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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1756/96. · Registro digital (IUS): 16903
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BEBIDAS PURIFICADAS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 16.

AMPARO EN REVISIÓN 1756/96. BEBIDAS PURIFICADAS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Es infundado el agravio que hace valer la parte quejosa por las siguientes razones:

Alude en primer término que la consideración del a quo es inexacta, pues es falso que en autos no existan constancias que acrediten la aplicación de las disposiciones del Decreto que establece las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado para el Municipio de Acapulco, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, específicamente en sus artículos 4o., 8o., 11, 14 y 24, así como la Ley Número 219 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 1996, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero Número 100, de fecha 15 de diciembre de 1995, específicamente en su artículo 13; argumenta que las constancias son precisamente los informes justificados de las autoridades responsables y los recibos de consumo de agua potable exhibidos, documentos que arguye la quejosa no fueron apreciados y valorados por el juzgador.

En ese orden de ideas, no le asiste la razón a la parte quejosa, toda vez que las autoridades responsables Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Gobernador Constitucional de esa entidad y el secretario de Gobierno del propio Estado, en sus informes justificados reconocieron el acto que se les reclamó; y las demás autoridades responsables, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco y su director, aunque negaron en sus informes con justificación los actos que les fueron atribuidos, sin embargo hacen manifestaciones de la existencia de dichos actos y se tuvieron como ciertos para los efectos del juicio de amparo, tal y como lo señaló el Juez de Distrito; pero la determinación impugnada se basa en la falta de interés jurídico de la quejosa, pues al decir del juzgador éste no se acreditó, toda vez que la quejosa fue omisa en probar con algún elemento de convicción que le fueron aplicadas las leyes a que alude en su demanda de garantías.

Esto es, si la impetrante se queja de que las autoridades responsables le aplican el Decreto que establece las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado para el Municipio de Acapulco, que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, específicamente en sus artículos 4o., 8o., 11, 14, 17 y 24, y la Ley Número 29 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, en especial el numeral 13. Tales disposiciones que objeta la quejosa como inconstitucionales se derivan de leyes que tienen el carácter de heteroaplicativas, en virtud de lo cual, por su sola vigencia no causan ningún perjuicio personal y directo a la quejosa en sus derechos subjetivos públicos, luego entonces, no le causa perjuicio alguno a la inconforme para impugnar las leyes referidas como inconstitucionales; ahora bien, en virtud de que de las constancias del expediente se desprende que no existe prueba alguna con la que acredite la parte quejosa encontrarse dentro de los supuestos a que alude el decreto referido con anterioridad.

Luego entonces, para la procedencia del juicio de garantías es necesario que se acredite la existencia del interés jurídico, el agravio o perjuicio ocasionado al quejoso, ya que de no ser así, se surte la causal de improcedencia a que alude la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."; lo que da origen a que se decrete por tal circunstancia el sobreseimiento del juicio de garantías en términos de lo dispuesto por el numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento legal en cita, que textualmente señala: "Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.".

No se acreditó el interés jurídico del quejoso, pues es cierto, como quedó asentado, que las autoridades responsables aludidas, por sus manifestaciones respecto del acto reclamado, se tuvo como cierto y existente, también es verdad que una cosa es tener por existente el acto reclamado y otra el perjuicio que éste pueda deparar a persona alguna, luego entonces, será el promovente del amparo quien deba comprobar el interés jurídico, como elemento de prueba en el que acredite que efectivamente le causó algún perjuicio el acto reclamado y, por lo mismo, quien tiene la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías.

Es de aplicarse al respecto la tesis de la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, página 88, del tenor siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO. CARGA DE LA PRUEBA.-La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica y no atributiva, la existencia del acto, en virtud de que una es la existencia del acto en sí mismo y otra cosa el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.

"Amparo en revisión 2695/84. Catálogo de Sorpresas, S.A. de C.V. 5 votos. 26 de febrero de 1990. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretario: Manuel Baraibar Constantino."

Es reiterativo el quejoso en su agravio al sostener que los formatos de recibos de pago de agua potable son la base de la aplicación de lo que se reclama como inconstitucional; hace el análisis de los recibos que exhibió y argumenta que son las tarifas que entraron en vigor para el ejercicio de 1996. No es cierto que el Juez a quo haya sido omiso en analizar los recibos, pues de la sentencia impugnada se desprende que llevó a cabo el estudio pormenorizado de esos recibos, en donde advierte que en los documentos exhibidos por el quejoso se aprecia una mención literal de la siguiente manera: "El Acuerdo No. 1 del consejo de administración, que aprueba las cuotas y tarifas de 1995 por los servicios públicos y administrativos a su cargo, ubicado en la Gaceta Municipal del día treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro".

En esas circunstancias, del estudio de los recibos referidos se desprende que se trata de cantidades diferentes a las que aparecen en las tarifas aprobadas para el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, como se demuestra al señalar en los documentos el consumo y la cantidad a pagar, la que es completamente diversa a la de la tarifa aprobada para el ejercicio del año en curso y no como lo afirma el recurrente; de lo cual resulta que, como atinadamente lo refiere el juzgador, que la documentación exhibida por el impetrante, las autoridades responsables no le aplican las disposiciones que impugna, luego entonces en ningún momento se acreditó el interés jurídico de la parte quejosa que es el fundamento de la acción de amparo, sin el cual no es posible su procedencia; en ese orden de ideas, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos señala:

"Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada."

Y por su parte, la Ley de Amparo al respecto alude, en su artículo 4o., lo siguiente:

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

De lo anterior se deduce que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la plena comprobación del interés jurídico, mismo que no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de haber incitado el juicio de garantías, sino, y a caso más, que se debe demostrar que el acto reclamado de la autoridad responsable lesiona los derechos del quejoso que legítimamente se encuentran tutelados en la ley; como el recurrente en ningún momento acreditó tal circunstancia, es de confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.

Es de aplicación al caso, la tesis visible en las páginas 862-863 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, al tenor siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.-A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 constitucional, y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico de los quejosos, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugna le obligan, lesionando sus derechos; así que no habiéndose demostrado que la quejosa se encuentra dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugna, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee el juicio de garantías promovido por el representante legal de Bebidas Purificadas de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos del considerando segundo del fallo impugnado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juventino V. Castro y Castro. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16903-241c590c/interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo-carga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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