RECUENTO. EL EFECTUADO MEDIANTE VOTO SECRETO DE LOS TRABAJADORES NO INFRINGE EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NI EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
AMPARO DIRECTO 46/2008. SINDICATO DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y MAESTROS DE ESCUELAS Y OFICINAS PARTICULARES, AGENCIAS DE VIAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Previo al examen de los conceptos de violación propuestos, conviene establecer que, en la especie, no es factible suplir la deficiencia de los mismos, al tenor del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque el punto toral a dilucidar en el juicio laboral es la disputa de la titularidad de un contrato colectivo de trabajo entre dos agrupaciones sindicales de trabajadores, lo que implica que las partes no están en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada con la señalada suplencia.
Apoya esta determinación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 123/2002-SS, consultable en la página doscientos ochenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época, cuyos rubro y contenido son:
"SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación."
Establecido lo anterior se analiza el único concepto de violación propuesto, cuyo estudio permite definir lo siguiente:
Sostiene la asociación quejosa que la autoridad responsable no cumplió con lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que, por un lado, no expresó los motivos y fundamentos en que apoyó su determinación, ya que determinó que la diligencia de recuento se desahogó sin objeción a los votos emitidos en términos de ley, lo cual estimó erróneo porque en acuerdo de seis de agosto de dos mil siete, al admitir dicha probanza, la Junta señaló fecha y hora para su realización mediante voto secreto, circunstancia que la dejó en estado de indefensión en razón de que en el desahogo del recuento no existía la posibilidad de objetar los votos en términos de ley y, por el otro, porque no fundó ni motivó el acuerdo de admisión de la prueba, lo que trascendió en la emisión del laudo.
Lo que así se alega es infundado.
Para mejor comprensión del asunto conviene relatar, aunque de forma breve, los antecedentes del asunto, para lo cual se toman en consideración las constancias que conforman el sumario laboral 250/2007 y su acumulado, de las que se desprenden los siguientes datos:
El Sindicato de Trabajadores y Maestros de Escuelas y Oficinas Particulares, Agencias de Viajes, Limpieza y Mantenimiento de Inmuebles del Distrito Federal, a través de su secretario general, demandó, en lo que aquí importa, del Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana, la titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo que tenía celebrado con la empresa The American School Foundation, Asociación Civil, por estimar que representaba el mayor interés profesional de los trabajadores, y de dicha empresa, básicamente, la declaración como único titular y administrador del contrato colectivo de trabajo.
En la narrativa de los hechos dijo que el Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana tenía celebrado un pacto colectivo con la empresa mencionada, que la totalidad de los trabajadores habían pasado a ser miembros de la organización sindical actora, que había cumplido con los requisitos establecidos en los estatutos para la admisión de nuevos socios, causando alta; y que a consecuencia de lo anterior el organismo gremial demandado había dejado de representar el interés profesional de los trabajadores al servicio de la demandada.
Al contestar el reclamo, la asociación sindical demandada negó acción y derecho al actor para exigir lo pretendido, en virtud de que era cierto de que era titular del contrato colectivo de trabajo; que tenía afiliados a la totalidad de los trabajadores de la empresa y que, por ende, representaba el interés profesional de los trabajadores de la misma.
Ofreció como pruebas: 1. La instrumental de actuaciones; 2. La presuncional en su doble aspecto; y, 3. El recuento de los trabajadores.
En audiencia de seis de agosto de dos mil siete, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta del conocimiento admitió la prueba de recuento en los siguientes términos: "... En relación a las pruebas ofrecidas por las partes, las mismas se admiten en sus términos, con la aclaración que la prueba de recuento ofrecida por el sindicato actor del expediente 250/2007 y sindicato codemandado, ésta se desahogará en el local de esta Junta por economía procesal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, 685, 776, 880, 899 y 931 de la Ley Federal del Trabajo. Y toda vez que se encuentra nivelado el procedimiento del juicio en que se actúa con el expediente 110/2007, este último en el cual se acumuló el juicio al rubro indicado, en esa virtud y a efecto de continuar con la secuela procedimental, con fundamento en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, se señala para que tenga lugar el desahogo de la prueba de recuento ofrecida por el sindicato actor de los expedientes 110/2007 y 250/2007 y sindicato codemandado, para el día diez de agosto del año en curso a las nueve horas, mediante voto secreto. Se comisiona al actuario para que en el local que ocupa la Secretaría Auxiliar de Conciliadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, sito en Dr. Río de la Loza No. 68, 2o. piso, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc de esta ciudad, proceda a desahogar dicha probanza en los términos admitidos por esta Junta, debiendo de requerir a la empresa demandada ‘The American School Foundation, A.C.’, para que exhiba nóminas, listas de raya, recibos de pago, cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales ante el IMSS, o cualquier otro documento idóneo con el que se acredite la relación laboral de los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios para dicha empresa y que comprenda un lapso de dos semanas anteriores a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el primero de marzo del presente año, sin perjuicio de que en el supuesto de que le sean exhibidos a dicho funcionario los documentos solicitados, lleve a cabo el desahogo de dicha probanza con los elementos de que disponga, siempre y cuando que, con los documentos que aporten los comparecientes, se tenga debidamente identificados a los trabajadores que comparezcan en dicha diligencia y por acreditada su relación laboral con la empresa demandada. El actuario deberá identificar a los trabajadores que intervengan en la diligencia de recuento, de preferencia con las credenciales expedidas a su favor por la empresa, por el IMSS, o con cualquier otra identificación oficial. A la referida diligencia deberán de comparecer dos representantes de cada una de las partes que intervienen en el presente conflicto, con personalidad acreditada en autos y a quienes previa identificación se les dará intervención en la diligencia de recuento, apercibiéndoseles que para el caso de no comparecer, aun así, se llevará a cabo el desahogo de dicha probanza, lo anterior con el fin de asegurar la imparcialidad del recuento. El actuario deberá levantar acta circunstanciada y pormenorizada de la diligencia de recuento, indicando, en su caso, aquellos trabajadores que hayan ingresado o que hubieren sido despedidos con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza y únicamente se tomarán en consideración los votos de los trabajadores sindicalizados que concurran al recuento. Con fundamento en el artículo 717 de la Ley Federal del Trabajo se habilitan los días y horas necesarios a fin de que el actuario no suspenda el desahogo de la prueba de recuento que ha sido ordenada. En la inteligencia de que quedan apercibidas las partes que de no comparecer al desahogo de la prueba de recuento que ofrecieron en la fecha y en la hora indicada se les declarará la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, lo anterior con fundamento en los artículos 899 y 780 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, para el caso de que la empresa demandada no exhiba la documentación requerida por el actuario en la fecha y hora citadas y descrita en la presente acta, así como de no presentar a los trabajadores en la fecha supraindicada, se le impondrá una multa de siete veces el salario general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, por desacato al mandato de esta autoridad. Notifíquese por boletín laboral al sindicato actor del expediente 110/2007. De este acuerdo quedan notificados los comparecientes, firmando al margen para constancia y al calce el presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Lic. Jesús Campos Linas, en unión de los integrantes de la Junta Especial Número Diez. Doy fe." (fojas doscientos treinta y seis y doscientos treinta y seis vuelta del expediente laboral 250/2007 y su acumulado).
La mencionada probanza se desahogó en diligencia de diez de agosto de dos mil siete, la cual se transcribe en su parte conducente:
"En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del día diez de agosto del año dos mil siete, constituido legalmente en la Secretaría Auxiliar de Conciliadores de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, sito en Doctor Río de la Loza número 68, segundo piso, de la colonia Doctores de esta ciudad, con el objeto de cumplimentar el acuerdo que antecede de fecha seis de agosto del año en curso, en el que se me ordena desahogar este día y hora el recuento de los trabajadores que prestan sus servicios a la empresa The American School Foundation, A.C., y habiendo sido voceadas las partes por tres veces consecutivas y en voz alta, comparecen: Por el sindicato actor en el expediente 110/2007, su apoderado legal, el Lic. Miguel Ángel Cuadra Andrade, quien se identifica con credencial para votar expedida por el IFE, con No. de folio 090268459, identificación que le es devuelta a su interesado. Por el sindicato actor en el expediente 250/2007, comparece su apoderado legal Emilio Ramírez Rodríguez, quien se identifica con credencial para votar con número de folio 30060741, identificación que le es devuelta a su interesado. Y por el sindicato codemandado comparece su apoderado legal Edgar Bañuelos Castro, quien se identifica con cédula profesional expedida a su favor por la SEP, Dirección General de Profesiones, con No. de cédula 2427873, y por la empresa demandada no (sic) comparece su apoderado legal, Lic. Lorenzo de Jesús Roel Hernández, quien se identifica con cédula profesional expedida a su favor por la SEP, Dirección General de Profesiones, con No. de cédula 1065477, identificaciones de los anteriores comparecientes que les son devueltas, procediendo el suscrito a enterar a dichas personas del objeto y motivo de la presente diligencia. Por medio de lectura íntegra y en voz alta del acuerdo anteriormente citado. En uso de la palabra la empresa demandada dice: Que en este acto, en cumplimiento al acuerdo de seis de los corrientes, en este acto exhibe nóminas correspondientes al periodo del primero al veintiocho de febrero del dos mil siete, así como comprobante del pago de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos IMSS-Infonavit, de fechas diecinueve de febrero del dos mil siete y dieciséis de marzo del dos mil siete. En uso de la palabra el apoderado del sindicato actor del expediente 110/2007, dijo: Que en este acto y por órdenes de su mandante se desiste del escrito inicial de demanda de fecha primero de marzo del dos mil siete, solicitando a esta Junta se archive el expediente principal como asunto total y definitivamente concluido, por así convenir a los intereses de mi representado, asimismo, solicita la devolución de toma de nota y estatutos, así como del sobre cerrado que se anexó a la presente demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido el suscrito pasa a desahogar el recuento ordenado por esta Junta con lo elementos que aporta la empresa demandada, por lo que hace al expediente 250/2007. En este acto se instala la urna y se pone a la vista de los sindicatos actores y sindicato (sic) demandado y empresa demandada, las boletas en las cuales van a emitir su voto los trabajadores, verificando que las mismas no están marcadas. Toda vez que no hay más trabajadores presentes que recontar, se procede a abrir la urna en presencia de los comparecientes, de la cual se hace el escrutinio y de la cual se da fe y se hace constar que para el sindicato actor, en el expediente 250/2007, se emitieron cero votos, a favor del sindicato demandado emitieron su voto veintiséis trabajadores y habiendo una abstención, dando un total de veintisiete trabajadores que emitieron su voto y para constancia de la misma se agregan a los autos las boletas en las cuales manifestaron su voluntad, asimismo, se agregan copias simples de las documentales que exhibió la empresa, mismas que concuerdan fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con sus originales que se tienen a la vista y que en este acto le devuelvo a la demandada; asimismo, les devuelvo a los trabajadores sus credenciales con las cuales se identificaron, dando por terminada la presente acta, firmando al margen y para constancia los que en ella intervinieron y al calce el suscrito, que da cuenta al presidente titular de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F. Doy fe.
"El actuario
"(Firmado)
"Lic. Fernando Olvera Nájera."
(Foja doscientos treinta y ocho del expediente laboral 250/2007 y su acumulado).
De lo expuesto se colige la ineficacia de los argumentos de la asociación profesional quejosa.
En efecto, conforme al único concepto de violación planteado, la amparista se duele de la falta de fundamentación y motivación en el acuerdo de seis de agosto de dos mil siete, ya que se admitió el recuento mediante voto secreto, lo que transcendió a la emisión del laudo, dado que, por esa circunstancia, al desahogarse la prueba no tuvo la posibilidad de objetar los votos en términos de ley, lo que motivó un laudo absolutorio.
Es inexacto lo estimado por la quejosa, en primer lugar, porque según se desprende de la transcripción del acuerdo de seis de agosto de dos mil siete, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en unión de los representantes de la Junta Especial Número Diez de esa Local, fundó la admisión de la prueba de recuento en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, la cual dijo se desahogaría en el local de la Junta (Secretaría Auxiliar de Conciliadores), bajo las siguientes medidas:
a) Mediante voto secreto;
b) Comisionó al actuario de su adscripción para desahogar la prueba;
c) Que requiriera a la empresa demandada The American School Foundation, A.C., para que exhibiera las nóminas, listas de raya, recibos de pago, cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o cualquier otro documento idóneo con el que se acreditara la relación laboral de los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios para dicha empresa y que comprendiera un lapso de dos semanas anteriores a la fecha de presentación de la demanda;
d) Que el actuario identificara a los trabajadores que intervinieran en la diligencia de recuento con cualquier identificación oficial; y,
e) Que el actuario levantara el acta circunstanciada y pormenorizada de la diligencia de recuento, indicando, en su caso, aquellos trabajadores que hubieran ingresado o sido despedidos con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. Señaló que no se computarían los votos de los trabajadores de confianza y únicamente se tomarían en consideración los votos de los trabajadores sindicalizados que concurrieran al recuento.
Providencias que este tribunal considera ajustadas a derecho, toda vez que colmó los requisitos establecidos en el referido numeral 931, mismo que se reproduce a continuación:
"Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:
"I. La Junta señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;
"II. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento;
"III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento;
"IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga; y
"V. Las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas."
Ahora bien, si lo que se pretende es evidenciar que en el mencionado numeral no se establece que el voto de los trabajadores tenga que ser secreto, como lo determinó la autoridad de instancia, debe decirse que esta circunstancia no irroga perjuicio a la quejosa, por lo siguiente:
Del contenido del citado artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo se colige que la prueba de recuento puede desahogarse de dos maneras, una mediante el voto secreto, y la otra mediante el sufragio abierto y directo, e incluso de manera oral, pues dicho precepto no lo prohíbe.
En la práctica es común que este medio de convicción se lleve a cabo de manera secreta, ya sea que la autoridad de instancia así lo ordene, o bien, que el encargado de desahogarla lo haga de esa manera aun cuando no se le haya ordenado, pero en los dos casos es legal ese proceder.
Para arribar a esta conclusión es menester apoyarse en los principios democráticos que rigen el derecho electoral, que están íntimamente vinculados, en este aspecto, con la materia laboral.
En ese sentido, el concepto de voto debe entenderse como la expresión de la voluntad de los ciudadanos para designar a sus representantes, o para aprobar o no alguna propuesta sometida a su consideración.
El voto puede manifestarse por medio de la palabra, papeletas o con actitudes corporales como levantar el brazo o señalar con los dedos índice o pulgar su aprobación.
Los principios democráticos que tutelan esta institución son básicamente los que a continuación se indican:
Es universal, porque por regla general todos pueden votar, sin distinción de estrato social, religión, idiosincrasia o raza.
Es libre, porque el elector expresa su voluntad sin coacción alguna.
Es directo y personal, porque la voluntad es expresada solamente por el votante, sin intermediarios.
Es intransferible, porque no puede emitirse mediante otra persona que no sea el interesado.
Es secreto, porque de esa forma se protege la confidencialidad de la voluntad de la persona que expresa su preferencia, evitando influencias externas que puedan hacer variar su decisión.
En este sentido, trasladando estos principios a la materia laboral, se obtiene que si la Junta de Conciliación y Arbitraje ordena llevar a cabo el recuento mediante el voto secreto de los trabajadores, o bien, el funcionario encomendado para desahogar la prueba (secretario o actuario) lo hace de esa manera, sin que esté contemplado expresamente en el referido artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, no se infringe el principio de legalidad, al contrario, se fortalece, porque otorga seguridad a los trabajadores que emiten su voluntad, cumpliéndose de esa manera con los principios de un sistema democrático como el nuestro, que establece el voto universal, libre, directo y secreto.
En efecto, se afirma lo anterior porque en este tipo de procedimientos, en los que están de por medio los intereses de los trabajadores, lo importante es que se respete la decisión de quienes son titulares de ese derecho, que en la especie son los empleados de base de la empresa, por lo que, se itera, el hecho de que se establezca o se lleve a cabo la prueba de recuento mediante el voto secreto, salvaguarda y da seguridad a las personas que expresan su preferencia por una u otra asociación sindical.
Consecuentemente, es dable concluir que si la responsable consideró que el recuento tenía que desahogarse mediante voto secreto, con esta actitud garantiza ese tipo de actos de decisiones grupales y dio certidumbre al desahogo de la prueba en cuestión, evitando de esa manera alguna presión al momento de que los trabajadores emitieran su voluntad, como sería el que se vieran amedrentados por el patrón o algún líder de los sindicatos contendientes, etcétera.
Por otra parte, el hecho de que la votación se llevara a cabo de manera secreta no significa que su resultado tuviera que ser también secreto, pues, incluso, el funcionario encomendado para desahogar el recuento, al concluir la votación, hizo público su resultado y, por ende, la ahora quejosa no estaba impedida para rebatir o impugnar el procedimiento de votación, pues es precisamente durante esa diligencia cuando se tienen los elementos para apoyar la objeción, ya sea porque al pasar lista algún trabajador no tenía derecho a votar, por haber ingresado a la empresa en fecha posterior al emplazamiento; que no se identifique como la persona que dice ser o como empleado de la patronal; que se advierta la coacción de uno de los dirigentes de las asociaciones profesionales contendientes, o cualquier otra incidencia que se presente y que afecte la libre decisión de los trabajadores o el desarrollo del propio recuento, porque es en ese acto cuando la irregularidad se produce y al objetarse quedará asentada en el acta respectiva.
Ilustra esta consideración la tesis aislada 2a. LXVIII/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época, cuyos rubro y contenido son:
"RECUENTO DE TRABAJADORES. LAS OBJECIONES POR IRREGULARIDADES DURANTE SU DESAHOGO DEBEN FORMULARSE EN EL ACTO MISMO DE LA DILIGENCIA.-El hecho de que el artículo 931, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, obligue a las partes contendientes en un conflicto derivado de la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, a formular las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, en el acto mismo de la diligencia y no con posterioridad a su celebración, obedece a que es precisamente durante esa diligencia cuando se tienen los elementos para apoyar la objeción, ya se trate de algún trabajador que no tenga derecho a votar, de alguna acción intimidatoria de la voluntad de los trabajadores, o de cualquier otra incidencia que se presente y que afecte la libre decisión de éstos, o el desarrollo del propio recuento, porque es en ese acto cuando la irregularidad se produce y al objetarse quedará asentada en el acta que al efecto levante el funcionario comisionado por la Junta, por lo que dicho procedimiento les permite objetar aquello que perjudique sus intereses en el acto mismo en que se produce y, además, las pruebas que puedan ofrecerse deben referirse a los hechos, causas o motivos de la objeción, que ya se conocen desde el momento de su formulación y son susceptibles de acreditarse en la audiencia respectiva."
En conclusión, debe decirse que del contenido del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo se colige que la prueba de recuento se puede desahogar de dos maneras, una mediante el voto secreto o a través del sufragio abierto y directo. En efecto, al atender a los principios democráticos que rigen el derecho electoral, se tiene que el concepto de voto debe entenderse como la expresión de voluntad de los ciudadanos para designar a sus representantes, o para aprobar o no una propuesta sometida a su consideración; por tanto, el voto debe ser universal, libre, directo, personal, intransferible y secreto, porque de esa forma se salvaguarda la confidencialidad de la voluntad de la persona que expresa su preferencia, evitando influencias externas que puedan variar su decisión. En este sentido, al trasladar estos principios a la materia laboral se arriba a la conclusión de que si una Junta de Conciliación y Arbitraje ordena el recuento mediante voto secreto de los trabajadores, o bien, el funcionario encomendado para desahogar la prueba (secretario o actuario) lo hace de esa manera, sin que esa medida esté contemplada expresamente en el citado artículo 931, no irroga perjuicio a las partes ni se infringe el principio de legalidad; al contrario, se fortalece, en razón de que se otorga seguridad a los trabajadores que emiten su voluntad, pues en este tipo de procedimientos lo importante es que se respete a quienes son titulares de ese derecho, sin presiones de ninguna naturaleza, lo que se logra mediante el voto secreto.
Por tanto, si al desahogarse la prueba el sindicato quejoso no hizo objeciones respecto de los que concurrieron a emitir su voto, ni se dolió de irregularidades durante el proceso, y al no estar impedido para impugnar el recuento, se arriba a la conclusión de que estuvo conforme con su resultado.
Bajo esa tesitura, al resultar ineficaz el único concepto de violación vertido, lo procedente es negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Sindicato de Trabajadores, Empleados y Maestros de Escuelas y Oficinas Particulares, Agencias de Viajes, Limpieza y Mantenimiento de Inmuebles del Distrito Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistente en el laudo pronunciado el veinticinco de octubre de dos mil siete, en el juicio laboral 110/2007 y su acumulado 250/2007, este último seguido por el quejoso contra el Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana y de The American School Foundation, Asociación Civil.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, con las adiciones y reformas propuestas en sesión, por mayoría de votos lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, María del Rosario Mota Cienfuegos y Héctor Landa Razo. Fue relator el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20901-ef09fa55/recuento-el-efectuado-mediante-voto-secreto-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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