SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN O EN LA QUEJA DE QUEJA, NO PUEDE EXTENDER AL TERCERO PERJUDICADO LAS MISMAS PRERROGATIVAS QUE AQUÉLLA CONCEDIÓ AL QUEJOSO PARA SER RATIFICADO EN EL CARGO DE MAGISTRADO NUMERARIO. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE POR FALTA DE CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE QUEJA QUE DECLARÓ EXCESO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO, EN DETRIMENTO DEL TERCERO PERJUDICADO. SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN O EN LA QUEJA DE QUEJA, SI ES INCONGRUENTE CON LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADOS EN LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBE DECRETARSE SU INSUBSISTENCIA Y QUE EL INCUMPLIMIENTO ADMITE EXCUSA JURÍDICA.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 129/2007. MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARRILLO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de inejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero del Acuerdo General Plenario 6/1998 y tercero, fracción V, a contrario sensu, y cuarto del diverso Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata del incumplimiento de una ejecutoria pronunciada por un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto; se solicitó la intervención de este Alto Tribunal con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo mencionado en último término y no es el caso de aplicar a la autoridad responsable las sanciones establecidas en el precepto constitucional citado.
SEGUNDO. Por ser una cuestión preferente al estudio de fondo del asunto, se analizará, en principio, la procedencia del incidente de inejecución de sentencia, en virtud de que preexiste el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil cuatro, en el cual el secretario del Juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal de treinta de noviembre de dos mil cuatro, tuvo cumplida la sentencia de amparo y, además, porque el asunto no deriva de la falta de cumplimiento de la ejecutoria respecto del quejoso Marco Antonio Jiménez Carrillo, sino de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil seis, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el recurso de queja administrativa número 135/2005-I, que declaró el vicio de exceso en la ejecución de aquélla y ordenó restituir en sus derechos al tercero perjudicado José Antonio Pérez Pérez.
Respecto del primer punto, relativo a la preexistencia de un acuerdo del secretario del Juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley, en el que tuvo por cumplida la ejecutoria de garantías, conviene tener en cuenta que el artículo 105 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece:
"Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.
"Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley."
Conforme a este precepto parcialmente reproducido, cuando la autoridad responsable o sus superiores inmediato y jerárquico, según corresponda, no cumplan la ejecutoria de garantías, el Juez de Distrito remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con motivo de la aplicación del Acuerdo General 5/2001, lo enviará al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre él), para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República.
Aun cuando este precepto de la ley reglamentaria no lo señala expresamente, se entiende implícito que si el Juez de Distrito estima que la ejecutoria no se ha obedecido, a pesar de haber instaurado el procedimiento legal para obtener su cumplimiento, previsto en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, deberá hacer la declaratoria de incumplimiento correspondiente, pues ésta servirá de sustento, precisamente, a la tramitación del incidente de inejecución de sentencia; sin esa declaratoria, no hay razón legal que justifique el inicio del incidente de inejecución de sentencia, pues la premisa esencial que le da vida jurídica es la determinación del Juez de Distrito en torno al desacato de la sentencia de amparo.
Es aplicable, en lo conducente, con los matices del caso, la jurisprudencia número 2a./J. 9/2001, de esta Segunda Sala, cuyo contenido y datos de publicación son los siguientes:
"No. Registro: 188,634
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, octubre de 2001
"Tesis: 2a./J. 9/2001
"Página: 366
"CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia."
Tan importante es la declaración sobre el incumplimiento a la ejecutoria de garantías para iniciar la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que si el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no la hubieran realizado, esa sola omisión justificaría la devolución de los autos para que emitieran el pronunciamiento respectivo, el cual debe ser expreso.
Así se ha establecido en la tesis número 2a. LVI/96 de esta Segunda Sala, cuyos datos de publicación y contenido son los siguientes:
"No. Registro: 200,580
"Tesis aislada
"Materia(s): Común, Constitucional
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, julio de 1996
"Tesis: 2a. LVI/96
"Página: 206
"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE HAYAN CONOCIDO DEL AMPARO, DEBEN PROCURAR LA PRONTITUD Y EXPEDITEZ DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y, POR TANTO, SÓLO ENVIAR LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DESPUÉS DE HABER RESUELTO EXPRESAMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS. De lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde a la autoridad que haya conocido del juicio de amparo resolver, en principio, si la ejecutoria constitucional quedó o no cumplida, y sólo ante una determinación expresa sobre el particular, le es permitido remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia, para que ésta resuelva en definitiva, en la vía incidental correspondiente, si tal determinación fue o no correcta y, en su caso, aplicar lo establecido por la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna. Por consiguiente, antes de remitir los autos a la Suprema Corte, el juzgador de garantías respectivo debe emitir dicho pronunciamiento expreso, porque de no hacerlo provoca que el Alto Tribunal no pueda determinar directamente al respecto y, entonces, tenga que ordenar la devolución de los autos para que se emita ese pronunciamiento previo que luego habrá de examinar, ante la posible nueva remisión de los autos, lo que implica un retardo injustificado en la solución de la problemática, que debe evitarse en atención al principio de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 constitucional."
Conforme a lo anterior, si la declaratoria de incumplimiento de una ejecutoria de garantías es la premisa que da vida al incidente de inejecución de sentencia, puede concluirse, a contrario sensu, que si el Juez de Distrito estima cumplida la ejecutoria de amparo, esa declaración hace inviable dicho procedimiento incidental y da lugar a que la parte afectada con esa determinación pueda interponer en su contra la inconformidad, como lo establece la propia jurisprudencia 9/2001 de esta Segunda Sala, ya citada.
Esto significa que la declaración de cumplimiento a una ejecutoria produce el efecto contrario al de la declaratoria de incumplimiento, pues, por una parte, conduce a la improcedencia del incidente de inejecución y, por otra, da lugar a la tramitación de otro procedimiento relativo al cumplimiento de las ejecutorias de amparo, como es la inconformidad.
Es aplicable al caso la tesis plenaria número P. LXIV/95, cuyo contenido y datos de publicación son los siguientes:
"No. Registro: 200,311
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, octubre de 1995
"Tesis: P. LXIV/95
"Página: 160
"SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. El sistema dispuesto por la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, cuya procedencia depende de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1o. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene totalmente de obrar en el sentido ordenado por la sentencia, o bien no realiza la prestación de dar, hacer o no hacer que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó violada en la sentencia, sino que desarrolla actos que resultan intrascendentes, secundarios o poco relevantes para dicho cumplimiento. En este supuesto: a) Si el Juez o tribunal que conoce del asunto declara que no se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (artículo 105, primer párrafo), remitirá de oficio el asunto a la Suprema Corte, iniciándose el incidente de inejecución (artículo 105, segundo párrafo) que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) Si el Juez o tribunal resuelve que la responsable cumplió la sentencia, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 105, tercer párrafo), cuya resolución podría conducir a la destitución de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez de Distrito, si la Suprema Corte comprueba que ésta incurrió en evasivas o procedimientos ilegales para incumplir, dando la apariencia de acatamiento; c) Si el quejoso elige que la sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios (artículo 105, último párrafo). 2o. Cumplimiento excesivo o defectuoso de la sentencia de amparo. En este supuesto, el quejoso puede acudir al recurso de queja en contra de los actos de la autoridad responsable (artículo 95, fracciones II y IV) y en contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el llamado recurso de queja de queja (artículo 95, fracción V), cuya resolución no admite a su vez medio de impugnación alguno. 3o. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo. En este supuesto: a) Si el Juez o tribunal resuelve que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos a esta Suprema Corte para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución y su consignación ante un Juez de Distrito; b) Si el Juez o tribunal resuelve que la autoridad no incurrió en repetición del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 108), cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad y a la consignación señalada. En estos supuestos, los procedimientos que podrían conducir a la destitución de la autoridad responsable se tramitarán sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener el cumplimiento del fallo protector."
Es también aplicable, por analogía, en tanto establece el principio de que el incidente de inejecución de sentencia es improcedente si con anterioridad se declaró el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, la tesis número 2a. CXII/2001, también sustentada por esta Segunda Sala, de rubro y tenor siguientes:
"No. Registro: 189,078
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, agosto de 2001
"Tesis: 2a. CXII/2001
"Página: 236
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE DICHO INCIDENTE SI CON ANTERIORIDAD, EN OTRO INCIDENTE DEL MISMO JUICIO DE GARANTÍAS, YA SE HABÍA DECLARADO CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Si habiéndose emitido ejecutoria por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que declaró sin materia el incidente de inejecución por considerar que las autoridades responsables acreditaron ante ella el acatamiento al fallo protector, el juzgador que conoció del amparo remite nuevamente los autos a ese Alto Tribunal, a efecto de sustanciar un nuevo incidente de inejecución, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inconcuso que este último es improcedente. Ello es así, porque la litis relativa al cumplimiento de la sentencia se decidió en definitiva con el carácter de cosa juzgada, por lo que emitir un nuevo pronunciamiento a este respecto, implicaría desconocer la definitividad de lo resuelto, en franca violación al interés público y al orden social que rige al juicio de amparo."
Ahora bien, de los antecedentes del juicio de amparo indirecto 455/2003-3, del que deriva este incidente de inejecución de sentencia, se advierte que el quejoso Marco Antonio Jiménez Carrillo solicitó la protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:
I. Congreso del Estado de Baja California, al que reclamó la falta de discusión y aprobación del dictamen número 10, mediante el cual no se aprobó su ratificación como Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa.
II. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, a la que reclamó la discusión y aprobación del dictamen referido.
El Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en la sentencia de primero de agosto de dos mil tres, terminada de engrosar el veintitrés de octubre siguiente, tuvo por ciertos los actos reclamados, que englobó en la determinación final por la que el Poder Legislativo Local resolvió no ratificar al quejoso en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa.
En cuanto al fondo del asunto, determinó que el Congreso, al aprobar el dictamen en que se apoyó la opinión del Consejo de la Judicatura Local, para no ratificar al quejoso, valoró incorrectamente los elementos que tuvo a su alcance y conculcó en su perjuicio el marco de garantías que al respecto le otorga la Constitución Federal.
Esto, porque no quedó probado que el agraviado hubiera desempeñado el cargo con falta de diligencia o sin excelencia profesional; tampoco que hubiera sido vulnerada su honestidad y, en este sentido, su no ratificación resulta arbitraria al haberse apoyado en un dictamen indebidamente fundado y motivado.
Que la autoridad responsable debió valorar su desempeño conforme a las pruebas allegadas al expediente y el resultado de las visitas de inspección; considerar su grado académico; que no fue sancionado por falta grave con motivo de una queja de carácter administrativo; que resolvió dentro de los términos de ley los expedientes asignados a su ponencia y en contra de sus determinaciones no fueron concedidos un número significativo de amparos; esto con independencia de que estas últimas circunstancias, por sí mismas, serían insuficientes para negarle su derecho a la ratificación.
Apoyado en estas consideraciones esenciales, el Juez de Distrito otorgó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Congreso del Estado de Baja California "... deje insubsistente la determinación tomada en sesión de fecha veintinueve de abril de dos mil uno y en su lugar, atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, dicte una nueva resolución en la que resuelva la ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California que venía desempeñando, con todas las consecuencias legales que genera la ratificación."
En apoyo de esta determinación, el Juez de Distrito citó las jurisprudencias plenarias 101/2000 y 107/2000, de rubros:
"PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
"PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el dieciocho de marzo de dos mil cuatro el amparo en revisión administrativo número 636/2003-I, deducido por el tercero perjudicado, José Antonio Pérez Pérez, modificó la sentencia constitucional.
Esto, porque en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra el dictamen reclamado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, porque no es la resolución con la cual concluyó el procedimiento de ratificación del quejoso, sino únicamente un acto dentro del procedimiento relativo y sobreseyó respecto del mismo. Asimismo, precisó que esta decisión no trasciende al fondo del asunto ni a la declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución definitiva que no ratificó al quejoso en el cargo de Magistrado, en contra de la cual reiteró en el punto resolutivo tercero la concesión del amparo.
El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el dieciocho de marzo de dos mil cuatro el diverso amparo en revisión administrativo número 646/2003-I, deducido por la autoridad responsable, Congreso del Estado de Baja California, también modificó la sentencia constitucional en forma similar a como lo hizo al resolver el diverso recurso 636/2003-I, referido con antelación.
Conforme a lo anterior, los alcances naturales de la ejecutoria de garantías se circunscriben a la persona del quejoso Marco Antonio Jiménez Carrillo y consisten en que el Congreso del Estado de Baja California:
1. Deje insubsistente la determinación tomada en sesión de fecha veintinueve de abril de dos mil uno.
2. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que atienda los lineamientos de la ejecutoria y resuelva la ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California que venía desempeñando, con todas las consecuencias legales que genere la ratificación.
Una vez que el Juez de Distrito recibió el testimonio de las ejecutorias pronunciadas en los recursos de revisión referidos, que requirió a las autoridades vinculadas el cumplimiento a la ejecutoria de garantías y que éstas informaron lo conducente, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali, encargado del despacho por ministerio de ley, mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil cuatro, declaró cumplida la ejecutoria de amparo respecto del quejoso, esencialmente, por las siguientes razones:
• El Congreso del Estado de Baja California, en el dictamen número 427, dejó insubsistente la resolución emitida en la sesión de veintinueve de abril de dos mil uno, que había decretado la no ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa y, en su lugar, dictó una nueva en los términos establecidos en la ejecutoria, en cuya virtud ratificó al agraviado, Marco Antonio Jiménez Carrillo, en ese puesto.
• El Consejo de la Judicatura del Estado entregó al quejoso la suma de $2'557,348.60 (dos millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos con sesenta centavos) por concepto de sueldos y prestaciones económicas correspondientes al periodo comprendido del primero de noviembre de dos mil uno al veintiocho de octubre de dos mil tres, con motivo de la reinstalación por su ratificación.
• La reinstalación del quejoso trascendió hasta esta fecha, porque en ella se le notificó la resolución pronunciada por el Congreso del Estado erigido en jurado de sentencia, en el juicio político que se siguió en su contra, en el cual se le sancionó con la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo de ocho años.
El secretario del juzgado en funciones de Juez de Distrito, en proveído de ocho de agosto de dos mil cinco, tuvo conforme al quejoso con el diverso auto de veinte de diciembre de dos mil cuatro, que decretó el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, en virtud de que no hizo valer inconformidad alguna en el término legal correspondiente.
Visto entonces que este asunto no deriva de la falta de cumplimiento a la ejecutoria de garantías respecto del quejoso, la siguiente cuestión a tratar, en torno a la procedencia del incidente de inejecución de sentencia, anunciada al principio de este considerando, se vincula a la existencia de un recurso de queja que dispuso actos de cumplimiento a la ejecutoria de amparo en relación con uno de los terceros perjudicados, por cuya falta de acatamiento se originó este procedimiento incidental.
En efecto, el Juez de Distrito, mediante proveído de quince de enero de dos mil siete, ordenó el envío de los autos del juicio de amparo indirecto 455/2003-3, para el trámite de inejecución, debido a la falta de cumplimiento a la resolución de veinticuatro de enero de dos mil seis, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa número 135/2005-I, promovido por el mencionado tercero perjudicado mencionado, la cual declaró existente el vicio de exceso en la ejecución de la sentencia de garantías.
En ese recurso de queja el Tribunal Colegiado estableció que el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 455/2003-3, no implicaba dejar sin efectos el nombramiento del tercero perjudicado José Antonio Pérez Pérez, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, pues esto no se dijo en dicha resolución ni la autoridad se encuentra obligada a ello. Por tanto, concluyó que el Congreso del Estado actuó incorrectamente al emitir el Decreto 59, que en lo conducente ordenó la reinstalación del quejoso Marco Antonio Jiménez Carrillo en el puesto señalado y dejó sin efectos los actos posteriores, consecuencia de la no ratificación reclamada en el juicio de garantías, tales como la elección y nombramiento de los Magistrados que ocuparon, correlativamente, la adscripción de cada uno de ellos, entre los cuales se encuentra el tercero perjudicado mencionado.
Con base en estas consideraciones esenciales, el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja 135/2005-I, "... a fin de que el Congreso del Estado deje insubsistente la aprobación que realizó del decreto reclamado, y dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en este fallo, estime que son actos independientes lo relativo al cumplimiento a las diversas ejecutorias de amparo que en el mismo se mencionan, y restablezca al recurrente en el puesto de Magistrado que venía ocupando con la restitución de los emolumentos correspondientes a su cargo."
De esta manera, el incidente de inejecución de sentencia deriva de la falta de cumplimiento a la sentencia pronunciada en un recurso de queja que ordenó actos de cumplimiento respecto del tercero perjudicado en el juicio de garantías.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20528-d02f012f/sentencias-de-amparo-sus-efectos-restitutorios-solo-pueden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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