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Modo: Corpus Pro

COPROPIEDAD. TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE VENTA JUDICIAL DE LA COSA EN COMÚN, EL ELEMENTO CONSISTENTE EN LA FALTA DE ACUERDO ENTRE LOS COPROPIETARIOS PARA ADJUDICAR EL BIEN A UNO DE ELLOS CONSTITUYE UN HECHO NEGATIVO, POR LO QUE NO CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA A QUIEN LO INVOCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20988
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 79.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2007-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

También es oportuno recordar que es criterio firme de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es obstáculo para que se surta la contradicción de criterios el que éstos no se hayan plasmado en el formato de tesis ni que se encuentren contenidos en ejecutorias que no constituyen jurisprudencia.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito.

CUARTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo 514/2006 el veintiséis de abril de dos mil siete. El caso concreto que conoció fue el siguiente:

En términos de la legislación civil sustantiva y adjetiva del Estado de Nuevo León y en la vía ordinaria civil, un sujeto demandó la venta judicial de la cosa en común que tenía con una copropietaria; el Juez de la causa estimó que se acreditaban los extremos de la acción ejercida, a saber: 1) la existencia de la copropiedad; 2) la manifestación inequívoca de voluntad por parte de uno de los copropietarios para que cese el estado de indivisión; y, 3) que la cosa no sea divisible o que no admita cómoda división. Los hechos con los que estimó fundada la acción fueron, en lo que atañe al segundo de los requisitos, las manifestaciones del actor vertidas en la demanda, en el sentido de que no era deseo suyo continuar en copropiedad y de que la copropietaria no accedía ni a vender su parte ni a comprar la propia. En este orden, el Juez acogió la pretensión del actor, y adujo como razón adicional el que nadie puede ser obligado a mantenerse en el estado de copropietario.

Inconforme, la parte demanda apeló la sentencia definitiva. El tribunal de alzada revocó la sentencia del inferior, basándose en el argumento de que no estaba acreditado en autos que el actor hubiera efectivamente ofrecido en venta su parte a la demandada ni de que hubiera ofrecido comprar la de ésta, de modo que no quedaba acreditado el segundo de los elementos de la acción de venta judicial, esto es, el que no se hubiera llegado a un convenio sobre la venta entre los mismos copropietarios, en términos del artículo 937 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Así, dijo el tribunal de alzada, como al actor correspondía la carga de la prueba de los elementos constitutivos de su acción en términos del artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, al no haber demostrado la inexistencia del referido convenio (esto es, que la demandada se había negado bien a vender su propia parte o bien a comprar la del actor) resultaba improcedente la acción.

En contra de esta determinación, el actor formuló demanda de amparo, de la que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; en sus consideraciones, este órgano jurisdiccional sostuvo que la demostración de que no se había llegado a un convenio implicaba la prueba de un hecho negativo, lo cual no estaba autorizado por la ley procesal del Estado.

Explicó que conforme al criterio de la responsable, el actor debió demostrar que había notificado a la demandada su intención de vender o bien de comprar; esto, según la responsable, demostraría que no se había llegado a acuerdo (convenio) sobre la adjudicación del bien entre los copropietarios. Dado que el actor simplemente había manifestado en la demanda que no era su deseo continuar en copropiedad y que la demandada se había negado a lo uno y a lo otro, sin probarlo con medios fehacientes, la acción no había sido acreditada. Éste era el argumento de la responsable.

El colegiado, sin embargo, estimó que al tenor del artículo 224, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, quien niega sólo está obligado a probar "Cuando su negación, no siendo indefinida, envuelva la afirmación de un hecho". La manifestación formulada por el actor en el sentido de que la demandada no había aceptado ni vender ni comprar si bien constituía una negativa, era una de carácter indefinido, de modo que ya no entraba en el supuesto normativo citado, pero que sí constituía una manifestación perfectamente controvertible por la demandada, la que podía aducir en contra 1) la existencia del convenio o 2) que sí está dispuesta a vender o a comprar.

Arguyó además que era imposible que el actor probara la inexistencia del convenio, pues no puede probarse lo que no existe, y esto aun y cuando probase que había notificado su intención de compra o venta a la copropietaria. Así, el colegiado concluyó que bastaba la sola manifestación del actor, producida en su demanda, de que no era su deseo mantener la copropiedad y de que no había acuerdo entre los copropietarios para que la acción prosperase, sin que esto afectara a la demandada, la que podría excepcionarse esgrimiendo la existencia del convenio o su aceptación con la venta o compra.

Las consideraciones expresas del tribunal fueron las siguientes:

"QUINTO. Los anteriores conceptos de violación resultan en parte jurídicamente ineficaces, otros esencialmente fundados y finalmente de estudio innecesario.

"De los autos originales remitidos por la Magistrada presidenta de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, junto a su informe justificado, mismos que adquieren eficacia probatoria plena en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o., se advierte que el presente juicio de garantías deriva de un diverso ordinario civil sobre división de la cosa común promovido por ********** -hoy quejoso- en contra de ********** que se tramitó bajo el expediente número 852/2005, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial de la entidad; dictándose sentencia el veintiocho de marzo de dos mil seis, en que se declaró la procedencia de la acción en ejercicio.

"En este fallo, la autoridad de primer grado precisó como elementos de la acción, los siguientes:

"‘1. La existencia del estado de copropiedad entre las partes contendientes; 2. La manifestación inequívoca de voluntad de uno de los copropietarios de que cese ese estado de indivisión; y 3. Que el dominio no sea divisible o que la cosa cuestionada no admita cómoda división.’ (foja 102 vuelta del expediente de origen, el subrayado es autoría de este tribunal).

"El primero de ellos lo tuvo por acreditado con la copia certificada de la escritura pública seis mil ochocientos cuatro, de fecha cinco de abril de dos mil uno, que dijo contiene un contrato de compraventa de bien inmueble urbano celebrado por ********** como vendedora y ********** y ********** como compradores -estos últimos actor y demandado respectivamente dentro del juicio natural-.

"El segundo elemento consistente en la ‘manifestación inequívoca de voluntad de uno de los copropietarios de que cese ese estado de indivisión’, lo tuvo por justificado con lo dicho por la actora al plantear su demanda, en el sentido de que:

"‘Es el caso de que el suscrito no desea continuar con la copropiedad del bien inmueble referido con antelación y en virtud de que no se puede obligar a los copropietarios a conservarlo indiviso y de que el inmueble objeto del presente juicio, no acepta una cómoda división, es por lo que solicito se proceda a la venta judicial del multicitado bien inmueble, ya que la Sra. ********** (sic) se niega a comprar la parte alícuota que corresponde al suscrito, así como también se niega a vender su parte alícuota, por lo que en atención a lo establecido en los artículos 936 y 937 del Código Civil vigente en el Estado, solicito se proceda a la venta judicial del bien inmueble sujeto a la copropiedad y se reparta el precio del mismo entre el suscrito y la Sra. **********.’ (foja 103 vuelta ídem).

"Externó el a quo, que además de que en ese ocurso de demanda se advierte la manifestación inequívoca del accionante en cesar (sic) el estado de copropiedad, conforme lo dispone el artículo 936 del Código Civil vigente en el Estado, nadie está obligado a conservar la indivisión, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley el dominio sea indivisible.

"Y en cuanto al tercer elemento, lo estimó acreditado con el dictamen rendido por el perito de la parte actora, teniendo a la contraparte por conforme con el mismo.

"Asimismo, en ese fallo, en estudio de la excepción opuesta por la reo a la que el a quo hizo referencia como que ‘es falso que el actor le haya respetado el derecho del tanto y, por ende, considera que no es dable la división solicitada por el actor’ (foja 113 vuelta ídem) la declaró inoperante, argumentando que los artículos 935, 936 y 937 del Código Civil en vigor en la entidad, prevén la procedencia de la acción de la liquidación de la copropiedad, basada en la existencia de la indivisibilidad de la cosa, y que de su contenido literal se desprende que si quienes tienen el dominio legal de un bien que no admite cómoda división, y los partícipes no convienen en que sea adjudicado a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición del precio entre los interesados.

"Contra esa resolución de primera instancia, la demandada interpuso recurso de apelación, siendo en base a su análisis que los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a quienes correspondió su conocimiento, dictaron sentencia en la que determinaron, por mayoría de votos, revocar la pronunciada por el inferior y declarar improcedente la acción en ejercicio.

"El ad quem, sintetizó la primera parte del primer agravio en los siguientes términos:

"‘... la recurrente aduce, en la primera parte de su primer punto de inconformidad, que le causa agravio la sentencia dictada por el Juez a quo en primera instancia. Ya que de los elementos de la acción estimados por el Juez a quo para su procedencia, consistentes en 1. La existencia del estado de copropiedad entre las partes contendientes; 2. La manifestación inequívoca de voluntad de uno de los copropietarios de que cese ese estado de indivisión; y 3. Que el dominio no sea divisible o que la cosa no admita cómoda división, dicha impetrante de legalidad sostiene que el segundo no se actualizó. Toda vez que, según la recurrente, el actor en ningún momento «manifestó su intención inequívoca de voluntad» a aquélla de querer vender su parte alícuota de la propiedad en cuestión. Ya que, según dicha apelante, la consideración del Juez a quo relativa a que sí existe esa manifestación por parte de uno de los copropietarios, en la especie, por parte del actor ********** debe implicar que dicha impetrante de legalidad ha recibido algún tipo de oferta de venta o compra, particularmente, que se le concedió legalmente el derecho del tanto. Lo cual, a criterio de la impetrante de legalidad, en la especie no aconteció. De ahí que, en concepto de tal recurrente, resulte ilegal lo considerado en ese sentido por el Juez natural en su resolución.’ (foja 62 vuelta del toca de apelación).

"Inconformidades que estimó fundadas bajo los siguientes argumentos:

"‘Toda vez que, como lo refiere la apelante, de autos del juicio natural no se advierte que aquélla hubiere recibido algún tipo de oferta de venta o compra de la restante parte alícuota que integra la copropiedad del inmueble materia de la litis. Es decir, no se advierte que el actor haya acreditado que requirió o notificó a la demandada, ahora apelante, de sus intenciones de venta respecto del citado bien o que le hubiere ofertado la venta de su porción alícuota de la copropiedad, como dicho actor lo afirma en los hechos de su demanda. De ahí que, consecuentemente, no pueda decirse en juicio que los ahora contendientes no llegaron a un convenio respecto a la adjudicación de la cosa a alguno de ellos, como lo establece el artículo 937 del Código Civil del Estado, para que haya lugar a la venta del inmueble objeto de la copropiedad como lo pretende el actor. Pues, de estimarse lo contrario se transgredirían en perjuicio de la demandada, ahora recurrente, sus garantías de audiencia y legalidad al pasar por alto la falta de acreditación del segundo elemento de la acción. Lo anterior se estima así, pues, conforme al artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es al actor ********** a quien le corresponde probar los hechos constitutivos de su acción, en la especie, respecto a que la ahora apelante se negó a comprar la parte alícuota que a dicho actor le pertenece, o que dicha inconforme se haya negado a vender su proporción de la copropiedad a tal promovente, para efectos de que se pueda tener por válidamente acreditado el elemento consistente en la manifestación inequívoca de uno de los copropietarios de que cese el estado de indivisión. Pues, a mayor abundamiento, si tomamos en consideración que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, atento a lo previsto por el artículo 1689 del Código Civil del Estado, en consecuencia, resulta inobjetable que al promovente le correspondía acreditar el elemento consistente en que los partícipes de la copropiedad, es decir, dicho actor y la ahora recurrente no llegaron a un acuerdo en relación a que el inmueble materia de la litis se adjudicara a alguno de ellos. Toda vez, que para la procedencia de la acción intentada no basta con expresar en la demanda que la reo, ahora apelante, se ha negado a comprar la parte alícuota que pertenece al actor o a vender a éste la porción que a dicha inconforme le corresponde de la copropiedad. Hechos que constituyen los motivos por los que el actor promovió el juicio. Ya que, al expresar la ahora impetrante de legalidad en el sexto párrafo del punto dos de contestación a los hechos de la demanda:

"‘Por otra parte, lo expresado por el actor en el sentido de que la suscrita se ha negado a comprar o vender es completamente falso, obvia y evidentemente que lo afirmado por el actor en el sentido de que la suscrita se ha negado a realizar tales actos implica básicamente que me fue hecha primeramente algún tipo de oferta de venta u (sic) compra, particularmente, que se me concedió el derecho del tanto. Al efecto arrojo la carga de la prueba a la parte actora a fin de que acredite semejantes extremos, ya que es falso que el actor le haya respetado a la suscrita el derecho del tanto ... .

"‘Al efecto, tenemos que tal declaración arrojaba la carga de la prueba a la parte actora a fin de que acreditara sus manifestaciones en cuanto a la falta de convenio a que alude el artículo 937 del Código Civil del Estado. Por lo que, consecuentemente, al promovente es a quien le correspondía acreditar los hechos constitutivos de su acción, atento al numeral 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cual, como se mencionó, no aconteció en la especie, respecto a que la ahora apelante se negó a comprar la parte alícuota que a dicho actor le pertenece, o que dicha inconforme se haya negado a vender su porción de la copropiedad a tal actor. Ello, para efectos de que se pueda tener por válidamente acreditado el segundo elemento de la acción relativo a la manifestación inequívoca de uno de los copropietarios de que cese el estado de indivisión.’ (fojas 63 vuelta a 64 vuelta ídem).

"Del contexto anterior se advierte que la responsable declaró fundado el agravio sometido a su consideración, por estimar que tal y como lo señaló la apelante, aun cuando al actor le correspondía probar los hechos constitutivos de su acción conforme al numeral 223 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, no acreditó el segundo elemento, consistente en la manifestación inequívoca de uno de los copropietarios de que cese el estado de indivisión.

"Adujo que para tenerlo por cumplido, era imprescindible que acreditara el requerimiento o notificación a la demandada sobre su intención de comprar la parte que a esta última le corresponde del bien en conflicto, o que le haya ofertado en venta su porción alícuota de la copropiedad, pues al no hacerlo así, no puede decirse que los contendientes no llegaron a un convenio respecto a la adjudicación de la cosa a alguno de ellos, como lo establece el artículo 937 del Código Civil del Estado, si se toma en cuenta que el convenio es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

"Pues -señala el ad quem-, es insuficiente para la procedencia de la acción intentada, que sólo se exprese en la demanda que la reo se ha negado a comprar la parte alícuota de su copropietario o a vender la que a ella le pertenece, dado que al negar esos hechos la demandada en su escrito de contestación, le arrojó la carga de la prueba al accionante para que justificara su dicho por cuanto a la falta del aludido convenio.

"Esas afirmaciones las sustentó la autoridad responsable en la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 129/2004, promovido por **********.

"Primeramente, por cuestión de orden cabe analizar aquellas aseveraciones del quejoso contenidas en el segundo concepto de violación (foja 17 del cuaderno en que se actúa), atinentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues aduce que los Magistrados responsables no explican el por qué declaran improcedente la acción en ejercicio, pretendiendo fundar su determinación en un equivocado criterio sostenido en una ejecutoria de amparo por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Cuarto Circuito, pero sin analizar debidamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, limitándose a transcribir el aludido criterio y repitiendo sus argumentaciones.

"Inconformidades que devienen infundadas, dado que son precisamente esos razonamientos esgrimidos por el citado órgano colegiado federal, que sirvieron de base para fundar y motivar la determinación de la responsable, de modo que si bien se reiteró el criterio en el asunto que da origen al presente juicio de garantías, ello no significa que se falte a los principios de fundamentación y motivación; por el contrario aquellos preceptos legales y consideraciones, sustentan el cumplimiento de las mencionadas garantías, permitiendo al afectado que por medio de razonamientos jurídicos controvierta lo externado por la Sala de apelación.

"Es de citarse al respecto, la jurisprudencia constituida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal de Justicia visible en la foja 178, Tomo VI, Parte: SCJN, Séptima Época, Apéndice de 1995, que señala:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.’

"En cambio, le asiste razón al quejoso cuando expresa que el ad quem pretende imponerle una carga probatoria no contemplada en la ley, al exigirle probar un hecho negativo, como lo es, el demostrar que los copropietarios del inmueble materia de la litis, no llegaron a un convenio respecto a la adjudicación de la cosa a alguno de ellos (foja 11 ídem); y además, también es acertada su afirmación en el sentido de que no existe disposición en nuestra legislación vigente, que establezca la obligación para el actor de requerir o notificar a un copropietario para adquirir su parte alícuota o para venderle la correspondiente a dicho copropietario (foja 12, tercer párrafo ídem).

"Conviene reproducir diversos aspectos sobre el derecho probatorio y la forma de operar de acuerdo con la ley positiva mexicana, según lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/97, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de este Cuarto Circuito, en cuya ejecutoria se señala:

"‘... la carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que, quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito, y puede quitarse esa carga de encima probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley le señala. Las premisas descritas conducen a establecer, como principio fundamental, que aquel que afirma está obligado a probar, esto es, el que toma la iniciativa en la contienda judicial, a quien se designa con el nombre de actor, debe probar la existencia del derecho que afirma tener, y aquél a quien se exige el cumplimiento de una obligación, se llama demandado o reo, debe probar a su vez el hecho en el cual funda su defensa. Es consecuencia del principio relatado, que el que niega no está obligado a probar sino en el caso en que su negativa importe la afirmación de un hecho. El primero de los principios expuestos tiene aplicación, aun cuando se trate de hechos negativos, porque negar un hecho es afirmar otro en contrario, por ejemplo, negar que Jorge otorgó libremente su consentimiento para la celebración de un acto jurídico, es afirmar que se ha ejercido sobre él coacción o violencia, hecho susceptible de ser probado. La regla fundamental que sirve para determinar a quién incumbe la obligación de la prueba, reposa sobre la presunción que la razón y la lógica sugieren, según la cual todo hombre se reputa libre de todo vínculo jurídico, porque la libertad es el estado normal de los hombres, y se reputan sus bienes libres de toda responsabilidad, por la misma causa ... . Estos principios son los que en la actualidad rigen y los que sirven para determinar a quién incumbe la carga de la prueba mediante las reglas que han merecido la sanción de la ley: 1. El que afirma está obligado a probar y, en consecuencia: 2. El actor debe probar su acción. 3. El reo debe probar sus excepciones. 4. El que niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negativa envuelva una afirmación expresa de un derecho (sic). 5. El que niega está obligado a probar cuando, al hacerlo, desconoce una presunción legal que tiene a su favor el colitigante ... . Aquel que argumenta la existencia de un hecho constituido a su favor, está obligado a probar su adquisición, esto es, la existencia del acto jurídico de donde deriva ese derecho, pero no la persistencia de él, porque tal acto ha creado una situación determinada del demandante con relación al demandado, que se presume existente mientras no se pruebe lo contrario. Tal presunción se ha impuesto por las exigencias de la lógica y del sentido común pues, si no existiera, se atribuiría al actor la obligación de probar un hecho negativo imposible de cumplir (la falta de cumplimiento de la obligación), es por ello que, en ese caso, le bastará demostrar que el demandado la contrajo, pero no que éste la ha dejado de cumplir. En ese orden de ideas, si el demandado alega la extinción del derecho del actor, que es nulo e ineficaz, le incumbe la demostración de los hechos en que funda su defensa. De modo que el principio general de la carga de la prueba puede caber en dos campos: a) En materia de obligaciones, el actor prueba los hechos que suponen la existencia de la obligación, y el reo los hechos que suponen la extinción de ella. b) En materia de hechos y actos jurídicos, tanto el actor como el reo prueban sus respectivas proposiciones, siguiendo, desde luego, las reglas que fijen los códigos adjetivos correspondientes. De la explicación que se ha dado de las leyes de prueba, debe tenerse presente que aunque la ley positiva haya cuidado de establecer el principio general de que al actor incumbe probar, que no hay obligación de probar los hechos negativos, a no ser que impliquen un afirmación expresa y otras reglas semejantes, la materia de que se trata es tan complicada que se necesita hacer un esfuerzo extraordinario de atención y dedicar una meditación constante y sostenida acerca de las circunstancias especiales de cada caso para vencer las dificultades que se presentan en la práctica.’ (el subrayado es autoría de este tribunal).

"Del texto anterior podemos rescatar lo siguiente:

"1) La carga de la prueba, como principio fundamental, le corresponde a aquel que afirma, de modo que el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones.

"2) El que niega no está obligado a probar, salvo que su negativa encierre la afirmación de un hecho.

"3) En materia de hechos y actos jurídicos, si bien se surten las normas anteriores, la carga de la prueba debe sujetarse a las reglas que fijen los códigos adjetivos correspondientes.

"Del mismo modo, es conveniente analizar la definición de hechos negativos que se toma del Diccionario de Derecho Procesal Civil del tratadista Eduardo Pallares, vigésima séptima edición, editorial Porrúa, México, 2003, páginas 398 y 399, donde se señala:

"‘Hechos negativos (Prueba de los). En realidad, no hay hechos negativos. Si el hecho existe, es positivo y si no existe no es hecho. Lo único que hay son proposiciones o juicios negativos, lo que es diferente. El artículo 282 exige la prueba de la negación, en los siguientes casos: a) Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho (si la afirmación es expresa, no hay negación); b) Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante; c) Cuando se desconozca la capacidad; d) Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción o de la excepción, porque aunque la ley no diga esto último, así debe ser de acuerdo con el principio de que el reo en las excepciones hace las veces de actor. Puede servir de comentario a las normas anteriores, la siguiente doctrina de Lessona que dice. «En la doctrina antigua se reconocía una excepción de las reglas sobre el peso de la prueba en las alegaciones de algunos hechos negativos. Los glosadores, ya por viciosos excesos de la interpretación o por influencia del derecho canónico, o quizás, como creemos nosotros, por haber mediado error, interpretando algunos textos, crearon una teoría que excluía a veces la prueba de los hechos negativos. Estos textos dicen sustancialmente que el demandado que ante un actor no ha afirmado nada, nada debe probar; basta que niegue y el que en tal caso niega, no debe suministrar prueba alguna. Los glosadores, examinando aisladamente las proposiciones probatio non incubit cui negat; per rerum natura factum negantis probatio nulla sit; negantis naturali rationa probatio nulla est, y por otra parte, interpretando los textos en los cuales hay obligación de la prueba de los hechos negativos, concluyeron distinguiendo la negativa de cualidad, la negativa de derecho y la negativa de hecho. Es la negativa de cualidad la proposición con la cual se niega la cualidad jurídica o física de una persona o de una cosa. Esta negativa, equivale a una afirmación, debe probarse. Así, si niego que Ticio está sano de inteligencia, afirmo que está loco; si niego que es mayor de edad afirmo que es menor; si niego que la piedra que se me ha vendido es diamante, afirmo que es otro mineral; si niego que un bien del estado es mostrenco, afirmo que es patrimonial; etcétera Es negativa de derecho la proposición con la cual se niega que un acto es legítimo. Existiendo de la validez de los actos una presunción, el que niega debe probarla (la negación, no la presunción). Si el hecho está definido por circunstancias de tiempo y lugar, entonces la prueba de tales circunstancias, como prueba de hechos positivos que se puede conseguir aun interrogando del contrario, puede y debe presentarse. Si el hecho es indefinido, entonces su prueba es imposible. Y si con esta imposibilidad para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20988-3026c2ed/copropiedad-tratandose-de-la-accion-de-venta-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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