MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 242/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.
En el caso, la denuncia de contradicción la formularon los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios presuntamente contradictorios; por tanto, cabe concluir que tal denuncia la efectuaron quienes cuentan con legitimación para ello.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones conducentes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 30/2007, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil siete, por mayoría de votos, en lo que interesa sostuvo:
"... Los conceptos de violación que (sic) refieren a la inconstitucionalidad del artículo 165 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, son fundados y suficientes para conceder el amparo.
"...
"Como se puede apreciar, el precepto reclamado prevé una sanción que se aplicará por igual de manera invariable e inflexible, a todos aquellos conductores de vehículos de motor que no respeten la luz roja del semáforo o el señalamiento de alto que realice un oficial o agente de vialidad y tránsito. Tal precepto, no establece porcentajes mínimos ni máximos entre los que pueda moverse la actividad de la autoridad al sancionar, sino una sanción fija por el equivalente a ocho días de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se cometa la infracción, invariablemente en todos los casos; tampoco establece condiciones a considerar para que la autoridad administrativa individualice la sanción, atendiendo a la gravedad o levedad de la infracción, ni a situaciones particulares de los infractores, como es la condición económica, la reincidencia o cualquier otro elemento que conlleve a considerar una mayor o menor gravedad del hecho.
"Lo anterior propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares, ya que, como se ve, no se permite a la autoridad impositora individualizar la sanción de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, las condiciones particulares de los infractores, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, así como tampoco establece un monto mínimo y un máximo que la autoridad considere como parámetros para imponerla. Por consiguiente, al establecer el numeral 165 de la referida Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, una multa fija, conculca de tal forma lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Tal consideración se esgrime en acatamiento al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 10/95, publicada en la página 9, Tomo II, julio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcribe).
"Dicho criterio jurisprudencial es de aplicación obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, la tesis aislada XC/2000, de rubro: ‘MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVAS A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO.’, deriva de la ejecutoria pronunciada el nueve de junio de dos mil, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 2495/97, donde analizó el planteamiento de inconstitucionalidad del numeral 35, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete. La referida ejecutoria en lo que interesa prevé: (se transcribe).
"De lo transcrito se puede observar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó el amparo solicitado respecto del artículo 35, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete, porque, tratándose de ‘exceso de velocidad’ se aprecia que la multa fluctúa entre $100.00 (cien pesos, moneda nacional) y $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos, moneda nacional), dependiendo del grado de exceso. Como se ve, esa disposición permite cuantificar la multa en razón de las circunstancias que concurren en la comisión de dicha infracción, esto es, atendiendo al grado de exceso de velocidad será el monto de la sanción, estableciendo de tal manera un parámetro para determinar la cuantía de la multa.
"En cambio, la norma reclamada que aquí se analiza (artículo 165 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco), no contempla un mínimo y máximo para determinar el monto o la cuantía de la sanción que deberá imponerse al conductor de un vehículo de motor que no respete la luz roja del semáforo o el señalamiento de alto que realice el oficial o agente de tránsito, pues, como se precisó en líneas precedentes, prevé una multa fija en cantidad de ocho días de salario mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometa la infracción, que se aplicará por igual de manera invariable e inflexible, a todos aquellos conductores de vehículos de motor que incurran en tal infracción. Por eso, la aludida tesis aislada no resulta aplicable en el asunto en concreto.
"En términos similares a esta ejecutoria, se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver las revisiones principales número 571/2004 y 265/2006, en sesiones de once de enero de dos mil cinco y cuatro de octubre de dos mil seis.
"En consecuencia, en acatamiento al citado criterio jurisprudencial 10/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, emita otra, y partiendo de lo aquí considerado, declare nula la cédula de notificación de infracción número de folio 6403368-9, suscrita por el agente de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco."
Al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 571/2004, en sesión de once de enero de dos mil cinco, el propio Tercer Tribunal Colegiado sostuvo el mismo criterio que el transcrito, pero en relación con el artículo 166, fracción II, de la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, respecto del cual concluyó que es violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal. La citada ejecutoria, en lo que interesa es del tenor siguiente:
"... Como se puede apreciar, el precepto reclamado prevé una sanción que se aplicará por igual de manera invariable e inflexible, a todos aquellos conductores de vehículos de motor que excedan en más de diez kilómetros por hora, el límite máximo de velocidad permitida en zona urbana; así como en aquellas zonas en que expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como son las próximas a centros escolares y hospitalarios. Esto es, se les impondrá multa de ocho días de salario general, vigente en la zona económica en donde se cometa la infracción. Lo anterior propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares, ya que no permite a la autoridad impositora individualizar la sanción de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho infractor. Por consiguiente, al establecer el numeral 166, fracción II, de la Ley de (sic) Servicios y Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, una multa fija, conculca de tal forma lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal. La anterior consideración se esgrime en acatamiento al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 10/95, publicada en la página nueve, del Tomo II, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcribe)."
Cuando emitió el fallo que resolvió por unanimidad de votos el amparo en revisión 265/2006, en sesión de cuatro de octubre de dos mil seis, el mismo Tribunal Colegiado referido sostuvo idéntico criterio al sustentado en el amparo directo 30/2007, en relación con el artículo 165 de la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, el cual estimó violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal, por prever una sanción fija de ocho días de salario mínimo, que se aplicará de manera invariable e inflexible a todos los conductores de vehículos de motor que no respeten la luz roja del semáforo o el señalamiento de alto que realice el oficial o agente de vialidad y tránsito, sin prever límites mínimo y máximo entre los que pueda moverse la actividad de la autoridad al sancionar, sin que establezca tampoco condiciones a considerar para que la autoridad individualice la sanción, en atención a la gravedad o levedad de la infracción, ni a situaciones particulares de los infractores, como la condición, la reincidencia o cualquier otro elemento que conlleve a considerar una mayor o menor gravedad del hecho.
En ese tenor, es innecesario transcribir la parte relativa de la ejecutoria de que se trata.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 117/2005, en sesión de ocho de diciembre de dos mil cinco, en lo conducente sostuvo:
"... Ahora bien, como se adelantó, son ineficaces los conceptos de violación donde se expone, en síntesis, que los artículos 162 y 164 de la Ley de (sic) Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, transgreden el artículo 22 constitucional, pues imponen multas excesivas, al no establecer márgenes mínimo y máximo, las cuales imposibilitan a la autoridad fijar las circunstancias para individualizar la sanción prevista en cada numeral, es decir, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste.
"Previo a la exposición de las razones por las que se estima que no le asiste razón al impetrante de garantías, es necesario transcribir los artículos 162 a 170 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Transporte y Tránsito (sic) del Estado de Jalisco, los cuales establecen lo que a continuación se transcribe:
"(Se transcriben)
"De las normas legales transcritas se desprende un catálogo de infracciones administrativas en materia de vialidad y tránsito, cuya sanción varía según la infracción cometida.
"Por su parte, el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:’ (se transcribe).
"En ese orden de ideas, resulta necesario tener en cuenta el concepto ‘excesivo’ en relación con las multas, para lo cual es necesario acudir a las interpretación (sic) que sobre el tema ha emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 7/95, P./J. 9/95 y P./J. 10/95, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son, respectivamente, de los rubros y textos siguientes:
"‘MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL.’ (se transcribe).
"‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (se transcribe).
"‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcribe).
"Cabe señalar que no pueden aplicarse de manera absoluta, por analogía, los principios constitucionales que rigen la validez de los preceptos que disponen multas fiscales a las disposiciones que prevén multas por infracciones de tránsito, en virtud de que ambos tipos de sanción son de distinta naturaleza e implican relaciones jurídicas diferentes, pues mientras los sujetos a quienes se aplica la multa fiscal se encuentran en una relación frente al fisco, es decir, generalmente se trata de contribuyentes y por ello, adquieren una calidad especial que los ubica como titulares de las garantías constitucionales en materia tributaria (artículo 31, fracción IV, de la Constitución), a (sic) los conductores a quienes se aplica la multa por infracción de tránsito se hallan en una relación frente a la colectividad y a los órganos del Estado encargados de salvaguardar la seguridad, en la vía pública, de los gobernados, lo cual es ajeno a la rama hacendaria y a cuestiones relativas a la materia tributaria independientemente del destino de los ingresos que se obtengan por dicho concepto. No obstante, existen algunos principios relativos a las multas excesivas, que son lo suficientemente genéricos para encontrar acomodo en materia de multas por infracciones de tránsito.
"En efecto, los principios generales que se desprenden de la citada jurisprudencia 10/95 (última transcrita), prevén que toda multa administrativa debe:
"1) Estar determinada en monto o cuantía en la norma secundaria.
"2) Permitir que la autoridad, al imponerla tome en cuenta la gravedad de la infracción.
"3) Hacer posible que la autoridad, al aplicar la multa, la individualice al caso concreto.
"4) Ser proporcional y equitativa, como parámetros contrarios a lo irracional y arbitrario.
"Sentado lo anterior, en primer término, procede el análisis del sistema de imposición de multas para las infracciones cometidas por los conductores de todo tipo de vehículos, que establecen los numerales 162 y 164 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco.
"Pues bien, del análisis de los referidos artículos de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco, se puede concluir que las distintas infracciones y multas ahí descritas no tienen la naturaleza de multas fijas, sino que constituyen un sistema de imposición de sanciones que atiende a la multiplicidad de eventos que, finalmente, marcan la pauta para determinar la mayor o menor magnitud de la conducta concreta desplegada por el infractor y atendiendo a ello su sanción que puede imponerse por el equivalente a un día de salario mínimo general vigente en la zona económica correspondiente (artículo 162) o por tres días de salario mínimo (artículo 164), cuya teleología, de acuerdo con su contenido, consiste en que la comunidad no resienta los daños graves que se puedan producir por los conductores de vehículos si no adquieren el hábito de respetar las disposiciones de tránsito establecidas al efecto; situación anterior que es lógica, pues la graduación respectiva atiende no a una circunstancia económica, sino a la naturaleza del acto desplegado por el infractor, pues no debe soslayarse que no se está en presencia de contribuciones, que tienen como punto de partida el ámbito patrimonial del gobernado, sino de la aplicación de sanciones por conductas contrarias al orden social, que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables porque alteran el orden social, atentando contra los principios de la comunidad; por ende, no pueden estimarse inconstitucionales las normas reclamadas, porque las sanciones o infracciones administrativas previstas en ellas, no pueden tener idéntico tratamiento al de una multa que tiene relación directa con la materia tributaria, en la que obviamente el parámetro a ponderar lo constituye el factor económico y no el riesgo a que se expone la seguridad pública, que es precisamente el bien jurídico tutelado por las disposiciones de tránsito referidas.
"Por tanto, en los artículos de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco, no se prevén multas fijas, sino que se hace un listado minucioso de un sistema de imposición de multas para las infracciones cometidas por los conductores de todo tipo de vehículos, tomando en cuenta elementos que permiten determinar la gravedad o levedad de la conducta, atendiendo a la naturaleza de las infracciones cometidas así como el (sic) grado de riesgo en que se coloca a la sociedad, pues cada una de las infracciones de tránsito a las que los preceptos se refieren son las que determinan el monto de la sanción. En tales condiciones, si para que las multas impuestas por infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco, se consideren constitucionales, basta únicamente con que al momento de su imposición se tome el monto fijado en la ley, la gravedad o levedad de la infracción y la naturaleza misma de la conducta cometida y si los numerales impugnados por cada tipo de infracción establecen una sanción distinta, demostrando con ello que sí se toma en cuenta la gravedad o levedad de la infracción y la naturaleza misma de la conducta cometida, es inconcuso que en dichos preceptos no se establecen multas fijas. De ahí, lo infundado del concepto de violación en estudio.
"Luego, procede analizar, de conformidad con la Norma Suprema, los artículos 162 y 164 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco, dado que dichos preceptos sustentan multas equivalente a uno y tres días, respectivamente, de salario mínimo general, impuestas al quejoso en las cédulas de notificación de infracciones A 4178340-0 y A 4255258-5, al considerar los agentes Sergio García Richard y Jairo Román Miranda Gutiérrez, respectivamente, el primero de ellos, que el ahora quejoso se estacionó en un lugar prohibido (foja 22) y, el segundo agente, que se estacionó en zona prohibida invadiendo banqueta (foja 21), las cuales dependerán, como se dijo, de que: 1) se encuentren determinadas en monto o cuantía en la norma secundaria, 2) permitan tomar en cuenta la gravedad de la infracción, 3) hagan posible a la autoridad respectiva individualizar el monto de la sanción al caso concreto y, 4) sean proporcionales y equitativas.
"En principio, como se expuso, las multas que nos ocupan están previstas en los arábigos 162 y 164 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco y se encuentran determinadas en monto o cuantía al establecer como multa el equivalente a uno y tres días de salario mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometa la infracción.
"Asimismo, de la lectura de los artículos 21, párrafos segundo y tercero, de la Constitución y 167, fracción II, 180, 181 y 182 de la Ley de (sic) Vialidad Tránsito y Transporte de Jalisco, relacionados con los referidos numerales 162 y 164 de la última ley citada, es posible sostener que el sistema normativo en el que se ubica la previsión que disponen las multas reclamadas, permite a la autoridad tomar en cuenta la gravedad de la infracción y, aunque bajo parámetros limitados, individualizarla en el caso concreto.
"Así es, el artículo 21, párrafo (sic) segundo y tercero de la Constitución en la parte conducente prevé lo siguiente: ‘(se transcribe).’
"Por su parte, los artículos 167, fracción II, 180, 181 y 182 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco, establecen: (se transcriben).
"De la lectura de dichos preceptos, relacionada con la de los diversos 162 y 164, es posible advertir que el creador de la norma ha previsto un sistema flexible de reglas respecto a no estacionarse en lugar prohibido y no estacionarse en zona prohibida invadiendo banqueta, que dispone una serie de posibilidades que permiten a la autoridad administrativa encargada de aplicar la multa respectiva, valorar las circunstancias del caso y decidir si se ha generado la conducta infractora que merezca, conforme a la citada ley, la sanción equivalente a uno y tres días de salario mínimo general vigente en esta zona económica, por ser donde se cometió la infracción, pues, no es totalmente exacto que la misma sanción se deba imponer a todo aquel que incumpla con (sic) obligación de respetar los lugares en que se prohíbe estacionarse, según se verá a continuación.
"Por un lado, si el infractor demuestra ser un jornalero, obrero o trabajador no asalariado debe sancionársele con multa no mayor al importe de su jornal, salario o ingresos de un día, ya que la previsión relativa al monto general de la sanción que nos ocupa debe integrarse con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional y 181 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para el Estado de Jalisco, pues de su conexión resulta la norma completa aplicable al caso, precisamente por la jerarquía constitucional de esa regla de excepción.
"Por otro, si una persona muestra síntomas de que conduce en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos, se le sancionará con multa equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en la zona económica en donde se cometa la infracción, pudiéndose aplicar sanción alternativa, a elección del infractor, consistente en arresto administrativo de veinticuatro horas o cuatro jornadas de trabajo de índole social, en materia de vialidad y tránsito, aunado a que la licencia o permiso del conductor podrá ser suspendida.
"Asimismo, la posibilidad legal de disminuir en un cincuenta por ciento el monto de las multas de tránsito que nos ocupan, en los términos del artículo 180 de la citada ley, es un elemento más que sustenta la conclusión consistente en que el sistema normativo en estudio tiende a evitar excesos autoritarios, porque esa posibilidad no queda al arbitrio de la autoridad administrativa, sino a la decisión del gobernado, según su sentido de responsabilidad y respuesta a su conducta infractora, además, dicha disminución revela que el creador de la norma dispuso una forma especial de flexibilidad de la cuantía de la sanción, entre un mínimo y un máximo, que depende de la aceptación responsable de la conducta infractora por parte del conductor de su propia iniciativa y voluntad. Además cabe señalar que cuando el infractor acredite ante la autoridad competente que no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la propia autoridad podrá sustituirla, total o parcialmente por la prestación de jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
"De la anterior exposición es posible afirmar que el sistema normativo en estudio brinda a la autoridad administrativa parámetros racionales que la orientan en la valoración que debe realizar para decidir si la (sic) aplica o no la multa respectiva o en la determinación del monto o el tipo de sanción que corresponda por la comisión de la infracción que nos ocupa; graduación que se encuentra en correspondencia, por un lado, con el mayor o menor grado de peligro en que se pone la integridad física de las personas y en amenaza el (sic) orden público vial, y por otro, con la capacidad económica del infractor aunque sólo en el caso de los sujetos que el Constituyente estima económicamente débiles además de prever cierto grado de flexibilidad para el pago de las multas, entre un mínimo y un máximo según el sentido de responsabilidad y respuesta del gobernado a su conducta infractora.
"Todo lo anterior permite destacar que la norma impugnada, no propicia, en sí misma, abusos por parte de las autoridades encargadas de su aplicación.
"Por tanto, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, el sistema normativo en estudio permite a la autoridad administrativa aplicar las multas atendiendo a la gravedad de la infracción e incluso a la capacidad económica del infractor, aunque en casos limitados, lo cual le permite individualizar la sanción en el caso concreto.
"Como se vio, no resulta aplicable el criterio bajo (sic) rubro: ‘MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, QUE LA PREVÉ COMO SANCIÓN POR NO PAGAR CUOTA DE RELOJ ESTACIONÓMETRO, ES CONTRARIA A LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.’, pues de su análisis se advierte que no contempla, como en el caso, un sistema de imposición de multas para infracciones cometidas por los conductores de todo tipo de vehículos, sino que únicamente analiza de manera aislada el artículo 131, fracción V, del Reglamento de Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León.
"Una vez precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima necesario destacar que en relación con el tema en estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de nueve de junio de dos mil, el amparo en revisión 2495/97, sustentó el siguiente criterio: (se transcribe en lo conducente).
"Asimismo, de dicha ejecutoria derivó la tesis 2a. XC/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de dos mil, página 369, que establece:
"‘MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997 RELATIVAS A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO.’ (se transcribe).
"Pues bien, este Tribunal Colegiado hace suyas las consideraciones contenidas en la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 2495/97, en sesión de nueve de junio de dos mil, al resultar aplicables al caso que se resuelve, pues el criterio que sostiene este Tribunal Colegiado, en el sentido de que pueden hacerse propios los razonamientos contenidos en una ejecutoria de la superioridad, para apoyar los fallos que se dicten, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 126/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y cinco, que dice:
"‘SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA.’ (se transcribe).
"Asimismo, resulta aplicable al caso, respecto del tema principal, en lo conducente, la tesis de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1087, del Tomo XIX, de febrero de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual recomparte (sic) y establece lo que a continuación se transcribe:
"‘MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO AL TOMAR EN CUENTA PARA SU IMPOSICIÓN LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA INFRACCIÓN Y LA NATURALEZA MISMA DE LA CONDUCTA COMETIDA.’ (se transcribe).
"Con base en los anteriores razonamientos y después de una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que debe abandonarse el criterio establecido en la tesis III.2o.A.90 A, el cual derivó del amparo directo administrativo 471/2001 (sic), resuelto por unanimidad de votos por los Magistrados José Félix Dávalos Dávalos, Sergio Eduardo Alvarado Puente y Tomás Gómez Verónica, en el que fue el ponente el último; criterio que transcribió la quejosa en su escrito de demanda y es del rubro y texto siguientes: ‘MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA ESTABLECE, ES INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Por todo lo anterior, debe concluirse que no son inconstitucionales los artículos 162 y 164 de la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, los cuales se aplicaron en la sentencia reclamada, y ello conduce a reiterar la ineficacia del concepto de violación hecho valer sobre el particular."
Al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 729/2005, en sesión celebrada el día primero de junio de dos mil seis, el propio Segundo Tribunal Colegiado sostuvo idéntico criterio al reproducido en líneas precedentes, para concluir que el artículo 164, fracción X, de la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, no es inconstitucional. De ahí que sea innecesario transcribir la resolución correspondiente.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por mayoría de votos el recurso de revisión 4/2006, en sesión de treinta de agosto de dos mil seis, en lo conducente sustentó:
"... En el caso a estudio, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 164, fracción X, y 165 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, por considerar qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20782-ab4b5c54/multa-fija-el-articulo-165-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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