REVISIÓN ADHESIVA. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DESVIRTUAR UN PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA QUE CAUSEN PERJUICIO AL RECURRENTE, NO PUEDEN SER PLANTEADOS A TRAVÉS DE LA MISMA, SINO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN EN LO PRINCIPAL.
AMPARO EN REVISIÓN 68/2004. BEBIDAS PURIFICADAS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para decidir sobre la procedencia del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, a través de la cual se emitieron pronunciamientos de constitucionalidad de una ley federal.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.
SEGUNDO. Las consideraciones que sustentan el amparo medularmente sostienen la violación al principio de equidad tributaria por parte del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, concluyendo el a quo que no existe una justificación objetiva que impida colocar a los expendios que venden refrescos, aguas naturales o minerales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes que no las fabrican, envasan o distribuyen en una categoría distinta de los que sí lo hacen, pues ambos expenden productos o mercancías similares y tienen como fin primordial la enajenación de los mismos.
Lo anterior, considerando que dadas las características del impuesto, no existe distinción alguna entre los que fabrican y los que no, ya que éste no grava esa actividad.
La inequidad resulta aún más clara, afirma la Juez, porque el cobro del tributo depende exclusivamente de la enajenación de esos bienes mas no su producción, envasamiento o distribución. Consecuentemente, a su juicio, existe un trato desigual entre los contribuyentes productores que, asimismo, se dedican a la venta de tales bienes, puesto que tienen que pagar una tasa del 20% sobre el valor de la contraprestación si es que ellos mismos las fabrican, envasan o distribuyen, mientras que los enajenantes que no llevan a cabo las actividades de fabricación o distribución no se les aplica dicho tributo.
Finalmente, para fundamentar lo anterior se basa en la jurisprudencia P./J. 10/96, sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, visible a foja 38, de rubro: "ACTIVO, IMPUESTO AL. LA EXENCIÓN A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
TERCERO. A través del escrito en el que consta el recurso de revisión, visible de fojas 2 a 25 del cuaderno del toca de revisión número 68/2004, la parte recurrente planteó diversos argumentos en los agravios primero y segundo, a través de los cuales pretende demostrar que en la especie se actualizarían las causales de improcedencia contempladas por las fracciones VI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, mismas que no habrían sido consideradas por el a quo.
Dichos argumentos fueron abordados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Tribunal Colegiado efectuó el estudio de las causales de improcedencia planteadas ante el a quo, concluyendo que el estudio respectivo fue efectuado correctamente por dicha juzgadora, motivo por el cual considera infundados los agravios aducidos por la autoridad recurrente, tendientes al sobreseimiento del juicio de garantías. Consecuentemente, dicho órgano colegiado señala que no advierte un indebido análisis de las causales de sobreseimiento propuestas ni la actualización de una diversa.
Adicionalmente a lo anterior, debe precisarse que el Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer el fondo de la cuestión planteada, relativa a la constitucionalidad del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es sobre el cual se concedió la protección constitucional y que originó el recurso de revisión interpuesto.
En tal virtud, al haber sido atendidas las argumentaciones correspondientes por el referido órgano colegiado, la improcedencia del juicio de garantías no es materia de la presente resolución, debiendo limitarse la misma al tema de inconstitucionalidad planteado, mismo que subsiste en la presente instancia.
Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada que se cita a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, diciembre de 2003
"Tesis: P. XVII/2003
"Página: 18
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN INMUTABLE E INATACABLE. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal, y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis, dejarán a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de inatacabilidad e inmutabilidad, de manera que ni siquiera el Máximo Tribunal de la República está jurídicamente facultado para modificarla.
"Amparo en revisión 199/2002. Moisés Saba Masri. 9 de septiembre de 2003. Mayoría de seis votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero."
CUARTO. A través del escrito en el que consta el referido recurso de revisión, y específicamente a través del agravio tercero, la autoridad recurrente planteó diversos argumentos cuyo estudio es materia de este juicio constitucional.
En el agravio en cuestión, la autoridad recurrente afirma que la sentencia del a quo infringe lo previsto por los artículos 76 Bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo, por falta de observancia e indebida aplicación, en virtud de que declara la inconstitucionalidad del artículo 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al estimar que dicho precepto produce inequidad tributaria.
Para defender la constitucionalidad del precepto, la recurrente utiliza los siguientes argumentos:
a) La desigualdad de trato surge debido a que no todos los contribuyentes del impuesto en cuestión pueden estimarse iguales, por lo que existe una justificación objetiva y razonable para establecer dicha distinción. Lo anterior es así, a juicio de la recurrente, toda vez que el artículo 4o. del mismo ordenamiento, permite el acreditamiento del gravamen que le fue trasladado al adquirente del bien, debiendo acreditar dicho traslado a través de las documentales que así lo prueben, quedando ubicados en esta posibilidad únicamente los enajenantes que sean fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de los bienes que enajenen, ya que esta posibilidad no podría recaer en el comerciante que adquiere de éstos el producto y únicamente lo distribuye al público en general, considerando que eso sólo le da el carácter de intermediario y, por lo mismo, no se encuentra obligado al pago del impuesto mencionado por las ventas que realice al público en general de los productos a que se refiere el inciso A), de la fracción I del numeral 2o., de la ley respectiva.
Por lo anterior, se afirma que no pueden considerarse fabricadores y enajenantes en igualdad de circunstancias frente a la ley.
b) A juicio de la recurrente, se da un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, ya que por la diferenciación de trato para efectos de la mecánica del tributo, al no tratarse de contribuyentes iguales, resulta que se cumple el principio de equidad.
Para demostrar esto, expone que si un fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador realiza enajenaciones de bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, se encuentran sujetos al pago del impuesto especial; en cambio, continúa, si una persona física o moral distinta a los supuestos anteriores realiza la misma actividad, está exenta del gravamen.
c) Por otro lado, afirma la recurrente que el legislador contempla la desigualdad de trato justificadamente, ya que prohíbe el acreditamiento para los que al no ser fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores, no tendrán impuesto que acreditar a su cargo, sino únicamente se encontrarán obligados a trasladar el impuesto a sus clientes que adquieran dichos bienes, a través de un sobreprecio, pero no en forma directa y documentada, quedando así exentos del pago del mismo.
d) Argumenta que se cumple con el principio de equidad tributaria, toda vez que se trata igual a los que están en el mismo supuesto, es decir, por un lado a los fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores y, por otro, a los que realizan enajenaciones al público en general.
Acerca de estos últimos, señala la recurrente que al no intervenir en la cadena de producción y distribución, no tienen derecho al acreditamiento del impuesto que se les traslade, así como tampoco se deben considerar sujetos al pago del mismo, quedando exentos al tomar el legislador en consideración dicha diferencia, evitando con ello que el consumidor final cargue con la cadena del gravamen que, continúa, se debe trasladar a éste aunque no en forma expresa y separada.
En el mismo orden de ideas, explica la recurrente que la mecánica de acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios, consiste en trasladarlo en forma expresa y por separado cuando se hable de la primera enajenación y en las subsiguientes que realice el fabricante, productor o importador hacia el distribuidor o comerciante no se grava o cobra el impuesto sino que el enajenante sólo traslada un sobreprecio y no así el impuesto. Por lo anterior, expone, la intención de dicho sobreprecio es que no se cobre de nueva cuenta el impuesto, toda vez que esto traería como consecuencia un alza generalizada en los precios de los productos, pues se gravaría cada enajenación.
Concluye afirmando la constitucionalidad del artículo 8o. en cuestión, dado que, a su juicio, trata igual a los iguales y desigual a los desiguales, apuntando que el que debió acreditar en su momento la inconstitucionalidad de dicho precepto era la quejosa y no así el juzgador de amparo.
QUINTO. El agravio previamente sintetizado, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta fundado y suficiente para revocar la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, otorgada por el a quo a la empresa quejosa.
En efecto, la Juez del conocimiento concedió el amparo a la quejosa por considerar que el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, transgrede en su perjuicio la garantía de equidad prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional, al tratar de manera desigual a los sujetos que se ubican dentro del mismo contexto normativo, considerando que la actividad consistente en la enajenación de refrescos, aguas naturales o minerales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes, por parte de personas físicas o morales que también se dediquen a su elaboración, envasamiento o distribución, es la misma actividad realizada por las personas que no se dedican a dicha elaboración, envasamiento o distribución, motivo por el cual no se justificaría el tratamiento desigual establecido por dicho numeral.
Al respecto, la autoridad responsable ahora recurrente manifiesta, esencialmente, que el trato diferenciado se justifica considerando que se trata de contribuyentes ubicados en categorías diversas, motivo por el cual no deberían recibir el mismo trato por parte del ordenamiento jurídico.
A fin de estar en posibilidad de analizar estos argumentos, se estima necesario, en primer lugar, analizar lo que este Alto Tribunal ha estimado representa la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes.
Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: P./J. 24/2000
"Página: 35
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, junio de 1997
"Tesis: P./J. 42/97
"Página: 36
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."
Asimismo, se estima pertinente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:
No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.
a) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas;
b) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,
c) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.
Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, junio de 1997
"Tesis: P./J. 41/97
"Página: 43
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."
De esta manera, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas.
Una vez precisado lo anterior, resulta necesaria la remisión a lo dispuesto por el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismo que dispone lo siguiente:
"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:
"I. Por las enajenaciones siguientes:
"...
"d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no formen parte del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación."
Tal como se había anticipado, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta fundado el agravio planteado por la autoridad recurrente, a través del cual sostiene la constitucionalidad del referido artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, atendiendo a las razones que a continuación se exponen.
Lo dispuesto por dicho numeral, relativo al establecimiento de un trato diferenciado consistente en la exención del impuesto, obedece a un fin extrafiscal que se justifica plenamente en el proceso legislativo.
En efecto, debe señalarse que en la exposición de motivos para la creación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta, se expresó, entre otras cosas, lo siguiente:
"De los rasgos principales que configuran la iniciativa, cabe destacar que el impuesto que se propone grava las enajenaciones e importaciones de ciertos bienes, así como la prestación de determinados servicios. En el capítulo de disposiciones generales el primer artículo establece en forma sucinta los elementos principales de este impuesto, que grava la primera enajenación o en su caso, la importación, así como la prestación de servicios, siendo conveniente resaltar que este impuesto grava la primera etapa de comercialización de los bienes o bien la importación, es decir, que una vez importados los bienes, por la primera enajenación que de éstos se realice en el país ya no se pagará el impuesto. En el precepto siguiente se detallan los bienes y servicios por los que se tiene que pagar el impuesto y establecen las tasas correspondientes. A continuación se definen algunos bienes y servicios cuyo concepto pudiera prestarse a diferentes interpretaciones."
De lo anterior se desprende que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fue creada con el objeto de sustituir a toda una gama de impuestos especiales que gravaban de forma independiente diversos productos y servicios, simplificando el sistema tributario, ya que, a través de esta contribución, se homologó el tratamiento fiscal respecto de diversos bienes y servicios que con anterioridad se sujetaban a lo dispuesto en las respectivas leyes especiales, de ahí que, en principio, el tratamiento que se otorga a este impuesto atienda fundamentalmente al tipo de bienes y servicios gravados y a las características que éstos revisten.
De esta forma, el sujeto del impuesto será el productor e importador de los bienes, y en su caso el prestador de servicios, en atención a que este impuesto grava únicamente la primera enajenación o, en su caso, la importación, así como la prestación de servicios; esto es, el gravamen se genera únicamente en la primera etapa de comercialización de los bienes, en la importación de éstos, o bien, en la prestación de servicios.
Igualmente, por lo que hace a la enajenación de bienes, se recogen esencialmente los conceptos que en torno a tal actividad se contienen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reiterándose que el objeto del impuesto se circunscribe exclusivamente a la primera etapa de comercialización de bienes y servicios.
Atento a lo anterior y tomando en consideración que el objeto de creación del tributo es el evitar el traslado del impuesto en cascada, gravándose por ello la venta de primera mano, puede estimarse que la exención establecida en el artículo 8o. antes mencionada, se refiere más bien a una hipótesis de no causación que a una exención, y que por falta de técnica legislativa se estableció en tales términos.
Con ello queda justificado que si son el fabricante, productor o importador quienes realizan esa venta de primera mano con el público en general, desde luego que dicha enajenación estará gravada, por ser con esta operación con la que se introducen los bienes al mercado; sin embargo, si dicha venta la realiza un intermediario o detallista, evidentemente no pagará el impuesto, en tanto que el mismo ya quedó cubierto.
A mayor abundamiento, debe señalarse que en el dictamen rendido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en relación con dicha cuestión, se señala:
"Exenciones
"Tomando en consideración que la comercialización al público en general de cervezas; bebidas refrescantes; aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, se realiza en un gran número de tiendas pequeñas y misceláneas, esta dictaminadora considera necesario establecer una exención para la venta al público de dichos bienes. Con ello, se reducirían importantes costos administrativos en que incurrían al ser ahora contribuyentes por esos bienes."
Así, se aprecia que lo que motivó al legislador para exentar las enajenaciones de los bienes antes señalados cuando se efectúen con el público en general, fue la de reducir de manera importante los costos administrativos del gran número de tiendas pequeñas y misceláneas que comercializan con dicho público, y que son contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios, las que no se encuentran en las mismas circunstancias que los fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de los propios bienes, ya que éstos lógicamente constituyen una categoría de contribuyentes con una capacidad financiera y económica más elevada, respecto de los que no resulta indispensable el beneficio fiscal de que se trata y que busca reducir los costos administrativos de las pequeñas tiendas y misceláneas.
Asimismo, el que la norma reclamada especifique que no se consideran enajenaciones con el público en general cuando por ellas se expidan comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, respecto de estas enajenaciones no opera la exención, tampoco resulta violatorio del principio de equidad, ya que el beneficio fiscal busca reducir los costos administrativos de las tiendas pequeñas y de las misceláneas, que realizan la mayor parte de la comercialización de los productos de que se trata con el público en general, de suerte tal que la exclusión de las operaciones por las que se expidan comprobantes con requisitos fiscales sólo pretende evitar que disfruten de la exención contribuyentes distintos a esas misceláneas y pequeñas tiendas que generalmente no expiden esos comprobantes.
Por tal motivo, contrario a lo que sostiene el a quo, en el presente caso se aprecian razones objetivas para justificar el diverso tratamiento fiscal que prevé la ley para los sujetos que realicen la enajenación de los bienes precisados y que a su vez los produzcan, envasen o distribuyan, a diferencia de aquellos que únicamente los enajenen; consecuentemente, resulta que el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no transgrede en modo alguno la garantía de equidad que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en las consideraciones previamente expuestas, se apreci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19886-333dc49f/revision-adhesiva-los-argumentos-tendentes-a-desvirtuar-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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