PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRESPONDIENTE, AL GRAVAR CON LA TASA DEL 20% LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE LOS BIENES INDICADOS EN SU FRACCIÓN I, INCISOS G) Y H), QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS DEL AZÚCAR DE CAÑA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002). PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN I, INCISO G) Y 8o., FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL GRAVAR CON LA TASA DEL 20% LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS Y EXENTAR DE SU PAGO SIEMPRE QUE UTILICEN COMO EDULCORANTE ÚNICAMENTE CAÑA DE AZÚCAR, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).
AMPARO EN REVISIÓN 165/2004. REFRESQUERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. De los agravios transcritos se desprende que contra la determinación del Juez de Distrito la recurrente argumenta sólo lo siguiente:
1. El Juez de Distrito hace una indebida interpretación y aplicación de los preceptos legales impugnados, y llega a la conclusión de que no contravienen las garantías de legalidad, equidad y proporcionalidad; sin embargo, no consideró que establecen una exención en el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a favor de los contribuyentes que se dedican a la enajenación o importación de bebidas refrescantes que utilizan como edulcorante únicamente azúcar de caña, sin que el propio sistema tributario establezca una razón objetiva que justifique tal exención. Además, si el impuesto que se impugna no grava directamente el patrimonio del sujeto obligado sino el del tercero destinatario del bien o servicio gravado, eso conduce a sostener que no existe elemento alguno que justifique el trato discriminatorio que otorga el artículo 8o., fracción I, incisos d) y f) que se reclama, ya que el objeto del impuesto es la enajenación o importación de los productos contenidos en el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como lo son las aguas mineralizadas, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, y no existe razón para introducir como hipótesis de exención del pago del tributo que se recauda por la enajenación o importación de los productos, a aquellos contribuyentes que utilicen como edulcorante únicamente azúcar de caña, dado que todos están obligados a trasladar el impuesto del veinte por ciento; lo que genera un trato discriminatorio y desigual a los iguales, ya que la igualdad en este aspecto surge por lo dispuesto respecto al objeto del impuesto, donde se está tratando en forma distinta a contribuyentes que llevan a cabo idéntica actividad.
2. El Juez de amparo determinó que si bien es cierto que la ley reclamada no define qué debe entenderse por aguas mineralizadas, ni el grado de mineralización que debe considerarse, contiene la determinación de los sujetos pasivos de la contribución, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, los que no requieren mayor interpretación que la literal, lo cual demuestra la incongruencia de la sentencia recurrida, ya que por un lado se reconoce que el ordenamiento legal impugnado no define lo que debe entenderse por aguas mineralizadas, y por otro se afirma que la ley contiene la determinación de los sujetos pasivos de la contribución y su objeto; es decir, el juzgador confunde lo que es el objeto de la contribución, pues no puede quedar definido de manera genérica en la ley. Asimismo, es falso que los elementos que contiene la norma combatida no requieran mayor interpretación que la literal, ya que todas las aguas contienen minerales, por tanto, debió señalarse el contenido y alcance de la ley. Tan es así que el ordenamiento legal impugnado implícitamente considera que todas las aguas tienen un contenido mineral, por lo que debe cuestionarse si se refiere a todas las aguas aun cuando no contengan un proceso de purificación o mineralización artificial, o sólo a aquellas que se someten a un proceso de mineralización, esto es, la ley que se impugna es omisa en expresar qué grado de mineralización se encuentra gravado, pues en la resolución miscelánea fiscal para dos mil tres, el Ejecutivo Federal le dio contenido y alcance al objeto establecido en la ley, indicando que en el caso de aguas mineralizadas que no se encuentren gasificadas, éstas no están gravadas, lo que revela que en cualquier momento puede emitirse una regla fiscal que especifique qué aguas están gravadas, porque la ley no define con precisión los elementos esenciales del impuesto.
Por razones de técnica se analiza, en principio, lo que la recurrente aduce en el segundo agravio, en el sentido de que en la ley no puede quedar definido de manera genérica el objeto del impuesto; que no especifica lo que debe entenderse como aguas mineralizadas, ni el grado de mineralización, y que por ese motivo es falso que los elementos que contiene el ordenamiento legal impugnado no requieran mayor interpretación que la literal, ya que todas las aguas contienen minerales, por tanto, dice, la ley debió determinar su contenido y alcance, lo que revela que se transgrede el principio de legalidad tributaria al no quedar claro cuál es el objeto del impuesto.
Para dar respuesta a dichos razonamientos debe precisarse que el principio de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que conforme a la Constitución esté encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular.
Corrobora lo anterior el criterio que se sostuvo en la Quinta Época por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 5753, que es del tenor literal siguiente:
"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos ‘de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, y está además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informan nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de su explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función legislativa -ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar-, sino fundamentalmente, que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificársele."
En este sentido, se pone de manifiesto que lo que exige el principio de legalidad tributaria es precisamente que en una ley, en sentido formal y material, se defina con precisión todos los conceptos relativos al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y sanciones aplicables, de modo que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, a fin de no dejar en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes del impuesto.
Corrobora lo anterior la tesis sustentada en la Séptima Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Primera Parte, página 172, que es del tenor literal siguiente:
"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."
De esta forma, el principio de legalidad tributaria se respeta en la medida en que los elementos esenciales de las contribuciones se encuentran especificados en ley, de modo tal que, por una parte, no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades fiscales para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular y, por la otra, que los sujetos pasivos de la relación tributaria puedan conocer con exactitud la carga y obligaciones fiscales que les corresponda, en virtud de la especial situación jurídica en que se ubiquen o que presenten frente a la ley.
En ese contexto, el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece que se encuentran obligadas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, las personas físicas y morales que enajenen o, en su caso, importen definitivamente al país alguno de los bienes señalados en dicho ordenamiento jurídico, o bien, que presten algunos de los servicios a que se refiere dicho cuerpo normativo.
En ese mismo sentido, el artículo 2o., fracción I, inciso G), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios dispone que la enajenación o, en su caso, la importación de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al utilizarse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña se le aplicará la tasa del 20%, al señalar:
"Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:
"I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
"...
"G) Aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña 20%."
Bajo este orden de ideas se pone de manifiesto que al valor de los actos o actividades que resulten con motivo de la enajenación o importación de ese tipo de productos que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña se les aplicará la tasa del 20%.
Por su parte, el artículo 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece que no se pagará el impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. del ordenamiento legal en comento, siempre que utilicen como edulcorante únicamente azúcar de caña, al señalar:
"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:
"I. Por las enajenaciones siguientes:
"...
"f) Las de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley siempre que utilicen como edulcorante únicamente azúcar de caña."
De lo anterior se desprende, por una parte, que la enajenación de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al utilizarse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen azúcar de caña no estará gravada por el impuesto especial sobre producción y servicios; mientras que aquellos productos que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña sí lo estarán a la tasa del 20%, lo que no deja lugar a dudas en cuanto al tratamiento que tendrá cada contribuyente, según se ubique en uno u otro supuesto.
En consecuencia, por el solo hecho de que se dé el hecho imponible, en este caso la enajenación o, en su caso, la importación de aguas gasificadas o minerales, refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes, elaborados con edulcorantes distintos del azúcar de caña, el contribuyente se encuentra obligado a enterar al fisco federal la cantidad que resulte de aplicar a ese valor la tasa del 20%; mientras que la de aquellos productos que sí utilicen azúcar de caña como edulcorante no se encuentran gravadas con el impuesto especial sobre producción y servicios.
Así las cosas, al establecerse con precisión en qué casos sí se encuentra gravada la enajenación de ese tipo de productos y en qué casos no lo está, se otorga certeza jurídica a los destinatarios de la norma y se impide la actuación arbitraria por parte de la autoridad hacendaria, lo que denota que en el presente caso se respeta a cabalidad la garantía de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el agravio que hace valer la recurrente en ese sentido resulta infundado.
Asimismo, lo que se argumenta en el sentido de que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no contiene propiamente una definición de lo que debe entenderse por aguas minerales y que se podría dar un amplio margen de interpretación a esta definición en perjuicio de los contribuyentes del impuesto, lo que implica una transgresión al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima infundado por las razones siguientes:
En primer lugar debe señalarse que este Alto Tribunal ha estimado que el hecho de que el legislador deba definir con precisión todos los conceptos esenciales del tributo, no implica que se llegue al absurdo de exigirle que defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen una utilización que revela que en el medio son de uso común o de clara comprensión para sus destinatarios.
Es aplicable al respecto la tesis P. XI/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 169, que es del tenor literal siguiente:
"LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que exige el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. De acuerdo con ello, expresiones como ‘uso doméstico’, ‘uso no doméstico’, ‘uso doméstico residencial’, ‘uso doméstico popular’ o ‘uso del sector público’ son, por sí solas, comprensibles, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas expresiones, exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional."
Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que los argumentos que hizo valer la recurrente resultan infundados, en virtud de que no es necesario que sean definidos expresamente por el legislador todos los términos como si se formulara un diccionario haciendo alusión a cada una de las palabras que emplea, pues las que eligió tienen un uso que revela que en el medio en la que la quejosa se desempeña son de clara comprensión.
De esta forma, el hecho de que el legislador no hubiere definido pormenorizadamente en dicho ordenamiento jurídico lo que es mineralizado, ni el grado de mineralización en forma expresa, no le causa perjuicio jurídico alguno a la quejosa, puesto que se trata de conceptos de amplio manejo en el medio en que prestan sus servicios.
A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de la fracción XIV del artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la cual textualmente se establece:
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
"...
"XIV. Aguas naturales y minerales, gasificadas, que contengan sustancias minerales o electrolitos, purificadas y siempre que estén envasadas, incluyendo las que se encuentren mineralizadas artificialmente."
De acuerdo con lo anterior, lo que se alega respecto a que no se especifica lo que es mineralizado, ni el grado de mineralización, es irrelevante para los fines del gravamen de que se trata, pues no por ello se puede sostener que el objeto del impuesto no queda claro, como se señaló en párrafos que anteceden, ya que por un lado, el concepto de agua que contiene minerales no precisa de mayor explicación, y por otro, el grado de mineralización no conduce a determinar que la tasa será mayor cuan más alto éste sea, ya que no se grava el grado de mineralización; en este sentido, es infundado lo que se argumenta en el sentido de que el Ejecutivo Federal tuvo que aclarar esos aspectos, toda vez que lo único que se reguló fue que las aguas mineralizadas que estén gasificadas no se considerarán gravadas con el impuesto especial sobre producción y servicios, sin que esto modifique el objeto del impuesto o provoque incertidumbre al contribuyente.
Resulta aplicable al efecto la tesis 2a. LXIV/2002, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, página 160, que es del tenor literal siguiente:
"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, ninguno de los artículos constitucionales exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en las leyes, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional sólo por incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción, pues la contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean."
Independientemente de lo anterior, debe señalarse que contrariamente a lo manifestado por la recurrente en cuanto a que el objeto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ve afectado por no haber sido definidos con precisión esos conceptos, y que fue el Ejecutivo Federal a través de una resolución miscelánea que lo determinó, dichos argumentos resultan infundados, en virtud de que, por una parte, el objeto del impuesto especial sobre producción y servicios, como ya se ha visto, lo es precisamente: la enajenación o importación de los bienes a que se refiere dicho ordenamiento jurídico, así como la prestación de los servicios que consigna dicho ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran la venta de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al utilizarse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, en términos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso G), del ordenamiento legal en comento y, por la otra, los casos en que la enajenación de esos productos no se encuentra gravada, a saber, cuando utilicen como edulcorante el azúcar de caña, tal como lo prevé el inciso f) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que atento al contenido de dichos numerales se pone de manifiesto que la inconforme puede conocer de manera fehaciente en qué casos son o no sujetos del impuesto y, consecuentemente, si su actividad se encuentra o no gravada.
Lo anterior es así, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la enajenación o importación de aguas gasificadas o minerales, de refrescos, de bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, se encuentra gravada a la tasa del 20%, lo que pone de manifiesto que sólo esos productos cuando utilicen fructuosa u otro edulcorante distinto al azúcar de caña se encuentran gravados por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y no otros, lo que pone de manifiesto que lo determinado por el Ejecutivo Federal sólo corroboró lo que el legislador federal dispuso para definir esos productos sobre bases técnicas, ya que no existe duda alguna en cuanto al tratamiento que la Ley Especial sobre Producción y Servicios le da a ese tipo de bienes dependiendo de si utilizan como edulcorante el azúcar de caña u otro distinto, lo que da certeza jurídica al contribuyente e impide la actuación arbitraria por parte de las autoridades hacendarias.
Es aplicable al caso por analogía la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:
"IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY RELATIVA (VIGENTE DEL 1o. DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Dicho precepto establecía que por precio de venta del detallista se entiende el valor cierto y comprobable sugerido por el fabricante, productor, envasador e importador de bebidas alcohólicas, como contraprestación a pactarse en la venta al consumidor final, incluido el impuesto, en la enajenación de bebidas alcohólicas, sin considerar el impuesto al valor agregado de dicha operación, por tanto, al haber sido el legislador el que dispuso que se tomara en consideración el precio de venta del detallista para calcular la base del impuesto y señalar lo que debe entenderse por tal concepto, es claro que se respetó el principio de legalidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues por un lado, no se deja al arbitrio de la autoridad fiscal considerar o no el referido precio de venta del detallista y, por otro, el contribuyente en todo momento sabe lo que debe entenderse por este concepto." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, julio de 2002. Tesis: 2a./J. 74/2002. Página: 257).
De esta forma, al no existir ambigüedad en cuanto al objeto del impuesto ni falta de precisión de los bienes gravados en términos de lo dispuesto por los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como tampoco de los actos o actividades que no se encuentran gravados, se impone concluir que no se viola en el caso el principio de legalidad tributaria en perjuicio de la recurrente.
Similar criterio sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por unanimidad de cuatro votos, el amparo en revisión 478/2003, en la sesión de siete de noviembre de dos mil tres.
En otro aspecto, lo que se argumenta en el primer agravio relativo a la distinción que efectuó el legislador al gravar a la tasa del 20% la enajenación o importación de productos en los que se utilice un edulcorante distinto al azúcar y no así la de productos en los que se utilice azúcar de caña, lo que se dice es violatorio de la garantía de equidad que prevé el artículo 31, fracción IV, constitucional, se considera infundado en atención a lo siguiente:
En primer lugar, debe señalarse que el Pleno de este Alto Tribunal ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes.
Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen:
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000. Tesis: P./J. 24/2000. Página 35).
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El te
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18051-06375089/produccion-y-servicios-el-articulo-2o-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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