CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSIDERANDO DÉCIMO DEL DECRETO 213 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL 20 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE CUENTA PÚBLICA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSIDERANDO QUINTO Y LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL RESOLUTIVO ÚNICO DEL DECRETO 213 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL 20 DE DICIEMBRE DE 2006, SON CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN EN TANTO QUE SE SUSTENTAN EN UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, AUNQUE NO ES UN ÓRGANO ORIGINARIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLA AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLA INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO CON MOTIVO DE LOS PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS EMITIDOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SE PLANTEAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE EN DOS MIL CUATRO, DOS MIL CINCO Y PARTE DE DOS MIL SEIS, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2007. MUNICIPIO DE JONUTA, ESTADO DE TABASCO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de enero de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecinueve de febrero de dos mil siete, Rosa Gelis Martínez Pérez, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Estado de Tabasco, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poderes u órganos demandados y sus domicilios.
"1) El Congreso del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Independencia sin número, colonia Centro, código postal 86000, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco.
"2) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Carlos Pellicer Cámara, número 113, código postal 86160, colonia Del Bosque, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco.
"Al respecto, debemos manifestar que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en términos del artículo 40, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dependerá del Congreso del Estado de Tabasco y es un órgano técnico auxiliar de naturaleza desconcentrada, que tendrá autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, por lo que resulta válido afirmar que cuenta con legitimación pasiva para comparecer en el presente medio de control constitucional, pues para ello, esto es, para tener la calidad de autoridad demandada, no se requiere ser un órgano originario del Estado, sino que debe necesariamente atenderse al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al respecto de su tutela jurídica.
"Así lo ha sostenido este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número P. LXXIII/98 publicada en la página setecientos noventa, Tomo VIII, diciembre de 1998, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son el siguiente:
"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.’ (No se transcribe, ya que sólo se anotó el rubro).
"3) El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Vázquez Norte, entre las calles Independencia y Vicente Guerrero, sin número, colonia Centro, código postal 86000, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco".
SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la presente controversia constitucional y la remitió al Ministro Mariano Azuela Güitrón, a quien correspondió actuar como instructor del procedimiento.
Por auto de veintidós de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como al Órgano Superior de Fiscalización y al secretario de Gobierno, ambos de la propia entidad federativa, a los que ordenó emplazar y finalmente dio vista al procurador general de la República, el que manifestó lo que a su derecho correspondió al desahogar la vista.
TERCERO. Por auto de dieciséis de abril de dos mil siete, se tuvo al secretario de Gobierno y al gobernador del Estado de Tabasco contestando la demanda; y por diversos autos de diecisiete y veinticuatro de abril de ese año, se agregaron las contestaciones del Órgano Superior de Fiscalización y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, respectivamente.
Finalmente, agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo el veintiocho de mayo de dos mil siete la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Jonuta, Estado de Tabasco y el propio Estado, a través de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así también, dada la naturaleza del presente asunto, la sentencia que al efecto se dicte únicamente vinculará a las partes, es decir, no tendrá efectos generales; por tanto, se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, máxime que éste resolvió el tema de inconstitucionalidad al fallar la diversa controversia constitucional 24/2006, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil seis.
Sirve de apoyo al anterior argumento, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. V/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, página 1541, que expresa:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). El séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Pleno de la Corte para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que le compete conocer, para una mayor prontitud en su despacho y una mejor impartición de justicia. En esta tesitura, los considerandos del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, revelan como uno de sus objetivos esenciales que el Pleno destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia para el orden jurídico nacional, y en ese orden de ideas, la fracción I de su punto tercero le reserva el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos interpuestos en ellas, cuando sea necesaria su intervención, siendo esto último un concepto jurídico indeterminado cuya valoración y aplicación queda al prudente arbitrio de las Salas, quienes ejercerán su facultad de tal forma que se adapte a las exigencias sociales. Por otra parte, en atención a que los Municipios son quienes promueven más controversias constitucionales, a fin de propiciar una resolución más pronta de los asuntos en los que sean parte y cumplir con lo dispuesto en los artículos 17 y 94 de la Constitución Federal, el indicado acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las Salas tienen competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo, siempre que se den las siguientes condiciones: a) Que no subsista un problema relativo a la inconstitucionalidad de alguna norma general, ya que la declaración de invalidez relativa requiere de un quórum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) de la fracción I del referido artículo 105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio."
SEGUNDO. A fin de determinar si la parte actora tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional, se tiene en consideración que los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, establecen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
"b) La Federación y un Municipio;
"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
"d) Un Estado y otro;
"e) Un Estado y el Distrito Federal;
"f) El Distrito Federal y un Municipio;
"g) Dos Municipios de diversos Estados;
"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
"k) Dos órganos de Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia; ..."
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; ..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario ..."
De las anteriores disposiciones se advierte que tendrá el carácter de actor en las controversias constitucionales la entidad, poder u órgano referidos en el primer numeral citado, que promueva la citada controversia, debiendo comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultadas para representar a los órganos correspondientes.
En el caso concreto, el actor es un órgano originario previsto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco; además, éste compareció por conducto de Rosa Gelis Martínez Pérez, quien se ostentó como síndica de hacienda, carácter que justificó con la copia certificada del acta de instalación del Cabildo municipal de Jonuta y de la constancia de mayoría y validez de la elección de presidente municipal y regidores, expedida por el Consejo Electoral Municipal de Jonuta, Tabasco; documentales públicas con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 1o.
Ahora bien, el artículo 36, fracción II, y segundo párrafo, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, estatuye:
"Artículo 36. El síndico del Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"...
"II. La representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éstos fueren parte y en la gestión de las negociaciones de la hacienda municipal;
"...
"En los Ayuntamientos en que existan dos síndicos, el primero tendrá las facultades señaladas en las fracciones II, VI primera parte, VII, IX, y XI de este artículo; y el segundo las conferidas en las fracciones III, V, VI parte in fine, VIII, y X del mismo. ..."
De lo anterior se advierte que el síndico tiene la facultad de representar jurídicamente al Ayuntamiento en las controversias o litigios donde éste fuere parte y en el supuesto de que existan dos síndicos, el primero de ellos tendrá dicha representación; por tanto, si en el caso la demanda es suscrita por Rosa Gelis Martínez Pérez, único síndico del actor, resulta inconcuso que tiene la facultad para representar a éste, por lo que está acreditada su legitimación en la controversia.
TERCERO. Los demandados, Congreso del Estado, Poder Ejecutivo, secretario de Gobierno y Órgano Superior de Fiscalización, todos del Estado de Tabasco, tienen legitimación pasiva en el asunto.
El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia. ..."
Del anterior artículo se advierte que en las controversias constitucionales tienen el carácter de demandado la entidad, poder u órgano, referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, que haya emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto objeto de la controversia.
En el caso, el actor reclama lo siguiente:
a) El artículo 73, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, publicada el siete de abril de dos mil cuatro en el Periódico Oficial de ese Estado y su reforma publicada el veinticinco de noviembre de dos mil seis.
b) El Decreto 213 publicado el veinte de diciembre de dos mil seis, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante el cual el Congreso de la entidad determinó reprobar la cuenta pública del Municipio de Jonuta.
c) El informe sobre hallazgos y observaciones relativos a la autoevaluación presupuestal y financiera y evaluación del gasto público, correspondiente a cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal de dos mil cinco.
d) El informe que contiene pliego de cargos derivado del apartado de hallazgos y observaciones de las evaluaciones trimestrales practicadas a los informes de autoevaluación del ejercicio fiscal del año dos mil cinco.
e) El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Jonuta, relativo al ejercicio fiscal de dos mil cinco.
Ahora bien, los dos primeros actos fueron emitidos por el Congreso del Estado de Tabasco y sancionados por el Ejecutivo de esa entidad, autoridades originarias a las que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto resulta inconcuso que tienen legitimación pasiva en este asunto.
Asimismo, la intervención del secretario de Gobierno del Estado de Tabasco en los dos primeros actos consistió en refrendar la promulgación y publicación, además de que dispuso materialmente ésta, actos que encuentran sustento en los artículos 3o., 5o., primer párrafo, 8o., 12, fracción VIII, 21, 26, fracción I, y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que expresan:
"Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos que competan al titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias y entidades que señale la presente ley y demás disposiciones jurídicas."
"Artículo 5o. El gobernador nombrará y removerá a los titulares de la dependencias a que se refiere la presente ley. El procurador general de Justicia deberá ser nombrado en los términos de su ley orgánica. ..."
"Artículo 8o. Los acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el gobernador dicte para que sean obligatorios, deberán estar refrendados por el titular de la dependencia al que el asunto corresponda y serán publicados en el Periódico Oficial."
"Artículo 12. Corresponde a los titulares de las dependencias de la administración pública las siguientes atribuciones de carácter común:
"...
"VIII. Acordar con el gobernador el despacho de los asuntos encomendados a la dependencia. ..."
"Artículo 21. Al frente de cada secretaría habrá un titular a quien se denomina secretario, designado por el gobernador en los términos de la legislación respectiva ..."
"Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la administración pública, el titular del Poder Ejecutivo, contará con las siguientes dependencias:
"I. Secretaría de Gobierno; ..."
"Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"...
"IX. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando y difundiendo en el mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y normativas que deban regir en el Estado. Asimismo compilar y registrar toda la legislación y normatividad vigente en la entidad, en coordinación con las dependencia y entidades de la administración pública; ..."
Por otra parte, el artículo 9o., fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco establece:
"Artículo 9o. El secretario tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"XVIII. Refrendar, para su validez y observancia, las leyes y decretos que el gobernador del Estado promulgue; ..."
De los preceptos legales acabados de reproducir, se desprende que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará, entre otras, de las dependencias y entidades de la administración pública, de la cual forman parte las secretarías del despacho y, por ende, la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, nombrado por el propio jefe del Poder Ejecutivo Estatal tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
• Acordar directamente con el gobernador los asuntos de su competencia.
• Refrendar las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el gobernador del Estado expida o promulgue, para que sean obligatorios.
• Administrar y publicar el Periódico Oficial del Estado.
En esa virtud, la intervención de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tabasco, en los decretos cuya invalidez se demanda, deriva de sus atribuciones legales, en virtud de que le corresponde refrendar el decreto del titular del Poder Ejecutivo Estatal, relativo a su promulgación, y en esa virtud, su refrendo es un acto autónomo de control del ejercicio del Ejecutivo del Estado; además la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado es responsabilidad de éste, y entonces, también tiene legitimación procesal pasiva para responder por su intervención en el decreto que se impugna, pues realizó actos propios derivados de un imperativo categórico y en este sentido cuenta con la legitimación pasiva necesaria para comparecer a juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, de la ley de la materia.
Sirve de apoyo al anterior criterio, por analogía, en razón de que se trata de casos similares, la jurisprudencia número P./J. 104/2004, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 1817, Tomo XX, correspondiente al mes de octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUÉLLA, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR."
No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el citado funcionario no sea un órgano de gobierno originario, sino derivado, en virtud de que no tiene delimitada su esfera competencial en la Constitución Federal, sino en una ley, en el caso la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; sobre el particular, debe decirse que si bien es cierto que los órganos derivados no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, también lo es que tratándose de la legitimación pasiva, no se requiere, necesariamente, que sean órganos originarios del Estado, lo cual implica que las autoridades derivadas sí pueden fungir como parte demandada en una controversia constitucional, lo que debe determinarse en cada caso en particular, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento de control constitucional.
Sobre el particular es aplicable la tesis de jurisprudencia número P. LXXIII/98, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 790, Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: la Federación, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por último, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica."
También el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco tiene legitimación pasiva en el presente asunto, pues el actor le reclama los informes de evaluación trimestral y del ejercicio fiscal, todos de dos mil cinco.
En efecto, los artículos 29, 40, fracción IV, 72 y 76, fracción XVI, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, señalan:
"Artículo 29. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en el informe de resultados, dará cuenta al Congreso del Estado, de los pliegos de observaciones que en su caso, se hubieren fincado, de los plazos concedidos para efectuar las solventaciones o cumplir las recomendaciones correspondientes, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades económicas y de la determinación legal para que en los términos legales haya lugar a la imposición de las sanciones respectivas, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias o querellas de hechos presuntamente ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta ley."
"Artículo 40. Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, aparecieran irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública del Estado, de los Municipios, o el patrimonio de los entes públicos locales fiscalizables, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, procederá a:
"...
"IV. Presentar previa autorización del Congreso, las denuncias y querellas penales a que haya lugar; y ..."
"Artículo 72. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, será el órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado, de naturaleza desconcentrada, con autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; encargado de revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y municipal, conforme a las facultades conferidas en la Constitución del Estado, esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables."
"Artículo 76. El fiscal superior del Estado, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
"...
"XVI. Presentar, previa autorización del Congreso, denuncias y querellas en los términos señalados por el Código de Procedimientos Penales para el Estado, en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares cuando derivado de sus funciones de fiscalización, tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales, así como denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado en el título séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; ..."
De los numerales transcritos se advierte que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco es un órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado facultado para revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y municipal y que goza de autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y, entre otras cuestiones, se encuentra facultado para investigar los hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los entes públicos locales fiscalizables y, en dado caso, para presentar, previa autorización del Congreso, las denuncias y querellas penales a que haya lugar.
Como se advierte, el órgano de fiscalización demandado goza de autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que aun cuando no es un órgano originario previsto en el artículo 105, fracción I, constitucional, cuenta con legitimación pasiva en este juicio.
En términos similares se pronunció este Tribunal Pleno, el cuatro de diciembre de dos mil seis, al resolver la controversia constitucional 24/2006 promovida por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco, en donde reconoció legitimación pasiva al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.
Finalmente, las citadas autoridades comparecieron a esta instancia constitucional a través de los siguientes funcionarios:
a) La Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco por medio de Humberto Domingo Mayans Canabal, quien se ostentó como secretario de aquélla, carácter que justificó con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el gobernador constitucional de dicha entidad el uno de enero de dos mil siete.
b) El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco a través de Miguel Alberto Romero Pérez, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, personalidad que justificó con el nombramiento de su cargo, en términos del artículo 39, fracciones I y X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que lo autoriza a representar al gobernador en las controversias que sea parte, como se robustece con el artículo en cuestión:
"Artículo 39. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"I. Dar apoyo técnico jurídico al gobernador del Estado en aquellos asuntos que este le encomiende;
"...
"X. Representar al gobernador del Estado en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
c) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco por medio de Francisco José Rullán Silva, quien se ostentó como titular del citado organismo, lo cual justificó con la copia certificada de su nombramiento expedido a su favor por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil tres (pág. 1 cuaderno de pruebas Órgano Superior de Fiscalización).
d) El Congreso del Estado de Tabasco a través de José del Carmen Escayola Camacho, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Quincuagésima Novena Legislatura del aludido Congreso, lo que acredita con la copia certificada del acta de sesión plenaria ordinaria de uno de enero de dos mil siete.
Los documentos especificados tienen el carácter de públicos, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 1o., por lo que son idóneos para demostrar el carácter con el que comparecieron los promoventes.
CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado, gobernador constitucional, secretario de Gobierno y Órgano Superior de Fiscalización, consistentes, respectivamente, en:
a) La emisión de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, refrendo, promulgación y publicación de siete de abril de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial de ese Estado y su reforma publicada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20916-cd26c34d/controversia-constitucional-el-considerando-decimo-del-decreto-213 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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