COMISARIADO EJIDAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES AUNQUE SE REFIERA A DERECHOS PARCELARIOS, Y SI NO LO HACE, PUEDE ACUDIR EL EJIDATARIO EN REPRESENTACIÓN SUSTITUTA DE AQUÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN LAS MISMAS MATERIAS DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia agraria, en cuyo conocimiento está especializado este órgano jurisdiccional, pues forma parte de la materia administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en el oficio número 9097, de cuatro de octubre de dos mil siete, que obra a fojas 1 y 2 del expediente en el que se actúa. Denuncia que derivó a su vez, del amparo en revisión administrativa número de expediente 103/2007, del que se aprecia, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. No deja de atenderse que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito sustenta la tesis de rubro: ‘EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, ASÍ RECAIGA ÉSTE O SU EJECUCIÓN SOBRE DERECHOS PARCELARIOS.’. Sin embargo, por las consideraciones expuestas con anterioridad no se comparte el aludido criterio, dado que, con independencia de que el dominio de las tierras ejidales corresponda al núcleo de población, lo relevante es que al tener los ejidatarios el derecho de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les han sido delimitadas y asignadas por la asamblea, debe entenderse que también lo tienen para acudir en su defensa en caso de perturbación de tales derechos, incluso contra un decreto expropiatorio. Por ende, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que decida cuál criterio debe prevalecer."
TERCERO. El tribunal citado en el considerando que antecede, que es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al fallar el amparo en revisión administrativa número de expediente 103/2007, en sesión de tres de septiembre de dos mil siete, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. ... En diverso alegato expresa el tercero perjudicado que los derechos parcelarios que detentan los quejosos únicamente conceden derechos de uso, usufructo y disfrute, no así de dominio, por lo que al no detentar la titularidad de las parcelas ejidales por corresponder al núcleo de población aquéllos carecen de legitimación para promover la acción constitucional. Para justificar esa apreciación invoca la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito de rubro: ‘EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, ASÍ RECAIGA ÉSTE O SU EJECUCIÓN SOBRE DERECHOS PARCELARIOS.’. Es infundada la causa de improcedencia que se invoca. Para sustentar esa aserción, debe tenerse en cuenta que el artículo 27, fracción VII, constitucional, así como los artículos 9o., 14, 62, 76, 81 y 82 de la Ley Agraria, prescriben lo siguiente: (se transcriben). De la transcrita disposición constitucional y de los preceptos reglamentarios se advierte un reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal, así como una protección a la propiedad de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. En tanto que a los ejidatarios les fue reservado el derecho de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les hayan sido designadas por la asamblea general de ejidatarios, como se observa de los artículos 14, 62 y 76 de la ley secundaria en consulta, lo que pone de manifiesto que el dominio de las tierras ejidales corresponde únicamente al ejido. De esa forma, al núcleo de población ejidal le corresponde la propiedad de las tierras ejidales mientras que a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute de sus parcelas (artículo 27, fracción VII, constitucional, y artículo 14 de la Ley Agraria). Lo anterior fue producto de la reforma de mil novecientos noventa y dos al artículo 27 constitucional la cual tuvo como propósito, en términos generales, capitalizar y hacer productivo al campo a través de algunas medidas tendentes a dotar de certeza jurídica la tenencia de tierras agrarias, y de esa manera se establecieron las bases para dejar a los titulares de las tierras agrarias la responsabilidad de decidir su propio destino (artículo 27, fracción VII, cuarto párrafo, constitucional) y, con esa base, los órganos supremos de los núcleos de población pueden modificar el régimen de propiedad agraria al régimen de propiedad plena (artículo 23, fracciones IX y XII, de la Ley Agraria), de tal suerte que es posible que ese tipo de tierras entre al régimen jurídico de derecho común. Todo lo cual significa que los núcleos de población ejidal son propietarios de las tierras agrarias correspondientes, en tanto que los ejidatarios no tienen la propiedad de las parcelas que les han sido asignadas, sino que son titulares de otros derechos sobre ellas. Cabe mencionar que existe la posibilidad de que los ejidatarios adquieran el dominio pleno sobre su parcela y ello ocurre cuando la mayor parte de las parcelas han sido delimitadas y asignadas por la asamblea a tales sujetos de derecho agrario y exista la determinación por parte de la asamblea de proceder de esa manera, lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo 23, fracción IX, de la citada normatividad. El ejidatario asumirá el dominio pleno de su parcela cuando solicite al Registro Agrario Nacional que las tierras sean dadas de baja en dicha dependencia oficial quien deberá expedir el título de propiedad respectivo para su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad y a partir de la cancelación en el primero de los organismos gubernamentales, las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho común (artículos 81 a 83 de la Ley Agraria). Consecuentemente, hasta en tanto no sucedan tales actos jurídicos y culminen con su cancelación en el Registro Agrario Nacional, la propiedad de las tierras ejidales corresponde al núcleo de población, no obstante que estén formalmente parceladas. Ahora, es veraz que en términos de los artículos 32 y 33 de la Ley Agraria, corresponde al comisariado ejercer las acciones respectivas en defensa de los intereses del ejido, en virtud de que conforme a tales numerales es el órgano de representación y gestión administrativa del ejido con facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. No obstante lo antes considerado, en el caso concreto los ejidatarios en lo particular tienen interés jurídico para impugnar el decreto de expropiación reclamado de veintiuno de diciembre de dos mil cinco, pues aun cuando tal decreto tiene como finalidad afectar directamente la propiedad de la tierra ejidal, sus consecuencias jurídicas también producen una afectación a los titulares de las parcelas en su aprovechamiento, uso y usufructo, lo que se reconoce, incluso en el ‘resultando primero’ del propio acto administrativo, que es del tenor siguiente: ‘Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 68-06-53 Has., de las que 3-11-36 Has. son de agostadero de uso común y 64-95-17 Has. de temporal de uso individual, resultando afectados los posesionarios y ejidatarios siguientes: ...’. Esa afectación individual se patentiza con los términos en que se resolvió el decreto, que es del siguiente contenido: ‘Primero. Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 68-06-53 Has., (sesenta y ocho hectáreas, seis áreas, cincuenta y tres centiáreas), de las que 3-11-36 Has. (tres hectáreas, once áreas, treinta y seis centiáreas) son de agostadero de uso común, y 64-95-17 Has. (sesenta y cuatro hectáreas, noventa y cinco áreas, diecisiete centiáreas) de temporal de uso individual, de terrenos del ejido "Nápoles", Municipio de Silao del Estado de Guanajuato a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato, para destinarlos a formar parte de la construcción del Parque Industrial Nacional, en el que se instalarán inversionistas nacionales y extranjeros, dedicados a la producción de bienes y servicios, obra que complementará el proyecto del puesto interior de Guanajuato ...’. ‘Segundo ... en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste por los terrenos de uso común y a los ejidatarios afectados en sus terrenos individuales y a quienes acrediten la titularidad de los derechos sobre las parcelas 160, 167, 183, 186, 192, 196 y 200, o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garantía suficiente ...’. De lo transcrito se advierte que el decreto presidencial impugnado tuvo por efecto expropiar una extensión que forma parte del ejido Nápoles, Municipio de Silao, Guanajuato, y se precisó que esa perturbación recaería sobre superficies de uso común y sobre terrenos de temporal de uso individual, incluso se puntualizó que el pago de la indemnización se efectuaría a quien acreditara tener derecho sobre los terrenos de uso común y a los ejidatarios afectados por los terrenos individuales. Lo anterior pone de manifiesto que, en efecto, la afectación proveniente del decreto expropiatorio recayó sobre terrenos ejidales: tierras de uso común y tierras parceladas, por lo que el comisariado ejidal tiene legitimación para acudir en defensa de la perturbación correspondiente a las tierras de uso común de acuerdo con los citados numerales 32 y 33 de la Ley Agraria, en tanto que los ejidatarios tienen esa legitimación para la defensa de sus derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas; además de que la impugnación no se orientó en defensa de los terrenos de uso común sino por actos que causan perjuicio a los derechos individuales de los impetrantes. Desde otra perspectiva, el ejido puede impugnar los actos que tiendan a afectar la propiedad de las tierras, pero también puede hacerlo el particular ejidatario en defensa del usufructo que constituye un derecho de ser transmitido, enajenado, heredado y, por ende, tiene un valor económico que no puede estar supeditado a la voluntad del grupo cuyo interés puede verse disminuido por la importancia que le otorgue a la conservación del ejido. Se destaca que el artículo 27, segundo párrafo, de la Constitución Federal, dispone: (se transcribe). Como se advierte, la protección de la propiedad se encuentra elevada a rango constitucional, en la medida en que la administración sólo puede privar de ésta a los particulares en aras del bien colectivo, por las causas de utilidad pública establecidas en la ley y mediante indemnización, es decir, resarciendo a aquel que se ve afectado por la ocupación de la cosa expropiada de los daños causados a su patrimonio. La indemnización se establece en favor del particular afectado, pues no tendría sentido suponer que se pagara a persona diversa del titular del derecho que se lesiona. El artículo 96 de la Ley Agraria establece: (se transcribe). Como se colige claramente de la literalidad de este dispositivo, en la expropiación en materia agraria la indemnización se paga directamente a los ejidatarios atendiendo a sus derechos y si se está ante parcelas afectadas que se hayan asignado a ejidatarios determinados, son a éstos a quienes se cubre la indemnización en la proporción que les corresponda. Lo anterior significa que dentro del sistema de indemnización establecido por el legislador, se reconoce que el ejidatario afectado en su parcela es titular del derecho de exigir y recibir la indemnización correspondiente, al margen incluso del propio núcleo colectivo. Por tratarse de parcelas ejidales asignadas en favor de un ejidatario, se reconoce a éste como afectado directo con la emisión del decreto expropiatorio, pues solamente así, se reitera, puede aceptarse jurídicamente que sea el titular del derecho a recibir la indemnización. La anterior disposición (artículo 96 de la Ley Agraria) debe adminicularse con lo previsto en el diverso numeral 95 del citado ordenamiento, el cual es del siguiente tenor: (se transcribe). Como se advierte de la lectura de este precepto, el legislador ha protegido al ejidatario de la posibilidad de que su parcela sea ocupada previamente a la expropiación, al exigir su aprobación para la realización de ese acto, incluso contra lo que al respecto pueda resolver la propia asamblea del ejido; en cambio, al núcleo agrario, para el efecto de la ocupación previa apuntada, sólo se le pide su anuencia tratándose de tierras comunes. Esta distinción que el legislador ha realizado en la ocupación previa de las tierras parceladas y de las tierras comunes, permite corroborar que cuando se afecten aquellas con la expedición de un decreto expropiatorio, el ejidatario tiene el carácter de directamente afectado, lo cual también es congruente con el hecho de que, si bien no se está ante un titular de un derecho de propiedad privada sobre la parcela y que la propiedad de las tierras dotadas pertenece al núcleo ejidal (artículo 9o. de la Ley Agraria), sin embargo, con el citado acto administrativo de expropiación se afecta directamente el patrimonio del ejidatario y, por tanto, esto es lo que justifica que le corresponda el derecho a ser indemnizado. Lo anterior resulta lógico, pues el ejidatario tiene sobre su parcela un cúmulo de derechos reconocidos en la propia Ley Agraria, entre otros: a) Le corresponde el derecho de su uso y disfrute (artículo 14) o su aprovechamiento, uso y usufructo (artículo 76). b) Tiene la facultad de designar libremente a quien deba sucederle (artículo 17). c) La parcela puede ser materia de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento (artículo 45). d) Puede otorgar en garantía el usufructo de su parcela (artículo 46), así como constituir fondos de garantía para hacer frente a sus obligaciones (artículo 51). e) El uso y aprovechamiento de aguas le corresponde al ejidatario según sus tierras parceladas (artículo 52). f) Puede conceder a otros ejidatarios o terceros el uso o usufructo de su parcela, mediante aparcería, medianera, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier otra autoridad, y puede aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles (artículo 79). g) Puede enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población (artículo 80). Por su parte, ni la asamblea ni el comisariado ejidal pueden usar, disponer o determinar la explotación colectiva de tierras parceladas, sin el previo consentimiento escrito de sus titulares (artículo 77). Los derechos antes mencionados y las prohibiciones para la propia asamblea ejidal en relación con las parcelas destinadas al ejidatario, permiten corroborar que dicho sujeto es afectado directo de un decreto expropiatorio cuando éste recae sobre su parcela. Luego, esa afectación en sus derechos, en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, legitima al ejidatario para instar el juicio de amparo, a fin de que pueda impugnar el acto de expropiación, incluso al margen o en contra de lo resuelto por la propia asamblea de ejidatarios, puesto que en este aspecto existe una clara afectación en sus derechos en lo particular. De otra manera, de reconocer únicamente al núcleo de población la posibilidad de impugnar el decreto expropiatorio, se correría el riesgo de dejar indefenso al ejidatario, ante una afectación clara y evidente a sus derechos en lo particular, y la necesidad de obligarlo a demandar en juicio agrario la ilegalidad de lo resuelto por la asamblea. Se precisa que resultaría contrario al propio sistema establecido por el legislador en la materia agraria, que el ejidatario sólo tiene derecho a la indemnización, pero no se ve afectado directamente con la expropiación de su parcela y que no está legitimado para impugnar el decreto expropiatorio; puesto que precisamente ese derecho de indemnización se da, como se tiene visto, en favor del titular del derecho afectado por el acto administrativo de mérito. La posibilidad de que los ejidatarios en lo particular accionen la vía constitucional en defensa de sus derechos individuales se robustece si se tiene en cuenta que el libro segundo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, precisa reglas específicas para el amparo en materia agraria con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en su derechos agrarios, entre las que se encuentran las relativas a la impugnación de actos que tengan o puedan tener como consecuencia la privación de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes. No deja de atenderse que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito sustenta la tesis de rubro: ‘EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, ASÍ RECAIGA ÉSTE O SU EJECUCIÓN SOBRE DERECHOS PARCELARIOS.’. Sin embargo, por las consideraciones expuestas con anterioridad no se comparte el aludido criterio, dado que, con independencia de que el dominio de las tierras ejidales corresponda al núcleo de población, lo relevante es que al tener los ejidatarios el derecho de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les han sido delimitadas y asignadas por la asamblea, debe entenderse que también lo tienen para acudir en su defensa en caso de perturbación de tales derechos, incluso contra un decreto expropiatorio. Por ende, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que decida cuál criterio debe prevalecer. Además, no se está en el caso de la tesis de jurisprudencia de la referida Sala consultable en la página 40 del Tomo (sic) 48, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘AGRARIO. NÚCLEO EJIDAL. ACTOS QUE LESIONAN SUS DERECHOS COLECTIVOS. NO CONFIERE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR.’, en virtud de que, como se tiene visto, la impugnación constitucional no se formuló en defensa de las tierras de uso común pertenecientes al núcleo de población, pues la promoción del juicio de amparo se sustentó en la defensa de tierras formalmente parceladas con base en el título respectivo, es decir, sobre derechos individuales y no colectivos."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al fallar el amparo en revisión agraria 89/98, en sesión de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios que aducen los recurrentes son en una parte ineficaces y en el resto infundados. En efecto, si bien el Juez de Distrito consideró la existencia de todos los actos reclamados en la demanda de amparo, en cambio, no advirtió y, por ende, dejó de resolver los que se hicieron consistir en: ‘... la expedición, contenido y firmas del decreto expropiatorio de fecha 11 de septiembre de 1995 mediante el cual se decreta la expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de 37-88-32.57 Has. de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Ver., del C. Secretario de la Reforma Agraria reclamamos la elaboración del decreto expropiatorio antes mencionado en el que se estableció que la superficie expropiada eran terrenos ejidales de uso común del poblado Delfino Victoria, antes Santa Fe, cuando en realidad se expropiaron parcelas que correspondían en lo individual a los suscritos ...’; toda vez que si bien consideró improcedente el juicio y resolvió sobreseer en él, ello lo hizo tomando en consideración únicamente el consistente en: ‘... del C. Director general y delegado fiduciario especial del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal reclamamos la falta de pago del 50% restante de la indemnización otorgada en el decreto expropiatorio de fecha 11 de septiembre de 1995, máxime que la superficie expropiada ya fue ocupada por la planta elaboradora de harina de maíz nixtamalizada para quien fue solicitada por el Gobierno del Estado de Veracruz.’ (foja 3); de esa manera, al no ocuparse la resolución recurrida de todos los actos reclamados en la demanda de garantías y, como consecuencia, atender de manera parcial la litis constitucional planteada, con tal proceder, el Juez Federal vulneró en perjuicio de los quejosos el artículo 76 de la Ley de Amparo. No obstante y por los motivos que más adelante se expondrán, la indicada violación ningún agravio de derecho irroga a los inconformes, tanto porque este Tribunal Colegiado, en cumplimiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 3/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 2/93, publicada en la página diez, tomo (sic) 86-2, febrero de 1995, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.’, debe avocarse a el (sic) análisis de los actos reclamados cuyo estudio se omitió realizar en el fallo recurrido, como porque, tanto (sic) de la apreciación de los mismos, como de aquel sobre el que sí se ocupó el fallo del a quo debe, sobreseerse respecto de los primeros y confirmarse el fallo impugnado por lo que hace al segundo, lo anterior, atento las consideraciones que enseguida se exponen. Respecto de los actos reclamados que sustancialmente se hacen consistir, en el decreto expropiatorio de fecha once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de ese año, mediante el cual se decreta la expropiación por causas de utilidad pública, de una superficie de 37-88-32.57 hectáreas de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Veracruz, y su ejecución (fojas 2 y 22), el juicio de garantías a que este toca se refiere es improcedente por actualizarse en la especie la causa que para tal efecto establece el artículo 73, fracción XVIII, en relación con numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo. Así es, de la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que los quejosos manifiestan de manera reiterada, que tanto el decreto reclamado, como la ejecución del mismo, afectan las parcelas que en lo individual les fueron asignadas, y no terrenos de uso común del mencionado poblado (fojas 2 a 9). Bien, previo a establecer la razón final por la cual los quejosos carecen de legitimación para reclamar, tanto el decreto de expropiación mencionado como su ejecución, se estima necesario resolver la cuestión relativa a los derechos parcelarios que ostentan los promoventes del amparo y el por qué, contrario a lo que pretenden, tales derechos, en los que descansa el ejercicio de su acción, no los facultan legalmente para ejercitar la referida acción constitucional. En efecto, la Ley Agraria establece: (se transcriben). Ahora bien, de los preceptos legales transcritos se advierte en su conjunto y en la parte que interesa, que son tierras ejidales y, por tanto, están sujetas a las disposiciones relativas de la Ley Agraria, las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal, las cuales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas; que de estas últimas, corresponden a los ejidatarios beneficiados, los derechos de uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de las mismas. No obstante, el dominio pleno de los ejidatarios sobre sus parcelas, sólo lo adquieren por resolución de la asamblea ejidal una vez que la mayor parte de aquéllas han sido delimitadas y asignadas; y entonces, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de éste, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad y será, a partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el referido Registro Agrario Nacional, que las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, sin que ello implique cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni signifique alteración del régimen legal, estatutario o de organización del ejido. A su vez, son facultades y obligaciones del comisariado ejidal, entre otras, representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Luego, si de conformidad con los preceptos legales en comento los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la misma, no así el dominio sobre aquélla, el cual sólo lo adquiere cuando finalmente se cancela la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, dejando entonces esa tierra de ser ejidal y quedando sujeta a las disposiciones del derecho común; aunado a lo anterior, con independencia de su destino, son tierras ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. Luego, tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso común, conforman el núcleo de población, cuya representación corresponde al comisariado, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas. Por consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no legitiman a éstos en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, para ejercitar la acción constitucional cuando es precisamente el dominio sobre tierras parceladas el que se aduce transgredido a virtud de la expropiación reclamada, toda vez que al corresponder aquel derecho (de dominio) al núcleo y no a los ejidatarios quejosos en lo particular, el único facultado legalmente para representar a aquél en defensa de ese derecho, es el comisariado del núcleo de población. Al respecto, por analogía, son aplicables las jurisprudencias de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación se citan al final de cada una. ‘DERECHOS COLECTIVOS, ACTOS QUE LESIONAN LOS. NO SE CONFIERE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR.’ (se transcribe). ‘DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.’ (se transcribe). ‘NÚCLEOS DE POBLACIÓN SOLICITANTES DE AMPLIACIÓN DE EJIDOS. AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS COLECTIVOS. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.’ (se transcribe). En el anterior orden de ideas y con fundamento en los artículos 4o., 73, fracción XVIII y 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de garantías a que se refiere este toca, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en, ‘... la expedición, contenido y firmas del decreto expropiatorio de fecha 11 de septiembre de 1995 mediante el cual se decreta la expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de 37-88-32.57 Has. de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Veracruz, del C. Secretario de la Reforma Agraria reclamamos la elaboración del decreto expropiatorio antes mencionado en el que se estableció que la superficie expropiada eran terrenos ejidales de uso común del poblado Delfino Victoria, antes Santa Fe, cuando en realidad se expropiaron parcelas que correspondían en lo individual a los suscritos ...’. En otro aspecto ..."
Sentencia de la que derivó la tesis aislada siguiente, con los datos de identificación, rubro y texto que a continuación se transcriben:
(No. Registro: 194,346. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, abril de 1999. Tesis VII.1o.A.T.24 A. Página 535).
"EJIDATARIOS. EN LO PARTI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20835-3657e38b/comisariado-ejidal-tiene-legitimacion-para-reclamar-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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