REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA AL TRABAJADOR. NO OPERA SI ÉSTE DEMANDA LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR DESPIDO Y EL PATRÓN LO NIEGA ADUCIENDO ABANDONO O INASISTENCIAS POSTERIORES DEL EMPLEADO.
AMPARO DIRECTO 605/2007. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Algunos de los conceptos de violación son infundados; sin embargo, otros son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.
El quejoso aduce que la condena impuesta por la autoridad responsable es incompleta e incongruente, porque al fijar los conceptos que deben pagarse no estableció que la cantidad correspondiente debería ser menos los impuestos aplicables, no obstante que al contestar la demanda así lo solicitó; aunado a que es obligación del patrón realizar la retención de los impuestos que genere la condena, pues de otro modo se consentiría una evasión.
Como apoyo a este criterio, el demandante de amparo cita la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA."
Es desacertado el argumento anterior, porque si bien debido al vínculo laboral y a las prestaciones económicas relacionadas con él se origina el pago de contribuciones, como es el impuesto sobre la renta u otros, lo cierto es que su retención es una obligación del patrón, una vez fijado el importe total, para entregarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual podrá efectuarse al cumplir con la condena impuesta, esto es, en otra etapa del proceso, sin que deba ser materia de pronunciamiento en el laudo por parte de la autoridad responsable, dado que ese aspecto atiende a disposiciones fiscales.
Además, la función de la autoridad laboral se circunscribe a decidir sobre la procedencia o no de las prestaciones reclamadas, a la luz de las disposiciones sustantivas y adjetivas de carácter laboral, pero en modo alguno está obligada a realizar en el laudo una declaración sobre responsabilidades fiscales de las partes, pues aquéllas provienen de lo establecido en las normas aplicables en esa materia.
Esta conclusión, no implica desconocer el contenido de la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cita el quejoso, pues de su texto y de la ejecutoria que le dio origen (la cual aparece publicada en la página 166 del Tomo X, correspondiente a octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época), relativa a la contradicción de tesis suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, se aprecia que el motivo de la contradicción consistió en que el primero de ellos sostenía que, los términos de los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el patrón está obligado a retener el tributo respectivo por los ingresos obtenidos por las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de la separación, salvo pacto en contrario, independientemente de que la separación haya sido justificada o injustificada; y, por su parte, el segundo de los tribunales contendientes consideraba que cuando se trata de una condena a cargo del patrón decretada por un órgano jurisdiccional originada por despido injustificado, no son aplicables los artículos 77, fracción X, 79 y 80 del citado ordenamiento, dado que la suma que el empleado recibe no proviene de una remuneración por la prestación de un servicio personal subordinado, sino de una pena por concepto de indemnización, salarios caídos y otras prestaciones derivadas de las acciones intentadas, ya sea por despido o rescisión del contrato, conforme a los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ya que las hipótesis a que se refieren esos numerales se dan cuando una persona física está sujeta a una relación laboral en el momento de la separación, es decir, cuando decide retirarse de su empleo por renuncia voluntaria, jubilación, enfermedad, etcétera, no así cuando existe una condena; por tanto, concluyó que la patronal no tenía por qué retener los impuestos respectivos.
De ahí que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera el punto de contradicción estableciendo que sí es procedente que el patrón realice la retención del impuesto, independientemente de la justificación o no del despido.
Lo anterior pone de manifiesto que la tesis jurisprudencial de referencia en ningún momento se orienta a determinar que la Junta esté obligada a establecer en el laudo la obligación de retención derivada de la ley fiscal, como pretende la quejosa, ni tampoco se establece así en el criterio aislado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito que también invocó, y por ello resulta infundado el concepto de violación en estudio.
En otro concepto de violación se hace valer que la autoridad responsable omitió considerar las documentales ofrecidas por el demandado bajo los apartados 4 y 5, que no fueron objetadas por la actora, y con las cuales se acreditó que ésta se encontraba inscrita ante las instituciones de seguridad social y, por tanto, tiene la facultad de acudir ante ellas para solicitar los informes y documentos que sirvan de comprobante de aportaciones; de modo que la condena resulta incongruente y alejada de la verdad sabida.
Es infundado este argumento, en principio, porque los documentos del apartado 4, relativo al ofrecimiento de pruebas del demandado (hoja 91), consistió en "... dos recibos más de pago ellos (sic) a favor de la C. Blanca Estela Aldana Alejandre ...", con el que pretendió demostrar "... que el instituto hoy demandado cubrió el pago del aguinaldo del ejercicio fiscal 2004 ...", de tal forma que esos documentos no se refieren a la inscripción a las instituciones de seguridad social.
Por cuanto hace al documento número 5, es cierto que consistió en el formato oficial del aviso de alta del trabajador ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (hoja 87).
Sin embargo, la sola existencia de esa constancia no hace inconstitucional la condena a la entrega de constancias de aportaciones de Afore y Fovissste que decretó la Junta, pues dicha prueba indica que la trabajadora fue inscrita ante el ISSSTE, pero es insuficiente para justificar que así permaneció durante toda la relación de trabajo anterior al conflicto laboral.
Además, la finalidad de la condena a esta prestación no es la mera exhibición de las constancias de aportaciones para efecto de su conocimiento por parte del trabajador, porque evidentemente podría tener acceso a ellas si es asegurado, como lo alega el quejoso, sino que su objetivo principal es que el patrón acredite haber cumplido con las obligaciones que tiene en esa materia, por lo que válidamente puede constreñírsele a cumplir con esa prestación, no obstante que haya justificado que la trabajadora en su momento fue inscrita ante el ISSSTE, aunado a que sí cumplió con realizar las aportaciones oportunamente, ningún perjuicio le irrogará la condena a exhibir los comprobantes.
El demandante de amparo alega también que la autoridad responsable omitió dar pleno valor probatorio al recibo de pago correspondiente al periodo del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil cinco, con el cual se acreditó que la trabajadora no pudo ser despedida el treinta de marzo de ese año, precisamente porque recibió su salario hasta el treinta y uno, por lo que si a la actora se le revirtió la carga de la prueba sobre el despido y no lo justificó, más ayuda este comprobante a los intereses del instituto demandado.
El concepto de violación es por una parte inoperante, porque en el laudo reclamado no se consideró que la carga de la prueba se hubiera revertido a la actora para demostrar los hechos del despido, sino precisamente porque el ofrecimiento de trabajo fue de mala fe el patrón debía demostrar que la actora dejó de presentarse el uno de abril de dos mil cinco, como lo manifestó al contestar la demanda.
Por otra parte, es infundado que el recibo de pago que ampara las percepciones de la trabajadora hasta el día treinta y uno de marzo de dos mil cinco tenga valor probatorio pleno para acreditar que hasta ese día trabajó.
Esto es así, porque aun cuando a través de una presunción humana puede colegirse que si un trabajador percibió los salarios hasta un día determinado, es porque efectivamente laboró éste, lo cierto es que, en este caso, al formular la réplica (hoja 36), la actora argumentó que el patrón acostumbraba pagarle un día anterior "al vencimiento de la quincena", como era posible advertir -afirmó- de las pólizas bancarias que firmaba.
En ese contexto, la aseveración de la demandante tiene como efecto que el patrón, a pesar de haber exhibido el recibo, conserve con la carga de la prueba sobre la fecha cierta en que realizaba el pago a sus trabajadores de sus salarios, ya que así lo dispone en forma genérica el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto es:
"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
"...
"XII. Monto y pago del salario."
Este criterio se sustenta no solamente en la obligación legal de acreditar el pago del salario por parte del patrón (incluida la fecha en que se realizó), sino que también deriva del hecho de que el recibo a que se refiere el quejoso no ostenta la fecha en que se realizó ese pago, aunado a que no existen elementos para estimar que sea inverosímil que en los organismos descentralizados, como es el Instituto Nacional de Salud Pública, el pago de los salarios se efectúe con anticipación a la fecha en que concluye el periodo relativo.
Por tanto, si bien el recibo de salarios constituye un indicio de la prestación de servicios hasta el último día del periodo de pago que abarca, para adquirir valor pleno debe estar adminiculado con algún otro elemento de prueba que permita constatar que precisamente hasta esa fecha el trabajador asistió a laborar, lo que en este caso no sucede ante la falta de elementos probatorios relacionados con ese aspecto de la litis, pues sólo se ofreció la confesional a cargo de la actora (que no benefició al instituto, como se consideró en el laudo); la inspección ocular (ofrecida por el periodo del treinta de marzo de dos mil cuatro al treinta de marzo de dos mil cinco), que únicamente versa sobre los documentos que ya obraban en el expediente, conforme al acta visible en la hoja 131; los veintiséis recibos de pago (hojas 59 a 84), relativos a periodos distintos al que se refiere el día en que se adujo el despido; los recibos de pago de aguinaldo de dos mil cuatro (hojas 85 y 86); y el aviso de alta ante el ISSSTE (hoja 87), que en nada se relacionan con la asistencia de la trabajadora hasta el treinta y uno de marzo de dos mil cinco. De ahí que el concepto de violación sea infundado.
Otro de los conceptos de violación consiste en que la Junta responsable calificó incorrectamente el ofrecimiento de trabajo, a pesar de haber sido aceptado por la actora, por lo que el laudo carece de fundamentación y motivación; máxime si no se tomó en cuenta la voluntad de las partes sobre la reinstalación, conforme a la diligencia en que se llevó a cabo, aunado a que si el patrón ofrece el trabajo con una jornada diferente a la que sostiene la actora en el juicio natural, pero es en beneficio de ella y se encuentra dentro de los términos legales, el ofrecimiento es de buena fe.
Es inoperante dicho argumento, pues con independencia de la manera en que haya sido calificado el ofrecimiento de trabajo, lo cierto es que el patrón conserva la carga probatoria para demostrar que la relación laboral subsistió entre el día en que el actor adujo ser despedido, y aquél otro posterior en que el demandado aseveró que fue el último de las labores, ya que así se establece en la jurisprudencia 2a./J. 58/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 195 del Tomo XVIII, correspondiente a julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice:
"CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR DESPIDO, Y AQUÉL LA NIEGA, ADUCIENDO ABANDONO O INASISTENCIAS POSTERIORES POR PARTE DEL ACTOR. La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 18 II/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 279, sostuvo que en los conflictos laborales originados por el despido del trabajador, de conformidad con la regla general que se infiere de lo establecido en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, así como el abandono o las causas de rescisión; carga probatoria que pesa con mayor razón sobre él, cuando el trabajador demanda la reinstalación al afirmar que fue despedido en cierto día, y aquél se excepciona negando el despido y alegando que con posterioridad a la fecha precisada por el actor éste dejó de asistir a su trabajo, en virtud de que tal argumento produce la presunción en su favor de que es cierta su afirmación relativa a que fue despedido en la fecha que indica, ya que al tener la intención de seguir laborando en su puesto, no es probable que haya faltado por su libre voluntad, sino porque el patrón se lo impidió, de manera que si éste se limita a demostrar las inasistencias del trabajador, ello confirmará que el despido tuvo lugar en la fecha señalada. Ahora bien, esta Segunda Sala, además de reiterar el anterior criterio, considera que el mismo debe ampliarse para el caso de que se demande la indemnización constitucional, pues si el patrón tiene la obligación procesal de probar que con posterioridad a la fecha indicada como la del despido, la relación laboral subsistía y que pese a ello el actor incurrió en faltas injustificadas o se produjo el abandono, con ello se suscita controversia sobre la existencia del despido alegado, lo que hace aplicable la mencionada regla general, sin que sea relevante el hecho de que como acción principal se haya demandado la reinstalación o la indemnización constitucional, puesto que ambas parten de un mismo supuesto, es decir, de la existencia del despido injustificado, respecto del cual el trabajador tiene la facultad de optar por cualquiera de las dos acciones."
En relación con este tema en particular, no pasa inadvertida para este órgano colegiado la jurisprudencia establecida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada originalmente en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Quinta Parte, que también puede localizarse con el número 168 en las páginas 136 y 137 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, jurisprudencia, Volumen 1, Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. El ofrecimiento del trabajo no constituye una excepción, pues no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que es una manifestación que hace el patrón para que la relación de trabajo continúe; por tanto, si el trabajador insiste en el hecho del despido injustificado, le corresponde demostrar su afirmación, pues el ofrecimiento del trabajo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido."
Sin embargo, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se reformó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigente a partir del día quince siguiente, los Tribunales Colegiados de Circuito se encuentran expresamente facultados para interrumpir o modificar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con anterioridad a dicha reforma, cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito; además de que deben reunirse los siguientes requisitos de procedencia: a) que se expresen, en la ejecutoria que se emita, los datos de identificación de la tesis jurisprudencial de que se trate y se transcriba su texto; b) que se establezcan las causas o motivos para apartarse del criterio establecido; y, c) que se exponga, fundada y motivadamente, el nuevo criterio que se sustente.
En concordancia con esa facultad legal, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio jurisprudencial establecido por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, descrita con antelación, por los motivos y con las precisiones siguientes:
a) La jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.", se sustentó con anterioridad a las reformas a Ley de Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigente a partir del día quince siguiente.
En la misma se estableció el criterio genérico de que ante el ofrecimiento del trabajo que hace el patrón para que la relación de trabajo continúe, si el trabajador insiste en el hecho del despido injustificado le corresponde a éste demostrar su afirmación, pues el ofrecimiento de trabajo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido.
b) Según se ha visto, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia citada con anterioridad, de rubro: "CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR DESPIDO, Y AQUÉL LA NIEGA, ADUCIENDO ABANDONO O INASISTENCIAS POSTERIORES POR PARTE DEL ACTOR.", al reiterar y ampliar el criterio sostenido en la diversa jurisprudencia 4a./J. 18 II/90, por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró, en lo que interesa, que en los conflictos laborales originados por el despido del trabajador, conforme a la regla general que se infiere de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, así como el abandono o las causas de rescisión, y que si el patrón tiene la obligación procesal de probar que con posterioridad a la fecha indicada como la del despido la relación laboral subsistía, y que pese a ello el actor incurrió en faltas injustificadas o se produjo el abandono, con ello se suscita controversia sobre la existencia del despido alegado, lo que hace aplicable la mencionada regla general, sin que sea relevante el hecho de que como acción principal se haya demandado la reinstalación o la indemnización constitucional, puesto que ambas parten de un mismo supuesto, es decir, de la existencia del despido injustificado respecto del cual el trabajador tiene la facultad de optar por cualquiera de las dos acciones.
c) Una conclusión que se obtiene del criterio de la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 58/2003, es que cuando el trabajador demanda la reinstalación o la indemnización constitucional por despido y el patrón la niega aduciendo abandono o inasistencias posteriores por parte del actor, las partes conservan sus cargas procesales originales, y corresponde ineludiblemente al patrón la obligación de probar que con posterioridad a la fecha indicada como la del despido la relación laboral subsistía y que pese a ello el actor incurrió en faltas injustificadas o se produjo el abandono; y siendo así, el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón ya no produce el efecto de revertir la carga de probar el despido, por lo que ningún caso tiene calificar ese ofrecimiento, porque de cualquier manera no operaría la reversión de la carga probatoria.
Lo anterior se robustece con la transcripción de las consideraciones medulares plasmadas en la ejecutoria que dio lugar a la aprobación de la jurisprudencia 2a./J. 58/2003, a saber:
"... De conformidad con lo antes determinado, resulta claro que de las disposiciones contenidas en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes en la actualidad, deriva la regla general de que corresponde al patrón y no al trabajador la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, así como el abandono o las causas de rescisión, por lo que en los conflictos originados por el despido, si aquél lo niega y como defensa argumenta el abandono del trabajo en fecha posterior a la del referido despido, o bien, se excepciona afirmando que el trabajador incurrió en la causal de despido por faltas, tendrá que probar que con posterioridad a la fecha en que aquél indicó haber sido despedido la relación laboral subsistía, y que pese a ello incurrió en faltas injustificadas o se produjo el abandono, ya que con ello suscita controversia sobre la existencia del despido alegado que hace aplicable la regla general a que se contraen los preceptos legales en cita.
"En ese orden, la regla general opera con independencia de que el trabajador demande como acción principal la indemnización constitucional o la reinstalación, puesto que ambas tienen su origen en el despido injustificado y la hipótesis por la que, en el caso, dicha obligación procesal opera a cargo de la patronal, deriva de su negativa de la existencia de tal despido en la fecha señalada por el trabajador, aduciendo faltas posteriores de aquél a sus labores o el abandono del empleo, ya que la controversia que al respecto se suscita con motivo de la ausencia del actor laboral al trabajo con posterioridad a la fecha en que afirmó haber sido despedido, como quedó establecido en el anterior criterio jurisprudencial, puede reconocer tres motivos principales: 1) El abandono del trabajo; 2) Las faltas constitutivas de la causal rescisoria que establece el artículo 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo; y, 3) El despido de que se queja el trabajador en su demanda, de manera que cuando el patrón, negando el despido en la fecha aducida por el trabajador, sostiene que éste dejó de asistir a sus labores después de ese día, ha de considerarse que a estas inasistencias sólo se les puede atribuir cualquiera de los dos motivos señalados en primer lugar, es decir, el abandono o la causal prevista en la fracción X del referido precepto legal.
"Por tanto, si el patrón aduce como defensa dicho abandono con posterioridad al despido injustificado alegado, tendrá la carga de acreditar que a la fecha que indica el trabajador como la del despido subsistía la relación laboral hasta que se produjo el abandono del empleo, el cual también debe probarlo; y si se excepciona diciendo que el trabajador incurrió en la causal de despido por faltas, tendrá que probar que con posterioridad a la fecha en que aquél afirmó haber sido despedido la relación laboral subsistía y que incurrió en faltas injustificadas, pues lo que se configura es una controversia en la que, aplicando la regla general de la fijación de la carga de la prueba, el trabajador queda excluido de acreditar el despido injustificado alegado, siendo la patronal demandada la que tendrá que demostrar aquellos hechos constitutivos de la excepción opuesta.
"Es preciso significar que si en la tesis jurisprudencial de que se trata se hace especial referencia a la acción de reinstalación por ser la que se demandó en los asuntos materia de la contradicción, con ello sólo se destaca que la regla general en cita cobra aplicación con mayor razón en ese supuesto, dada la presunción que se origina a favor del trabajador por su propósito de seguir laborando, de conformidad con las razones expuestas en la propia ejecutoria, lo cual hace evidente que no existe razón jurídica alguna para atribuir al trabajador la carga probatoria cuando demanda la indemnización constitucional en lugar de la reinstalación, ya que en la propia ejecutoria se pone de relieve que ambas acciones derivan del despido injustificado y que el trabajador tiene la facultad de optar por cualquiera de ellas.
"Atento lo anterior, la conclusión a la que se llega en el sentido de que la carga de la prueba corresponde al patrón para acreditar los hechos en que apoya la excepción relativa a que con posterioridad a la fecha en que el trabajador afirmó haber sido despedido, la relación laboral subsistía y que incurrió en faltas injustificadas, o bien, en el abandono del empleo, deriva de la aplicación de esa regla general en la fijación de tal obligación procesal, conforme a la cual el trabajador quedará eximido de acreditar el despido y la demandada tendrá que demostrar aquellos hechos constitutivos de la excepción opuesta, en términos de lo establecido en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, de donde, en este aspecto, resulta irrelevante que como acción principal se haya demandado la reinstalación o la indemnización constitucional, puesto que ambas parten de un mismo supuesto, es decir, la existencia del despido injustificado, respecto del cual el trabajador tiene la facultad de optar por cualquiera de las dos acciones; en cambio, la obligación procesal que corresponde al patrón de probar la inexistencia del despido en los términos antes precisados, tiene su fundamento en los preceptos legales en cita. ..."
d) La reflexión sobre los criterios en comentario también lleva a concluir que con la jurisprudencia 2a./J. 58/2003, de la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda superada la apreciación relativa a que el ofrecimiento del trabajo por el patrón, en los mismos términos y condiciones, produce el efecto de revertir al trabajador la carga de probar el despido injustificado a que se refiere la jurisprudencia de rubro: "DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.", pero sólo respecto a una hipótesis particular de la que no se ocupó la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la jurisprudencia, es decir, cuando el trabajador demanda la reinstalación o la indemnización constitucional por despido, y el patrón lo niega aduciendo que el actor abandonó el trabajo en fecha posterior. Por lo que, en este caso, no opera la reversión de la carga probatoria, sino que el trabajador quedará eximido de acreditar el despido y la demandada tendrá que demostrar aquellos hechos constitutivos de la excepción opuesta, particularmente los días laborados entre las fechas del despido invocado por el actor y la del abandono de trabajo integrante de la excepción opuesta, en términos de lo establecido en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se infiere la regla general de que el trabajador está excluido de la carga de probar los aspectos básicos que derivan de la relación laboral, que la Junta tiene la obligación de requerir al patrón la exhibición de los documentos que debe conservar en la empresa como lo exigen las leyes y que, en todo caso, corresponde al patrón la carga de probar su dicho cuando exista controversia sobre faltas de asistencia del trabajador.
Por todo ello resulta intrascendente la calificación de la oferta de trabajo en este caso, por lo que es inoperante también el concepto de violación consistente en que la actora tiene la carga de la prueba porque el ofrecimiento es de buena fe.
En otro orden de ideas, el solicitante del amparo argumenta que demostró el pago de aguinaldo y prima vacacional de dos mil cuatro en el desahogo de la inspección ofrecida por la actora, por lo que se le debió absolver de esos conceptos.
Es fundado dicho concepto de violación porque, el catorce de febrero de dos mil seis, al desahogarse la inspección ofrecida por la actora (hoja 110), el actuario hizo constar lo siguiente:
"... d) De los recibos de pago que obran a fojas de la 85 a la 86 se desprende que a la actora se le cubrió el aguinaldo correspondiente al año 2004, mas no así la parte proporcional del año 2005; así mismo se desprende que a la actora se le cubrió la prima vacacional, como se acredita con el recibo de pago que obra a foja 78 bajo la clave 032 ..." (hoja 112).
Además, al examinar los documentos mencionados por el fedatario se aprecia que efectivamente en las hojas 85 y 86 están los recibos de pago por el periodo del "01/01/2004-31/12/2004", que reflejan el concepto "024", consistente en la "Gratificación de fin de año", aunado a que, como lo indicó el oferente (hoja 91), en la parte inferior izquierda de ellos se hace referencia al "aguinaldo 2004", primera y segunda parte, respectivamente; y la hoja 78, consiste en el recibo de pago del periodo "16/12/2004-31/12/2004", que refleja el concepto "032" por "$757.67", que según la clave al reverso corresponde a "Primas de vacaciones y dominical".
Por lo anterior es contrario a derecho que la Junta responsable haya condenado al demandado al pago de prima vacacional y aguinaldo de dos mil cuatro, sin considerar las pruebas mencionadas, lo cual denota la violación al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que los laudos deberán ser dictados a verdad sabida y buena fe guardada.
Finalmente, el quejoso asevera que la autoridad l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20957-5619904a/reversion-de-la-carga-de-la-prueba-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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