COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió las ejecutorias relativas a los amparos en revisión ********** y **********, en las que consideró que la sentencia de segunda instancia que confirma la interlocutoria dictada en un incidente y condena o absuelve a una de las partes al pago de costas, es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, la cual, dice, está en contradicción con la que sustenta el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el sentido de que la sentencia dictada en segunda instancia que confirma la resolución interlocutoria de un incidente y condena o absuelve a una de las partes al pago de costas, es impugnable mediante el juicio de amparo directo.
TERCERO. Para poder resolver la presente denuncia, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en ella.
I. Las consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, el treinta de octubre de dos mil tres, son, en lo conducente, las siguientes:
"QUINTO. ... En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por la responsable en la que determina confirmar la sentencia que resolvió un incidente de nulidad de actuaciones y condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias, la referida condena es consecuencia del análisis de la violación procesal que fue objeto de estudio y, por tanto, debe seguir la misma suerte de ésta, en virtud de que es la sanción que se impone al recurrente como resultado de haberse declarado infundado e improcedente el recurso hecho valer en contra de esa violación procesal. Por consiguiente, si de acuerdo con los artículos 159 y 161 de la ley de la materia, la violación procesal es reclamable en el amparo directo que se llegue a promover, en caso que la sentencia definitiva que se dicte en el juicio sea adversa a los intereses de quien sufrió dicha violación, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre la condena en costas también deberá reservarse para ese momento, pues no pueden desvincularse una de otra. El juicio de amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario que tiene como misión la protección de las garantías individuales de los gobernados frente a los gobernantes, procediendo el amparo directo en contra de sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, en donde se pueden analizar las violaciones del procedimiento, respecto de actos emitidos dentro del proceso que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al sentido del fallo y sólo de manera excepcional se previó la tutela mediante el amparo indirecto en contra de los actos dentro del juicio que por su trascendencia grave afecten los derechos sustantivos del quejoso, esto implica que el juicio de amparo no es una instancia más para decidir las controversias suscitadas en relación con la normatividad positiva secundaria; ni tiene como finalidad la supervisión de todos y cada uno de los actos del proceso en forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede ser paralizada sino excepcionalmente en los casos previstos por el legislador, de lo contrario será hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio que se podrán analizar dichas violaciones acaecidas en el procedimiento siempre y cuando hubieren afectado las defensas del quejoso trascendiendo al sentido del fallo. En efecto, el legislador separó de los actos de imposible reparación a las violaciones procesales especificadas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, y respecto de estas últimas también determinó que el amparo directo no procediera en contra de todas las que se pudieran dar, sino exclusivamente cuando dejan sin defensa al quejoso trascendiendo al sentido del fallo; asimismo, determinó el momento en que procede el estudio de cada una de ellas, esto es, atendiendo a la gravedad que pueda producir en la esfera jurídica de quien resiente la violación, y precisamente como consecuencia de esa distinción es que las violaciones procesales específicamente señaladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, fueron reservadas para ser analizadas en el amparo directo y solamente por criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, se han interpretado casos de excepción de los específicamente previstos por el invocado precepto legal, pero siempre atendiendo a la naturaleza de la citada violación y no a cuestiones accesorias relacionadas con las mismas; por tanto, no puede acudirse al juicio de amparo indirecto para impugnar una resolución dictada en un toca intermedio por la circunstancia de que se haya condenado al recurrente al pago de costas como consecuencia del resultado del estudio de una violación procesal, ya que en ese caso se estaría contraviniendo específicamente lo dispuesto por los citados artículos 159 y 161 de la citada ley reglamentaria. Resulta aplicable la tesis 61, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/89, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 39, que dice: ‘AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.’ (se transcribe). De igual modo, es aplicable la tesis 232, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/89, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 157, que dice: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así como la tesis 420, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 39/90, consultable en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 280, que dice: ‘PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). Cabe señalar que la misma distinción realizó el legislador respecto de los actos emitidos en ejecución de sentencia, ya que existen resoluciones que se dictan en forma intermedia, es decir, antes de que se dicte la última resolución en esa fase, donde también existe la posibilidad de condena en costas al recurrente, sin embargo, sólo en contra de esta última resolución permitió la posibilidad de interponer el juicio de amparo indirecto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este aspecto determinó mediante criterio jurisprudencial que los actos en esta etapa no deben analizarse bajo el concepto de irreparabilidad, sino que exclusivamente podrían analizarse al dictar la última resolución, aplicándose en esta fase la misma regla para el análisis de las violaciones al procedimiento en materia de amparo directo, donde sólo se van a estudiar si trascienden al sentido del fallo, no obstante que es evidente que concomitante al estudio de la violación existe la posibilidad de que pueda sancionar al recurrente con el pago de costas, también en la fase de ejecución. Sobre el particular es aplicable por igualdad de razón la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2002-PS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de junio de 2003, Novena Época, Tomo XVII, página 11, que dice: ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’ (se transcribe). Esta tesis de jurisprudencia viene a corroborar el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en el recurso de revisión en que se actúa, en tanto que por la misma razón que se sostiene en la tesis, consistente en que ‘a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, debido a que si se hiciera así, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación, y que lo mismo ocurriría si a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio’; pues no tendría ningún sentido (sic) el que el legislador hubiera establecido un tratamiento diverso a las violaciones de procedimiento específicamente enumeradas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, para que cuestiones accesorias al resultado del estudio de dicha violación puedan ser materia de análisis del amparo indirecto. Lo anterior es así, pues la condena en costas con que se sanciona al recurrente como consecuencia de que se declaró infundado o improcedente el recurso hecho valer en contra de una violación procesal, al ser una consecuencia del análisis de dicha violación, carece del alcance para desvincular la violación procesal prevista en este caso, específicamente en la fracción V del artículo 159 de la ley de la materia, bajo el supuesto de irreparabilidad establecido en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que la condena en costas debe seguir la misma suerte de la violación procesal y solamente debe ser materia de estudio en el amparo directo que en su momento se promueva, cuando afecten la defensa del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, si se sostuviera lo contrario, un gran número de violaciones del procedimiento se convertirían en actos de imposible reparación, haciendo procedente el juicio de amparo indirecto so pretexto de que accesoriamente a la cuestión principal se impuso condena al pago de costas, lo que no es congruente con la intención del legislador al establecer en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no estableció ningún caso de excepción para hacer la distinción entre actos de imposible reparación y actos procesales. Lo antes considerado encuentra su razón de ser en que el legislador reservó para el amparo directo el estudio de las violaciones a las leyes del procedimiento que quedan comprendidas dentro del catálogo que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, atendiendo al principio de celeridad y evitar que se entorpezca el procedimiento, que es de orden público, de modo que el hecho de que en la resolución donde se resuelva una violación procesal también se condene al promovente al pago de costas, no da lugar a que en contra de dicha resolución proceda el amparo indirecto y que consecuentemente se actualice el concepto de irreparabilidad que consagra la fracción IV del artículo 114 de la ley en cita, pues tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento el legislador exclusivamente reservó su análisis para el amparo directo que en su caso se haga valer en contra de la sentencia definitiva y siempre y cuando dicha violación haya trascendido al resultado del fallo. Esta disposición tiende a impedir que las partes abusen en forma indiscriminada del amparo indirecto, razón por la que por el simple hecho de que al estudiarse una violación del procedimiento, se considere que debe sancionarse al recurrente con el pago de las costas causadas, como consecuencia de que se declaró infundado o improcedente el recurso hecho valer en contra de una violación procesal, ello no justifica el que se actualice la procedencia del amparo indirecto, lo cual en caso de permitirse redundaría en que las violaciones del procedimiento previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, puedan analizarse en el amparo indirecto, con independencia de que dichas violaciones trasciendan o no al sentido del fallo definitivo que se llegue a dictar en el juicio, lo que evidentemente no sería acorde con la sistemática del juicio constitucional, pues desviaría la tutela del amparo indirecto hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al extender indebidamente su tutela a una infinidad de actos de naturaleza procesal con independencia que pudieran tener cierta implicación de índole patrimonial, motivo por el cual la resolución emitida en el recurso de apelación que confirma la sentencia interlocutoria que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones por vicios en el emplazamiento y que condenó al apelante al pago de las costas causadas, no es reclamable en la vía de amparo indirecto. Sobre el particular es aplicable la tesis de jurisprudencia 3a./J. 18/92, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/92, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del mes de octubre de 1992, Octava Época, tomo 58, página 16, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.’ (se transcribe). En esas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."
De la anterior resolución surgió la tesis siguiente:
"COSTAS. LA CONDENA DECRETADA POR LA RESPONSABLE AL RESOLVER EN APELACIÓN ALGUNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, AL SER ACCESORIA DE ÉSTA DEBE SEGUIR LA MISMA SUERTE, POR LO QUE NO DA LUGAR A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SINO QUE ES RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE LLEGUE A PROMOVER EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. La circunstancia de que la Sala responsable determine condenar en costas al recurrente como consecuencia de que se declaró infundado o improcedente el recurso de apelación hecho valer en contra de alguna violación procesal de las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no da lugar a que dicha resolución sea impugnable a través del amparo indirecto, bajo el supuesto de irreparabilidad establecido en la fracción IV del artículo 114 de la ley en cita, en tanto que la condena en costas debe seguir la misma suerte de la violación procesal, por ser accesoria, ya que de los artículos 158, 159 y 161 de la ley de la materia se concluye que el juicio de amparo fue concebido por el legislador como un medio extraordinario que tiene como misión la protección de las garantías individuales de los gobernados frente a los gobernantes, procediendo el amparo directo en contra de sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, en donde se pueden analizar las violaciones del procedimiento, respecto de actos emitidos dentro del proceso que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al sentido del fallo, y sólo de manera excepcional se previó la tutela mediante el amparo indirecto en contra de los actos dentro del juicio que por su naturaleza afecten los derechos sustantivos del quejoso, lo cual implica que las condenas en costas relacionadas con las violaciones procesales especificadas en el catálogo que prevé el referido artículo 159 no pueden dar lugar a que proceda el juicio de amparo indirecto, ya que de lo contrario se estaría contraviniendo lo dispuesto por este último precepto legal, así como el artículo 161 de la citada ley reglamentaria."
II. Por otra parte, las consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, el siete de julio de dos mil cinco, son, en lo que interesa, las siguientes:
"CUARTO. ... Ahora bien, en la especie, contrario a lo que afirma el Juez de Distrito, el acto reclamado sí tiene una ejecución que es de imposible reparación, cuyas consecuencias afectan de manera directa los derechos sustantivos del hoy inconforme, las cuales incluso aun y cuando obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se destruirían. Ello es así, porque del análisis integral del escrito inicial de la demanda de garantías de donde deriva la presente revisión, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintinueve de abril de dos mil cinco, dictada por la Sala responsable en el toca número **********, que resolvió la queja interpuesta en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil cinco en el que el Juez de origen desechó el diverso recurso de apelación interpuesto en contra del auto de once de enero del mismo año que les desechó pruebas en el juicio de origen seguido por las hoy inconformes en contra de **********. El recurrente manifiesta que dicho acto, contrario a lo expuesto por el Juez Federal, sí le afecta irreparablemente de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, puesto que dicha resolución es violatoria de la garantía de fundamentación y motivación al haberlas condenado al pago de costas en segunda instancia por promover un medio de impugnación al cual tenían derecho. Por tanto, es evidente que dicho acto reclamado sí es de aquellos cuya ejecución es de imposible reparación, puesto que la impugnación que realizan las hoy recurrentes se basa precisamente en que la Sala responsable en la resolución que constituye el acto reclamado les impuso la condena al pago de costas por haber sido infundado el recurso de queja que plantearon; aspecto respecto del cual aun en el caso de obtener una sentencia definitiva favorable a sus intereses, la violación subsistiría en virtud de que la resolución definitiva que se dictara en el juicio de origen ya no se ocuparía de tal cuestión, en razón de que la condena en costas relativa a la tramitación del recurso de queja planteado debe resolverse en la propia sentencia que se dicte por motivo de dicho medio de impugnación. Ello en virtud de que si bien puede obtener sentencia favorable a sus intereses, también lo es que lo que las quejosas plantean es la falta de fundamentación y motivación al imponer la condena en costas por tramitar dicho medio de impugnación. Por tanto, esa cuestión hace que la causa de improcedencia no sea manifiesta e indudable, en tanto no permite concluir con certeza que la afectación desaparecería en el supuesto de que las quejosas (hoy recurrentes) obtuvieran sentencia definitiva favorable a sus intereses; puesto que incluso de ser así no podría hacer valer la transgresión en contra de dicho fallo y ya no sería oída al respecto, puesto que la impugnación que realizan las hoy recurrentes se basa precisamente en que la Sala responsable en la resolución que constituye el acto reclamado las condenó al pago de costas, aspecto respecto del cual en el caso de obtener una sentencia definitiva favorable a sus intereses subsistiría, ya que no tendría interés jurídico para impugnarla, ni sería una violación procesal que trascendería a ese fallo, y menos se ocuparía de la legalidad sobre esa condena en costas ya causadas. Así, resulta inconcuso que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal, en virtud de que las hoy recurrentes impugnan en sí misma la resolución que confirma el proveído que desechó un recurso de apelación interpuesto en contra del que no admitió pruebas y que adicionalmente le impuso la condena en costas. En las narradas condiciones, en el caso no se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; por ende, no procedía que el juzgador de amparo desechara de plano la demanda de garantías por esa causa. Consecuentemente, al haberse desvirtuado la legalidad de la resolución recurrida, debe revocarse a efecto de que si el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal no advierte una causa de improcedencia diversa a la que invocó, o algún motivo para no admitir la demanda de garantías, provea sobre su admisión."
De donde surgió la tesis que enseguida se precisa:
"COSTAS. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONDENA A SU PAGO, ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y sobre esta última característica la jurisprudencia ha precisado, como regla general, que se produce cuando se afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado; de ahí que si el acto reclamado lo constituye la condena en costas dictada en una resolución de segunda instancia respecto de algún recurso interpuesto en contra de una cuestión procesal en juicio, sí es de aquellos cuya ejecución es de imposible reparación, porque la impugnación que se realiza se basa en que la responsable le impuso la condena al pago de costas; lo que constituye un aspecto del cual aun en el caso de obtener una sentencia definitiva favorable a sus intereses, la afectación a su patrimonio subsistirá en razón de que la condena en costas relativa a la tramitación de ese recurso planteado debe resolverse en la propia sentencia que se dicte con motivo de dicho medio de impugnación."
En semejantes términos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, el quince de mayo de dos mil ocho, determinó, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO. Por otra parte, se estiman sustancialmente fundados y suficientes los agravios expuestos por la recurrente **********, en que aduce esencialmente que el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa de este Primer Circuito en forma incorrecta determinó sobreseer en el juicio de garantías que se revisa, a pesar de que en el caso no es aplicable el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado sí tiene una ejecución de imposible reparación, toda vez que es el resultado de una resolución interlocutoria en segunda instancia en contra de la cual no procede otro medio de defensa más que el juicio de amparo indirecto, la que además ya no admite promoción de amparo directo ya que no se trata de una resolución con la que concluyera el juicio. En la especie, el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa de este Primer Circuito determinó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el párrafo primero de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado en cuanto a la falta de condena a la parte demandada en el principal (hoy tercera perjudicada) de costas en segunda instancia, constituyó una violación procesal, que por su naturaleza jurídica y las consecuencias que proyectó durante la tramitación del proceso jurisdiccional, sólo sería atacable a través del juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva del juicio natural. Ahora bien, generalmente en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, los actos intraprocesales si ocasionan agravio a los particulares, que (sic) deben reclamarse en la vía de amparo directo como violaciones al procedimiento siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo; y en cambio de no causar agravio las transgresiones desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado. Sin embargo, en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se dispone una excepción a lo anterior, consistente en que cuando los actos aun intraprocesales generen una afectación de imposible reparación, pueden impugnarse en amparo indirecto. Los preceptos invocados por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa de este Primer Circuito que lo llevaron a la determinación de sobreseer en el juicio de garantías que se revisa, por su orden disponen lo siguiente: (se transcribe). Esa hipótesis de improcedencia se actualiza cuando el acto o actos reclamados están dictados dentro de juicio y no tienen una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación. Por actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo se entienden a aquellos que afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Federal por medio de las garantías individuales como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; pues esta afectación o sus consecuencias no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen. En cambio, la afectación originada por los actos cuya ejecución no es de imposible reparación, no trasciende de manera inmediata a los derechos fundamentales del gobernado sino que existe la posibilidad de que ello ocurra al resolverse la controversia en la medida en que influyan para que el fallo definitivo sea adverso a los intereses del agraviado. Por su parte, los actos cuya ejecución no son de imposible reparación, son los denominados derechos adjetivos o procesales que únicamente inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. De tal forma que si el acto intraprocesal causa una ejecución de imposible reparación en la persona, es procedente el juicio de amparo indirecto a fin de que se analice el acto y no esperar hasta que se dicte sentencia definitiva para que se haga valer como violación procesal en amparo directo. Así se advierte de la jurisprudencia 175 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-dos mil, que es del rubro y texto siguientes: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). También se advierte lo anterior de la jurisprudencia 189, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, publicada en la página 154 del Tomo y Apéndice citados en el párrafo que antecede, del rubro y texto siguientes: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). En esa tesitura, en el caso, contrariamente a lo que afirma el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa de este Primer Circuito, el acto reclamado sí tiene una ejecución que es de imposible reparación, cuyas consecuencias afectan de manera directa los derechos sustantivos de la hoy inconforme, las cuales incluso aun y cuando obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se destruirían. Ello es así, porque del análisis integral del escrito inicial de la demanda de garantías de donde deriva la presente revisión, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de nueve de abril de dos mil siete dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa de este Primer Circuito en el toca número **********, donde se resolvió en el primer punto resolutivo confirmar la sentencia interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil seis, dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dentro del juicio especial de fianzas **********, promovido por **********, en contra de **********, que a su vez declaró infundada la excepción planteada por dicha afianzadora; asimismo, en el segundo punto resolutivo de dicha resolución interlocutoria la autoridad responsable resolvió que no se hacía condena en costas, pues, en el caso, tampoco se actualizaban los supuestos del artículo 1084, fracci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21575-c5ed0866/costas-las-derivadas-de-un-incidente-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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