos 2o. y 5o.-A de la Ley del Impuesto al Activo y séptimo, fracciones I y II de las disposiciones transitorias de dicha ley; aplicación que se lleva a cabo dejando de observar el contenido del artículo 5o. de la ley de la materia, como consecuencia de su derogación; es decir sin que exista la posibilidad legal de deducir del valor del activo, las deudas a que alude el precepto derogado, situación que genera un cambio del sistema impositivo del tributo, transformando su naturaleza según el propósito con el que fue creado como complementario del impuesto sobre la renta tendiente a gravar el activo neto de las empresas.

c) Se reclaman las consecuencias y efectos de la derogación ..."

De suerte tal que, el hecho de que el Juez de Distrito tenga por admitida la ampliación del cuestionario ofrecido por la parte quejosa para el desahogo de la prueba pericial contable de su intención, no tiene una naturaleza tal que pueda causarle a la hoy recurrente daños o perjuicios no reparables en la resolución definitiva que se llegara a dictar, toda vez que se trata simplemente de la admisión de una ampliación a un cuestionario inicialmente realizado por la propia quejosa y su desahogo, la cual, por sí misma, no puede causar una afectación grave, cuya legal admisión y valoración puede impugnarse; por ende, al interponerse el recurso de revisión contra la sentencia que en el juicio de garantías se pronuncie en caso de serle adversa a la inconforme.

En las relacionadas condiciones, lo procedente es desechar por improcedente el recurso de queja que se formula.

No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que por auto de presidencia de cuatro de mayo de dos mil siete se admitiera a trámite el presente recurso de queja, dado que tal determinación representa tan sólo un examen preliminar del asunto y, en esa razón, no causa estado ni puede tener los efectos de cosa juzgada, porque siempre existe la posibilidad de volver a estudiar el caso y decidir, como ya se hizo, respecto de la procedencia del recurso.

Tal es el criterio sustentado por este propio Tribunal Colegiado en la tesis IV.3o.A.4 K, publicada en la página 1680 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes:

"AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO.-La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto."

Atento a lo anterior, lo procedente es desechar por improcedente el recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha por improcedente el recurso de queja que hace valer el licenciado Carlos Alberto Saucedo Lugo, abogado autorizado por la parte quejosa, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecisiete de abril de dos mil siete, emitido por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, durante la tramitación del juicio de amparo 304/2007.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Jorge Meza Pérez, Jesús R. Sandoval Pinzón y Juan Bonilla Pizano, siendo ponente y presidente el primero de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20518-9f1e4a61/queja-prevista-en-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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