PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL ESTABLECER QUE NO SE PAGARÁ ESE GRAVAMEN POR LAS ENAJENACIONES DE AGUAS NATURALES O MINERALES GASIFICADAS, REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES, QUE SE EFECTÚEN CON EL PÚBLICO EN GENERAL, SALVO QUE EL ENAJENANTE SEA FABRICANTE, PRODUCTOR, ENVASADOR, DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR DE ESOS BIENES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL CONDICIONAR EL ACREDITAMIENTO DEL TRIBUTO AL HECHO DE QUE NO SE HAYA MODIFICADO EL ESTADO, FORMA O COMPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE SE ENAJENEN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 129/2005. BEBIDAS MUNDIALES, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Sólo serán materia de análisis los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, en virtud de que el quinto ya fue analizado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, agravios en los cuales, en síntesis y en la parte que interesa, se expresa lo siguiente:
Primer agravio.
a) Que lo resuelto por el Juez de Distrito resulta incongruente, pues realiza una descripción de la naturaleza del impuesto especial sobre producción y servicios y las razones que dieron origen al mismo, para concluir que es una contribución indirecta de naturaleza real y objetiva, que surgió para simplificar el sistema tributario nacional, sustituyendo a diversas contribuciones que existían con anterioridad, siendo que esto es sólo relativo en ciertos aspectos.
b) Que al estudiar el cuarto concepto de violación sólo hace referencia a que si la ley tildada de inconstitucional es contraria o no al principio de legalidad, siendo que parte del agravio expresado se refiere a la violación del principio de seguridad jurídica, ya que la ausencia de una definición del objeto del impuesto, como son las aguas mineralizadas, deja a la quejosa en completo estado de indefensión, pues será la autoridad administrativa la que pueda establecer los elementos de la contribución respecto a qué tipo de aguas envasadas se está gravando con el impuesto reclamado, pues en la sentencia recurrida concluye que los preceptos reclamados no son contrarios al principio de legalidad tributario, porque resulta intrascendente que no se especifique el grado de mineralización, ya que de conformidad con las definiciones de "agua" y "mineralizar", las quejosas están en posibilidad de conocer de manera cierta qué actos y actividades se gravan y respecto de qué bienes se causa el tributo, en virtud de que tal ausencia no puede ser colmada con la simple interpretación generalizada de dicho enunciado.
Segundo agravio.
a) Que al analizar el primer concepto de violación el Juez de Distrito señala que la contribución impugnada no es contraria al principio de equidad tributaria por el hecho de que exista un trato diferenciado a favor de los contribuyentes, que para la elaboración de los refrescos y los jarabes concentrados para producirlos utilicen azúcar, frente a los productores que utilicen otro tipo de edulcorantes, con apoyo en la exposición de motivos de la ley relativa, al establecer como finalidad "no ocasionar una afectación mayor a la industria azucarera y con el fin de protegerla (ya que de ella depende la subsistencia de un gran número de mexicanos)", siendo que no es una razón objetiva que justifique ese tratamiento desigual, porque la supuesta protección y fomento a la industria azucarera se realiza en detrimento de otra industria nacional, como lo es la del maíz amarillo, de donde proviene la fructuosa, que es el edulcorante a que se refiere la ley que se impugna, ya que ello lleva al extremo de violar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe los monopolios.
b) Que además, las razones expresadas en el decreto expropiatorio llevan a la conclusión de que la expropiación de los ingenios de los particulares no se realizó por la falta de un mercado para el dulce, sino por una indebida administración de dichas plantas, por lo que resulta evidente que el establecimiento de una contribución como la que se impugna no podía coadyuvar al mejoramiento de la industria azucarera en los términos señalados en la sentencia, pues dicho impuesto sólo fomenta el uso de dicho endulzante, y no ataca la razón señalada como motivo de la caída de dicha industria.
c) Que en esa virtud, el Juez de Distrito nunca estudió la procedencia de tales razonamientos, por lo que la sentencia resulta incongruente, ya que no basta con que la autoridad dé una razón para establecer un trato diferenciado, sino que dichos razonamientos sean lo suficientemente importantes para justificar el rompimiento de un principio constitucional.
d) En atención a lo señalado por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, la parte quejosa trae a colación como hecho notorio la duda de utilizar el azúcar como endulzante de los refrescos que enajena y que dicho hecho sea digno de ser fomentado, ya que de todos es conocida la circunstancia de que nuestro país es uno de los principales consumidores de este tipo de bebidas, así como también el fenómeno de la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, ya que enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes se asocian con dicho fenómeno de la obesidad, trayendo como consecuencia problemas coronarios, hipertensiones, riñones, oculares, etcétera, que han llevado hasta el punto de que las muertes por fallas coronarias ocupen uno de los primeros lugares como causas de fallecimiento de los mexicanos, y dicha situación derive de la obesidad que siempre va asociada a la ingesta de productos con alto contenido de calorías.
e) Que no le asiste la razón al Juez a quo, cuando afirma que el trato diferenciado corresponde a una exención justificada y no a la creación de un fuero, razonamiento que no es correcto en términos de los argumentos señalados en el presente agravio, y que en obvio de repeticiones inútiles la recurrente solicita se tenga por reproducido como si a la letra se insertase.
Tercer agravio.
Que los razonamientos expresados en la sentencia recurrida para desestimar el tercer concepto de violación son improcedentes, pues en el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se establecen algunas exenciones, entre las cuales se encuentra la referente a las que se realicen con el público en general, sin que exista la menor razón para justificar dicho trato, pues el hecho de que se realice una venta al público en general o a otro sujeto no implica una diferencia respecto del causante del impuesto, sino sólo en cuanto a la persona que adquiere los bienes sujetos de la enajenación.
Cuarto agravio.
Que el Juez de Distrito realiza una indebida apreciación del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al concluir que únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes de que se trata, siempre y cuando éstos se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, por las razones que expone, siendo que prescinde de los elementos aportados por la quejosa, pues en el caso de la enajenación de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, no se puede acreditar el impuesto que se les haya trasladado en la adquisición de los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores para producir los mismos, en razón de que en la elaboración de tales bebidas implica la transformación de esos concentrados, lo que se traduce en la imposibilidad de que se realice el acreditamiento del impuesto que se le haya trasladado por los proveedores, lo que viola el principio de proporcionalidad tributaria.
TERCERO. Resulta inoperante e infundado el primer concepto de agravio.
No le asiste la razón a la parte recurrente al señalar que el Juez de Distrito no analizó los argumentos relativos a la violación al principio de seguridad jurídica, pues del análisis del cuarto concepto de violación, con mediana claridad, se puede advertir que fundamentalmente reclamó la violación al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque a su parecer la definición que se da de aguas minerales establecida el artículo 3o., fracción XIV, de la ley impugnada, es omisa en expresar qué grado de mineralización es el gravado, argumentos respecto de los cuales el Juez de Distrito dio contestación, por lo que el agravio relativo debe de encaminarse si el precepto de referencia de la ley ordinaria es o no violatorio del principio de legalidad tributario; de igual manera, resulta intrascendente el hecho de que resulte relativo en ciertos aspectos el origen de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues ello no varía el sentido del presente fallo, como enseguida se verá.
En efecto, tal como lo sostuvo el Juez de Distrito, el principio de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que conforme a la Constitución esté encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular.
Corrobora lo anterior el criterio que se sostuvo en la Quinta Época por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 5753, que es del tenor literal siguiente:
"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos ‘de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, y está además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informan nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de su explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función legislativa -ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar-, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición legal anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que se pretenda justificársele."
Bajo este orden, se pone de manifiesto que lo que exige el principio de legalidad tributaria es precisamente que en una ley, en sentido formal y material, se definan con precisión todos los conceptos relativos al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y sanciones aplicables, de modo que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, a fin de no dejar en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes del impuesto.
Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada en la Séptima Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Primera Parte, página 172, que es del tenor literal siguiente:
"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."
De esta forma, el principio de legalidad tributaria se respeta en la medida en que los elementos esenciales de las contribuciones se encuentran especificados en ley, de modo tal que, por una parte, no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades fiscales para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular y, por la otra, que los sujetos pasivos de la relación tributaria puedan conocer con exactitud la carga y obligaciones fiscales que les corresponda, en virtud de la especial situación jurídica en que se ubiquen o que presenten frente a la ley.
Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que el argumento que formula la empresa quejosa resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones:
En primer lugar, se estima necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se encuentran obligadas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios las personas físicas y morales que enajenen o, en su caso, importen definitivamente al país alguno de los bienes señalados en dicho ordenamiento jurídico, o bien, que presten algunos de los servicios a que se refiere dicho cuerpo normativo.
A efecto de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido del artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismo que señala:
"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:
"I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación, definitiva, de los bienes señalados en esta ley.
"II. La prestación de los servicios señalados en esta ley. ..."
En ese mismo sentido, el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios disponen que la enajenación o, en su caso, la importación de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al utilizarse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes se le aplicará la tasa del veinte por ciento (20%), al señalar:
"Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:
"I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
"...
"G) Aguas mineralizadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes. ................................................ 20%.
"H) Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos. .................................................................... 20%."
Lo anterior pone de manifiesto que al valor de los actos o actividades que resulten con motivo de la enajenación o importación de ese tipo de productos se les aplicará la tasa del veinte por ciento (20%).
Así, se desprende, por una parte, que la enajenación de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al utilizarse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes estarán gravados con la tasa del veinte por ciento (20%), lo que no deja lugar a dudas en cuanto al tratamiento que tendrá cada contribuyente.
Cabe destacar que si bien es cierto que la definición que hace la fracción XIV del artículo 3o. del ordenamiento legal en comento respecto a las aguas mineralizadas, tal como lo refirió el Juez de Distrito podría resultar ambigua, lo cierto es que este Alto Tribunal ha estimado que el hecho de que el legislador deba definir con precisión todos los conceptos esenciales del tributo, no implica que se llegue al absurdo de exigirle que defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen una utilización que revela que en el medio son de uso común o de clara comprensión para sus destinatarios.
Es aplicable al respecto la tesis P. XI/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 169, que es del tenor literal siguiente:
"LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que exige el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. De acuerdo con ello, expresiones como ‘uso doméstico’, ‘uso no doméstico’, ‘uso doméstico residencial’, ‘uso doméstico popular’ o ‘uso del sector público’ son, por sí solas, comprensibles, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas expresiones, exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional."
En esa virtud, se pone de manifiesto que los argumentos que hizo valer la quejosa en cuanto a la definición que prevé el artículo 3o., fracción XIV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resultan infundados, en virtud de que dicha definición se encuentra referida a conceptos que no es necesario que sean definidos expresamente por el legislador, como si se formulara un diccionario, haciendo alusión a cada una de las palabras que emplea, pues las que eligió tienen un uso que revela que en el medio en la que las quejosas se desempeñan son de clara comprensión.
De esta forma, el hecho de que el legislador no hubiere definido pormenorizadamente en dicho ordenamiento jurídico el concepto de "aguas mineralizadas" en forma expresa, no le causa perjuicio jurídico alguno a la quejosa, puesto que se trata de conceptos de amplio manejo en el medio en que prestan sus servicios.
A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de la fracción impugnada:
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
"...
"XIV. Aguas mineralizadas, aquellas que contengan sustancias minerales o electrolitos, purificadas y siempre que estén envasadas, incluyendo las que se encuentren mineralizadas artificialmente."
Resulta aplicable al efecto la tesis 2a. LXIV/2002, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, página 160, que es del tenor literal siguiente:
"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, ninguno de los artículos constitucionales exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en las leyes, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional sólo por incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción, pues la contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean."
Independientemente de lo anterior, debe señalarse que contrariamente a lo manifestado por la quejosa, en cuanto a que el objeto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ve afectado por no haber sido definido con precisión ese concepto por el Congreso de la Unión, dichos argumentos resultan infundados, en virtud de que, por una parte, el objeto del impuesto especial sobre producción y servicios, como ya se ha visto, lo es precisamente la enajenación o importación de los bienes a que se refiere dicho ordenamiento jurídico, así como la prestación de los servicios que consigna dicho ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran la venta de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al utilizarse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, en términos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), del ordenamiento legal en comento, por lo que atento al contenido de dichos numerales se pone de manifiesto que la quejosa puede conocer de manera fehaciente en qué casos es o no sujeto del impuesto y, consecuentemente, si su actividad se encuentra o no gravada.
Lo anterior es así, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la enajenación o importación de aguas gasificadas o minerales, de refrescos, de bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes se encuentra gravada a la tasa del veinte por ciento (20%), lo que pone en evidencia que sólo esos productos, se encuentran gravados por el impuesto relativo; sin que en el caso tratándose de aguas mineralizadas se tenga que pagar un porcentaje diferente en relación al grado de mineralización, por lo que el Poder Ejecutivo Federal no tiene por qué reglamentar dichos productos atendiendo a su grado de mineralización, lo que no da pauta para la actuación arbitraria de las autoridades hacendarias.
Es aplicable al caso, por analogía, la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:
"IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY RELATIVA (VIGENTE DEL 1o. DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Dicho precepto establecía que por precio de venta del detallista se entiende el valor cierto y comprobable sugerido por el fabricante, productor, envasador e importador de bebidas alcohólicas, como contraprestación a pactarse en la venta al consumidor final, incluido el impuesto, en la enajenación de bebidas alcohólicas, sin considerar el impuesto al valor agregado de dicha operación, por tanto, al haber sido el legislador el que dispuso que se tomara en consideración el precio de venta del detallista para calcular la base del impuesto y señalar lo que debe entenderse por tal concepto, es claro que se respetó el principio de legalidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues por un lado, no se deja al arbitrio de la autoridad fiscal considerar o no el referido precio de venta del detallista y, por otro, el contribuyente en todo momento sabe lo que debe entenderse por este concepto." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, tesis 2a./J. 74/2002, página 257).
De esta forma, al no existir ambigüedad en cuanto a la definición contenida en la fracción XIV del artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se impone concluir que no se viola en el caso el principio de legalidad tributaria en perjuicio de la quejosa; y por ello, resulta también infundado el argumento de que las autoridades administrativas puedan incurrir en arbitrariedad al aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley pues, como ya se dijo, tanto el objeto del gravamen como los conceptos referidos al mismo se encuentran claramente definidos en la ley.
Similar criterio sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por unanimidad de cuatro votos, el amparo en revisión número 478/2003, en sesión de siete de noviembre de dos mil tres; así como el amparo en revisión número 1274/2003, resuelto por unanimidad de cinco votos, en sesión de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro y el amparo en revisión número 2630/2003, resuelto por unanimidad de cinco votos, en la sesión de siete de mayo de dos mil cuatro, respectivamente.
CUARTO. En su segundo agravio, la parte quejosa argumenta que las disposiciones reclamadas son violatorias de la equidad tributaria, lo que igualmente resulta infundado.
En efecto, el artículo 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios dispone:
"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:
"I. Por las enajenaciones siguientes:
"...
"f) Las de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley siempre que utilicen como edulcorantes únicamente azúcar de caña."
En tales consideraciones, resulta infundada la aseveración en el sentido de que la distinción que efectuó el legislador en los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al gravar a la tasa del veinte por ciento (20%) la enajenación o importación de productos en los que se utilice un edulcorante distinto al azúcar y no así la de productos en los que se utilice azúcar de caña, es violatoria de la garantía de equidad que prevé el artículo 31, fracción IV, constitucional, en atención a lo siguiente:
En primer lugar, se estima necesario analizar cuáles fueron las razones o motivos que tomó en consideración el legislador para establecer un tratamiento distinto para gravar la enajenación o importación de aquellos productos que utilicen un edulcorante distinto al azúcar y no así la de los productos que utilicen azúcar de caña, a fin de estar en posibilidad de determinar si esas razones, son o no suficientes para justificar ese trato diferenciado.
Al respecto, la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados, en su respectivo dictamen, señaló, en lo que al caso incumbe, lo siguiente:
"Aguas gasificadas, refrescos y bebidas hidratantes.
"Por otra parte, esta dictaminadora considera que las necesidades de ingresos federales para cubrir los gastos públicos y los servicios que a través del Estado se realizan a la población en general, son prioritarios. Sin embargo, y considerando las modificaciones propuestas en materia del im
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19041-163e6a1f/produccion-y-servicios-el-articulo-8o-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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