PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EN LA AMPLIACIÓN AL CUESTIONARIO SOBRE EL CUAL SE DESAHOGARÁ LA OFRECIDA POR LA QUEJOSA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VIGILAR QUE LAS PREGUNTAS GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON LA LITIS Y CON LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LA OFERENTE.
QUEJA 46/2007. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son por una parte infundados y, por la otra parcialmente fundados los agravios de la inconforme.
De la demanda de garantías se advierte que se señalaron como actos reclamados la aprobación, promulgación, orden de publicación y refrendo del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal sobre Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil seis, específicamente la derogación de los artículos 1o., 2o., 5o., 5o. A y 7o., fracciones I y II, de la Ley del Impuesto al Activo, así como el artículo séptimo transitorio de dicha ley, para el ejercicio fiscal dos mil siete.
Asimismo, se señaló como autoridades responsables a:
a) Congreso de la Unión,
b) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
c) Secretario de Gobernación,
d) Secretario de Hacienda y Crédito Público,
e) Director del Diario Oficial de la Federación.
Por escrito que se recibió en el Juzgado de Distrito el catorce de febrero de dos mil siete, la quejosa Productora y Comercializadora de Bebidas Arca, Sociedad Anónima de Capital Variable, Publicidad y Servicios Arca, Sociedad Anónima de Capital Variable, Publicidad Eficaz, Sociedad Anónima de Capital Variable y Desarrolladora Arca, Sociedad Anónima de Capital Variable, ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad, a cargo del contador público Francisco Javier Saucedo Rangel; para tal efecto acompañó el cuestionario para el desahogo de la prueba pericial, que para mayor claridad enseguida se reproduce:
Ver cuestionario
Posteriormente, el subprocurador fiscal federal de amparos, en representación del presidente de la República y, por sí, el secretario de Hacienda y Crédito Público y, por ausencia de éste y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, por oficio número 529-III-DACL-(PMG)-21877.1238652, de doce de marzo de dos mil siete, en su carácter de autoridades responsables, propone como adición al cuestionario ofrecido por la quejosa, las siguientes preguntas, que para mayor claridad enseguida se reproduce la parte relativa del oficio en cuestión:
Ver parte relativa del oficio
A este respecto el Juez de Distrito por auto de tres de abril de dos mil siete, acordó favorablemente la solicitud de las autoridades responsables en los términos indicados en el acuerdo impugnado, mismo que obra en párrafos precedentes.
Contra lo anterior, aduce la recurrente que el acuerdo de tres de abril de dos mil siete es contrario a las disposiciones legales aplicables, pues la ampliación a la probanza en comento es admitida, aun cuando la autoridad responsable no señala qué hechos intenta probar con dicha ampliación a la prueba pericial; aunado a que la prueba en comento tampoco versa sobre elementos probatorios provenientes de la propia autoridad. Que el Juez Federal trasgredió el contenido del artículo 150 de la Ley de Amparo, toda vez que si bien es cierto en el juicio de amparo se admite toda clase de pruebas, esto no implica que deban ser admitidas en forma indiscriminada todas las pruebas ofrecidas por las partes, incluso las que no tengan relación con la litis. Que la ampliación de la prueba pericial contable no debió ser admitida, pues la misma no guarda relación con la litis ni versa sobre aspectos propios de la autoridad, y mucho menos señala qué hechos o argumentos intenta probar con dicha ampliación. Que el acto reclamado fue la aprobación del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan, y establecen diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil seis, que entró en vigor el primero de enero de dos mil siete. Que el cuestionario que amplía la autoridad responsable no guarda relación con la litis, pues sus cuestionamientos versan sobre ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor del acto que se reclama, pues del cuestionario se observa que solicita diversos datos e información de ejercicios fiscales que datan desde mil novecientos noventa y nueve. Que la autoridad responsable no manifestó las razones por las cuales ampliaba el cuestionario pericial ofrecido por la quejosa. Que el Juez Federal debió analizar de manera minuciosa el contenido del cuestionario ofrecido por la responsable, precisamente para vigilar que los cuestionamientos hechos por la autoridad tuvieran relación directa con la demanda y el acto impugnado, lo que no aconteció en la especie, pues sin ninguna limitante el Juez Federal avaló que la autoridad responsable requiriera información sobre ejercicios fiscales que nada tienen que ver con lo que se impugnó en la demanda de garantías. Que el acuerdo que se recurre es ilegal, pues el Juez de Distrito admitió la ampliación a la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el subprocurador fiscal federal de amparos, pero versa sobre elementos de las quejosas y no propios. Que las partes que intervienen en un juicio de amparo deben rendir sus pruebas partiendo de elementos propios, no ajenos, pues de lo contrario se deja en una desventaja procesal a las partes en el juicio, situación que sucede en el presente caso, pues el cuestionario ofrecido por la autoridad responsable versa sobre documentación no de la responsable, sino de la parte quejosa, que ante la admisión de la prueba debe someterse al imperio de la autoridad, sobre los registros y documentos de la propia quejosa, lo que provoca una carga administrativa no contemplada para demostrar hechos o actos que debieran provenir de la propia autoridad, los cuales no guardan relación con la litis constitucional. Que en un proceso debe de guardarse congruencia e igualdad procesal entre las partes, que la prueba pericial debió versar sobre elementos de la misma autoridad, que al tener dicha investidura encuentra todo el apoyo del funcionamiento administrativo para allegarse de los datos que requiere por su cuenta y no por parte de la quejosa, que al estar ambos en un juicio de garantías, guardan un mismo nivel procesal. Que resulta claro que la autoridad responsable no se encuentra facultada para ofrecer una prueba adicional en el presente juicio, pues la responsable tuvo su momento procesal para ofrecer las pruebas que considerara pertinentes y no valerse de la prueba pericial que presentaron las quejosas, pues en todo caso lo jurídicamente permitido debió ser ampliar el cuestionario sobre las mismas preguntas y bajo los mismos supuestos que ofrecieron las quejosas. Que con la prueba pericial adicional se ofrecen nuevos supuestos, que no hizo en el momento procesal oportuno.
Los argumentos anteriores son infundados, pues es inexacto que se haya transgredido el artículo 150 de la Ley de Amparo y que la ampliación de la prueba pericial ofrecida por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos no guarde relación con la litis constitucional.
Para mayor claridad resulta conveniente transcribir los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo que dicen:
"Artículo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho."
"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.
"Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.
"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.
"La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación."
Del contenido de los preceptos anteriores se advierte que en el juicio de amparo, son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra el derecho.
Asimismo, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga una relación de ella y la tenga como rendida en la audiencia constitucional.
En el caso de la prueba testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio para los testigos, o en su caso, el cuestionario para los peritos.
El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o verbalmente las repreguntas.
En la prueba pericial el Juez hará la designación de un perito, sin perjuicio de que cada una de las partes pueda designar también perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rindan su dictamen por separado.
Asimismo, la prueba pericial será calificada por el Juez según su prudente estimación.
En adición a lo anterior, resulta conveniente transcribir los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2o. del mismo ordenamiento legal, que establecen:
"Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos."
"Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."
"Artículo 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables."
"Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho."
Del contenido de estos preceptos legales se desprende que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo, pues así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 41/2001, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril 2001, página 157, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."
Por tanto, si dentro del juicio de amparo la quejosa ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad y acompañó el cuestionario para el desahogo de dicha prueba, lo cual se hizo del conocimiento de las autoridades responsables mediante el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil siete, emitido por el Juez de Distrito.
En apoyo a lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable estaba en aptitud de ampliar el cuestionario ofrecido por la quejosa y de ofrecer de su intención la prueba pericial contable, pues así se establece en la norma legal, cuando dispone que el Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular por escrito, o hacer verbalmente las repreguntas, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también su perito para que rinda dictamen.
Por tanto, el Juez de Distrito al haber admitido la ampliación del cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la quejosa actuó conforme a derecho, toda vez que la mayoría de las preguntas de la ampliación del cuestionario de mérito tienen relación con las formuladas por la quejosa para el desahogo de la prueba pericial, en donde se hace referencia a los ejercicios fiscales dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, por lo que es inexacto que la ampliación de la prueba pericial no guarde relación con la litis.
Tampoco tiene razón la inconforme cuando afirma que es ilegal la ampliación de la prueba pericial ofrecida por el subprocurador fiscal federal de amparos, porque versa sobre elementos de la quejosa y no propios.
El argumento anterior es infundado, toda vez que la autoridad responsable tiene el derecho de ofrecer y desahogar pruebas, mismo derecho que también tiene el quejoso, pues de acuerdo con el principio de congruencia que rige en el procedimiento del juicio de garantías, la litis constitucional se integra con los planteamientos que formula el quejoso en su demanda, tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, frente al acto de la autoridad y con los razonamientos que la autoridad responsable expresa para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, por tanto, no se deja en desventaja procesal a la quejosa al admitirse la ampliación del cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la autoridad responsable, basada en el cuestionario ofrecido por la quejosa, pues la única limitante para admitirse es que guarde relación con la controversia.
Habida cuenta de lo anterior, el auto impugnado no irroga agravio a la recurrente, porque no se trata de un acuerdo de naturaleza trascendental y grave que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva, pues en este momento procesal se desconoce la eficacia probatoria que se le pudiera llegar a dar, en razón de que el Juez de Distrito puede negarle o concederle valor probatorio al tener verificativo la resolución constitucional, y de existir irregularidades pueden combatirse a través del recurso de revisión que se intente contra la sentencia de amparo.
Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 74/2001, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/85, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio 2001, página 6 que dice: "PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE. Por regla general, los autos o resoluciones dictados por los Jueces de Distrito, dentro de los cuales se ubica la orden de preparación y desahogo de una prueba legal y conducente, no son recurribles, sino sólo impugnables vía agravio en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia establece un supuesto de excepción consistente en la impugnación, a través del recurso de queja, de aquellos autos que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme a lo previsto en el señalado artículo 83 y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes de imposible reparación en la sentencia definitiva, como acontece tratándose de los autos que mandan preparar y desahogar pruebas que, no obstante ser legales y conducentes, contengan una posibilidad de afectación cierta sobre cualquiera de los sujetos de la relación procesal, con independencia de la valoración apropiada o inapropiada que realice el juzgador, así como de que la sentencia definitiva le resulte favorable o no. Empero, es claro que dicha factibilidad de daño y perjuicio no puede considerarse ordinaria, toda vez que se exige gravedad y trascendencia, como puede ser el caso de que se ordene preparar y desahogar pruebas posiblemente atentatorias, verbigracia, de la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera, hipótesis que el legislador está imposibilitado en señalar casuísticamente; de ahí que para evitar la materialización objetiva de aquel daño o perjuicio, otorgó a los agraviados la posibilidad de lograr la suspensión del procedimiento y de probar ante los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del recurso la referida amenaza, efectuando una valoración tendiente a ponderar la veracidad o no de la misma. En conclusión, debe decirse que el auto que ordena preparar y desahogar pruebas podrá ser impugnado a través del recurso de queja, siempre y cuando puedan causar un daño grave y trascendente no reparable en sentencia definitiva y serán los órganos jurisdiccionales colegiados que conozcan del asunto los que, atendiendo a sus características particulares en la resolución fundada y motivada sobre la queja hecha valer, determinen o no su procedencia."
En cambio, es parcialmente fundado el agravio en la parte relativa, cuando afirma que el cuestionario que amplia la autoridad responsable no guarda relación con la litis, pues sus cuestionamientos versan sobre ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor del acto que se reclama, pues la responsable solicita diversos datos e información que datan desde mil novecientos noventa y nueve, sin señalar qué hechos o argumentos pretende probar con dicha ampliación.
El alegato en cuestión es fundado parcialmente, sólo en lo que respecta a las dos primeras preguntas sobre las que versa la ampliación del cuestionario de la prueba pericial de la quejosa, pues se refieren a ejercicios fiscales distintos al acto reclamado; para demostrar dicha aseveración basta con analizar las preguntas 1 y 2 del cuestionario en cuestión, que dicen:
"1. Dirá el perito cuáles fueron los montos causados de los impuestos sobre la renta y al activo en los años 2002 a 2006.
"2. Dirá el perito cuál fue el monto de los activos financieros fijos, gastos y cargos diferidos, terrenos e inventario determinado en los términos del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006."
Como puede advertirse, las preguntas del cuestionario de la ampliación de la prueba pericial ofrecida por la quejosa no guardan relación con la litis constitucional sólo parcialmente, en razón de que el acto reclamado, como se advierte de la demanda de garantías, lo es el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones fiscales, en particular los artículos 1o., 2o., 5o., 5o.-A, 7o., fracciones I y II, y séptimo transitorio de la Ley del Impuesto al Activo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil seis, para entrar en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete.
Por lo que, en todo caso, el Juez de Distrito deberá vigilar que la ampliación del cuestionario ofrecido por la quejosa se ajuste a los años que forman parte de la litis, es decir, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, que refiere la quejosa en su demanda de garantías y del cuestionario ofrecido materia de la ampliación.
Por ende, el evento de que se determine por el perito contable el monto causado de los impuestos sobre la renta y al activo, de los años dos mil dos a dos mil cuatro; así como el monto de los activos financieros fijos, gastos y cargos diferidos e inventario determinado en los años de mil novecientos noventa y nueve a dos mil cuatro, resulta intrascendente jurídicamente, porque no guarda relación con la litis en el juicio de amparo.
En esa tesitura, tomando en cuenta que la prueba pericial será calificada por el Juez, según su prudente estimación, sin más limitación que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, el a quo actuó conforme a derecho al haber admitido la ampliación del cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la quejosa, sin embargo, tiene razón la inconforme parcialmente sólo en relación con las preguntas uno y dos, que debió haberlas admitido en relación con la litis planteada, es decir, por cuanto hace a la pregunta número uno del cuestionario para que el perito determine cuáles fueron los montos causados de los impuestos sobre la renta y del impuesto al activo, en los años dos mil cinco a dos mil siete; y por lo que hace a la pregunta número dos para que el perito determine cuál fue el monto de los activos financieros fijos, gastos y cargos diferidos, terrenos e inventario determinados en los términos del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de los años dos mil cinco y dos mil seis.
En ese sentido, el auto de tres de abril de dos mil siete deberá ser modificado parcialmente, acorde a los lineamientos de esta ejecutoria.
Consecuentemente, al advertirse que los agravios, por una parte, resultan infundados y, por la otra, parcialmente fundados, se estima procedente declarar parcialmente fundado el presente recurso de queja.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Rodolfo R. Ríos Vázquez, Eduardo López Pérez y el licenciado Luis Alberto Mata Balderas, secretario de estudio y cuenta autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/0435/2007, de treinta de enero de dos mil siete, para desempeñar funciones de Magistrado de Circuito, en sustitución del Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente, hasta en tanto concluya la comisión de este último. Para sus efectos legales, firman el primero de los mencionados como presidente y el tercero como ponente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20363-cac18938/prueba-pericial-contable-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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