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Modo: Corpus Pro

DISPOSICIÓN INDEBIDA DE ARMAS DOTADAS A CUERPOS DE POLICÍA FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 85 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 31/2008. · Registro digital (IUS): 20887
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 2345.

AMPARO DIRECTO 31/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación que hace valer el impetrante de garantías son infundados.

En efecto, es infundado el motivo de queja establecido en el inciso a), pues contrario a lo argüido por el amparista, el cuerpo del delito previsto y sancionado en el artículo 85 bis, fracción III (hipótesis de a quien disponga indebidamente de arma dotada a un cuerpo policíaco), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y su responsabilidad en la comisión del mismo, quedaron plenamente acreditados.

Así es, en principio, debe decirse que no asiste razón al inconforme en cuanto a que la conducta que se le atribuye ("apuntar" a un agente policial con el revólver que aquél tenía a su cargo, como elemento de la Policía Auxiliar de esta ciudad, a fin de no ser detenido) no encuadra en la descripción típica establecida en el precepto mencionado en el párrafo que antecede, dado que a su parecer el vocablo "disponer", que en la misma se emplea, interpretado a la luz de los numerales 382 y 383, fracciones I y II, del Código Penal Federal (que prevén el delito de abuso de confianza) significa realizar "actos de dominio" respecto del objeto de que se trata, tales como la venta, pero no su simple uso.

Lo anterior así se considera, porque en primer lugar, los mencionados numerales del código punitivo penal invocado regulan, como lo refiere el propio quejoso, el delito de abuso de confianza, claramente diverso al que ahora nos ocupa (disposición indebida de arma dotada a un cuerpo policíaco), no sólo por los elementos objetivos y normativos que lo componen, sino también en virtud del bien jurídico que tutela, pues mientras a éste le corresponde la seguridad pública, en tanto que a las armas dotadas a elementos policiales, se les dé el uso concerniente a sus funciones, es decir, para la custodia de la población (como más adelante se verá), al primero (abuso de confianza) le concierne el patrimonio de las personas; y, en segundo término, precisamente dada la diferencia de bienes jurídicos protegidos, la connotación del verbo "disponer", empleado en la descripción típica de ambos injustos, será necesariamente distinta, ya que respecto del ilícito de abuso de confianza estará enfocada, evidentemente, a la propiedad de las cosas y, por lo que ve al tipo penal atribuido al inconforme, será en relación a las precitadas tareas que desempeñan la clase de servidores públicos en mención, de ahí que de ninguna manera, para este último caso, pueda comprendérsele como la acción de transmitir la propiedad del arma, como lo pretende el amparista.

En tales condiciones, se considera correcta la determinación del tribunal responsable, en el sentido de que para interpretar el concepto de que se trata, debe atenderse a la intención que tuvo el órgano legislativo al regular como delictivo el "disponer indebidamente" de las armas dotadas a los cuerpos policiales, la que acertadamente refirió fue evitar el uso de tales artefactos para fines distintos a la seguridad pública.

Ello tiene sustento en la exposición de motivos concerniente a la iniciativa de decreto (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho), por virtud del cual, entre otras cosas, se adicionó el precitado artículo 85 bis a la ley reglamentaria en cuestión que, en lo conducente, dice:

"Dentro de las prioridades de mi administración están, como lo he expresado desde el inicio de mi mandato, el respeto irrestricto al Estado de derecho y la promoción del bienestar de los mexicanos. La delincuencia es un fenómeno que vulnera de una forma muy importante las mencionadas prioridades. Además, agravia directamente a la población, ya que afecta directamente a sus personas, familias y bienes. ... Los altos índices de criminalidad que se han presentado en el país durante los últimos años, son consecuencia, entre otras razones, de la proliferación de las armas de fuego, así como de su posesión, portación, acopio y tráfico ilícitos. ... Con objeto de recobrar los niveles de seguridad pública que demandan y merecen los mexicanos, debe llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por la población, un esfuerzo más serio, riguroso, prolongado y decidido para combatir a la delincuencia. ... Las reformas tienen como objetivo directo inhibir las conductas sancionadas por la propia ley, pero lo que resulta de mayor trascendencia es que su objetivo indirecto es disminuir la incidencia de delitos que se cometen de forma violenta con la utilización de armas de fuego. ... En consecuencia, es fundamental sancionar con mayor gravedad estas conductas y así, además de castigar la comisión de esos delitos, se evitará la proliferación de armas. ... En las conductas que se sancionan en esta ley, puede darse el supuesto de que intervengan servidores públicos o particulares que por razón de su empleo se encuentran obligados a prevenir y combatir la realización de las mencionadas conductas y que, por lo tanto, se encuentran con más razón obligados a no incurrir en las mismas. En consecuencia, se sugiere agravar las sanciones cuando en los delitos de posesión, portación y acopio intervengan miembros de las fuerzas armadas, o de algún servicio privado de seguridad, como actualmente está previsto en relación con los servidores públicos pertenecientes a alguna corporación policíaca."

Del extracto de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recién transcrito, destacan, por un lado, que su objetivo principal fue "recobrar" los niveles de seguridad pública y del Estado, mientras que su objetivo indirecto era disminuir la incidencia de delitos que se cometían mediante la "utilización" de artefactos bélicos; de ahí la afirmación de que el bien jurídico tutelado con el dispositivo 85 bis, fracción III, lo fue la seguridad pública.

Y, por otro, se hizo hincapié en agravar las sanciones de los delitos relacionados con armas de fuego, cuando en éstos intervengan servidores públicos o particulares que por razón de su empleo estaban obligados a prevenir la realización de ese tipo de conductas delictivas.

Ambas razones conllevan a concluir que el legislador al incluir la palabra "disponer" en la descripción del ilícito en cuestión ("a quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a cuerpos de policías federales, estatales o municipales") quiso decir "utilizar" o "emplear", buscando evitar el uso o destino del armamento en cuestión, para fines diversos a la seguridad y defensa pública, que es para lo que se les dotó a los servidores públicos de que se trata, dado que su función principal es, como se dijo en la exposición de motivos precedente "prevenir y combatir la realización" de conductas ilícitas.

A mayor abundamiento, es de destacarse que el significado otorgado a la frase en cuestión ("disponer"), tiene concordancia objetiva con el resto de la ley reglamentaria de que se trata, pues basta la lectura del numeral 82 de la misma, para advertir que es éste el que regula la conducta relativa a la transmisión de la propiedad de artefactos bélicos, pues dispone:

"Artículo 82. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

"La transmisión de la propiedad de dos o más armas, sin permiso, o la reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al artículo 85 bis de esta ley."

Así las cosas, es inconcuso que por "disponer indebidamente" de un arma dotada a cuerpos policiales, como se establece en el numeral 85 bis, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, debe entenderse la utilización o el empleo de aquélla con fines distintos para los que se les entregó a dichos servidores públicos (como es la seguridad de la población) y no la transmisión de la propiedad de los artefactos en cuestión, como lo aduce el justiciable, máxime que, por un lado, esta última acción (transmitir la propiedad) implica necesariamente que quien la lleva a cabo cuente con justo título del arma de que se trate, es decir, que sea el dueño de la misma; y, por otro, como antes se dijo, tal conducta está prevista en el diverso 82 de ese propio ordenamiento legal.

Por otra parte, cabe destacar que en la descripción típica del delito en cuestión, con relación al activo, hace referencia en términos genéricos "a quienes dispongan indebidamente" de armas que se doten a cuerpos policiales federales, estatales o municipales. Sobre el particular, debe decirse que lógicamente podrán cometer dicho injusto las personas que tengan acceso al armamento y posibilidad de disponer de él, por lo que en este sentido es claro que a los agentes de seguridad pública les es factible cometer la conducta típica de que se trata, pues a ellos se entrega materialmente ese tipo de artefactos.

Luego entonces, debe decirse que el tribunal de apelación correctamente determinó que las pruebas recabadas en primera instancia fueron suficientes y eficaces para acreditar el cuerpo del delito de "disposición indebida de arma de fuego dotada a un cuerpo policíaco", previsto y sancionado en el artículo 85 bis, fracción III, de la ley especial en cita, así como la plena responsabilidad del peticionario del amparo en su comisión, cuya intervención la efectuó ciertamente en términos del numeral 13, fracción II, del Código Penal Federal, esto es, a título de autor material, en forma dolosa, sin que existiera causa de justificación de su proceder o de inculpabilidad, conclusión a la que arribó mediante la valoración acertada de las pruebas existentes en autos, conforme a los artículos 284, 285, 286, 287, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales y con base en ellas demostró que el tres de mayo de dos mil cinco, aproximadamente a las dos horas, en calle Del Parque, entre José Teresa y Revolución, colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, el quejoso, quien era policía auxiliar con placa ... adscrito al ... agrupamiento de dicha institución policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, conforme al artículo 6o. de la ley orgánica de dicha secretaría (elemento normativo consistente en que el arma sea dotada a cuerpos policiales federales, estatales o municipales), dispuso indebidamente (conducta típica) del revólver marca Taurus, calibre .38 especial, matrícula ... que le fue dotado para el desempeño de sus funciones (elemento normativo), pues con tal artefacto amagó al diverso elemento policial ... cuando éste intentó detenerlo, porque el justiciable negociaba la libertad de un sujeto al que momentos previos se le había capturado por robo de vehículo.

Así las cosas, debe decirse que al ser el injusto que nos ocupa de los doctrinariamente denominados de peligro abstracto, con tal forma de proceder, como acertadamente lo adujo la responsable ordenadora, se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado por la norma penal, que en el caso lo es la seguridad pública, en tanto que a las armas dotadas a elementos policiales se les dé el uso concerniente al trabajo que éstos desempeñan (la custodia de la población).

El tribunal de alzada acertadamente acreditó el cuerpo del delito en estudio y la plena responsabilidad del quejoso, con lo expuesto ministerialmente por ... (policía preventivo) el que, en lo sustancial, indicó: el día y lugar del evento ilícito, junto con ... entre otros de sus compañeros, realizó un "operativo" para la detención del peticionario del amparo, pues estaba relacionado con otro individuo que previamente fue capturado por el delito de robo; así pues, al llegar el justiciable al sitio de los acontecimientos, el declarante trató de interceptarlo, pero aquél forcejeó y "sacó de entre sus ropas" el revólver de referencia, con el que apuntó al pecho del deponente, por lo que lo apoyaron otros elementos policiales, quienes "desarmaron" al hoy impetrante de garantías, mismo que al revisarlo le encontraron, entre otras cosas, una credencial de la Policía Auxiliar a su nombre, de la que advirtieron pertenecía al ... agrupamiento de dicha institución.

Tal declaración, como acertadamente lo expuso la responsable ordenadora, se corroboró con los deposados ministeriales de ... -policías preventivos- y ... -policía judicial- (el de este último en cuanto a circunstancias de ejecución); puesto que los dos primeros refirieron: el día de los hechos, junto con otros compañeros, entre ellos ... llevaron a cabo un "operativo" a fin de detener al quejoso, dado que negociaba la liberación de otro sujeto detenido por el delito de robo; sin embargo, cuando ... intentó capturar al justiciable, éste "sacó" el supraindicado revólver, con el que le apuntó al pecho, pero otros elementos policiales lograron someterlo y quitarle el referido artefacto bélico; al revisar al impetrante de garantías le encontraron la multicitada credencial.

Y ... por su parte, manifestó: en la data de los acontecimientos le solicitó apoyo el agente de seguridad pública ... a fin de detener al justiciable, quien le había ofrecido dinero a cambio de la libertad de un individuo; con motivo de ello realizaron el operativo en cuestión, por virtud del cual se logró la captura del inconforme, mismo que viajaba en el mencionado vehículo tipo ...

A las anteriores pruebas se sumaron, acertadamente, los atestes de ... (... de Seguridad y Vialidad Pública en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad) ... (... del Gobierno del Distrito Federal) y ... (comandante del destacamento ... y coordinador del programa en ... de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad), emitidos ante el Ministerio Público, pues el primero de los mencionados refirió: el día de los acontecimientos, vía telefónica le informaron de la detención del amparista, de quien dijo se desempeñaba como elemento de la Policía Auxiliar adscrito, en la época de los hechos, a la citada delegación, para cuya función tenía asignado el revólver antes precisado.

... por su parte, mediante copia certificada del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, folio ... acreditó que el arma de fuego en cuestión ciertamente pertenecía a la Policía Auxiliar; documento que se agregó a los autos.

Y ... exhibió, por un lado, copia certificada del "oficio de comisión" de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por él mismo, en el que hizo constar que a partir de esa fecha el promovente de la acción constitucional ocupó el cargo de escolta adscrito al referido destacamento, perteneciente a la Policía Auxiliar, y para el desempeño de dicha función tenía a su cargo el revólver que nos ocupa; y, por otro, testimonio del resguardo de armamento del ... agrupamiento de la institución policial en cita, también signado por el deponente, del que se advierte que la supraindicada arma estaba bajo la responsabilidad del hoy quejoso.

Las manifestaciones de referencia fueron correctamente valoradas por el órgano judicial de apelación, al tenor del artículo 285, con relación al 289, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, pues se observa fueron emitidas por personas con capacidad para juzgar los hechos, aunado a que no se advierte que sus deposados hayan sido ficticios o que tuvieran alguna animadversión contra el quejoso, así como fueron claros y precisos sobre la sustancia y circunstancia de los hechos que cada uno expuso, los cuales conocieron por sí mismos y no por inducciones o referencias de terceros, pues ... -policías preventivos- y ... -policía judicial-, presenciaron la detención del ahora inconforme, quien resultó ser elemento de la Policía Auxiliar de esta ciudad, además de que los tres primeros presenciaron el momento en que aquél apuntó con el arma que nos ocupa al pecho de ... cuando éste intentó detenerlo; mientras que a ... les constó que el justiciable, en la época de los acontecimientos, era agente de seguridad pública y para el desempeño de sus funciones (y no otra), tenía bajo su cargo el artefacto bélico de que se trata, es decir, este último era un arma dotada a un cuerpo policial; lo anterior, máxime que los acontecimientos señalados por ellos son susceptibles de percibirse mediante los sentidos.

Apoya esta conclusión, en cuanto a los elementos captores, la jurisprudencia 257, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 188 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra indica:

"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron."

Medios de convicción que legalmente se adminicularon con:

a) Inspecciones ministeriales, en las que se dio fe de la existencia del revólver objeto del delito.

b) Diversa inspección ministerial, en la que se hizo constar que se tuvo a la vista la credencial ... expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, a favor del quejoso, que lo acreditaba como policía auxiliar de esta ciudad, adscrito al ... agrupamiento de dicha institución, con placa ... (foja 58, tomo I).

Probanzas a las que acertadamente se les concedió pleno valor en términos del artículo 284, en relación con el 290, ambos del ordenamiento adjetivo en cita, pues las desahogó autoridad competente, como lo es la representación social, en ejercicio de sus funciones, en las que precisó las características de dichos objetos, lo cual dio certeza de su existencia, además de que contribuyeron a esclarecer que, en efecto, el justiciable tenía calidad de elemento de seguridad pública y para el ejercicio de sus funciones contaba con el arma de que se trata.

c) Dictamen oficial de balística, en el que se concluyó: el funcionamiento del precitado revólver era adecuado, además de que por su calibre estaba previsto en el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Elemento probatorio al que correctamente se otorgó valor convictivo en términos del numeral 288 de la ley procedimental en cita, pues fue emitido por perito en la materia, quien realizó los experimentos pertinentes para arribar a sus conclusiones, como fue la prueba de disparo con el arma de fuego en cuestión, lo que coadyuvó a confirmar la existencia de esta última, así como sus características; máxime que no se vio desvirtuado por alguna otra prueba.

d) Oficio ... suscrito por ... del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional; en el que informó que el multicitado revólver estaba inscrito en ese registro desde el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, en la hoja complementaria número ... amparada en la forma de manifestación ... a nombre de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, misma que además contaba con la licencia oficial colectiva ... con vigencia hasta el veintisiete de abril de dos mil siete.

Prueba que, como se dijo en la sentencia controvertida, ayudó a corroborar aún más que el artefacto bélico en cuestión era de los dotados a cuerpos policiales y a la cual correctamente se le concedió valor de documental pública, en términos de los preceptos 280 y 281 del código procedimental invocado, en relación con el 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que la signó un servidor público en ejercicio de sus funciones, además de que no fue redargüido de falso.

e) La declaración ministerial del peticionario del amparo, en cuanto a que aceptó que el día de los hechos tenía la calidad de agente de la Policía Auxiliar, con placa ... adscrito al ... agrupamiento, destacamento ... y por ello tenía a su cargo el revólver en cuestión.

Manifestación que se advierte fue valorada conforme al artículo 287 de la multicitada ley adjetiva, esto es, como confesión, lo que se estima desacertado, porque si bien el justiciable aceptó que el arma que nos ocupa le fue entregada en su calidad de policía, lo cierto es que tal hecho no es la conducta ilícita que se le imputa, sino que ésta, como se ha visto, la constituye la disposición indebida de aquélla, lo cual nunca admitió. Sin embargo, tal forma de proceder de la responsable ordenadora no trasciende al resultado del fallo, pues aun cuando el dicho de que se trata no constituye una confesión sobre el particular (que el artefacto en cuestión fuera de los dotados a elementos policiales), lo cierto es que sí es un indicio de ello, que unido a las documentales antes mencionadas, demuestra suficientemente tal elemento normativo.

Luego, los elementos de convicción antes descritos, apreciados en su conjunto en términos del artículo 286 del código procesal de referencia, como acertadamente lo hizo la ordenadora, son suficientes para demostrar la verdad del evento delictivo en cuestión, integrando así la prueba circunstancial, la cual se basa en el valor probatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados.

Tienen aplicación al respecto las jurisprudencias 276 y 275, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, respectivamente, en las páginas 201 y 200 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión." y "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado."

Ahora bien, en relación con lo esgrimido por el amparista, en el sentido de que nunca apuntó contra ... ya que con éste sólo forcejeó y por ello en todo caso apuntó hacia otros lados, debe decirse, en primer lugar, que ello no lo refirió durante el proceso de que se trata, pues de éste se advierte que en la averiguación previa únicamente adujo que al momento de los hechos elementos policiales lo detuvieron y le quitaron su arma de fuego; y, en segundo lugar, las declaraciones de los agentes captores ponen de manifiesto de manera categórica que el quejoso apuntó al pecho de ... cuando éste quiso detenerlo; por lo tanto, en la sentencia combatida no existió analogía alguna al precisar la conducta imputada.

Por otra parte, toda vez que el concepto de violación establecido en el inciso b) es tendente a combatir la determinación de no conceder al justiciable algún sustitutivo de la pena o el beneficio de condena condicional, es menester que previo a su estudio se aborde el análisis de la individualización de sanciones, pues de esto depende la negativa en cuestión.

Pues bien, en torno a la individualización de sanciones, debe decirse que el tribunal de alzada atendió lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, y toda vez que determinó que el grado de culpabilidad del inconforme es mínimo, resulta innecesario aludir a las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares de aquél, salvo sus datos generales, advirtiéndose que al momento de los hechos contaba con ... años de edad, instrucción ... ocupación ...

Asimismo, es legal que como parámetro de punición considerara el establecido en el artículo 85 bis, párrafo primero, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa, considerando como medida para esta última el salario mínimo vigente en esta ciudad al momento del hecho típico (cuarenta y seis pesos con ochenta centavos), toda vez que el quejoso al rendir declaración ministerial no dijo cuánto percibía, mientras que en preparatoria adujo que ganaba aproximadamente tres mil quinientos pesos, es decir, existe imprecisión en cuanto a su retribución.

Luego, dado que determinó al justiciable un grado de culpabilidad "mínimo", fue correcto que por su plena responsabilidad en la comisión del delito de que se trata le impusiera cinco años de prisión y cien días multa, equivalente esta última a cuatro mil seiscientos ochenta pesos, a razón del precitado salario mínimo.

Por otro lado, es correcta la determinación de que la pena de prisión impuesta la compurgara en el lugar que designe el director general de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ahora bien, en relación con dicha sanción restrictiva de la libertad se advierte que el tribunal responsable precisó que a la misma debía abonarse la prisión preventiva a que estuvo sujeto el amparista con motivo de los hechos investigados, es decir "desde que fue detenido con motivo de los presentes hechos hasta que obtuvo su libertad provisional bajo caución, esto es, a partir del veinte de septiembre de dos mil seis, fecha en que fue puesto a disposición del Juez de la causa, con motivo del delito de disposición indebida de arma de fuego dotada a un cuerpo policíaco ... al veintitrés de octubre de dos mil seis, fecha en que obtuvo su libertad provisional bajo caución, más dos días que cumplió en la etapa de la averiguación previa, esto es (tres y cuatro de mayo de dos mil cinco), en términos del tercer párrafo de la fracción X del apartado A del artículo 20 constitucional, en armonía con el numeral 25 del Código Penal Federal".

Tal determinación no es del todo acertada, por lo siguiente:

Constituye un hecho notorio que en este órgano jurisdiccional se tramitó el diverso amparo directo ... promovido por el hoy inconforme, contra la sentencia de cuatro de mayo de dos mil seis, pronunciada en el toca ... de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se le estimó responsable de la comisión de los delitos de robo calificado y cohecho; juicio que se resolvió en sesión de trece de octubre de dicho año, en el sentido de conceder la protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que, entre otras cosas, no se tuviera por acreditada la responsabilidad del amparista en la comisión del primero de los ilícitos en mención (robo).

Luego, de los autos del amparo en cuestión puede observarse que los hechos que dieron lugar al injusto que sí se estimó acreditado, esto es, el de cohecho, son los siguientes:

El tres de mayo de dos mil cinco, aproximadamente a la una hora con cuarenta y cinco minutos, el quejoso (agente de la Policía Auxiliar) y otro sujeto ofrecieron de manera espontánea a ... elemento de la Policía Preventiva de esta ciudad, ocho mil pesos y tres relojes, a fin de que no presentara a ... ante el fiscal, por lo que aquéllos quedaron de verse en calle Del Parque, entre José Teresa y Revolución; por tal motivo, en este último sitio se llevó a cabo un "operativo", a fin de capturar al amparista, lo cual se logró, aunque éste opuso resistencia, ya que apuntó con su arma de cargo contra un elemento policial.

Asimismo, tales autos revelan que el diecinueve de octubre de dos mil siete, la mencionada Sala responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, condenó al inconforme sólo por el injusto de cohecho, imponiéndole un año de prisión y multa de setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos, además de que en torno a la restricción de la libertad refirió que considerando la prisión preventiva del amparista con motivo de los hechos en cuestión, cuyo cómputo iniciaba a partir del tres de mayo de dos mil cinco, era inconcuso que aquélla estaba compurgada y, por ende, ordenó su libertad respecto de tal ilícito. Cabe decir que dicha información incluso constó en la causa que ahora nos ocupa (foja 709, tomo II).

La cita del juicio de garantías ... como hecho notorio, tiene apoyo en la jurisprudencia 209, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 171, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."

De lo expuesto destacan dos datos relevantes, por un lado la circunstancia de que al justiciable se le sentenció en dos procesos distintos (uno por el precitado delito de cohecho -fuero común- y ot

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20887-44c46b95/disposicion-indebida-de-armas-dotadas-a-cuerpos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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