DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA DUPLICACIÓN DEL PLAZO PARA INTERPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTRA LOS ACTOS FISCALES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OPERA SI EN LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE NO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL GOBERNADO LA VÍA, PLAZO Y ÓRGANO ANTE QUIÉN ÉSTA DEBE FORMULARSE, AUN CUANDO TAL ANOMALÍA LA SUBSANE EL NOTIFICADOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 181/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada la Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo,(1) pues fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, órgano jurisdiccional del cual emanó uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en sesión de cinco de junio de dos mil siete, resolvió el juicio de amparo directo administrativo 186/2007, en el que determinó, en esencia:
• El artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente(2) establece como obligación de las autoridades fiscalizadoras que, en la notificación de sus actos, se informe al contribuyente el recurso o medio de defensa procedente contra éstos, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse; sin embargo, la interpretación literal de tal precepto es insuficiente para dilucidar su alcance, es decir, si basta con que tal información se haga del conocimiento al momento de notificar el acto administrativo impugnado para estimar que no opera la duplicidad del plazo prevista en tal numeral, no obstante que en la resolución se haya omitido dar a conocer al gobernado los medios legales que tiene para ejercer su defensa.
• Del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se aprecia que el precepto legal en estudio fue modificado para adecuarlo a la redacción del artículo 132, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación.(3) Una vez analizado el procedimiento de reforma que dio origen al referido precepto fiscal se colige que la intención del legislador fue la de imponer a las autoridades administrativas la obligación de establecer en sus resoluciones el recurso o medio de defensa que procede en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el cual debe promoverse, para garantizar el debido ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, lo que se pone en evidencia con la sanción prevista: en caso de que en la resolución no se exprese lo antes señalado, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo se duplicará.
• Bajo esa perspectiva, resulta inaplicable la duplicidad del plazo a que alude la parte final del artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en el supuesto de que la autoridad administrativa haya omitido precisar en su resolución el recurso o medio de defensa que procedía en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debía formularse, si tal omisión se subsana al momento de la notificación, ya que con esta última actuación el contribuyente tiene conocimiento de tales medios de defensa.
• Sostener un criterio en contrario implicaría reducir "... el entendimiento del precepto sólo a su interpretación literal, inaceptable en casos como éste, en que el contribuyente no sufrió perjuicio jurídico alguno porque el notificador cumplió con el objetivo de la norma, que es dar a conocer al notificado el derecho que tiene para impugnar la determinación correspondiente, a través de los medios legales precisos y en el tiempo también detallado ... lo verdaderamente esencial es que el gobernado esté enterado del derecho de inconformidad y de los medios y plazos aplicables, y no que la autoridad administrativa lo ordene así en su sentencia."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en sesión de veinticinco de enero de dos mil siete, resolvió el amparo directo administrativo 949/2006, en el que se sustentaron los argumentos que a continuación se sintetizan:
• El artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente obliga a las autoridades fiscalizadoras, al realizar la notificación de sus actos, a informar al gobernado el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse; sin embargo, la omisión de tal requisito formal (en relación con la notificación) no es sancionada por el citado precepto legal, pues a lo que la última parte de dicho texto hace referencia es en relación al supuesto en que la resolución administrativa no se haga la indicación aludida (referente al recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse), ya que la consecuencia de tal circunstancia se traduce en que los contribuyentes cuenten con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.
• En consecuencia, lo que la norma sanciona no es la omisión de señalar en la notificación los datos relativos al medio de defensa, sino que éstos se omitan en la resolución administrativa que se notifica.
• Si bien la interpretación literal de la norma en estudio es insuficiente para determinar su alcance, al acudir al procedimiento legislativo del cual emanó se aprecia que el texto originalmente propuesto en la iniciativa se modificó para adecuarlo al diverso numeral 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho precepto legal, así como el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente son coincidentes en establecer que es "en la resolución" donde deben señalarse los plazos en los que podrá ser impugnada, y que tal omisión tiene como consecuencia la duplicidad del término para su interposición.
• No pasa inadvertido que el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación hace referencia a la impugnación de la resolución que recae al recurso de revocación (en sede administrativa), lo que podría dar a lugar a pensar que el precepto 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente también hace referencia a tal supuesto; no obstante, este último artículo alude tanto al recurso administrativo como al juicio contencioso administrativo, lo que permite concluir que se trata de los actos o fallos emitidos por la autoridad fiscalizadora, y no exclusivamente los que pronuncie al resolver el recurso de revocación.
• Por tanto, no puede considerarse que si al notificar un acto administrativo se indica el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, ello implique la inaplicabilidad de la duplicidad de dicho plazo, ya que la mencionada sanción se surte cuando tal señalamiento no se hace en la resolución que se notifica.
• A mayor abundamiento, la omisión de hacer del conocimiento al contribuyente lo relativo a la procedencia de los medios de defensa no se subsana por la circunstancia de que en el acta de notificación se informe tal cuestión, pues la sanción de duplicidad del término respectivo recae a la omisión de realizar tal señalamiento en los fallos de la autoridad, no así respecto de la actuación del notificador; considerar lo contrario implicaría que "... al acudir el gobernado a la consulta de la normatividad jurídica aplicable, incurra en error ante lo dispuesto por el texto de la norma (entiéndase del propio artículo 23 en cuestión), pues su consulta le llevaría a promover teniendo en cuenta una duplicidad de término que la ley le precisa como tal, ante una situación que en ella no se describe como subsanable, desvirtuándose así la intención del legislador de otorgar mayor certeza y seguridad jurídica al gobernado que motivó la expedición de la aludida Ley Federal de los Derechos del Contribuyente."
QUINTO. Los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y 197-A, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo(5) facultan a la Suprema Corte a analizar los casos en que Tribunales Colegiados de Circuito sustenten fallos contradictorios, con la finalidad de unificar criterios entre los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema constitucional, fijando jurisprudencia obligatoria, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia P./J. 26/2001(6) que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es necesario que se actualicen los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Supuestos que se colman en el presente asunto, ya que los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Vigésimo Tercer Circuito examinaron la misma norma jurídica, a saber, el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
De igual manera, la diferencia de criterios emana de la interpretación que ambos órganos jurisdiccionales dieron al numeral en comento, ya que el Segundo Tribunal consideró que aun cuando en una resolución fiscal no se señale expresamente lo relativo a la procedencia de medios de impugnación de un acto de autoridad, tal omisión se subsana si ello se informa al contribuyente al momento de la notificación; por su parte, el Tercer Tribunal concluyó que el señalamiento de las cuestiones inherentes a los medios de defensa de un acto fiscal debe estar plasmado expresamente en la resolución, lo cual no se convalida con la notificación correspondiente.
Finalmente, los criterios divergentes provinieron del examen de los mismos elementos, ya que de los antecedentes que se narran en los dos juicios de amparo directo se aprecia que en ambos casos se emitió una resolución fiscal en la que no se hizo mención alguna sobre los medios de defensa que procedían en su contra, sino que tal situación se informó al contribuyente hasta la diligencia de notificación.
En tal virtud, es claro que sí existe la contradicción de tesis denunciada, por lo que el punto a dilucidar consiste en determinar si, en términos del artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la notificación que se haga de una resolución fiscal puede o no subsanar la omisión de la obligación que ese numeral impone a la autoridad, consistente en anotar en el acto respectivo el derecho, el plazo y la vía pertinentes para impugnar dicha resolución.
SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala, en los términos que a continuación se desarrollan.
El artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dispone lo siguiente:
"Artículo 23. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo."
Para estar en aptitud de desentrañar el alcance del numeral en comento es necesario recurrir, en principio, a un método interpretativo literal, el cual es de orden preferente, por disposición expresa del artículo 14, último párrafo, de la Constitución Federal.(7) De esta manera se obtiene que el precepto transcrito contiene las siguientes disposiciones:
a) Reitera el derecho que tienen los contribuyentes para impugnar las determinaciones fiscales que les sean adversas; señalamiento que, sin instituir o desarrollar algún medio de defensa en específico, pretende materializar el derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal,(8) haciendo saber a los gobernados que pueden combatir las resoluciones fiscales mediante el recurso administrativo de revocación(9) y el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.(10)
b) Establece como obligación de las autoridades fiscales:
b.1) Señalar en la resolución el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse;
b.2.) Al momento de notificar la determinación fiscal, la autoridad debe hacer del conocimiento al contribuyente las cuestiones referidas en el punto que antecede, relativas a la procedencia de los medios de defensa; y
c) En caso de que en la resolución administrativa se omita informar al contribuyente el derecho, vía y plazo que tiene para combatir aquélla, se duplicará el plazo que las leyes prevén para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.
En relación con el inciso b.1) que antecede, es necesario destacar que el señalamiento de los medios de defensa en el texto de la resolución fiscal es una facultad reglada, no discrecional, del órgano del Estado,(11) ya que la autoridad no puede optar por cumplir o no con la obligación legal que se le exige, según su libre arbitrio o capricho, sino que necesariamente habrá de acatar lo que le impone la ley, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Como se dijo en el inciso c), la sanción al incumplimiento de la obligación de informar al contribuyente los medios de defensa que tiene para impugnar el acto fiscal, recae únicamente cuando tal omisión se produce en la resolución, no en su notificación.
Los anteriores razonamientos permiten concluir que la duplicidad de los plazos para impugnar una resolución fiscal única y exclusivamente se actualiza cuando en el acto de autoridad se omite señalar al contribuyente el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, resultando irrelevante que tal información se haga del conocimiento del contribuyente al momento en que se le notifica el acto de autoridad, atendiendo a tres consideraciones básicas:
1. Ha sido criterio constante de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la fundamentación y motivación de las actuaciones de la autoridad deben constar en el cuerpo de la resolución y no en un documento diverso.(12)
2. Los notificadores carecen de facultades para subsanar las deficiencias que contiene el documento que harán del conocimiento al contribuyente; y
3. Si el notificador omite informar al interesado el derecho que tiene para combatir la resolución, ello únicamente daría lugar a su responsabilidad administrativa, no así a duplicar los términos procesales para intentar el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo, por mandato expreso del legislador.
La interpretación adoptada por esta Segunda Sala permite establecer un sistema coherente e integral de los medios de defensa en materia fiscal. Por ejemplo, el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación(13) precisa que en la resolución determinante de un crédito fiscal emanado de una visita domiciliaria o de una revisión de escritorio, se deberá hacer saber al contribuyente el plazo que tiene para interponer el recurso administrativo y el juicio contencioso administrativo; de no hacerlo, los plazos se duplicarán. En el mismo sentido está redactado el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación(14) que señala, entre otras cosas, que la resolución que recaiga al recurso de revocación debe indicar el plazo en que ésta puede ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; si se omite tal señalamiento, el plazo legal para presentar la demanda de nulidad se duplicará.
Sobre este particular es conveniente señalar que los citados preceptos fiscales no establecen la obligación de hacer del conocimiento del contribuyente lo relativo a los medios de defensa procedentes al momento de notificar la resolución, lo cual sí está previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Entonces, para evitar la existencia de una contradicción normativa, se colige que únicamente en los casos en que una resolución administrativa no haga saber al gobernado el derecho y vía que tiene para impugnarla, procederá la duplicidad del plazo legal para ello, independientemente de cómo actúe el notificador.
Finalmente, no pasa inadvertido que la conclusión a la que ahora se llega pudiera ser considerada como letrista y formal; por el contrario, los razonamientos que se han expuesto a lo largo del presente considerando son acordes a una interpretación teleológica subjetiva de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, es decir, a las razones expresadas en el procedimiento legislativo por el creador de la norma. Prueba de ello se advierte de lo señalado en la iniciativa de ley respectiva que, en lo que interesa, dice:
"... Las experiencias internacionales presentan, sin embargo, una clara tendencia a fortalecer mejor los derechos y garantías del contribuyente, como un medio más idóneo de incrementar la recaudación, pues el marco de certeza jurídica y la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes han incidido de manera importante en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributarios, según esas mismas experiencias internacionales. La eficiencia del fisco federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada, mediante las nuevas garantías otorgadas a los sujetos pasivos de los tributos.
"Es por eso que se propone a la consideración de esta digna Asamblea el proyecto de Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes (sic) y por una nueva cultura tributaria, que ha sido inspirado en buena parte en una exitosa legislación española.
"El objetivo de la nueva ley es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria, sin desconocer, por ello, ni invalidar los derechos y garantías de que actualmente ya vienen gozando en virtud de las diversas leyes fiscales vigentes, principalmente el Código Fiscal de la Federación. ..."
De la transcripción que antecede se advierte que el legislador emitió la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, entre otras cosas, para fortalecer los derechos y prerrogativas de los gobernados, sin desconocer aquellos que la ley establecía previamente.
En tal virtud, para decidir cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria es necesario resolver la siguiente interrogante: ¿De qué manera se protegen y fortalecen los derechos del contribuyente: especificando en la resolución administrativa cuáles son los medios de defensa que tiene para impugnarla, o que tal señalamiento sea hecho por el notificador, en un documento independiente? Sin duda, la respuesta se da en el primer supuesto, ya que con esto se da una mayor protección al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que lejos de ser una norma programática o una carta de buenas intenciones es un precepto con fuerza normativa que debe dirigir la interpretación de esta Suprema Corte, en su carácter de Tribunal Constitucional.
Además, con la conclusión apuntada no se desconocen los derechos que previamente tenía el contribuyente establecidos en los artículos 50 y 132, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación, sino que, por el contrario, se reafirman en beneficio de los gobernados.
En las relatadas circunstancias, el criterio que debe regir con el carácter de jurisprudencia es el siguiente:
-El artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece el derecho de los contribuyentes para impugnar las determinaciones fiscales que les sean adversas; la obligación de las autoridades fiscales de señalar en la resolución el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante quién debe formularse, así como el hacer del conocimiento del contribuyente las cuestiones referidas en el supuesto que antecede al momento de notificar la determinación fiscal; y, que en caso de que en la resolución administrativa se omita informar al gobernado el derecho, la vía y el plazo que tiene para combatir aquélla, se duplicará el plazo que las leyes prevén para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, de la interpretación literal, sistemática y teleológica de dicho precepto se concluye que la duplicación de los plazos para impugnar una resolución se actualiza cuando en el acto de autoridad se omite señalar al contribuyente lo relativo a los medios de defensa procedentes, resultando irrelevante que tal información se haga del conocimiento del particular en la diligencia de notificación, atendiendo a tres consideraciones básicas: 1. La fundamentación y motivación de las actuaciones de la autoridad deben constar en el cuerpo de la resolución y no en un documento diverso; 2. Los notificadores carecen de facultades para subsanar las deficiencias que contiene el documento a notificar; y, 3. Si el notificador omite informar al contribuyente el derecho que tiene para combatir la resolución, ello únicamente daría lugar a su responsabilidad administrativa.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada.
SEGUNDO.-Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo; remítase de inmediato la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel por comisión oficial.
_____________
1. "Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
2. "Artículo 23. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo."
3. "Artículo 132. ... Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo."
4. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
5. "Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias."
6. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, del rubro y texto: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
7. "Artículo 14. ...
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
8. "Artículo 17. ...
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
9. Contemplado por los artículos 116 a 133-A del Código Fiscal de la Federación.
10. Establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
11. Con relación a la diferenciación entre facultades discrecionales y regladas, esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 123/2005-SS, en sesión de 30 de septiembre de 2005, determinó: "De lo expuesto se tiene que la administración puede obrar de dos maneras: En la facultad reglada, la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé.
"Por virtud de la facultad discrecional, la ley le otorga a la autoridad, dentro de un marco legal, un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite, como señala Gabino Fraga, que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso.
"En suma, se tiene que se estará en presencia de facultades regladas, cuando la autoridad en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse al respecto, esto es, existe obligación de hacer.
"Tratándose de facultades discrecionales, partiendo de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de aplicación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20579-f6c63a79/derechos-del-contribuyente-la-duplicacion-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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