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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES INDISPENSABLE QUE EL DOCUMENTO EXHIBIDO COMO JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21479
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 26.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, ya que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la realizó el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, órgano jurisdiccional del que proviene uno de los criterios en posible contradicción, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. La postura del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, contenida en la ejecutoria del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, dictada en el amparo directo 811/2004, derivó de las siguientes consideraciones:

Que por justo título debe entenderse el acto mediante el cual legalmente se transfiere y se adquiere el dominio de una cosa, por lo que es el título que legitima la detentación que se tiene de un inmueble "sin tomar en cuenta el vicio o defecto (ignorado) del que adolece el documento", pues constituye la causa legítima o de buena fe de la tenencia o posesión de la cosa. Añadió que los posibles vicios que contenga el título no le restan "la noción de lo justo".

Por las citadas razones, el mencionado Tribunal Colegiado juzgó que para que proceda la acción plenaria de posesión, en términos del artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no es necesario que el título en que se sustente sea de fecha cierta, sino que el juzgador debe examinar si el documento exhibido por el actor como justo título, es aquel que resulta suficiente para que se crea fundadamente que se le transmitió el dominio del bien controvertido.

De dichas consideraciones derivó la tesis que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: II.4o.C.20 C

"Página: 1057

"ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO QUE EL JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La acción publiciana es una acción real que compete al poseedor civil de una cosa contra el que la posee sin título o con otro, pero de menor derecho, para que sea restituida con sus frutos, accesiones y abonos de menoscabos, estando sujeta dicha acción a que quien la ejercite sea poseedor en derecho de la cosa que reclama; que aquel contra quien se dirija, carezca de derecho para retenerla o sea inferior al de su denunciante, y que se acompañe el justo título en que la acción se funde. En este orden de ideas, es importante destacar que por justo título debe entenderse como el que es o el que se cree bastante para transferir el dominio; de ahí que la noción de justo título comprenda dos supuestos: a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un título de propiedad y b) Aquel que en principio sería apto para trasmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión; por tanto, el justo título es el que legalmente basta para transferir el dominio de la cosa, es decir, el que produce la transmisión y adquisición del dominio, y constituye la circunstancia que permite la entrega de la cosa una vez que se declare que se tiene un mejor derecho a poseer. Ahora bien, en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México se establece que la acción plenaria de posesión o publiciana compete al adquiriente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil del Estado de México, por lo que el actor debe acreditar que tenía la posesión o la tenía quien le transmitió el bien, aun cuando no se hubiere consumado la usucapión; de ahí que esta acción se dé contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. Lo anterior permite considerar que para la procedencia de la acción plenaria de posesión o publiciana, no es necesario que el título basal sea de fecha cierta, sino que el juzgador sólo debe examinar, como primer elemento de la acción, si el documento exhibido por el actor, como justo título, es aquel que resulta suficiente para que su tenedor crea fundadamente que se le transmitió el dominio del bien y decidir quién tiene mejor derecho, con base en la valoración de los títulos, adminiculados con los demás elementos aportados.

"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

"Amparo directo 811/2004. (**********). 29 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Guzmán. Secretario: Francisco Peñaloza Heras."

CUARTO. El criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se sustentó al resolver el veintinueve de abril de dos mil ocho el amparo directo 199/2008, en cuya ejecutoria consideró lo siguiente:

Que no cualquier documento privado es apto para demostrar la propiedad o posesión de un bien, ya que para que surta efectos contra terceros requiere la calidad de fecha cierta; y que para que proceda la acción plenaria de posesión prevista en el artículo 2.6 del Código Civil para el Estado de México, es necesario el requisito de que los documentos exhibidos como justo título para poseer (base de la acción) sean de fecha cierta.

Por último, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito expresó que no compartía el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito "donde en lo fundamental estima que el justo título para poseer no requiere tener fecha cierta" y que debía denunciarse la posible contradicción de tesis.

La parte considerativa de la ejecutoria del Tribunal Colegiado de Circuito en cita, que guarda relación con la posible contradicción de tesis, es la que a continuación se transcribe:

"Así, debe reiterarse que la acción plenaria de posesión ejercitada por la parte actora, prevista en el artículo 2.6 del Código Civil vigente, requiere para su procedencia el acreditamiento de los siguientes elementos: 1. Que tiene justo título para poseer; 2. Que es de buena fe; 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere el título; y, 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado.

"...

"En esa tesitura, el principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operación es su fecha cierta, pues si bien es cierto el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento, así como la intervención de un fedatario público; la doctrina y la jurisprudencia han reconocido también que la fecha cierta tiene lugar cuando ante un funcionario en razón de su oficio se ha presentado el contrato respectivo, o cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, o cuando dicho documento es presentado ante el Registro Público de la Propiedad.

"Con base en lo anterior debe concluirse que no cualquier documento privado es susceptible de demostrar que se tiene la propiedad o posesión de un bien, pues ciertamente para que surta efectos contra terceros requiere la calidad de fecha cierta, pues si cualquier documento privado pudiera servir para ello, entonces se vería afectada la seguridad jurídica de los terceros. Ello es así, porque en los documentos privados existe cierta facilidad de alterar los documentos y antefecharlos, con la finalidad de obtener algún beneficio.

"...

"Derivado de la consideración anterior, relativa a que para la procedencia de la acción plenaria de posesión es requisito que el justo título sea de fecha cierta, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, emitió la tesis aislada identificada con el número II.4o.C.20 C, que aparece publicada en el Tomo XXI, de marzo de 2005, página 1057, y registro número 179,141, del IUS del rubro, texto y precedente siguientes:

"‘ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO QUE EL JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La acción publiciana es una acción real que compete al poseedor civil de una cosa contra el que la posee sin título o con otro, pero de menor derecho, para que sea restituida con sus frutos, accesiones y abonos de menoscabos, estando sujeta dicha acción a que quien la ejercite sea poseedor en derecho de la cosa que reclama; que aquel contra quien se dirija, carezca de derecho para retenerla o sea inferior al de su denunciante, y que se acompañe el justo título en que la acción se funde. En este orden de ideas, es importante destacar que por justo título debe entenderse como el que es o el que se cree bastante para transferir el dominio; de ahí que la noción de justo título comprenda dos supuestos: a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un título de propiedad y b) Aquel que en principio sería apto para trasmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión; por tanto, el justo título es el que legalmente basta para transferir el dominio de la cosa, es decir, el que produce la transmisión y adquisición del dominio, y constituye la circunstancia que permite la entrega de la cosa una vez que se declare que se tiene un mejor derecho a poseer. Ahora bien, en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México se establece que la acción plenaria de posesión o publiciana compete al adquiriente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil del Estado de México, por lo que el actor debe acreditar que tenía la posesión o la tenía quien le transmitió el bien, aun cuando no se hubiere consumado la usucapión; de ahí que esta acción se dé contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. Lo anterior permite considerar que para la procedencia de la acción plenaria de posesión o publiciana, no es necesario que el título basal sea de fecha cierta, sino que el juzgador sólo debe examinar, como primer elemento de la acción, si el documento exhibido por el actor, como justo título, es aquel que resulta suficiente para que su tenedor crea fundadamente que se le transmitió el dominio del bien y decidir quién tiene mejor derecho, con base en la valoración de los títulos, adminiculados con los demás elementos aportados.’

"Por ello, con relación con lo sustentado en la presente ejecutoria, este Tercer Tribunal Colegiado, no comparte el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este propio Segundo Circuito, en la anterior tesis, donde en lo fundamental estima que el justo título para poseer no requiere tener fecha cierta.

"En esa virtud, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, debe denunciarse la posible contradicción de tesis por conducto del presidente de este Tribunal Colegiado."

QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, que amerite ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente, del Pleno de este Alto Tribunal:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De esta jurisprudencia se advierte que para la configuración de una contradicción de tesis, que deba dilucidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos:

1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adopten posturas divergentes;

2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y,

3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.

SEXTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados, que condicionan la existencia de la contradicción de tesis.

Para constatar la referida contradicción es menester señalar primeramente los siguientes elementos coincidentes:

1. Tanto el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, como el del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Segundo Circuito, derivaron de sentencias pronunciadas en sendos juicios de amparo directo, en los que se reclamaron sentencias definitivas pronunciadas en los respectivos juicios de origen, donde se ejerció la acción plenaria de posesión prevista en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado del México.

2. Tanto en uno como en otro juicio de origen se discutió lo referente al justo título y a la fecha cierta del documento base de la acción plenaria de posesión de un bien inmueble, y ambos analizaron el mismo precepto legal, 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que es del siguiente tenor:

"Artículo 2.6. Compete acción al adquirente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil. El actor también debe acreditar que tenía la posesión, o la tenía quien le transmitió el bien, aun cuando no se hubiere consumado la usucapión.

"Se da esta acción contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor."

3. No obstante que ambos tribunales se ocuparon de una misma cuestión jurídica y examinaron elementos coincidentes, sustentaron criterios divergentes, pues el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, determinó que para que proceda la acción plenaria de posesión, en términos del artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no es necesario que el título base de la acción sea de fecha cierta, sino que el juzgador debe examinar si el documento exhibido por el actor como justo título, es aquel que resulta suficiente para que su tenedor crea fundadamente que se le transmitió el dominio del bien, y poder decidir quien tiene mejor derecho, con base en la valoración de los títulos adminiculados con los demás elementos probatorios aportados al juicio.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determinó que no cualquier documento privado es apto para demostrar la propiedad o posesión de un bien, ya que para que surta efectos contra terceros requiere la calidad de fecha cierta y que para que proceda la acción plenaria de posesión prevista en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, es necesario el requisito de que los documentos exhibidos como justo título para poseer (base de la acción) sean de fecha cierta.

Con esos datos se satisfacen los requisitos que presuponen la existencia de la contradicción de tesis, básicamente los relativos a que en las consideraciones de las sentencias de los tribunales, hubieren analizado iguales cuestiones jurídicas y elementos coincidentes, y que cada uno de ellos haya adoptado posturas divergentes, como las que ya se reseñaron, consistentes en: según el criterio de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito para que proceda la acción plenaria de posesión es necesario que el documento exhibido como justo título (base de la acción) sea de fecha cierta; mientras que en opinión del otro tribunal para la procedencia de la referida acción no es necesario el requisito de que el título base de la acción sea de fecha cierta.

De lo asentado respecto a la existencia de la contradicción denunciada, el tema de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si para la procedencia de la acción plenaria de posesión, prevista en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, es un requisito necesario o no, el relativo a que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta.

SÉPTIMO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Primera Sala, que enseguida se establece.

Para la resolución adecuada de la presente contradicción de tesis es conveniente realizar primeramente el examen del artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ya que el tema de la referida contradicción de tesis estriba en determinar si para la procedencia de la acción plenaria de posesión, prevista en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles de mérito, es un requisito necesario o no, el relativo a que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta.

El mencionado artículo (2.6) está comprendido en el libro segundo del código procesal indicado, que se refiere a la función jurisdiccional, y se localiza en el título primero de dicho libro segundo, que regula lo relativo a las acciones y excepciones.

En el capítulo I del citado título primero se ubica el artículo 2.6 que tiene como encabezado: "Acción plenaria de posesión", la cual, según el texto de este numeral, compete o está reservada a favor del adquirente con justo título y de buena fe del bien materia de la acción, como se demuestra con su transcripción:

"Artículo 2.6. Compete acción al adquirente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil. El actor también debe acreditar que tenía la posesión, o la tenía quien le transmitió el bien, aun cuando no se hubiere consumado la usucapión.

"Se da esta acción contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor."

Del citado numeral se advierte que puede promover la acción plenaria de posesión, aquel sujeto que se ubique necesariamente en los siguientes tres presupuestos:

1. El primero consistente en que el actor sea adquirente del bien, por lo que la acción no se concede sólo a favor de quien sea comprador de la cosa, por compraventa, sino que puede ejercerla todo aquel que la haya adquirido, sea mediante donación, por testamento, dación en pago, adjudicación, prescripción, permuta o por resolución judicial, etcétera, pero no es menester que acredite en estricto sentido el derecho de propiedad, de manera perfecta, porque lo que protege esa acción es la posesión, y no la propiedad, como se verá posteriormente con mayor detalle.

2. El segundo presupuesto concierne a que el sujeto que haya hecho la referida adquisición la hubiere realizado con justo título; y,

3. La tercera condición necesaria para el ejercicio de la acción, estriba en que el título base de la acción no sólo debe reunir la exigencia de la adquisición del bien, sino además que ésta se haya hecho de buena fe.

A propósito de la buena fe, de conformidad con el artículo 5.44 del Código Civil del Estado de México, es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, y se entiende por título la causa generadora de la posesión. Asimismo, por indicación del artículo 5.45 de esa legislación la buena fe se presume siempre, salvo prueba en contrario.

Conforme a esas directrices, para que un sujeto pueda intentar la acción plenaria de posesión, no basta con que haya adquirido de buena fe el bien, sino que para que proceda la acción debe contar también con un justo título que le permita la posesión.

En otros términos, tampoco es suficiente para tener esa facultad procesal con que el interesado exhiba un justo título y haya tenido la posesión de buena fe, sino que además de estos dos requisitos debe igualmente ser adquirente del bien (no necesariamente comprador), ya que la referida acción compete: al adquirente (1), con justo título (2), y de buena fe (3), como lo revela el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.

Podría creerse que tampoco se le permitiría ejercer la acción tan sólo porque fuera adquirente del bien, con justo título, sino que debiera probar que tanto la adquisición como el justo título de la posesión son de buena fe; sin embargo, esta prueba de la buena fe no es indispensable, pues como se ha señalado, el artículo 5.45 previene que la buena fe se presume siempre, salvo prueba en contrario.

Dicha acción tiene como objeto la restitución al actor de un bien con sus frutos y accesiones, en términos del Código Civil respectivo, en este caso el del Estado de México.

En cuanto a la posesión, para que prospere esa acción es necesario que el actor acredite que tenía la posesión del bien, o que la tenía quien se lo transmitió.

Asimismo, se debe promover en contra del poseedor de mala fe, el cual, de acuerdo con lo que indica el artículo 5.44 del Código Civil de la entidad señalada, es aquel que entra a la posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho; o en contra también de quien aunque tenga un título de igual calidad que el del actor, ha poseído por menos tiempo que este último, tal como se desprende del texto del artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que para efectos de claridad y precisión conviene nuevamente transcribir:

"Artículo 2.6. Compete acción al adquirente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil. El actor también debe acreditar que tenía la posesión, o la tenía quien le transmitió el bien, aun cuando no se hubiere consumado la usucapión.

"Se da esta acción contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor."

Por otra parte, el mencionado precepto 2.6, que regula los requisitos de procedencia de la acción plenaria de posesión, se encuentra relacionado con el diverso artículo 2.7 del citado ordenamiento procesal, el cual prevé los casos en los que no procede la referida acción plenaria de posesión.

Dicho numeral de improcedencia es del siguiente texto:

"Artículo 2.7. No procede la acción plenaria de posesión, en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño."

De conformidad con este último texto legal existen tres casos específicos previstos de manera expresa en esta norma, en los que no resulta procedente la acción plenaria de posesión, y son los siguientes:

1. Si ambas posesiones, tanto del actor como del demandado, fuesen dudosas.

2. Si el demandado tuviere su título registrado y el actor no lo tuviere; y,

3. No procede la mencionada acción en contra del legítimo dueño del bien materia de la posesión, ya que la acción publiciana no se estableció para privar de la posesión al propietario de la cosa, sino para lograr la restitución a favor de su adquiriente (obtenida por los diversos medios que la ley establece), en contra del poseedor de mala fe o que haya poseído por menos tiempo que el actor.

El examen que antecede de los artículos 2.6 y 2.7 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no es suficiente para dar una respuesta satisfactoria a la cuestión que se pretende dilucidar en esta contradicción de tesis, toda vez que ninguna referencia expresa se contiene en esos numerales sobre el concepto de la fecha cierta de los documentos constitutivos del justo título (título que fundadamente se cree bastante para transferir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente sólo le transmite la posesión), que debe utilizar el actor al ejercer dicha acción.

Por ello a la cuestión de la fecha cierta del documento que pudiera considerarse como justo título, también es importante dedicarle una parte del estudio en esta ejecutoria, ya que se relaciona con el tema de la presente contradicción de tesis, relativo a determinar si para la procedencia de la acción plenaria de posesión, prevista en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, es un requisito necesario o no, el relativo a que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta.

En primer término, respecto del concepto de justo título, esta Primera Sala en la ejecutoria pronunciada el once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, al resolver la contradicción de tesis 50/95, de la ponencia del señor Ministro Humberto Román Palacios, fallada por unanimidad de cinco votos, determinó que la acción plenaria de posesión fue instituida en el sistema romanista por el Pretor Publicius, quien para proteger al poseedor (civil) de buena fe, concedió una acción a todo aquel que hubiese recibido una cosa con justo título, cuando perdiera la posesión antes de haber adquirido la propiedad por prescripción.

La sentencia que se pronunciaba en el juicio respectivo se limitaba a resolver acerca del mejor derecho de posesión, sin prejuzgar sobre los derechos de propiedad ni hacer alguna declaración de dominio.

En la referida ejecutoria de la Primera Sala, se asentó que durante la edad media, frecuentemente se confundió la acción plenaria de posesión o publiciana, con la reivindicatoria, y ello trajo como consecuencia que desapareciera de numerosas legislaciones europeas, entre las que se encuentran el Código Civil español, el francés y el italiano. La fuerte influencia de estas legislaciones sobre el derecho mexicano, propició que la acción publiciana no fuera contemplada en los Códigos Civiles del Distrito y Territorios Federales de 1870, 1884, ni aun en el de Procedimientos Civiles de 1883. Posteriormente, el Código Federal de Procedimientos Civiles y para el Distrito Federal de 1931, incorporó de manera expresa la acción plenaria de posesión en los términos de su artículo 9o., el cual fue recogido más adelante por la mayoría de las legislaciones adjetivas locales.

La noción de "justo título" contenida en varios preceptos de las legislaciones federal y local, entre ellos, el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que fue empleada en el Código Civil de 1870, así como en el referido código de 1884, para establecer el primer requisito de la prescripción positiva, desapareció como tal en el Código Civil de 1928 y fue sustituida por la noción de "poseedor en concepto de propietario". Sin embargo, como una reminiscencia de la acepción y fiel a la tradición romanista, el artículo 9o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931, acogió el concepto de "justo título". De ahí que la connotación de dicho término debe entenderse a la luz de la definición que de él se proporciona en los Códigos Civiles de 1870 y 1884.

En efecto, el artículo 1188 del Código Civil de 1870, establecía que se llama justo título el que es bastante para transferir el dominio. Por su parte, el artículo 1080 del Código Civil de 1884, aclaró el concepto al establecer que se llama justo título el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio.

De lo anterior se concluye, que el justo título comprende dos supuestos, a saber: a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un título de propiedad; y, b) Aquel que en principio sería apto para transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión.

Cabe apuntar, que la práctica hizo caer en desuso la primera de las hipótesis mencionadas (a)), pues quien prescribía un bien evidentemente lo hacía porque carecía de un título que le transmitiera el dominio.

Adicionalmente, es pertinente advertir que el elemento de justo título no pugna con la definición que se contiene en el artículo 5.44 del Código Civil del Estado de México, el cual establece: "Se entiende por título la causa generadora de la posesión", porque es claro que la acepción de justo título, en sus dos aspectos, da origen a la posesión, y por ello encuadra dentro de lo previsto por el artículo 5.44 del citado ordenamiento.

No obstante, cabe señalar que el concepto de causa generadora de la posesión es más amplio que el de justo título, pues si bien la posesión puede origin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21479-6315ba7e/accion-plenaria-de-posesion-para-su-procedencia-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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