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Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA JUBILACIÓN ES UNA CAUSA JUSTIFICADA DE SEPARACIÓN Y DA DERECHO AL TRABAJADOR, INCLUSO, CON MENOS DE QUINCE AÑOS DE SERVICIOS, PARA RECLAMAR EL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 110/2009. · Registro digital (IUS): 21583
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 928.

AMPARO DIRECTO 110/2009. INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación son ineficaces.

Del laudo impugnado se aprecia que la Junta responsable condenó al instituto demandado a pagar la prima de antigüedad exigida por ********** (de conformidad con el artículo 38 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), en términos del artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, a partir del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis a la fecha de su jubilación, que fue el uno de junio de dos mil ocho (generó una antigüedad de once años con siete meses), por la cantidad de trece mil seiscientos sesenta y dos pesos, resultante de multiplicar ciento treinta y ocho días por el doble del salario mínimo general vigente para esta zona económica, a razón de cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos.

Al respecto, la juzgadora expuso que si bien la prima de antigüedad no está reconocida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sí lo está en la Ley Federal del Trabajo, cuyo ordenamiento es el que rige para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por lo que el beneficio aludido es susceptible de generarse a partir de que dicho organismo surgió a la vida jurídica.

Agregó que la prima de antigüedad procede porque la jubilación constituye una causa justificada de separación, por lo que actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción III del artículo 162 de la ley laboral citada en último término; asimismo, precisó que la prima de antigüedad y los quinquenios son prestaciones diversas, debido a que su origen es distinto, ya que la primera se trata de una prestación que se otorga al finalizar el vínculo laboral y se tiene en cuenta el tiempo laborado; en tanto que la segunda se cubre como un estímulo a la permanencia en el empleo.

En contra de esas consideraciones la institución quejosa expresa en sus conceptos de violación, en esencia, lo siguiente:

En el primero, una parte del segundo, del tercero y del cuarto, se argumenta que la Junta no tuvo en cuenta lo expuesto en el escrito inicial de demanda, respecto de que la actora fue jubilada por el ISSSTE el uno de junio de dos mil ocho, pues de haberlo hecho se habría percatado que ahí reconoció expresamente que para esa fecha había laborado para el demandado menos de quince años, ya que entre el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, fecha en que se creó el instituto y aquella en que se jubiló, transcurrieron menos de quince años; aunado a que la trabajadora se separó voluntariamente de la institución, por lo que no se actualizó ninguna de las tres hipótesis previstas en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, para que proceda el pago de la prima de antigüedad, como son: que el operario haya generado una antigüedad mayor de quince años, en caso contrario, es decir, cuando sea menor la antigüedad, se separe por causa justificada, o bien, sea separado con o sin causa justificada, por lo que al no examinar este punto la resolutora inobservó lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; además, la decisión de la actora de separarse del empleo para obtener el beneficio de la jubilación, contrariamente a lo considerado por la responsable, fue voluntaria y unilateral, razón por la que tal prerrogativa no importa una obligación a cargo del trabajador para separarse del servicio.

En otra parte del segundo del tercero y del cuarto de sus conceptos de violación, se aduce que:

a) La autoridad responsable violó el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues omitió considerar y analizar las manifestaciones vertidas en el escrito de contestación, relativas a que la actora ingresó al servicio para la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Ejecutivo Federal, sujeta al régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya normatividad se obligó a respetar la demandada en beneficio de la trabajadora, por lo que tanto esa dependencia federal como el Isapeg, pagaron a la empleada la prima quinquenal prevista en el artículo 34 de tal legislación.

b) La Junta debió considerar que con motivo de la antigüedad en el servicio, la actora recibió las prestaciones correspondientes en la referida ley burocrática, por lo que carece de derecho para percibir la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

c) La resolutora omitió estudiar el argumento consistente en el hecho de que ninguna norma legal o reglamentaria, o algún criterio jurisprudencial permite establecer que un trabajador de un organismo descentralizado, como el Isapeg, tiene derecho a percibir las prestaciones previstas en las leyes reglamentarias de ambos apartados A o B, sino sólo las que previenen aquellas que gobernaron su relación, y que sería contrario a derecho resolver la procedencia del pago de la prima de antigüedad, pues sería inequitativo respecto del resto de los trabajadores que sólo tienen derecho a las prestaciones del apartado rector de las relaciones conforme al cual prestaron sus servicios, pues la trabajadora tendría derecho a las prestaciones de los dos apartados, es decir, tanto a la prima quinquenal como a la prima de antigüedad.

En otra parte del tercero de los conceptos de violación, se argumenta que en términos de los artículos 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta debió enumerar las pruebas desahogadas en el sumario, señalar la valoración que de ellas realizaba, como son la confesional de la actora y la documental que allegó al juicio, y que no fue objetada en cuanto a su autenticidad de contenido y firma; asimismo, apreciar los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse las reglas o formulismos sobre estimación de pruebas; por lo que la responsable tenía la obligación de ponderar la prueba confesional a cargo de la trabajadora actora, quien admitió haber percibido la prima quinquenal, tanto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Ejecutivo Federal, como del Isapeg.

En el cuarto de los motivos de desacuerdo se plantea que la responsable debió resolver el conflicto bajo la consideración de que la Ley Federal del Trabajo no prevé disposición expresa que regule el pago de la prima de antigüedad cuando el trabajador prestó sus servicios para dos patrones sujetos a regímenes legales distintos, en el que uno de ellos no prevé el pago de tal prestación, sino que contempla el pago de aumentos quinquenales a los sueldos de los trabajadores, por lo que debió observarse la jurisprudencia invocada en el escrito de contestación de demanda, aplicable por analogía e identidad jurídica sustancial.

Como se anticipó, los conceptos de violación son ineficaces.

Para dar sustento a ese aserto, resulta oportuno destacar que el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente:

"Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."

El anterior precepto legal consagra los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener los laudos, cuyo primer postulado implica que el fallo debe ser congruente con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna, de manera que exista consonancia entre la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente; mientras que el segundo de los principios está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todos los puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento conforme los argumentos aducidos, tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación, por lo que el tribunal laboral también debe ocuparse de atender los aspectos argumentativos que ahí se contengan.

Conforme al anterior contexto, tiene razón la institución quejosa al exponer que la Junta omitió pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos defensivos contenidos en la contestación de demanda.

En efecto, del escrito de contestación se advierte que el instituto demandado propuso argumentos para evidenciar la improcedencia del pago de la prima de antigüedad exigida con base en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, de la siguiente manera:

1. La actora ingresó al servicio para la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Ejecutivo Federal, sujeta al régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya normatividad se obligó a respetar la demandada en beneficio de la trabajadora, por tanto, esa dependencia federal y el Isapeg pagaron a la empleada la prima quinquenal prevista en el artículo 34 de tal legislación, además, recibió los beneficios de la pensión por edad y años de servicios.

2. Ninguna norma legal o reglamentaria, o algún criterio jurisprudencial permite que un trabajador de un organismo descentralizado Isapeg tiene derecho a percibir las prestaciones previstas en las leyes reglamentarias de ambos apartados A o B, sino sólo las que previenen aquellas que gobernaron su relación.

3. Como la actora percibió las prestaciones que establecen las leyes burocráticas, como los aumentos quinquenales a su sueldo, así como la pensión correspondiente, no puede gozar de la prima de antigüedad referida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Los referidos planteamientos fueron apoyados en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."

Ahora, como se tiene visto, en el laudo impugnado la Junta condenó al instituto demandado a pagar la prima de antigüedad reclamada, con el argumento de que si bien ese derecho no estaba reconocido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también lo era que sí lo estaba en la Ley Federal del Trabajo, cuyo ordenamiento es el que rige para la institución demandada, por lo que dicho beneficio es susceptible de generarse a partir de que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato surgió a la vida jurídica; además, se actualiza el supuesto normativo contenido en la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque la jubilación constituye una causa justificada de separación; asimismo, precisó que la prima de antigüedad y los quinquenios son prestaciones diversas, debido a que su origen es distinto, ya que la primera se trata de una prestación que se otorga al finalizar el vínculo laboral y se tiene en cuenta el tiempo laborado, en tanto que la segunda se cubre como un estímulo a la permanencia en el empleo.

La actuación de la Junta en los términos anotados pone de manifiesto que en el laudo impugnado no se analizaron la totalidad de los temas sometidos a su potestad pues, como se argumentó, la juzgadora únicamente resolvió que la actora tiene derecho a la prima de antigüedad a partir de que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato nació a la vida jurídica el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dado que fue cuando la relación de trabajo inició a regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, y que la jubilación es una causa justificada para terminar el vínculo laboral, y que ambas prestaciones tienen un origen diverso.

De donde se tiene que el estudio realizado por la Junta consistió en determinar a partir de cuándo se podía generar el beneficio de la prima de antigüedad, así como en ubicar la hipótesis normativa respectiva (fracción III del artículo 162 de la ley en cita).

Empero, se advierte que respondió parcialmente los argumentos relativos a la improcedencia de tal beneficio desde la perspectiva alegada en una parte de la contestación, es decir, de que ese derecho no opera porque ninguna norma legal o reglamentaria, o algún criterio jurisprudencial permite que un trabajador de un organismo descentralizado, como el Isapeg, tiene derecho a percibir las prestaciones previstas en las leyes reglamentarias de ambos apartados A o B, sino sólo las que previenen aquellas que gobernaron su relación, todo ello con base en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", pues únicamente estableció que los trabajadores que inicialmente se encuentran sujetos a las disposiciones de la ley burocrática, y posteriormente la relación obrero patronal se rige por la Ley Federal del Trabajo, como resulta ser el caso en que la dependencia se transforma en organismo público descentralizado, tienen derecho al pago de la prima de antigüedad a partir de la fecha en que cambia el régimen legal y, al respecto, citó la tesis de jurisprudencia, de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS."

No obstante la omisión en que incurrió la juzgadora, no se está en el caso de conceder el amparo solicitado, dado que ningún fin práctico tendría constreñir a la responsable para pronunciarse sobre la totalidad de los temas sometidos a su potestad, pues de cualquier manera la postura defensiva contenida en la contestación de demanda carece de sustento jurídico.

Ciertamente que el artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado precisa que por cada cinco años de servicios efectivos prestados, hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tienen derecho al pago de una prima como complemento del salario, y que la actora disfrutó de ese beneficio con motivo de la prestación de sus servicios personales subordinados, tanto para la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Ejecutivo Federal, como para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, lo que fue probado con la confesión a cargo de la actora al ser cuestionada sobre la percepción de dicha prima (foja 52).

Empero, la percepción de ese beneficio y de la pensión por años de servicios no se opone con la prima de antigüedad que contempla la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta que la prima quinquenal derivó de un derecho adquirido con motivo de la relación jurídica generada al amparo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que fue observado por la demandada con motivo de la descentralización de los servicios de salud, según se aprecia de las cláusulas décimo sexta y décimo octava citadas en el laudo reclamado, que aluden a la garantía de respetar los derechos de los trabajadores en el aludido proceso.

Esto es, como lo consideró la resolutora, la prima quinquenal tuvo su génesis en los lineamientos previstos en la ley burocrática federal, como un incentivo a los quinquenios en la prestación de servicios, el cual se garantizó por el instituto quejoso con motivo del convenio sobre la coordinación para la descentralización integral de los servicios de salud.

Mientras tanto, el derecho a percibir la prima de antigüedad deriva de la modificación sustancial en el régimen jurídico del vínculo laboral de los trabajadores que pertenecían a la Federación, pues de estar bajo el amparo del apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), con motivo de la transferencia de las funciones en materia de prestación de servicios de salud a un organismo descentralizado de carácter local, el nuevo régimen jurídico aplicable es el contemplado en el apartado A de la citada norma fundamental y su ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo).

Ello propició que los trabajadores pasaron a formar parte de un régimen legal distinto que les permitió incrementar su patrimonio jurídico, pues además de permanecer con sus derechos adquiridos a partir de su incorporación al apartado A del artículo 123 constitucional, fueron susceptibles de generar nuevos beneficios, y eso no significa que el actor perciba simultáneamente los derechos de ambos apartados, dado que los generados inicialmente derivaron de la aplicación del apartado B, y hasta en tanto dejaron de pertenecer a ese régimen y fueron incluidos en el diverso apartado A, surgió la posibilidad de generar el derecho a la prima de antigüedad conforme a las hipótesis del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

A mayor abundamiento, se precisa que, como se argumentó, con la confesión a cargo de la actora se justificó que durante el régimen burocrático percibió prima quinquenal, y que continuó con ese beneficio al ser transferida al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, a partir del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis; no obstante ello, la percepción de ese beneficio en el nuevo régimen no implica la pérdida de derechos que otorga el apartado A del artículo 123 constitucional, atento a lo expuesto supralíneas.

Idéntico criterio se sustentó, respecto de este tópico, en la ejecutoria emitida al resolver el amparo directo laboral 458/2008.

No es el caso de aplicar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", dado que la ejecutoria correspondiente se circunscribió a determinar si a los trabajadores de organismos descentralizados del Gobierno Federal, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que recibieron beneficios del apartado B, como el quinquenio o la pensión jubilatoria, y se retiran voluntariamente del servicio, se les debe o no pagar la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.

Esto es, esa hipótesis no se actualiza en el caso que se estudia, puesto que la controversia no versa respecto a que el actor haya concluido sus relaciones laborales bajo el amparo de las normas burocráticas y con posterioridad pretenda el pago de la prima de antigüedad.

Antes bien, se trata del supuesto en que el actor dejó de pertenecer al régimen burocrático y da continuidad al servicio personal subordinado bajo el amparo del apartado A del artículo 123 constitucional, caso en el cual tiene derecho a percibir los beneficios de este nuevo régimen, entre los que se encuentra la prima de antigüedad, con independencia de los derechos laborales adquiridos conforme a las normas burocráticas.

En otra perspectiva, cabe precisar que en relación con el pago de la prima de antigüedad por el tiempo en que la trabajadora prestó sus servicios para el instituto demandado, la controversia toral suscitada en el juicio de origen quedó reducida a un punto de derecho, consistente en determinar en cuál de los supuestos contemplados en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo encuadra el motivo por el que concluyó ese nexo jurídico, pues de ello dependerá la procedencia de la acción ejercida.

En efecto, la responsable determinó que fue hasta el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en que fue creada la institución demandada, en que la actora comenzó a generar antigüedad, y dado que se jubiló el uno de junio de dos mil ocho, procedía el pago de dicha prestación por ese lapso, que equivalía a ciento treinta y ocho días de salario, multiplicados al doble del salario mínimo general vigente en la fecha y lugar en que se prestó el servicio, en términos del citado precepto, de donde obtuvo la suma de trece mil seiscientos sesenta y dos pesos.

Lo así decidido se encuentra ajustado a derecho, como se demostrará a continuación.

En el caso, la patronal no suscitó controversia sobre el motivo por el que terminó la relación laboral, ya que en el hecho tres del escrito de demanda se precisó que la trabajadora prestó sus servicios para el instituto demandado hasta el uno de junio de dos mil ocho, con motivo de que se le otorgó el beneficio de la jubilación sin que se le haya liquidado la prima de antigüedad; en tanto que al contestar la demanda, en específico al hecho tercero (foja 32), se reconoció ese hecho.

En apartado relativo a las excepciones y defensas, el instituto demandado puntualizó que la relación laboral que la unió con la actora inició a partir del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, con motivo del nombramiento que al respecto le expidió la Secretaría de Salubridad y Asistencia dependiente del Ejecutivo Federal, por lo que ese vínculo se rigió por las disposiciones contenidas en la ley burocrática federal y las condiciones generales de trabajo de esa dependencia, las cuales deben prevalecer; máxime que durante el procedimiento de descentralización de los servicios de salud en esta entidad, tanto el Gobierno del Estado como el instituto demandado adquirieron la obligación de respetar en favor de los trabajadores que fueron transferidos por esa dependencia de la Federación los citados ordenamientos, por lo que como en la ley en mención no se contempla la prima de antigüedad, por esa razón la actora carece de derecho para reclamarla, aunado a que no generó una antigüedad de quince años al servicio del instituto; lo que pone de manifiesto que lo único que controvirtió la patronal de lo expuesto en el hecho segundo, fue que la trabajadora tuviera derecho al pago de la prima de antigüedad.

Lo anterior implica que no existe duda de que la contratación de la actora llegó a su fin con motivo del beneficio de la jubilación que le otorgó el ISSSTE, la cual constituye una causa justificada de separación que encuadra en otra hipótesis contenida en la fracción III del artículo 162 de la ley en cita, distinta a la que la responsable aludió, que establece:

"Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

"...

"III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido."

De acuerdo con lo ahí dispuesto, se tiene que, como lo hace notar el instituto quejoso, el derecho al pago de la prima de antigüedad procede en los supuestos siguientes:

I. Cuando el trabajador opte por separarse voluntariamente, en cuyo caso debe cumplir con la condición de que haya generado, al menos, una antigüedad de quince años de servicios.

II. Procede también esa prestación cuando el trabajador sea separado de su empleo, independientemente de que ello sea justificado o injustificado.

En esa hipótesis la norma no prevé que el trabajador satisfaga cierto tiempo en la prestación de servicios. Sin embargo, en tal caso el legislador federal dio al empleador de manera exclusiva la iniciativa de finalizar la relación del trabajo.

III. Cuando el trabajador es quien toma la decisión de ya no seguir laborando y, en tal hipótesis, no prevé que se cumpla con el requisito de contar con quince años de servicios, pero sí impone como condición que la separación en el empleo sea justificada.

En esa perspectiva, resulta concluyente que la separación del trabajo por jubilación indudablemente que constituye una causa justificada, habida cuenta de que el trabajador, para poder estar en ese supuesto, debe cumplir con una serie de requisitos, ya legales o contractuales, o de ambos, entre los que ordinariamente se encuentra el relativo a que el operario haya cumplido cierta edad, además de determinado número de años al servicio de la parte patronal y separarse del trabajo; razón por la que la separación, en estos casos, se torna justificada y no puede analogarse, para hacer improcedente esta reclamación, a la renuncia, donde es únicamente la voluntad del trabajador la que no permite la continuación de la relación laboral.

Esto es así, ya que el hecho de que un trabajador se jubile integra una terminación del contrato individual de trabajo, lo cual si bien puede implicar el retiro voluntario por parte de éste, lo cierto es que se crea así un régimen distinto de prestaciones que tienen su origen en lo pactado entre las partes y que, en cuanto a su justificación, se sustenta precisamente en la prueba de las causales que la hagan procedente.

Luego, la ruptura de la relación en forma justificada por la causa que da lugar a la jubilación, si bien implica que el trabajador es quien decide terminar la prestación de servicios, en tal hipótesis no es necesario que se cumpla con la exigencia de contar con quince años de servicios, sino solamente que la separación en el empleo sea justificada, como en la especie sucede con la jubilación, pues para acceder a ella necesariamente se requiere de un perfil para obtenerla y de que concluya la prestación de servicios, pues el origen de dicho beneficio radica en que el trabajador, agotado por el tiempo de prestación de servicios, se retire de las labores con una remuneración garantizada; al margen de que también se actualizará esta hipótesis, cuando el trabajador por una causa imputable al patrón rescinde unilateralmente la relación de trabajo, puesto que el derecho a gozar de la jubilación no se coarta por la sola circunstancia de que haya sido él quien dio por terminada la vinculación laboral, si ha cumplido con los requisitos exigidos para disfrutar del referido beneficio.

Así las cosas, resulta patente que la actora sí tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, porque para ello no era necesario que a partir de la fecha en que pasó a formar parte de la plantilla de trabajadores del instituto demandado (veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis), y a la fecha de su jubilación (uno de junio de dos mil ocho) hubiera generado al menos quince años de servicios, pues esa exigencia cobra aplicación solamente cuando se retiran voluntariamente del empleo sin pretender obtener un beneficio que exija la separación, lo que en la especie no ocurre, toda vez que no fue punto de controversia lo manifestado por la actora en cuanto a que dejó de laborar para el organismo demandado, porque era un requisito para jubilarse, esto es, por una causa justificada, pues a ese respecto éste no vertió alegación alguna y, al contrario, de su escrito de contestación de demanda refirió ser cierto ese hecho (foja 32).

Resta agregar que la autoridad enfocó correctamente el estudio de la hipótesis normativa en comento, que establece el pago de la prima de antigüedad cuando los trabajadores se separan voluntariamente y laboran menos de quince años, pues en el asunto que se trata, como se desprende de párrafos precedentes, encuadra en la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que contempla esa prerrogativa en casos como el que se examina, esto es, la jubilación de los trabajadores, puesto que ésta constituye una causa justificada que implica considerar innecesario el requisito de cumplir el mínimo de quince años de prestación de servicios ante una separación voluntaria.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directos laborales 935/2006, 79/2007, 100/2007, 305/2007 y 458/2008.

Dada las razones expuestas, resultan inaplicables los criterios contenidos en las tesis citadas por el instituto quejoso, de rubros: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PRIMA DE ANTIGÜEDAD A SUS TRABAJADORES EN CASO DE JUBILACIÓN.", "PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE JUBILACIÓN, PRESCRIPCIÓN, TÉRMINO Y CÓMPUTO.", "LAUDO CONGRUENTE.", "LAUDOS, PARA SER CONGRUENTES DEBEN CONSIDERAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.", "PRUEBAS. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS.", "PRUEBAS, VALORACIÓN DE LAS, POR LOS TRIBUNALES DE TRABAJO.", "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. APRECIACIÓN POR LAS.", "PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PRESTACIÓN EQUIVALENTE A.", "JUBILACIÓN Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.", "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO NO SE EQUIPARA A UN RETIRO PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 59 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO." y "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICO DESCENTRALIZADOS."

En las relatadas circunstancias, ante lo ineficaz de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en contra el acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, capital, consistente en el laudo de veintinueve de enero de dos mil nueve, en el juicio laboral 588/20

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21583-4618aab4/prima-de-antiguedad-la-jubilacion-es-una-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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