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Modo: Corpus Pro

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. EL VOCABLO "TERCERO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 151-13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE ESTABLECE EL OBJETO DEL IMPUESTO RELATIVO, INCLUYE TAMBIÉN AL PATRÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 36/2008. · Registro digital (IUS): 21294
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2536.

AMPARO DIRECTO 36/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación que expone la quejosa, **********, a través de su autorizado, carecen de sustento legal para afirmar que el acto reclamado vulnera sus garantías individuales.

Previo al análisis de los motivos de inconformidad propuestos por la quejosa, es oportuno reseñar los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo.

Mediante escrito presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California el trece de enero de dos mil seis, **********, por conducto de su apoderado legal, interpuso demanda de nulidad, reclamando lo siguiente:

"La negativa ficta que se ha configurado sobre la solicitud de devolución de impuestos presentada ante la Secretaría de Planeación y de Finanzas del Estado de Baja California que se acompaña en el capítulo de pruebas."

El veinte de enero de ese año, se tuvo por admitida la demanda de nulidad y se ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la misma mediante escritos recibidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el veintiuno de febrero de dos mil seis.

Por su parte, mediante ocurso recibido el veintitrés de marzo de dos mil seis, por el tribunal de referencia, **********, amplió su demanda de nulidad, en la que esencialmente argumentó que no causa el impuesto previsto en el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, indicando que no le reviste la calidad de "tercero" a que se refiere dicho numeral; asimismo, las autoridades demandadas, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y subsecretario de Finanzas, mediante escrito fechado el dos de mayo de esa anualidad, dieron contestación a la antealudida ampliación de demanda.

Seguido el juicio en sus distintas etapas, el veintiuno de agosto de dos mil siete, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dictó sentencia, en la cual determinó:

"PRIMERO. Se declara infundado el motivo de inconformidad hecho valer, en consecuencia;

"SEGUNDO. Se confirma la validez de la resolución negativa ficta recaída a la solicitud de devolución de pago de lo indebido por concepto de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal y de impuesto adicional para la educación media y superior por el periodo comprendido de octubre de dos mil a agosto de dos mil cinco.

"TERCERO. Notifíquese personalmente ..."

Inconforme con la resolución que antecede, la parte actora en el juicio de nulidad, hoy quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, quien desahogado el trámite correspondiente, el veinte de junio de dos mil ocho emitió su resolución definitiva, en la que determinó confirmar en todos sus términos el fallo de primera instancia.

Esencialmente manifiesta en sus conceptos de violación, lo siguiente:

a) Que el Pleno de la Sala responsable no hizo consideración alguna con respecto al planteamiento que expuso en el recurso de revisión, tendente a demostrar que el único elemento, de los que conforman el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado, que hace referencia a persona alguna, es el relativo a que dicho trabajo sea bajo la dirección o dependencia de un "tercero".

b) Que dicho tribunal se limitó a explicar que el vocablo "tercero" es polisémico, es decir, que tiene varios significados, pero no dice cuál de todos ellos es el utilizado en el texto de la ley.

c) Que lo anterior genera incertidumbre jurídica, dejándolo en estado de indefensión al desconocer bajo qué criterio o premisa se le está otorgando justicia.

d) Con base en el criterio de rubro: "CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO.", indica que sólo existe un posible significado coherente con el enunciado, por lo que es evidente que no hay incertidumbre en torno a lo que en el artículo en mención significa el vocablo "tercero", sosteniendo en todo momento que es el relativo a: "persona que no es ninguna de dos o más que intervienen en trato o negocio de cualquier clase."

e) Que en cada una de las instancias del proceso judicial ha hecho valer el contenido de la tesis: "INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES.", de donde se desprende que existen dos limitaciones para interpretar de forma auténtica un texto legal, siendo éstas:

1) Las posibilidades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; y,

2) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídico a aplicar.

f) Con base en lo anterior, no puede resultar válido, al aplicar una supuesta interpretación sistemática del artículo en comento, el desatender absoluta y frontalmente al límite de las posibilidades semánticas del vocablo tercero.

g) Alega que, al resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis 119/2001, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2002, se obtiene que en el caso de impuestos sobre erogaciones al trabajo personal, al momento de fijar el objeto del tributo se debe estar a lo precisado en el derecho laboral, ya que de él deriva el indicador que el legislador estableció como revelador de la capacidad contributiva; por ende, se debe tomar en consideración que la Ley Federal del Trabajo y diversa doctrina jurídica en esa materia, consideran al patrón y al tercero como entes distintos.

h) Cita los artículos de contenido similar al 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, de las legislaciones de Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, de donde se desprende -a su criterio- que patrón y tercero son entes distintos.

i) Precisa que la responsable, en un cuestionable proceder, se limita a indicar que de la supuesta interpretación histórica se desprende que el tributo en estudio grava a los patrones, basándose en las primigenias exenciones contempladas en la ley promulgada en 1978 y que exentaba del pago del impuesto a las instituciones y asociaciones de beneficencia pública y privada, deduciendo que si dichos sujetos estaban exentos, entonces resulta evidente que el impuesto grava a patrones, puesto que dichos organismos no tienen empleados bajo su dirección y dependencia, constituyendo lo anterior una aberración jurídica, pues el hecho de que con anterioridad se exentara a los referidos sujetos, no debe ser considerado como un hecho indiscutible que diera luz sobre los alcances del artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.

j) Que en uno de sus agravios hizo valer que no se señaló argumento alguno que llevara a considerar que, derivado de la interpretación sistemática del artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado, pudiera apartarse de las posibilidades semánticas del texto de dicho numeral, y al respecto, la responsable se limitó a exponer que como el ahora quejoso no demostró que el término "tercero" excluyera al patrón, se desechaban totalmente sus explicaciones.

k) Que la litis en el procedimiento contencioso administrativo se centró en determinar cuál debía ser el significado del vocablo "tercero" que contiene el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado, y que la Sala del conocimiento, al resolver, tomó en consideración conceptos extraños al juicio, al establecer su propio planteamiento; situación que fue combatida en el recurso de revisión y el pleno de la autoridad responsable estimó que el juzgador cuenta con libertad para elegir el derecho que crea aplicable, según su ciencia y conciencia, lo que justifica que dicte sentencia con base en consideraciones no hechas valer por las partes; lo que, a su criterio, es incorrecto pues las partes no contendieron en el procedimiento para esclarecer cuál es el derecho que resulta aplicable, sino que confrontaron interpretaciones sobre el mismo ordenamiento, por lo que la libertad que el Juez tiene para resolver en base al derecho aplicable, no tiene injerencia en el proceso del que deriva el acto reclamado, por lo que existe incongruencia externa en el fallo que combate.

l) Por último, indica que la resolución reclamada violenta el principio de exhaustividad de las sentencias, al no resolver la totalidad de los planteamientos que hizo valer al interponer el recurso de revisión, pues en ella nunca se atendió al agravio que hizo valer respecto a que de ninguno de los elementos contenidos en el texto de la ley, se hace referencia alguna al trabajador o a persona diversa, ya que en el primero se atiende a los pagos, en el segundo al territorio donde se realizan éstos y, en el último, al trabajo personal, siendo omisa la responsable en aportar alguna explicación del correcto significado de la palabra "tercero" señalando únicamente que dicho vocablo es polisémico.

Precisado lo anterior, debe decirse que de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, para examinar los conceptos de violación esgrimidos, por razón de técnica jurídica, no se estudiarán en el orden en que fueron propuestos; asimismo, que dada la íntima relación que guardan entre sí, al cuestionar la interpretación del vocablo "tercero", inserto en el texto de los artículos 151-13 y 151-15 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, se procederá a efectuar su análisis de manera conjunta.

Como se anunció, los conceptos de violación que han sido reseñados, son en parte infundados y en otra, inoperantes.

En efecto, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al resolver el recurso de revisión que hizo valer la ahora quejosa, dentro del juicio de nulidad 07/2006 del índice de la Primera Sala, estableció con precisión, posterior a indicar en qué forma había quedado planteada la litis, refiriéndose a la interpretación que cada una de las partes contendientes intentó dar al vocablo "tercero", contenido en el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, que de una interpretación sistemática razonable era de concluir que el presupuesto generador del impuesto alude a los pagos que efectúa el patrón a sus trabajadores, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, y que dicha palabra, inserta en la calificación del trabajo personal cuyo pago se encuentra gravado, debe entenderse como persona distinta al trabajador, para dejar establecido que se trata de un trabajo personal subordinado, no así de una persona distinta a quien realiza los pagos.

Este órgano colegiado considera que la anterior conclusión no vulnera las garantías individuales de la peticionaria de amparo, pues con tal motivación, la responsable dejó en claro que dentro del texto del artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, indudablemente se hace referencia a dos partes, es decir, al sujeto que presta un trabajo personal subordinado y quien paga por dicha prestación de servicio, esto es, un trabajador y alguien más, diverso a éste, que es identificado como tercero; solución a la que arribó al utilizar el sistema sistemático de interpretación de las leyes, pues del sólo análisis literal del vocablo, se generaría incertidumbre, contrario a lo alegado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, ya que no puede estarse solamente a la definición semántica de la expresión "tercero" a que alude el numeral en controversia, sin atender el contenido de otras disposiciones que, en su conjunto, conforman el sistema normativo estudiado.

En otras palabras, para discernir con precisión y objetividad el espíritu del legislador, cuando emplea cierta locución en una norma jurídica, es esencial ponderarla dentro del contexto de los otros preceptos que configuran el entorno del tema examinado, merced a que el alcance de dicha norma genera un espectro que se dilucida con el significado que otras producen al estudiarlas con un orden sistemático, bien sea con artículos de superior, semejante o inferior jerarquía.

He ahí el motivo por el cual la autoridad administrativa no está obligada a emplear sólo un método de interpretación, pero sí a explicar cuál usará en aras de motivar su resolución y con el propósito de que el gobernado pueda refutarlo cuando su resultado es adverso a sus intereses.

Al respecto, encuentra aplicación el criterio aislado que este órgano colegiado comparte, identificado con el número IV.1o.A.44 A, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1795, de rubro y texto:

"LEYES FISCALES. SU INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN ESTRICTA QUE LAS RIGE. La circunstancia de que sean de aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter tributario, no impide al intérprete acudir a los diversos métodos que permitan conocer la verdadera intención de quien las creó, cuando de su análisis literal -en virtud de las palabras utilizadas- se genere incertidumbre sobre su significado; de ahí que si se hace una interpretación sistemática de diversas disposiciones, no se contraviene el principio de aplicación estricta que rige las leyes fiscales, tal como lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Así como la tesis de jurisprudencia 3a./J. 18/91, que integró la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24, que dice:

"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentaria, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional."

Además de lo anterior, el solo hecho de aplicar la interpretación semántica de dicha palabra, como la que propone el amparista: "persona que no es ninguna de dos o más que intervienen en trato o negocio de cualquier clase", atentaría contra la naturaleza jurídica de un empleo, ya que la Ley Federal del Trabajo estable que el trabajo no puede ser un artículo de comercio, en tanto que cualquier contrato en el que se pacte que una empresa suministrará personal a un patrón real, con el compromiso de relevarlo de cualquier obligación de carácter laboral generada por la relación entre obreros y patrón, contraviene el principio de derecho laboral consagrado en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, que establece:

"Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

"No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

"Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores."

Por lo que aun en el supuesto que plantea el quejoso, en el sentido de que él no es el "tercero" a que se refiere el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado, quedaría comprendido dentro de la unidad económica a que alude el texto del numeral 16 de la Ley Federal del Trabajo, y como consecuencia también tendría la obligación de tributar por el pago que realice a quien le presta un servicio personal dentro del territorio del Estado.

El referido artículo, señala:

"Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa."

Bajo ese tenor, resultan aplicables, por analogía, los criterios que se identifican con los números I.9o.T.190 L y I.3o.T.145 L, que emitieron los Tribunales Colegiados Noveno y Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXI, abril de 2005 y XXIV, septiembre de 2006, páginas 1376 y 1416, respectivamente, del tenor literal siguiente:

"CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SI A TRAVÉS DE ÉL UN TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN PATRÓN REAL CON EL COMPROMISO DE RELEVARLO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELATIVO A QUE EL ‘TRABAJO NO ES ARTÍCULO DE COMERCIO.’. El contrato civil de prestación de servicios profesionales que establece la obligación de un tercero para suministrar personal al patrón real, con el compromiso de relevarlo de cualquier obligación de carácter laboral generada por la relación entre el trabajador y dicho patrón, estableciendo como contraprestación por los servicios prestados por aquél el pago de honorarios cuantificados en diversas tarifas, contraviene el principio de derecho laboral consagrado en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, relativo a que el ‘trabajo no es artículo de comercio’, ya que en él se pretenden introducir nuevas categorías en la relación obrero-patronal, tales como los ‘trabajadores suministrados’, cuyos derechos se encuentran limitados y son diferentes a los demás trabajadores de las empresas para las que prestan sus servicios, y los "patrones subrogados, quienes son los patrones reales, y por virtud del contrato civil son relevados de cualquier responsabilidad laboral por un tercero que aparenta ser intermediario, lo cual pone de relieve la intención de realizar contrataciones de carácter laboral sin sujetarse a las condiciones mínimas que establece la legislación laboral."

"CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SI A TRAVÉS DE ÉL UN TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN PATRÓN REAL CON EL COMPROMISO DE RELEVARLO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, AMBAS EMPRESAS CONSTITUYEN LA UNIDAD ECONÓMICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme al artículo 3o. de la ley en mención, el trabajo no es artículo de comercio. Por otra parte, el numeral 16 de la citada legislación establece que la empresa, para efectos de las normas de trabajo, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En este contexto, cuando una empresa interviene como proveedora de la fuerza de trabajo y otra aporta el capital, lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objeto social de la unidad económica a que se refiere el ordinal 16 en mención, de ahí que para efectos de esta materia constituyen una empresa y, por ende, son responsables de la relación laboral para con el trabajador."

Además, el artículo 151-15 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California es claro al establecer que son sujetos del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, las personas físicas y morales que se encuentran domiciliadas en el Estado, o tengan en éste agencias, sucursales o representación y realicen los pagos por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un tercero. Así como las personas que no se encuentren domiciliadas en el Estado, ni tengan en éste agencias, sucursales o representación y realicen pagos por remuneraciones al trabajo a personas que presten sus servicios de carácter personal en el Estado.

Luego, de una intelección de los artículos 151-13 y 151-15 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, se colige que en el primero de ellos, el legislador únicamente precisó el objeto del impuesto, es decir, la realidad económica que se pretende someter a tributación, esto es, los pagos efectuados por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, prestado dentro del territorio del Estado y no los sujetos obligados, pues eso se precisa en el segundo de los numerales, al señalarse que ese carácter les resulta a las personas (físicas o morales) que realicen las indicadas erogaciones. De ahí, que si la quejosa se ubica en el supuesto normado en el segundo de los ordinales, es inconcuso que le resulta el carácter de sujeto obligado y debe cubrir el multicitado impuesto.

Por otra parte, y como respuesta al concepto de violación que se reseñó en el inciso i), este tribunal considera que de ninguna forma resulta cuestionable que la responsable acuda a la interpretación histórica de la norma legal para desentrañar el verdadero contenido de la misma, pues partiendo de dicha base, este órgano colegiado advierte que el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado, fue incluido por primera ocasión en ese ordenamiento, a través del decreto número veintidós de treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado al día siguiente, a raíz de la propuesta emitida por el entonces gobernador del Estado, quien en las consideraciones que sustentaron su iniciativa expuso, en lo conducente:

"... Que el logro de la justicia fiscal, que ha sido nuestra preocupación constante conlleva en su obtención la mejor distribución de la carga fiscal, responsabilidad del fisco estatal, y la crítica situación que gravita sobre el presupuesto estatal para el mantenimiento de la educación superior en cumplimiento de los programas de construcción de sus edificios trazados por este régimen, se establece;

"Un tributo a quienes perciban ingresos provenientes del ejercicio de una actividad profesional o análoga a ésta, ya sea en su libre ejercicio o bajo la dirección de un patrón, y

"Un aumento simbólico porcentual en el gravamen existente destinado a la educación ..."

De dicha iniciativa surgió el texto primigenio del referido artículo, que en forma literal estableció:

"Artículo 151-13. Son objeto del impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos:

I. Los ingresos que se perciban con motivo del libre ejercicio de una profesión, actividad artística, deportiva o cultural; como agente de instituciones de crédito, de seguros o fianzas o mediante el ejercicio de la función notarial, o la explotación de una patente aduanal dentro del territorio del Estado.

II. Los ingresos obtenidos por quienes ostenten título de escuela superior, técnica o universitaria, derivados de su trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un tercero dentro del territorio del Estado."

De donde se obtiene que, si bien, en un principio el objeto del gravamen eran los ingresos de un trabajador, en aquel entonces también se sostuvo, como hecho generador del impuesto, que los mismos se obtuvieran a través del trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un tercero, vocablo en el que se incluyó la figura del patrón, tal como se desprende del análisis sistemático de la exposición de motivos transcrita y el texto que con motivo de ella se incluyó en dicho ordenamiento.

Ahora bien, la evolución legislativa del numeral en cita, derivó en que para la actualidad, el objeto del tributo sea ya no el ingreso obtenido por el empleado, sino la realización de pagos por concepto de remuneraciones, es decir, las erogaciones que se realizan con motivo del servicio personal prestado, de lo que se sigue que no varió el presupuesto de causación del impuesto, por lo que la figura del tercero debe ser entendida como persona distinta al trabajador, que lo remunera por el servicio que éste le presta.

Así, se arriba a la razonable conclusión, como bien lo hizo la responsable, de que en el texto del multicitado artículo está inserta la relación jurídica laboral, en donde el tercero es quien tiene bajo su dirección al trabajador, y que laboralmente el patrón es quien tiene esa dirección, mediante el pago de un salario, por lo que de esa forma dicho tercero, válidamente se refiere al patrón.

En forma textual, la responsable sostuvo:

"... Se advierte que la conclusión no se sustenta en la premisa que la palabra tercero sea equivalente a patrón, sino que, utilizada en el enunciado del artículo 151-13, puede deducirse conforme a una interpretación sistemática que el patrón puede estar comprendido dentro del vocablo tercero ..."

Determinación que se estima acertada y de ninguna forma violatoria de las garantías de legalidad o seguridad jurídica del peticionario de amparo, ya que se reitera, el hecho generador del impuesto lo constituye el pago de un servicio prestado en el territorio del Estado, mientras que el término "tercero" es utilizado en forma genérica para referirse a quien retribuye al trabajador por el servicio prestado, pudiendo ser un patrón, contratista, intermediario o cualquier sujeto que realice pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal.

Con base en lo anterior, se puede concluir válidamente que las manifestaciones que expone en sus conceptos de violación y que se reseñaron en la presente ejecutoria, carecen de razón legal para estimar que el acto reclamado vulnera las garantías individuales de la peticionaria, en tanto que como se ha plasmado, la responsable precisó que el artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, hace referencia a la relación jurídica laboral, en donde evidentemente participan un sujeto que presta un servicio y uno diverso que se beneficia con él y que remunera ese trabajo, por lo que sí hizo consideraciones tendentes a responder el agravio de la aquí impetrante, en el sentido de que el único elemento que alude a alguna persona dentro del texto del numeral en cita, es el relativo a que dicho trabajo sea bajo la dirección o dependencia de un tercero, por lo que los conceptos identificados con los incisos a) y l), resultan infundados; en forma textual, la responsable afirmó:

"... Es errónea la apreciación del recurrente. Literalmente en el artículo 151-13 no se utiliza la palabra trabajador, pero en la expresión que señala que dicho trabajo sea: "... prestado bajo la dirección o dependencia de un tercero ...", por tratarse de una circunstancia de modo referida al trabajo personal, gramaticalmente está implícito que alguien va a desempeñar el trabajo bajo una dirección ..."

De esa manera se justifica que la Sala responsable no vulnera el principio de exhaustividad de las sentencias, pues sí se pronunció sobre las personas a que alude el contenido del artículo 151-13 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, refiriéndose en concreto a un prestador de servicios y a quien retribuye el mismo.

En lo referente a los diversos, señalados en los parágrafos b) y c), de igual forma resultan infundados, pues la responsable no se limitó a exponer que el vocablo tercero tiene la característica de la polisemia, entendida ésta como el tipo de fenómeno semántico que consiste en que una misma forma fonética puede poseer diversas significaciones que presentan cierta proximidad, es decir, que dicha palabra puede tener diversas acepciones, ya que por el contrario, estableció de forma precisa que la expresión "tercero" puede interpretarse de diversas formas y la más adecuada, según lo que estableció en la sentencia que constituye el acto reclamado, es la relativa a otro, concluyendo por ende que:

"... Con este significado, acorde a la gramática, sí puede interpretarse la palabra tercero como persona distinta al trabajador y desde esta perspectiva el patrón sí puede ser sujeto del impuesto, cuando los trabajadores presten el trabajo personal dentro del territorio del Estado, porque realizan el pago por concepto de remuneración al trabajo personal y el trabajo se realiza bajo su dirección y dependencia ..."

Explicando además que esa interpretación no deriva del significado gramatical del vocablo "tercero" sino del contexto en el cual se emplea.

En lo atinente a los conceptos de violación reseñados en los incisos d), e), f) y j), como se indicó en párrafos que anteceden, la interpretación sistemática de una norma jurídica no vulnera los principios de interpretación y aplicación estricta y de legalidad que rigen en la materia fiscal, por lo que para desentrañar el verdadero contenido de una norma en dicha materia, válidamente se puede acudir a ese método interpretativo, como lo hizo la responsable, lo que no trae como consecuencia vulneración a las garantías individuales de la peticionaria.

En lo relativo a la reseña hecha en el inciso g), en donde dice que se debe tomar en consideración el contenido de la Ley Federal del Trabajo y diversa doctrina jurídica en la materia, para advertir que se considera al patrón y al tercero como entes distintos, debe precisarse que ese aspecto ha sido examinado en líneas que antece

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21294-af4f900d/remuneraciones-al-trabajo-personal-el-vocablo-tercero-contenido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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