NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 270/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: JOSÉ LUIS RAFAEL CANO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que la formuló Guillermo Buenrostro Gómez, apoderado de la parte quejosa en dos de los asuntos que intervienen en esta contradicción de tesis.
TERCERO. A efecto de verificar, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes es menester tener en cuenta que la contradicción de tesis se presenta cuando al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, los tribunales examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
CUARTO. Por tanto, a fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que pueden dar origen a la oposición en algún punto jurídico.
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito conoció del amparo directo 396/2006, interpuesto por Sur Oceanic, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual resolvió el veinticuatro de mayo de dos mil siete, determinando conceder el amparo en razón de lo siguiente:
• La Sala responsable declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas con fundamento en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, basada en que la autoridad enjuiciada dejó de aplicar una disposición debida, en tanto que la litis versó sobre la devolución de una cantidad de dinero, al parecer pagada indebidamente con motivo del impuesto al valor agregado, por tanto, la Sala responsable debió haberse pronunciado respecto al derecho de la promovente a la devolución que le formuló al administrador local de Recaudación, conforme al artículo 237, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 22 y relativos del mismo ordenamiento, lo cual no hizo y, por ende, viola el principio de congruencia que debe regir en las sentencias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
• El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación interpretado a la luz del artículo 16 constitucional, debe entenderse en el sentido de que, cuando la autoridad exactora niega la devolución, por ser ésta improcedente y no por vicios meramente formales, la motivación debe abarcar la totalidad de las causas, razones y circunstancias por las que se actualiza la improcedencia de la devolución y no solamente una de ellas.
• Estimar que la autoridad no está obligada a especificar exhaustivamente todas las causas que originan la improcedencia, sino solamente alguna de ellas, vulneraría en perjuicio del causante la garantía de seguridad jurídica, pues implicaría que la autoridad hacendaria estuviera en condiciones de invocar en cada ocasión en que el tribunal administrativo declarara la nulidad de la resolución denegatoria, una diversa razón o causa para insistir o negar la devolución, a la vez que mermaría la defensa adecuada del causante, quien tendría que acudir o agotar los medios de defensa conducentes para lograr su pretensión, tantas veces como causas o razones invoque la autoridad en cada ocasión que se le diera la oportunidad de valorar o motivar su decisión.
• En consecuencia, cuando la autoridad administrativa niega al particular la devolución parcial o total de saldos a favor, conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, debe entenderse que las razones y causas particulares que invocó en tal determinación, son el resultado de un análisis exhaustivo y en consecuencia, las únicas que legalmente impiden la procedencia de esa petición.
• En tal virtud, cuando la Sala Fiscal declara ilegal la causa o causas invocadas que sirvieron de apoyo a la resolución aludida y, por tanto, a su nulidad, debe analizar si el promovente tiene derecho a la devolución de las cantidades que solicitó por el pago indebido, y no ordenar a la autoridad demandada emitir nuevas resoluciones, destacándose que con tal determinación no invade atribuciones propias de la demandada, pues es la consecuencia de la decisión que resuelve el fondo del asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, que le permiten hacer la declaratoria, reconocimiento de derechos subjetivos y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula a la demandada a un dar, hacer o no hacer.
B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito conoció de la revisión fiscal 63/2005, interpuesta por el administrador local jurídico de San Pedro Garza García, Nuevo León, la cual resolvió el trece de julio de dos mil cinco, determinando confirmar la sentencia recurrida en razón de lo siguiente:
• De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Carta Magna, la autoridad administrativa que resuelve la solicitud de devolución de saldos a favor, negando total o parcialmente dicha petición, debe exponer todas las razones que provoquen la improcedencia de tal petición; de esa manera, una vez ejercidas sus atribuciones legales, no puede aducir más adelante otras, y su reserva sobre tales motivos diversos de la improcedencia de la devolución debe interpretarse a favor del contribuyente, a quien debió darle una respuesta exhaustiva; de modo que, si examinadas por la Sala Fiscal las motivaciones de la resolución recaída a la solicitud de devolución, al estimarlas ilegales, ordenó la devolución correspondiente, tal determinación es correcta, sin que con ello se invadieran atribuciones propias de la autoridad demandada, pues tal decisión proviene de su obligación de resolver el fondo del asunto.
• Resulta ajustado a derecho que la Sala Fiscal disponga la devolución del saldo a favor, si analizadas la o las causas que motivaron la resolución que la había negado, declara su nulidad.
• Con tal determinación no invade atribuciones propias de la demandada, pues es la consecuencia de la decisión que resuelve el fondo del asunto, conforme a lo previsto en los artículos 237, 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, que le permiten hacer la declaratoria, reconocimiento de derechos subjetivos y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula al demandado a un dar, hacer o no hacer.
El mismo órgano colegiado resolvió el nueve de marzo de dos mil cinco, el amparo directo 282/2004, interpuesto por Óscar J. Adame Garza, determinando conceder el amparo, por lo siguiente:
• Cuando la Sala Fiscal actúa con plena jurisdicción y declara la nulidad de la resolución impugnada, en términos del artículo 238, fracción IV, en relación con el 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esa nulidad debe tener como finalidad determinar la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa.
• No fue correcto el proceder de la Sala al declarar la nulidad para el efecto de ordenar a la autoridad administrativa la forma en que debería proceder en el ejercicio de una atribución que le es propia y en la que incluso interviene su voluntad, como lo es decidir si procede o no la devolución de impuestos, pues el juicio de nulidad no es un sistema de control o medio de fiscalización de la actividad de la administración pública, para lograr la eficiencia de los órganos de la administración, sino que se trata de un juicio en el que existe una verdadera controversia entre el particular afectado con el acto de autoridad de una parte, y la administración pública, de la otra parte, la que es resuelta por un tribunal autónomo, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
• A pesar de que la nulidad se decretó por vicios de fondo de la resolución impugnada, no puede decretarse en forma lisa y llana, a virtud de que se emitió como respuesta a una solicitud de devolución de impuestos que debe resolverse, pero tampoco se deben precisar los efectos de la nulidad, a virtud de que decidir acerca de la procedencia o improcedencia de la devolución de impuestos, es una facultad discrecional.
• Además, la finalidad de la nulidad para efectos, es la de que el tribunal determine la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa, y no para que la Sala se sustituya a la autoridad en las atribuciones que le son propias y en las que inclusive interviene su voluntad.
C) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció del amparo directo 46/2005, interpuesto por Servicios Integrados de Ingeniería de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, mismo que resolvió el diez de marzo de dos mil cinco, en el sentido de conceder el amparo, por lo siguiente:
• La Sala responsable en contravención a lo dispuesto por el artículo 237, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, no resolvió sobre una de las pretensiones que hizo valer el actor en su demanda de nulidad, pues no obstante haber declarado la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, ningún pronunciamiento realizó respecto de la petición relativa a que ordenara a la autoridad demandada para que le devolviera los bienes que le fueron ilegalmente embargados.
• Lo anterior demuestra que el caso es de excepción, pues a pesar de haber obtenido la nulidad lisa y llana la quejosa sí se ve afectada en su interés jurídico, pues de ser fundada su pretensión obtendría un mayor beneficio.
D) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el veinticuatro de mayo de dos mil seis, el amparo en revisión 84/2006, interpuesto por Tele Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, por lo siguiente:
• El Código Fiscal de la Federación actualmente adopta para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, consistente en a) objetivo o de mera anulación; y, b) subjetivo o de plena jurisdicción.
• El primero tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, esto es, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad. En el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo la sentencia el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, en estos casos será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado.
E) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito conoció del amparo directo 442/2006, promovido por Depabue, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el diez de mayo de dos mil siete, en el que se determinó negar el amparo, básicamente, por lo siguiente:
• Al estimar la Sala responsable que las resoluciones impugnadas no se encontraban debidamente fundadas, decretó su nulidad en términos de la fracción III, parte final, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, con la precisión de que la autoridad demandada debía emitir nuevas resoluciones administrativas en las que tomando en cuenta lo resuelto en el fallo, diera respuesta nuevamente a las solicitudes de devolución, y de ser procedente efectúe las devoluciones correspondientes, lo que actualiza la hipótesis de excepción prevista en la parte final del citado artículo 239, por lo que la sentencia no podría tener más efecto que el que la autoridad demandada tuviera por anulado el acto impugnado, dado que las resoluciones fueron emitidas a petición de la quejosa, de ahí que la solicitud respectiva debe tramitarse conforme a las reglas que establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que si la Sala responsable advierte alguna irregularidad de forma, cuando se declara la nulidad de la resolución ante ella atacada para el efecto de que sea subsanado el error y en su momento se dé respuesta al contribuyente, resulta improcedente que ese órgano jurisdiccional decrete a favor del gobernado el derecho de recibir de la autoridad la cantidad que estima tiene como saldo a favor.
• La Sala responsable declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, al estimar que no estaban debidamente fundamentadas, pues adujo que fueron dictadas en contravención de las disposiciones aplicables, dejándose de aplicar las debidas, por tanto, el sentido de la resolución combatida no tendría más efecto que el precisado por la Sala responsable que declara la nulidad de esas resoluciones.
De lo antes reseñado se advierte que mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito se pronunció en el sentido de que cuando la Sala Fiscal declara la nulidad de la resolución impugnada con fundamento en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, debe analizar si el promovente tiene derecho a la devolución de las cantidades que solicitó, y no ordenar a la autoridad demandada emita nuevas resoluciones, pues con tal determinación no invade atribuciones propias de la demandada, ya que es la consecuencia de la decisión que resuelve el fondo del asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, 238 y 239 del citado código tributario; criterio que comparte con los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito; en cambio el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito al pronunciarse sobre la nulidad de las resoluciones impugnadas decretada por la Sala Fiscal con fundamento en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad demandada diera respuesta de nueva cuenta a las solicitudes de devolución y de ser procedente efectuara las devoluciones correspondientes, estimó que con ello se actualiza la hipótesis de excepción prevista en la parte final del artículo 239 de ese cuerpo de leyes, por tanto, la sentencia reclamada no podría tener más efecto que el que la autoridad demandada tuviera por anulado el acto impugnado, dado que las resoluciones fueron emitidas a petición de la quejosa, de ahí que la solicitud de devolución debe tramitarse conforme a las reglas del artículo 22 de dicho código tributario, de ahí que si la Sala responsable advierte alguna irregularidad de forma, cuando se declara la nulidad de la resolución ante ella atacada para el efecto de que sea subsanado el error y en su momento se dé respuesta al contribuyente, resulta improcedente que ese órgano jurisdiccional decrete a favor del gobernado el derecho de recibir de la autoridad la cantidad que estima tiene como saldo a favor.
Por tanto, el punto de contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, consiste en determinar si cuando la Sala Fiscal declara la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, debe o no pronunciarse sobre si el promovente tiene derecho a la devolución de las cantidades que solicitó como saldo a favor.
QUINTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más adelante se establece, de acuerdo con la siguiente exposición.
El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/97, en sesión de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de once votos, analizó la naturaleza de las sentencias dictadas por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación y el modelo adoptado por el Código Fiscal de la Federación de jurisdicción contencioso administrativo de acuerdo con la competencia de que se ha dotado al referido tribunal -ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- y que lo constituye, en algunos casos, como tribunal de mera anulación y, en otros, como de plena jurisdicción a fin de restaurar el orden jurídico y preservar la seguridad jurídica de los gobernados. Lo que dio lugar a las jurisprudencias que tienen como datos de identificación, rubro y texto, los siguientes:
"No. Registro: 195,531
"Jurisprudencia
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VIII, septiembre de 1998
"Tesis: P./J. 44/98
"Página: 52
"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Lo dispuesto en la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación puede emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indicándole a la autoridad administrativa los lineamientos que debe seguir, resulta, en términos generales, congruente con la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relación con ciertos actos, como de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, por lo cual debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, en ciertos casos, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa. Además, se identifica que esa disposición legal tiene como propósito fundamental preservar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que también evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia pues, estando vinculada la autoridad a proceder en determinada forma, no podrá seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado."
"No. Registro: 195,532
"Jurisprudencia
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VIII, septiembre de 1998
"Tesis: P./J. 45/98
"Página: 5
"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho."
La lectura de los anteriores criterios pone de relieve que lo dispuesto en el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, resulta congruente con la especial y heterogénea jurisdicción de que está investido legalmente el Tribunal Fiscal, que se matiza, en relación con ciertos actos, como de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, por lo que en estos últimos casos debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, en ciertos casos, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa.
Del texto de la ejecutoria que generó los anteriores criterios se obtiene lo siguiente:
1) El modelo de jurisdicción contencioso administrativo de mera anulación tiene como finalidad restablecer el orden jurídico violado, es decir, controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo, limitándose la sentencia a anular el acto impugnado ante el tribunal.
2) El modelo de jurisdicción contencioso administrativo de plena jurisdicción tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que se obliga al tribunal a conocer y decidir en toda su extensión la reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado, por lo que su alcance no sólo es el de anular el acto, sino también el fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos.
3) Nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues en virtud de la diversidad de materias de las que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dependerá de cada caso en particular el establecer si su actuación debe ajustarse al modelo contencioso de anulación (en donde su actuación consiste únicamente en determinar la legalidad del acto administrativo) o al contencioso de plena jurisdicción (en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular).
4) El artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad para determinados efectos, teniendo obligación el Tribunal Fiscal, en tal supuesto, de precisar claramente la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla. Por tanto, tratándose de los supuestos establecidos en las fracciones II (ausencia de formalidades) o III (vicios de procedimiento) del artículo 238, el Tribunal Fiscal debe ordenar a la autoridad administrativa que, en uso de sus atribuciones y en virtud de que únicamente fueron objeto de estudio violaciones de carácter formal, emita una nueva resolución, cumpliendo con las formalidades de que ha de estar revestido el acto, o bien que reponga el procedimiento para que la nueva resolución se dicte después de reunirse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisión, debiendo, desde luego advertirse que no toda omisión de formalidades o vicios del procedimiento tendrá como consecuencia la nulidad de la resolución, sino que, en términos del artículo 237, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, es decir, que le ocasionen un perjuicio. Ahora bien, el artículo 239, fracción III, establece una excepción o salvedad a la regla que establece, a saber, cuando se trate de facultades discrecionales de la autoridad administrativa.
5) En consecuencia, para poder determinar cuándo debe obligar la sentencia de nulidad a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo no debe tener tales efectos, debe acudirse a la génesis de la resolución impugnada para saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. En el primer caso, es d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20960-c39147e3/negativa-de-devolucion-de-lo-pagado-indebidamente-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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