ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. AL VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS NO SE CONSUMA DE MANERA IRREPARABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción la realizaron los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que sostiene uno de los criterios supuestamente contradictorios, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones, en la parte que interesa:
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en el amparo en revisión 39/2007-I, resuelto el día siete de marzo de dos mil siete, sostiene:
"SEXTO. El quejoso inconforme afirma que la sentencia recurrida es ilegal porque en su perjuicio se aplicaron inexactamente los artículos 73, fracciones IX y XVIII, 77, 78 y 114, fracciones II y IV, todos de la Ley de Amparo, y se consideró que el juicio de garantías es improcedente afirmando que, respecto de la ejecución de la orden de visita domiciliaria reclamada, con la concesión del amparo ya no podrían retrotraerse las cosas al estado que guardaban antes. Su principal línea argumentativa, expuesta en el primero de sus agravios, pretende demostrar que el Juez de Distrito realizó una inexacta interpretación de lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, primer párrafo, de la ley de la materia, en contra del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 23/2003, identificada con el rubro: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA.’. Con esa premisa como fundamento, apoyándose en su particular interpretación respecto del contenido de dicho criterio jurisprudencial, afirma el recurrente que una orden de visita domiciliaria puede ser impugnada a través del juicio biinstancial desde luego, esto es, desde que es emitida y notificada, sin que sea necesario ejercer la acción constitucional antes de que se materialice la introducción al domicilio del particular afectado. Pues bien, este Tribunal Colegiado considera que esa premisa es incorrecta y, consecuentemente, incorrectas también las conclusiones desarrolladas como motivos de agravio; por tanto, estos deben declararse infundados. Para estar en condiciones de sostener esa conclusión, este Tribunal Colegiado estima oportuno, a manera de marco referencial en el contexto de este análisis, abordar el estudio de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de cuya incorrecta interpretación se duele el recurrente. En ese orden de ideas, se obtiene en primer término que los señores Ministros comenzaron por evidenciar las respectivas posturas sostenidas por los tribunales contendientes, en los siguientes términos: (se transcribe). Tomando como base esos argumentos, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal planteó la litis de la contradicción motivo del estudio, en función de tres temas específicos, en los siguientes términos: (se transcribe). Para dilucidar el primero de los temas que han quedado transcritos, los señores Ministros analizaron la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, luego de lo cual concluyeron: (se transcribe). Establecidas esas premisas, luego de una cuidadosa reflexión sobre el tema materia de la contradicción, dicha Segunda Sala concluyó que la controversia debía dirimirse reiterando el criterio amplio que había venido adoptando la anterior integración de ese alto cuerpo y que, en su parte sustancial, siguió el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en Materias Administrativa y de Trabajo. Ello le condujo a separarse del criterio que estableció en mil novecientos noventa y nueve, y por consiguiente, de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Para demostrar dicha conclusión, los señores Ministros abordaron por su orden los temas que ya previamente habían destacado como materia de la contradicción. Respecto del primero de ellos, consideraron lo siguiente: (se transcribe). Por cuanto hace al segundo de los temas materia de análisis, esto es, el relativo a resolver si la orden de visita domiciliaria de carácter fiscal forma parte del procedimiento que se desarrolla en la visita y, por tanto, sólo puede impugnarse en amparo hasta que sobreviene la resolución definitiva, los Ministros sostuvieron: (se transcribe). Por lo que hace al tercero de los temas ya identificado, es decir, sobre si el amparo indirecto es improcedente en contra de las actas parciales de la visita domiciliaria de verificación fiscal, porque formando parte de un procedimiento en forma de juicio debe esperarse hasta la resolución definitiva, la Segunda Sala concluyó lo siguiente: (se transcribe). También es importante destacar, para efectos de demostrar por qué resulta infundada la premisa a partir de la cual se desarrollan los motivos de disenso expuestos por el inconforme en el primero de sus agravios, que en esa misma ejecutoria los señores Ministros abordaron la postura sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que el procedimiento de verificación fiscal no es un procedimiento seguido en forma de juicio, con el argumento de que en este último la sujeción a los términos, ofrecimiento y desahogo de pruebas es más riguroso, más formal; mientras que en el procedimiento de verificación fiscal se trata de una secuencia de actos con una finalidad común, en donde sólo deben satisfacerse las formalidades esenciales del procedimiento para dar así cumplimiento a la garantía de audiencia. Sobre ese particular, la Segunda Sala sostuvo: (se transcribe). De las distintas transcripciones que se han dejado expuestas en párrafos precedentes, este Tribunal Colegiado advierte con claridad los temas dilucidados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: 1. Determinó el concepto de procedimientos en forma de juicio seguidos por autoridades distintas de tribunales a que se refiere el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en donde incluyó aquellos en donde la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los cuales prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Y por eso concluyó que en tal hipótesis, el juicio de garantías sólo procede en contra de la resolución definitiva. 2. La orden de verificación fiscal en el domicilio de los particulares, como toda orden de visita domiciliaria, está sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional además de los instituidos en los artículos 38 y 43, del Código Fiscal de la Federación. En esos términos, dicha orden constituye un acto autónomo susceptible de causar perjuicio, por sí solo, a los particulares que no forma parte de la visita domiciliaria en sí misma considerada. Por tanto, no siendo un acto dentro de un procedimiento en forma de juicio, sino un acto autónomo, puede válidamente impugnarse en amparo desde luego, ya que su procedencia se rige por el primer párrafo de la fracción II del artículo 114 de la ley de la materia. 3. Las actas de visita domiciliaria son impugnables, por regla general, a través del juicio de amparo indirecto, hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento administrativo. Pues bien, el marco legal y jurisprudencial ya expuesto en párrafos precedentes, es útil para advertir con toda claridad que, contrario a lo expuesto por el inconforme, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó la diferencia evidente entre la orden de visita y el momento cuando ésta ya es ejecutada. Sobre este último supuesto, como ya se vio, los señores Ministros precisaron que el gobernado, para instar la acción constitucional, deben esperarse a que se dicte la resolución definitiva en dicho procedimiento, de serles adversa. Y realizaron una distinción muy clara de lo que debe de entenderse por la orden de visita domiciliaria (el mandamiento para que se practique, el cual por su propia naturaleza no forma parte del procedimiento) y los actos de la visita propiamente dicha, que constituyen un procedimiento en forma de juicio que no pueden ser reclamados en amparo sino con motivo de la resolución definitiva en su caso. Lo cual pone de manifiesto que la jurisprudencia invocada por el inconforme, no tiene los alcances que pretende. Por eso es que este Tribunal Colegiado conviene con lo resuelto por el Juez de Distrito, pues efectivamente en contra de la orden de visita referida, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues se trata de un acto consumado de modo irreparable. Tales consideraciones también son útiles para calificar de infundados los agravios identificados como segundo y tercero, donde el inconforme pretende demostrar la ilegalidad de la resolución reclamada, con los argumentos que a continuación se sintetizan: 1. Que los efectos restitutorios de la sentencia que conceda el amparo efectivamente no se pueden constreñir a su aspecto material puesto que ello sería físicamente imposible; empero, que el alcance del artículo 80 de la Ley de Amparo comprende la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse la violación, lo cual puede abarcar aspectos jurídicos como el dejar sin efectos la orden de visita señalada como acto reclamado y toda las actuaciones realizadas con base en ella, máxime que la inconstitucionalidad de la orden de visita no sólo radica en la introducción en el domicilio del quejoso y en la molestia en sus papeles, sino que su inconstitucionalidad deriva también de vicios propios. 2. Que la visita domiciliaria no inicia ni concluye con el levantamiento de un acta parcial de inicio, ni sus efectos se consuman con la intromisión del domicilio al momento en que se notifica la orden de visita, pues ésta puede durar seis meses o más, es decir, un año, ni se limita a requerir documentación, sino puede consistir en sacar copias, en requerir discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados, en la inspección de lugares y en la verificación de bienes y mercancías, es decir, es un acto positivo de ejecución continuada o inacabada y no de ejecución instantánea. 3. Que los efectos subsecuentes sí afectan los derechos sustantivos del quejoso, puesto que cada acto que se realice dentro de la visita incidirá ineludiblemente en la intromisión al domicilio del visitado, pues esa es precisamente su naturaleza; así como en la molestia de sus papeles, contabilidad, discos cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. 4. Que no es aplicable la tesis aislada invocada por el a quo bajo el rubro: ‘ORDEN DE VISITA. AMPARO IMPROCEDENTE POR TRATARSE DE UN ACTO CONSUMADO DE MANERA IRREPARABLE.’, porque es una tesis aislada cuya aplicación no es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito ni para los Jueces de Distrito. 5. Que el requerimiento de la documentación dentro de una visita domiciliaria no es un simple requerimiento de información sobre la exhibición de la documentación, para comprobar el cumplimiento de contribuciones fiscales, y tampoco puede considerarse que con dicho acto no se transgreden derechos sustantivos, pues se afectan el domicilio y los papeles de los gobernados, protegidos por el artículo 16 constitucional. Y son infundados tales argumentos porque
como ya se dejó visto, la orden de visita domiciliaria reclamada, en sí misma considerada como acto administrativo autónomo e independiente, se consumó desde el momento que los visitadores se constituyeron en el domicilio fiscal del auditado, el veintiuno de abril de dos mil seis, como se advierte de las constancias de autos a fojas 32 a la 35, y por esa razón la orden de visita ya cumplió su cometido desde el momento mismo en que los visitadores se introdujeron en el domicilio del particular afectado. La consumación de ese acto administrativo es de naturaleza irreparable, respecto del quejoso, porque la inviolabilidad en su domicilio de que ya fue objeto, no podría subsanarse aún en el supuesto de que se le otorgara la protección constitucional, al ser imposible retrotraer sus efectos en el tiempo; por ello es que, al actualizarse en la especie esa causa de improcedencia, lo correcto efectivamente es sobreseer en el juicio. Lo anterior tiene congruencia con lo resuelto en la tesis 1a. XXVIII/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, en la página 423, que es del rubro y texto siguiente: ‘ORDEN DE VISITA. AMPARO IMPROCEDENTE POR TRATARSE DE UN ACTO CONSUMADO DE MANERA IRREPARABLE. La orden de visita que tiene como fin el llevar a cabo una revisión de los documentos del visitado directamente en su domicilio es en sí la instrucción a los visitadores de verificar en el domicilio que se señale dentro de la propia orden, la situación jurídica del particular; de tal suerte que al iniciarse el procedimiento de verificación con el acta de visita, dicha orden se consuma de manera irreparable, porque la inviolabilidad del domicilio del auditado, ya no será posible reparar. De ahí que el juicio de garantías, resulta improcedente y debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto por el precepto 73, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IX de la citada ley.’. Ahora bien, es cierto, como lo menciona el recurrente en su agravio, que la tesis recién transcrita no es de aplicación obligatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues constituye sólo un criterio aislado que aún no se reitera el número necesario de ocasiones para alcanzar el grado de jurisprudencia; sin embargo, dicho criterio es orientador y legalmente sirve de sustento a este órgano colegiado para apoyar las consideraciones que han quedado expuestas en el cuerpo de esta ejecutoria. Por lo que, debe decirse que el segmento de los motivos de agravio donde se pretende demostrar la ilegalidad de la resolución controvertida a partir de tópicos relacionados con situaciones ocurridas con posterioridad a que se levante el acta derivada de la visita domiciliaria, resultan inoperantes, porque esos aspectos ya fueron definidos jurisprudencialmente. En efecto, en sesión celebrada el veintiocho de marzo de dos mil tres, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia aprobó la jurisprudencia número 24/2003, y en ella resolvió entre otras cosas, que la visita domiciliaria es un acto autoritario de naturaleza administrativa que encuentra su fundamento en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en donde se establecen las formalidades que deben observarse en el desahogo de tales actos de autoridad, cuyas reglas específicas se encuentran previstas en los numerales 42, 46 y 49, del Código Fiscal de la Federación. También acotó que ordinariamente las actas levantadas con motivo de una visita domiciliaria fiscal contienen sólo una relación de hechos o situaciones que advierten los visitadores y que, por tanto, no causan perjuicio por sí mismas al visitado, pues la función de los visitadores solamente consiste en cerciorarse, conforme a la facultad conferida en la orden de visita correspondiente, de los datos objetivos que observen en relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente. Ello para precisar, en su caso, los supuestos de infracción que consideren haber encontrado durante el desarrollo de la visita, pero es claro, aseveró, que tales actas levantadas en el desarrollo de una visita domiciliaria por parte del personal visitador, como auxiliares de las autoridades fiscales, no constituyen resoluciones fiscales que determinen cargos o créditos contra el particular. Asimismo, definió que las actas de visita no pueden considerarse como actos definitivos, pues por sí mismas no causan perjuicio a los particulares, sino que es necesario que se emita, dentro del ámbito administrativo, la resolución definitiva correspondiente y que, en su caso, se establezcan obligaciones a cargo del particular para que se afecte su interés jurídico y sean, por tanto, susceptibles de impugnación. Así, acotó que dichas actas son actos de trámite que tan sólo sirven de base a la autoridad para emitir su resolución. Momento procesal hasta cuando sería oportuno instar la protección constitucional, salvo las excepciones que derivan de la aplicación de las reglas y principios del juicio de amparo, como la impugnación de leyes o actos dentro de la visita, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en que puede proceder, desde luego, el amparo indirecto. De igual forma estableció que las actas de visita encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, pues no ponen fin a la vía administrativa -como sí ocurre con los actos definitivos o resolutorios-, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios). También precisó que la improcedencia de impugnación de las actas de visita encuentra su justificación en la propia eficacia del procedimiento administrativo, como conjunto de actos que aunque distintos y diferenciados entre sí, articulan ordenadamente la actuación administrativa que termina con la resolución de la administración tributaria que decide el fondo poniendo fin al procedimiento. Aclaró que los actos de trámite, las actas de visita, en este caso, no son impugnables separadamente, sino que debe esperarse a que se produzca la resolución final del procedimiento (liquidación) para, a través de la impugnación de ésta, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el visitado tenga sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron. Incluso, señaló, las actas de auditoría son actos administrativos preparatorios o instructores que están subordinados o tienden a determinar una decisión final (liquidación), que -a diferencia de aquéllas-, dijo, es la única que constituye el título que permite exigir el pago de la deuda tributaria. En suma, consideró que las visitas fiscales domiciliarias o actas de auditoría, por regla general no constituyen actos administrativos susceptibles de recurrirse, sino que su impugnación deberá iniciarse hasta que exista una verdadera resolución de la administración tributaria, liquidando una obligación de tal naturaleza, es decir, cuando la oficina gestora extraiga una consecuencia del acta, que sólo entonces podrá ser impugnada si el visitado estima que existe perjuicio para sus intereses. Tales consideraciones dieron lugar, como se dijo, a la jurisprudencia número 24/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, en la página 147, con el rubro y texto siguiente: ‘ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecia sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado.’. Bajo ese contexto, como se calificó con antelación, los agravios expuestos por el recurrente resultan inoperantes, primero, porque ya existe jurisprudencia definida sobre este tema, y segundo, porque las argumentaciones expuestas vía inconformidad pretenden controvertir las consideraciones en donde se apoyó precisamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver jurisprudencialmente el tópico de que se trata. Agravios que de suyo no pueden incidir a que este cuerpo colegiado asuma una postura diferente, ya que por imperativo expreso del artículo 192 de la Ley de Amparo, se encuentra constreñido a observar y acatar la obligatoriedad que impone la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país. En apoyo a la calificación de inoperancia que se atribuye a los destacados motivos de agravio, es aplicable al caso la jurisprudencia número 1a./J. 14/97, también de observancia obligatoria, proveniente de la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 21 del Tomo V del mes de abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). Sin que sea óbice para resolverlo de la anterior manera, que el recurrente invoque como apoyo a sus agravios, diversos criterios jurisprudenciales, dado que los mismos son de aplicabilidad genérica, y resulta sabido que cuando existe jurisprudencia definida sobre el caso específico, debe aplicarse ésta y no otra general sustentada en supuestos diversos, como se desprende del siguiente criterio emitido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 220, tesis 328, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: ‘JURISPRUDENCIA. CUANDO EXISTA SOBRE EL CASO ESPECÍFICO, ÉSTA DEBE APLICARSE Y NO OTRA GENÉRICA SUSTENTADA EN SUPUESTOS DIVERSOS.’ (se transcribe). Por otra parte, también resulta infundado lo manifestado por el inconforme, cuando afirma que dada la defectuosa redacción de la sentencia recurrida, no se sabe si el Juez de Distrito está aplicando la causa de improcedencia contenida en la fracción IX o en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 80, a contrario sensu, del mismo ordenamiento, pues aun cuando no fueron invocados expresamente sí fueron aplicados en forma implícita. La calidad atribuída al anterior motivo de disenso se debe a que no existe tal redacción defectuosa, pues basta con imponerse de la sentencia que se revisa para advertir que el a quo fue preciso en determinar que se surtieron dos causales de improcedencia, una prevista en el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, al considerar que la orden de visita que se reclamó ya fue consumada de manera irreparable y la otra, respecto a los efectos de dicha orden, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo mencionado en su fracción XVIII en relación con el diverso 114, fracción IV, de la ley de la materia, en virtud de que al haberse materializado la orden de visita, sus subsecuentes efectos no se consideran de ejecución irreparable, pues por sí solos no causan perjuicio y pueden impugnarse a través del juicio de amparo directo en contra de la resolución que resuelva la controversia administrativa. Y si bien es cierto que el citado Juez se refirió de manera equivocada a la hipótesis contemplada en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se debe tener como un error que no causa agravio al recurrente, porque del contenido de la sentencia se advierte que quiso hacer referencia a la diversa hipótesis prevista en el propio artículo, pero en su fracción II, cuestión que inclusive este Tribunal Colegiado corrige de oficio, por estar involucrada con la causa de improcedencia motivo de este análisis. SÉPTIMO. Las razones expuestas en el considerando que antecede, conllevan a este órgano jurisdiccional a disentir respetuosamente del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, al resolver mediante sesión plenaria de veintiocho de junio de dos mil cinco, el amparo en revisión número 96/2005, cuyas copias certificadas acompañó el quejoso a su demanda de garantías. De tales constancias se desprende que dicho órgano jurisdiccional concluyó, en un caso semejante, que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el a quo, prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y por ello dejó sin efectos el sobreseimiento decretado, con apoyo además en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, tomando como base los argumentos torales siguientes: 1. Que no siendo la visita domiciliaria un acto dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sino un acto autónomo, puede válidamente impugnarse en amparo, ya que su procedencia se rige por el primer párrafo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo; sin que por el hecho de llevarse a cabo, tenga una ejecución de manera irreparable para la quejosa, pues no es propiamente la intromisión al domicilio por la autoridad la materia de la impugnación de la que se duele, sino de la propia orden de visita, la cual deriva de una diversa orden dictada por la propia autoridad y por el mismo ejercicio fiscal. 2. Que no en todos los casos de una visita domiciliaria, puede considerarse como irreparablemente consumada en sus efectos, cuando haya ocurrido la violación al domicilio del afectado, ello porque hay visitas que no se consuman en un solo momento, sino que tienen efectos sucesivos, con trámites administrativos que las van definiendo, como ‘actas parciales’ de inicio y ‘acta final’, en cuyo caso la afectación no es irreparable y admite su impugnación a través del juicio constitucional. Como se ve, ambos tribunales nos ocupamos de un mismo tema, a saber: Determinar para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, si al iniciarse el procedimiento de verificación con el acta respectiva, la orden de visita queda o no consumada de manera irreparable, pues como se aprecia en párrafos precedentes al fallar ambos tribunales, tomando en cuenta similares elementos, llegamos a conclusiones opuestas. En esa virtud, con apoy
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20781-2fc897eb/orden-de-visita-domiciliaria-al-violar-derechos-sustantivos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN FISCAL. EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECUR (CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2007-SS)
- ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD EMISORA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN EL ARTÍCULO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2007-SS)
- REVISIÓN FISCAL. PARA JUSTIFICAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO, LAS AUTORIDADES NO DEBEN ALEGAR CUESTIONES DE FONDO, COMO LA INDEBIDA SUPLETORIEDAD DE LA CADUCIDAD PREV (CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2007-SS)
- TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COM (CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2008-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis