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Modo: Corpus Pro

COPIAS CERTIFICADAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DE AMPARO PUEDE ORDENAR SU EXPEDICIÓN, AUNQUE SE TRATE DE INSTRUMENTOS NOTARIALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2007-PL. · Registro digital (IUS): 20437
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 1786.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, porque aun cuando la contradicción denunciada se refiere a criterios que versan sobre materia común, existen precedentes que orientan la solución del problema jurídico involucrado, por lo cual es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde conocer, entre otros asuntos:

"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone, que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.

En el caso, la denuncia de contradicción la formuló un Magistrado integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano que sostuvo uno de los criterios presuntamente contradictorios; por ende, es patente que la denuncia proviene de quien cuenta con legitimación para iniciar este tipo de procedimientos.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, a continuación se transcriben, en lo conducente, las ejecutorias relativas.

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos la queja 30/2007-13, en sesión de veinte de junio de dos mil siete, en lo que interesa sostuvo:

"Asiste razón a la recurrente al afirmar que no existe disposición alguna que autorice al Juez de Distrito para negar la expedición de las copias certificadas del relativo instrumento notarial, ya que el mismo obra en autos por haberlo exhibido la propia recurrente anexo al escrito registrado en el juzgado de distrito bajo el número 4332, según consta en la segunda constancia secretarial de cuenta del proveído impugnado.

"En efecto, el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece: (se transcribe).

"Ahora bien, de las constancias que integran el presente recurso en particular el auto recurrido de veintisiete de abril pasado, se advierte que el Juez de Distrito no concedió la petición solicitada, por no ser notario público informando a la interesada que estaba en posibilidad de solicitar su expedición al fedatario que otorgó la escritura correspondiente.

"Actuar que se estima incorrecto, conforme al precepto citado con antelación, toda vez que la petición de la tercera perjudicada no fue para que el Juez de Distrito le expidiera el primer testimonio de la escritura número cuarenta y ocho mil quinientos veintidós, de dos de abril de dos mil cuatro, pasada ante la fe del notario público sesenta y uno, sino la expedición en copia certificada por duplicado del mismo, precisamente porque la interesada lo había allegado a los autos del juicio constitucional y según el dicho de la propia recurrente en el punto sexto de su agravio le fue denegada la solicitud de la devolución de ese instrumento notarial.

"De ahí que en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito se encuentra obligado a expedir las copias certificadas que solicitó la recurrente por escrito presentado el veintiséis de abril pasado, toda vez que el primer testimonio de la escritura número cuarenta y ocho mil quinientos veintidós, de dos de abril de dos mil cuatro, pasada ante la fe del notario público sesenta y uno, obra en los autos del juicio de amparo subyacente, razón por la que se actualiza la hipótesis del precepto indicado.

"En las relatadas condiciones al resultar fundado el agravio esgrimido, lo procedente es modificar el auto recurrido en la materia del presente recurso de queja ..."

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja 646/2004, en sesión celebrada el dos de diciembre de dos mil cuatro, precisó en lo conducente:

"Dichos motivos de inconformidad son infundados, en virtud de que si bien es cierto que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2o. de esta última legislación, prescribe que las partes pueden solicitar a su costa copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, también lo es que el artículo 280 en su parte conducente establece lo que a continuación se transcribe:

"‘Artículo 280.’ (se transcribe).

"De la parte relativa del dispositivo legal transcrito con anterioridad, se desprende que también las partes están en aptitud de solicitar en todo tiempo la devolución de los documentos que en el juicio de garantías hubiesen presentado, como en el caso acontece, con la exhibición de la escritura pública respecto del poder general para pleitos y cobranzas, otorgado por el aquí agraviado y solicitar el cotejo y compulsa de tal o cual documentos para que en su lugar sea agregada copia certificada.

"Bajo ese contexto, debe decirse que el juzgador federal no debe realizar funciones de notario y expedir a placer de las partes cuantas copias certificadas soliciten, siendo que en el presente caso, como acertadamente lo consideró la Juez de Distrito, el documento del que solicita por triplicado copia certificada, se trata de un poder general para pleitos y cobranzas que presentó el impetrante de garantías aquí inconforme, el cual fue protocolizado ante notario público, y es él quien en todo caso debe expedirle las copias certificadas que solicita, por ser este funcionario, quien tuvo a la vista los documentos presentados ante él, para la formación de la escritura, además de relacionar e insertar los documentos respectivos, o bien agregándolos en original o en copia cotejada al apéndice, haciendo mención de ellos en la escritura.

"Por lo tanto, es inconcuso que el inconforme debió en el momento procesal oportuno, en todo caso, solicitar la devolución de la escritura pública así como la compulsa y certificación del mismo para que obrara en lugar del testimonio, lo anterior como ya se dijo, de conformidad con lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"Por último en cuanto a la argumentación del quejoso, en el sentido de que el Primero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Primer Circuito, son del criterio que los Jueces de Distrito están obligados a expedir a las partes, sin audiencia previa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obrara en autos, este órgano de control constitucional y de legalidad, jurídicamente no puede hacer un pronunciamiento al respecto, toda vez que no le consta si en verdad dichos Tribunales Colegiados sustentaron tal criterio, además, el quejoso se abstiene de precisar si el criterio sostenido por esos cuerpos colegiados ya constituyó o no jurisprudencia, pues no obstante ello, a pesar de que ya hubiera conformado jurisprudencia y se tuviera el dato a la vista, de manera alguna obligaría a este Tribunal Colegiado adoptarlo, por las razones que han quedado expuestas con antelación y que en obvio de repeticiones inútiles se tienen aquí por reproducidas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo.

"Lo anterior es así, porque el criterio que puede obligar a este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito a acatarlo, sería en todo caso, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia.

"Finalmente, sólo resta puntualizar que la expedición de copias certificadas de instrumentos notariales es una facultad exclusiva de los notarios públicos de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley del Notariado para el Distrito Federal, lo cual no puede desconocer este Tribunal Colegiado de Circuito, de ahí que la juzgadora federal haya estado en lo correcto en denegar la solicitud de expedición de copias certificadas por triplicado de la escritura pública respectiva, puesto que de haberlo hecho, hubiese invadido las facultades y atribuciones propias de los notarios públicos, lo que ineludiblemente contravendría disposiciones de orden público, por lo tanto, el recurrente, en todo caso, se encuentra en aptitud legal de solicitar cuantas copias certificadas necesite de algún instrumento notarial, al funcionario público (notario) que expidió la escritura pública relativa, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 154 de la citada Ley del Notariado para el Distrito Federal.

"En esa tesitura, al resultar infundados los agravios, sin que sea dable suplir su deficiencia al no encuadrar el caso en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar infundada la presente queja ..."

La ejecutoria reproducida en lo conducente dio lugar a la tesis I.6o.C.349 C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 1410, cuyos rubro y texto se transcriben enseguida:

"COPIAS CERTIFICADAS DE INSTRUMENTOS NOTARIALES QUE OBRAN EN AUTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS. NO LE COMPETE AL JUEZ DE AMPARO EXPEDIRLAS, SINO AL NOTARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE. Si bien es cierto que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., preceptúa que las partes pueden solicitar a su costa copias certificadas de cualquier constancia o documento que obre en autos, también es verdad que el diverso artículo 280, de la primera codificación en comento, prescribe que las partes pueden pedir en todo tiempo, que se les devuelvan los originales que hubiesen presentado, dejando en su lugar copias certificadas, previo su cotejo y compulsa, de donde se deduce que el Juez en modo alguno podrá expedir a placer de las partes cuantas copias certificadas se le soliciten, si los documentos han sido protocolizados ante la fe de notario público, quien en todo caso es el que deba expedirlas, por ser este funcionario el que tuvo a la vista los documentos de referencia y no el juzgador de amparo quien invadiría facultades exclusivas de aquél, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 154 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal."

CUARTO. Cabe aclarar que la circunstancia de que uno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de que se trata, específicamente el contenido en la ejecutoria de la queja 30/2007-PL, no haya sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación relativa en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine la existencia de ésta, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables en este caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 77, y la número 2a./J. 94/2000 sustentada por esta Segunda Sala, consultable en el mismo medio de difusión, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. Precisado lo anterior, procede ahora analizar si existe la contradicción de tesis.

Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

A fin de determinar cuándo existe contradicción de criterios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 26/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, cuyos rubro y texto se transcriben enseguida:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Conforme a lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es preciso que:

a) Al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Para estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que deberá prevalecer, es menester tomar en consideración los antecedentes y la conclusión a la que cada órgano colegiado arribó, como se expone a continuación:

A) En el asunto cuyo conocimiento correspondió al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado como recurso de queja 30/2007-13, interpuesto por Compañía Arrendadora Mexicana Sociedad Anónima, en contra del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil siete, dictado en el juicio de amparo indirecto 279/2007 y acumulados, en el que el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal negó a la tercera perjudicada, la expedición de copia certificada por duplicado del testimonio notarial que exhibió en autos, bajo el argumento de que aquélla se encontraba en posibilidad de solicitar dicha copia al notario público respectivo y que el órgano jurisdiccional carecía de funciones notariales.

El Tribunal Colegiado estimó fundado el argumento en que la recurrente adujo que no existía disposición que autorizara al Juez de Distrito a negar la expedición de copia certificada del instrumento notarial que obraba en autos. A juicio del órgano colegiado, la denegación combatida era ilegal, porque la recurrente no solicitó la expedición del primer testimonio de la escritura correspondiente, sino de copia certificada, precisamente porque la interesada lo había allegado a los autos del juicio de amparo subyacente; por tanto, estimó que se actualizaba la hipótesis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, conforme al cual el Juez de Distrito está obligado a expedir las copias certificadas que solicitó la recurrente.

B) En el asunto que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito falló, recurso de queja 646/2004, interpuesto por José Antonio Ricart Ramírez por conducto de su apoderado, contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil cuatro, dictado en el juicio de amparo indirecto 896/2004-III, a través del cual la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal negó al quejoso la expedición de copia certificada, por triplicado, del testimonio notarial correspondiente que obraba en autos, en virtud de que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo la autorizaba a expedir copia certificada de constancias y documentos del juicio de amparo, en tanto que la escritura de la cual solicitaba copia se refería a un poder general para pleitos y cobranzas, la cual no constituía una actuación en el juicio constitucional; además, que al tratarse de escritura pública, el notario público ante quien se protocolizó era quien tenía facultades para expedir copia certificada de aquélla.

El Tribunal Colegiado del conocimiento estimó infundado el agravio respectivo y, al efecto, sostuvo que era correcta la actuación de la juzgadora federal, porque si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, dispone que las partes pueden solicitar a su costa copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, lo cierto era que en términos del artículo 280 del propio ordenamiento adjetivo, en el momento procesal oportuno el inconforme debió, en todo caso, solicitar la devolución de la escritura pública así como la compulsa y certificación de copia fotostática para que obrara en autos en lugar del testimonio.

De igual forma, el órgano colegiado aseveró que el órgano federal no debe realizar funciones de notario y expedir a placer de las partes cuantas copias certificadas soliciten, pues en el caso, el documento atinente era un poder general para pleitos y cobranzas protocolizado ante notario público, debido a lo cual este último era quien, en todo caso, debía expedir las copias certificadas requeridas, por haber sido quien tuvo a la vista los documentos que le fueron presentados para la formación de la escritura, habiéndolos relacionado e insertado, o agregado en original o en copia cotejada al apéndice, mencionándolos en la escritura.

Finalmente, el Tribunal Colegiado precisó que la expedición de copias certificadas de instrumentos notariales es facultad exclusiva de los notarios públicos, en términos de lo previsto en el artículo 154, fracción IV, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal; por tanto, estimó que de haber ordenado la expedición de copia certificada, la juzgadora federal hubiera invadido tal facultad, en contravención a disposiciones de orden público.

Los hechos y razonamientos descritos evidencian que, en este caso, se actualizan los supuestos previstos en la tesis de jurisprudencia invocada, para la existencia de la contradicción denunciada.

En efecto, los dos Tribunales Colegiados de que se trata se pronunciaron sobre casos concretos similares, a través de los respectivos recursos de queja hechos valer contra sendas decisiones de Jueces de Distrito, que negaron la expedición de copia certificada de testimonios notariales; en los que se aplicó esencialmente el mismo ordenamiento, y en los que, además, se planteó el mismo problema jurídico, consistente en determinar si era legal o no que los respectivos Jueces de Distrito hubieran denegado la expedición de copias certificadas solicitadas por las partes en sendos juicios de amparo, respecto de testimonios notariales que obraban en autos, al estimar tales juzgadores, que carecían de las funciones que son propias de los notarios públicos.

En relación con el problema jurídico expresado, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó, básicamente, el criterio relativo a que debe atenderse al texto del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por lo que el Juez de Distrito está obligado a expedir las copias certificadas que las partes soliciten respecto de actuaciones que obren en el expediente de amparo, por lo cual, desde su perspectiva, era ilegal que en el acuerdo recurrido el Juez de Distrito denegara la solicitud de expedición de copia certificada del testimonio notarial que obra en autos.

En cambio, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que no obstante el sentido literal del artículo 278 del ordenamiento procesal supletorio en cita, dado que el diverso precepto 280 del propio cuerpo normativo dispone que las partes pueden, en todo momento, solicitar la devolución de los originales exhibidos y pedir que en su lugar se deje copia certificada, previo cotejo y compulsa, entonces, en su opinión, el Juez no puede expedir copias certificadas de documentos protocolizados ante notario público, siendo éste el facultado para tal propósito en términos del artículo 154, fracción IV, de la Ley del Notariado del Distrito Federal, por ser dicho fedatario quien tuvo a la vista los documentos relativos y no el Juez de Distrito.

Tales posturas evidencian que los órganos colegiados de que se trata, al resolver los asuntos que participan en la presente contradicción, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales que partieron de elementos similares, pero adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes. Tal disparidad se dio en las consideraciones de las sentencias respectivas, en las que se examinaron los mismos elementos y se adoptaron soluciones cuya oposición es manifiesta, lo cual permite concluir que existe la oposición de criterios denunciada.

No obsta a lo anterior, que el Sexto Tribunal Colegiado haya tomado en consideración elementos que el otro órgano contendiente no examinó, como es el artículo 154, fracción IV, de la Ley del Notariado del Distrito Federal.

Es así, porque el órgano colegiado de mérito citó el precepto enunciado, tan sólo para apoyar su postura ya reseñada, sin que el otro Tribunal Colegiado haya tenido necesidad de acudir a disposiciones diversas al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la medida en que atendió, básicamente, al sentido literal de tal dispositivo.

De manera que el punto concreto de contradicción, que a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde resolver, consiste en determinar si conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe ordenar que se expidan a costa de los interesados, copias certificadas de cualquier constancia o documento que obre en autos o si, por el contrario, al referido juzgador le está vedado expedir tales copias cuando se trate de instrumentos notariales que obren también en autos, al ser ello facultad exclusiva del notario público ante quien se formalizó la escritura correspondiente.

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio que habrá de sustentarse en este fallo.

Es preciso puntualizar que si bien los criterios discrepantes se sustentaron en juicios de amparo en la vía indirecta, al tratarse de una cuestión relativa al procedimiento de amparo en general, el criterio que habrá de sostenerse tendrá aplicación, indistintamente, en el juicio de garantías en ambas vías.

A efecto de elucidar la cuestión controvertida, conviene hacer referencia, en primer término, al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, cuyo texto es:

"Artículo 278. Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes."

El sentido literal del precepto supletorio transcrito evidencia que las partes en el juicio de amparo tienen derecho a solicitar, sin limitación alguna y en todo momento, la expedición de copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos.

En términos del artículo 279 del propio ordenamiento, tales copias certificadas de constancias judiciales deben ser autorizadas por el secretario. es decir, al juzgador corresponde ordenar la expedición de copias certificadas de actuaciones judiciales, en tanto que el secretario es quien asienta la certificación relativa, por ser éste quien, en términos de los diversos preceptos 60 y 61 del ordenamiento procesal invocado, debe intervenir en todo acto de los tribunales en que deba dejarse constancia en autos y autorizarlo con su firma.

Ahora bien, para saber cuáles son esas actuaciones que deben obrar en autos, es preciso ahora examinar cuidadosamente los artículos 57, 61, 62 y 63 del propio código adjetivo civil supletorio, ubicados en el capítulo III, referente a las facultades y obligaciones de los funcionarios judiciales, del título segundo (autoridad judicial) del libro primero (disposiciones generales) de tal codificación. Tales preceptos son del tenor siguiente:

"Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo."

"Artículo 61. En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, intervendrá

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20437-62a2bd3b/copias-certificadas-de-actuaciones-judiciales-el-juzgador-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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