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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO. PROCEDE LA CONDENA A CUBRIR INTERESES MORATORIOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS RENTAS DEVENGADAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21483
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 83.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en relación a una materia que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 5649/91, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación, en su primer aspecto, son infundados, en razón de que la Sala responsable, al confirmar la condena en contra del demandado y ahora quejoso al pago de las rentas insolutas a razón de doscientos mil pesos mensuales, como lo hizo el Juez inferior, no incurrió en la incongruencia que se le atribuye, pues ese fue el precio del arrendamiento pactado en el contrato básico, y el hecho de que el arrendador al demandar la rescisión del contrato también reclamó las rentas insolutas a razón de doscientos cincuenta mil pesos mensuales, no quiere decir que se accediera a ello, sino basándose a lo convenido que el importe de las pensiones es la estipulada suma de doscientos mil pesos mensuales, que así considerado no implica incongruencia alguna y menos en perjuicio del reclamante, sino en su beneficio, por ser ajustado a la ley el respeto u observancia de los términos del contrato de arrendamiento.

"Por lo demás, asiste razón al quejoso al pronunciarse contra la condena que dictó la Sala, confirmando lo resuelto por el Juez natural, sobre el pago de intereses legales causados por el incumplimiento del pago de las rentas, habida cuenta que tratándose del arrendamiento la mora en el pago de las rentas no puede dar lugar al pago de intereses legales sobre lo adeudado por ese concepto, dado que dentro del título sexto, segunda parte del Código Civil que rige para los contratos de esa clase, no existe precepto que imponga esa obligación al arrendatario, sino, sobre el particular, el pago de la renta en la forma y tiempo convenidos e incluso la que vence hasta el día que entregue la cosa arrendada, resaltando que la Sala apoyó la condena al pago de los intereses aludidos, en los artículos 2255 y 2296 del Código Civil, inaplicables en la especie porque rigen en tratándose del incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de compraventa.

"SEXTO. En el aspecto antes analizado la sentencia reclamada no es conforme al texto de la ley y, por tanto, resulta violatoria de las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, ameritando se conceda el amparo que se solicita. ..."

La resolución anterior dio origen a la tesis aislada, cuyo rubro, texto y datos de localización son del tenor literal siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"IX, marzo de 1992

"Tesis: I.3o.C.410 C

"Página: 149

"ARRENDAMIENTO. RENTAS INSOLUTAS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERESES SOBRE LAS. Tratándose del arrendamiento, la mora en el pago de las rentas no puede dar lugar al pago de intereses legales sobre lo adeudado por ese concepto, en razón de que dentro del título sexto, segunda parte, del Código Civil para el Distrito Federal, que rige para los contratos de esa clase no existe precepto que imponga tal obligación al arrendatario, sino, sobre el particular, sólo el pago de la renta en el monto y tiempo convenidos e incluso la que vence hasta el día que entregue la cosa arrendada."

CUARTO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 86/2008, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Resultan por un lado ineficaces los conceptos de violación expresados por la quejosa; y por otro, fundados y suficientes para otorgarle el amparo solicitado.

"En el segundo concepto de inconformidad, la quejosa combate el apartado del fallo reclamado en donde se consideró improcedente el pago de los intereses moratorios al tipo legal sobre las rentas mensuales vencidas y no pagadas, desde el mes de noviembre de dos mil cuatro, hasta la desocupación y entrega física del inmueble.

"Para la quejosa, resulta ilegal la consideración de la Sala acerca de que la mora en el pago de las rentas no puede generar a su vez el pago de intereses, ante la inexistencia de precepto legal alguno que le imponga esa obligación al arrendatario, para lo cual se sustentó en una tesis que no resulta obligatoria, y además contraviene los artículos 19 y 1858 del Código Civil, así como el principio de congruencia dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles.

"En concepto de la inconforme, se debió aplicar analógicamente lo dispuesto por el artículo 2395 del Código Civil para el Distrito Federal, que regula el contrato de mutuo con interés por ser similar al de arrendamiento, como una sanción para su contraria al no entregar la respectiva suma de dinero dentro del término dispuesto para ello, además, los intereses moratorios son consecuencia inmediata del injusto incumplimiento de las obligaciones, y en caso de no haberse estipulado, es inconcuso opera el interés al tipo legal dispuesto en el precepto anteriormente citado.

"Resulta fundado el concepto de violación, y suficiente para otorgar el amparo solicitado.

"Sobre este aspecto, la Sala responsable, al abordar el estudio de los agravios expresados por la actora en el recurso de apelación, consideró infundado el pago de la prestación reclamada, sin soslayar que, según el resumen del agravio hecho en la resolución combatida, la apelante también se dolió por la inaplicación del artículo 2395 del Código Civil y la jurisprudencia del rubro: ‘ARRENDAMIENTO. CONDENA A CUBRIR INTERESES MORATORIOS POR LA EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE LAS RENTAS.’, la cual corresponde a la legislación del Estado de Puebla.

"También se hizo constar, que la apelante se dolió de que el pago de los intereses moratorios al tipo legal fue por el retardo en el cumplimiento de la obligación principal por parte de la demandada, desde el mes de noviembre de dos mil cuatro, alegándose que no era necesario encontrarse pactado por las partes, ni se aportara prueba directa de la causación de los daños y perjuicios, pues es evidente que el solo hecho de la mora determina el pago de los intereses moratorios.

"Para la Sala responsable el agravio resultó infundado por una razón toral, al considerar, que en el arrendamiento la mora en el pago de las rentas no puede generar intereses, pues no existe ningún precepto que así lo establezca en el título sexto, segunda parte del Código Civil para el Distrito Federal, el cual rige para los contratos de arrendamiento, ya que sólo previene el pago de la renta en el monto y tiempo convenidos, sin resultar aplicable la jurisprudencia dispuesta en el agravio por referirse a la legislación civil del Estado de Puebla.

"Este tribunal considera que es ilegal la consideración esencial de la Sala, por la cual denegó la petición de la actora para percibir los intereses moratorios reclamados.

"Lo anterior es así, porque el tribunal de alzada, para considerar improcedente dicha prestación sobre las rentas vencidas y no pagadas, en el caso determinó la inexistencia de algún precepto dentro del capítulo del arrendamiento en el Código Civil para el Distrito Federal; empero, como lo pondera la quejosa, la Sala debió tomar en cuenta que los intereses moratorios tienen su base en el incumplimiento de la obligación principal incurrida por alguna de las partes, además, en sus argumentos de defensa, la peticionaria sobre el particular consideró aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 2395 del Código Civil.

"Aunado a ello, como también lo manifiesta la solicitante del amparo, los intereses moratorios mantienen una génesis distinta a la de los ordinarios y a las convenciones debidamente establecidas en el contrato de arrendamiento, cuya naturaleza proviene del incumplimiento en la entrega de la suma acordada y consiste en una sanción impuesta por la entrega tardía del dinero, de conformidad con el plazo dispuesto en el contrato, de tal forma que los intereses moratorios, en general, se disponen como una sanción a título de reparación (indemnización) por los perjuicios causados por el retraso en el cumplimiento de la entrega puntual de la suma pactada como suerte principal.

"Por lo cual, éste debió ser el aspecto fundamental que debió advertir la responsable, y si en el caso estimó procedente acoger la condena sobre la declaración judicial de terminación del contrato por incumplimiento del pago de las rentas, es inconcuso, de manera subsecuente, también debió decretar el pago de los intereses moratorios, paralelamente con la diversa condena a la entrega de la suerte principal, o sea la suma pactada por concepto de renta.

"En efecto, el artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

"Asimismo, el diverso numeral 1793 del mismo cuerpo normativo, dispone que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

"De esta suerte, los contratos constituyen el medio jurídico (especie) dentro del género de los convenios, aptos para producir o transferir derechos y obligaciones.

"Por otra parte, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2398 del mismo ordenamiento legal, el arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

"Por tanto, habrá arrendamiento cuando concurran los siguientes elementos:

"a) Uno de los contratantes se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa; y,

"b) El otro contratante, a su vez, a pagar un precio cierto por el uso o goce.

"Entre las características esenciales del contrato de arrendamiento, verbigracia, pueden citarse las siguientes:

"Es un contrato traslativo de uso, pues su objeto principal es transferir de manera temporal el uso o goce de una cosa; es principal, porque no depende de ningún otro; es bilateral, al establecer derechos y obligaciones recíprocos; oneroso, puesto que subsisten derechos y gravámenes para ambas partes; formal, pues debe otorgarse por escrito; de tracto sucesivo, pues por su propia naturaleza prolonga sus efectos a través del tiempo; y conmutativo, debido a que las partes conocen la cuantía de sus obligaciones desde su celebración.

"En el caso a estudio, la existencia de la relación arrendaticia quedó demostrada, pues la parte actora exhibió el contrato de arrendamiento de cinco de abril de dos mil dos respecto del departamento ubicado en **********, en cuya cláusula tercera se estableció como pago de la renta la suma de **********, más un incremento del diez por ciento cada año, la cual debería pagarse por meses adelantados en el domicilio de la parte arrendadora.

"De conformidad con el resultado de la controversia, aunque la demandada negó la existencia de la relación contractual, pero por no haber demostrado sus excepciones y defensas, el juzgador natural consideró procedente parcialmente la acción, y declaró terminado el contrato de arrendamiento con la consecuente desocupación del inmueble.

"Ante lo cual, debe prevalecer la declaración legal de que entre las partes operó una relación de arrendamiento.

"De este modo, por virtud del contrato de arrendamiento, las partes quedaron obligadas al cumplimiento de las cláusulas contractuales, las disposiciones exactamente aplicables o análogas, a las consecuencias del uso, de la buena fe, y en fin, a la resolución de sus obligaciones conforme a la interpretación del pacto arrendaticio y las disposiciones aplicables de la legislación civil.

"A este respecto, resulta conveniente precisar que, desde el punto de vista jurídico de los integrantes de este tribunal, la fuerza obligatoria de un contrato, en este caso de arrendamiento, no puede limitarse exclusivamente a los señalamientos dispuestos en las cláusulas integrantes del acto, pues si bien es cierto, a priori, las partes deben respetar sus propias estipulaciones, pero también, a posteriori, debe prevalecer el deber de observar los principios legales concernientes al acto jurídico que han celebrado, como sus consecuencias legales expresas o semejantes en su naturaleza.

"Ahora bien, la divergencia surgida dentro del juicio de amparo lo es, porque la parte actora se queja de que la responsable actuó de manera ilegal, pues de forma concomitante a la declaración de terminación de la relación contractual como una prestación accesoria, debió igualmente sancionarse al pago de los intereses moratorios por la falta de pago oportuno de las rentas, lo cual es imputable únicamente a la enjuiciada; aspecto sobre el cual, la Sala responsable lo estimó improcedente al considerar su inexistencia, pues al revisar el capítulo del arrendamiento en el Código Civil distinguió la ausencia de precepto alguno que facultara al juzgador su otorgamiento.

"Sin embargo, como lo aduce la accionante constitucional, es ilegal la postura de la Sala responsable; lo anterior, porque la consecuencia general de cualquier obligación legalmente contraída, lo significa su pago o cumplimiento en la forma y en los términos acordados dentro del pacto expreso, o en su defecto, como lo disponga la legislación aplicable. Así, cuando el pago se realiza voluntariamente por el deudor y recibido de la misma forma por el acreedor, el adeudo queda extinguido de inmediato; en cambio, si aquél se logra en contra de la voluntad del deudor (mediante la exigibilidad de la obligación ante los tribunales jurisdiccionales), luego, se estará ante una ejecución forzada del contrato y sus consecuencias.

"Sobre el pago, el artículo 2062 del enjuiciamiento civil, dispone que pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.

"Como se ha dicho, el incumplimiento de una obligación, genera ciertas consecuencias de derecho; como en el caso lo establece el artículo 2104 del ordenamiento civil para el Distrito Federal, el cual dispone lo siguiente: (se transcribe).

"Por otra parte, los artículos 2107, 2108 y 2109, disponen lo siguiente: (se transcribe).

"De esta suerte, el incumplimiento de una obligación bajo los supuestos precisados, genera indiscutiblemente el pago de daños y perjuicios.

"Como ya se dijo previamente, las partes quedan sujetas a lo dispuesto en las cláusulas del contrato, pero también tienen la obligación de acatar los principios legales concernientes al acto jurídico realizado, como sus consecuencias, y en el caso, una derivación o efecto del contrato celebrado, lo constituye que también están vinculados a los aspectos generales de su entorno jurídico, como lo es que en caso de incumplimiento, sobre las obligaciones de dar (hacer un pago), acarrea, a cargo del obligado, el deber de asumir los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, traducidos estos últimos en el interés legal que genera la cantidad dejada de percibir, o sea, los intereses moratorios, dado el retraso en el cumplimiento de la obligación.

"Es oportuno precisar, que no debe confundirse la figura de tales intereses moratorios con los intereses ordinarios.

"Los intereses ordinarios, a diferencia de los moratorios, tienen un origen distinto, pues aquellos se producen bajo la libre emisión de la voluntad de las partes, es decir, existe una manifestación espontánea de su consentimiento para fijar su porcentaje, en tanto, los diversos, emergen como una sanción prevista por la ley, sin necesidad de convención alguna para quien ha incumplido su obligación con el consecuente deber de asumir los perjuicios en beneficio del acreedor, en la tasa o porcentaje dispuesto por la propia legislación aplicable.

"Por tanto, si bien es cierto, que dentro de las disposiciones aplicables al contrato de arrendamiento, dentro del capítulo relativo de la legislación civil sustantiva, inexiste un precepto que disponga el pago de intereses moratorios, tal circunstancia no puede ser determinante a grado tal, que haga imposible su asilo en una sentencia, con el consecuente detrimento para el acreedor, quien ha tenido que soportar las consecuencias propias por el incumplimiento del contrato legalmente celebrado, e inexplicablemente tampoco podría verse resarcido de los daños o perjuicios causados, o de ambos.

"El artículo 14 de la Constitución Federal, en su último párrafo, dispone que: ‘en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’

"Lo dispuesto en este apartado de nuestra Constitución, robustece la idea expresada anteriormente, de que si bien es cierto en el Código Civil no existe un artículo exactamente aplicable para el caso de los intereses moratorios en el arrendamiento, en la especie, debe subsistir una interpretación jurídica, armónica y funcional de la ley; lo cual establece la posibilidad de que el caso deba ser resuelto conforme al precepto regulador de un supuesto legal semejante, pues es una verdad sabida que la labor de juzgamiento implica una actividad donde el operador del derecho debe agotar todas las posibilidades de resolución de un caso, ya sea ante una laguna legal, la obscuridad de la ley o de ser necesaria su integración dentro del sistema jurídico.

"Incluso, sobre los métodos interpretativos que debe usar el juzgador, cuando el texto de la ley es oscuro o impreciso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asume la idea de poder utilizarse el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto.

"Tal reflexión está dispuesta en la tesis de la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal de justicia, cuyo contenido es:

"‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente.’

"Así, constitucionalmente existe la posibilidad a través de la interpretación jurídica, para la aplicación de una norma a un caso análogo, lo cual tiene además su fundamento en el principio general que proclama ‘donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho’.

"Por tanto, de conformidad con los lineamientos interpretativos abordados en esta ejecutoria, en lo referente a las consecuencias legales generadas a partir del incumplimiento de las obligaciones, las mismas no rigen exclusivamente para cierto tipo de contratos, es decir, no son privativas únicamente para el contrato de arrendamiento, el de compraventa, el préstamo o mutuo, el comodato, etcétera, sino están referidas de manera general en el libro cuarto, primera parte, título cuarto, capítulo I, del Código Civil, referentes a ‘las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones’, dispuestas por el legislador de manera general e impersonal sobre aquellos supuestos donde subsista una falta de cumplimiento de las obligaciones.

"Entre esas consecuencias, es decir, cuando alguna persona quien ha participado dentro de la celebración de un determinado contrato, habiendo contraído diversos compromisos, cause a su contratante un daño o perjuicio ya sea de forma intencional, por descuido o negligencia, es responsable de las consecuencias sufridas por la víctima, lo cual se traduce, en que una persona es civilmente responsable cuando está obligado a reparar el daño material o moral sufrido por otro; esta reparación del daño, de manera general tiende primordialmente a colocar a la persona lesionada en la situación que disfrutaba antes de materializarse el hecho lesivo, de ahí, las normas jurídicas, en este caso, las relativas a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones civiles, contemplen aquellas hipótesis de saneamiento en favor de quien resulte lesionado mediante su reparación.

"Ante lo cual, la legislación prevé que aquella situación que fue perturbada, sea restablecida mediante el pago de una indemnización en numerario con lo cual se satisface el daño o perjuicio causado a la víctima.

"De este modo, si como en el caso a estudio, existe una declaración de incumplimiento de obligaciones en el pago de las rentas, es inconcuso que a la vez, además del propio daño civil producido por esa conducta reprochable, también se ha provocado que el acreedor haya dejado de percibir una ganancia lícita, es decir, si teniendo derecho a percibir el porcentaje de la renta, por causas imputables al arrendatario, no la recibe, es indiscutible el resentimiento de un perjuicio en su patrimonio al ser privado de una ganancia que lícitamente tenía el derecho de percibir, lo cual amerita sea resarcido mediante una indemnización.

"Bajo estas circunstancias, si bien es cierto que dentro del capítulo respectivo al contrato de arrendamiento no existe un precepto regulador del pago, ya sea del daño o del perjuicio sufrido, ello encuentra justificación en que esa circunstancia está prevista dentro del señalado capítulo de incumplimiento de las obligaciones. De esta misma forma, acorde a la interpretación de las normas civiles en su conjunto, la falta de disposición aplicable debe cubrirse precisamente a través de la interpretación sistemática, en este caso, mediante el uso de la analogía, cuya práctica está justificada en el hecho de que el juzgador debe resolver el caso.

"Por tanto, la inexistencia de un precepto en el capítulo del arrendamiento, para decretar el pago de intereses moratorios, no puede impedir la aplicación de lo dispuesto en los preceptos 2104 y 2109 del propio ordenamiento civil, que se refieren a la consecuencia que genera el incumplimiento de una obligación de pago, o sea, al resarcimiento del perjuicio respectivo, y a lo que se entiende por éste.

"De ahí que al ser responsable del perjuicio ocasionado, el deudor moroso debe responder entonces de la ganancia lícita que el acreedor hubiere obtenido si la obligación de pago se hubiere satisfecho puntualmente, o sea del interés legal, a cuyo respecto aplicaría sólo en lo conducente, lo que el legislador previó para conocer el monto respectivo, lo cual se encuentra regulado en el contrato de mutuo.

"Lo anterior se estima así, porque el mutuo se trata de un acto jurídico mediante el cual existe la transferencia de la propiedad de una suma de dinero, lo cual es muy semejante a la obligación existente en el arrendamiento mediante el pago de la renta; ante lo cual, en el contrato de mutuo, cuando no existe el rédito estipulado por las partes, el interés legal lo es por el monto de un nueve por ciento anual, el cual debe prevalecer ante la ausencia del primero, y también se estima justo y equitativo que este monto sea cubierto en concepto de indemnización ante el perjuicio sufrido como causa de incumplimiento en este caso ante el impago de la renta.

"De esta suerte, con apoyo en las razones anteriormente expuestas, es dable concluir que por virtud de la celebración de un contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de las cláusulas contractuales; sin embargo, su fuerza obligatoria no puede limitarse exclusivamente a los señalamientos dispuestos en esas disposiciones integrantes del acto, pues si bien, a priori, las partes deben respetar sus propias estipulaciones, pero también, a posteriori, debe prevalecer el deber de observar los principios generales concernientes al acto jurídico celebrado, así como a sus consecuencias previstas por la ley.

"Por tanto, aunque en el caso del arrendamiento, regulado por el artículo 2398 del Código Civil para el Distrito Federal, dentro del capítulo relativo inexista un precepto que disponga el pago de intereses moratorios, como una sanción, ante la falta de pago oportuno de las rentas; tal circunstancia no puede ser determinante, a grado tal, para hacer imposible su condena en una sentencia, bajo el argumento de que las partes no lo estipularon, lo que resulta irrelevante, sobre todo, porque los intereses ordinarios, a diferencia de los moratorios, tienen un origen distinto, porque mientras aquéllos se producen bajo la libre emisión de la voluntad de las partes, al existir una manifestación espontánea de su consentimiento al fijar su porcentaje, estos otros, emergen como una sanción para quien ha incumplido su obligación con el consecuente deber de asumir los daños y perjuicios generados con su omisión.

"Sobre este último aspecto, el propio ordenamiento civil, en el capítulo relativo, dispone cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en general, es decir, no rige exclusivamente para cierto tipo de contratos, pues fueron diseñadas por el legislador de manera indeterminada sobre todos aquellos supuestos donde subsista una falta de cumplimiento de las obligaciones, entre ellos, la reparación del perjuicio causado que, en el caso del arrendamiento, significa responder por la ganancia lícita que el arrendador hubiera obtenido si la obligación de pago hubiere sido puntualmente satisfecha por el arrendatario, o sea, el interés legal por un monto del nueve por ciento anual, lo cual está justificado con la aplicación analógica de los artículos 2104, 2105, 2109 y 2395 del enjuiciamiento civil, los cuales se refieren al resarcimiento del perjuicio en una obligación de dar, a lo que debe conceptuarse por éste y a su cuantía.

"Las reflexiones brindadas en este fallo, se estiman suficientes para otorgarle razón a la peticionaria del amparo, sobre que, en el caso, resultaba procedente el pago de los intereses moratorios sobre la tasa del nueve por ciento anual (sobre lo cual se solicitó el pago de los intereses moratorios en la prestación marcada con el inciso E) de la demanda), y la Sala responsable lo debió tomar en consideración, para que, asumiendo como premisa el incumplimiento de la obligación principal en que incurrió la demandada, en ese mismo contexto también debió establecer una condena en lo atinente al aspecto accesorio, pues éste dependía de aquél, independientemente de que en las disposiciones conducentes al contrato de arrendamiento no exista prevención expresa, dado que respecto a la entrega de dinero (que igualmente opera en ese contrato) sí pueden ser observados por identidad jurídica los preceptos conducentes del contrato de mutuo con interés, como se ha explicado en esta ejecutoria.

"Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación, resulta procedente el otorgamiento del amparo para que la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal deje sin efectos la resolución de doce de diciembre de dos mil siete, dictada en el toca de apelación 3014/2007; y en su lugar, dicte un nuevo fallo en donde considerando los argumentos dispuestos en este fallo proceda a condenar a la demandada al pago de los intereses moratorios reclamado en el inciso E) de la demanda, en la forma reclamada."

La resolución anterior dio origen a la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de localización son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVII, mayo de 2008

"Tesis: I.10o.C.62 C

"Página: 1012

"ARRENDAMIENTO. LA MORA EN EL PAGO DE LA RENTA PUEDE GENERAR INTERESES MORATORIOS, PESE A NO EXISTIR DISPOSICIÓN EXPRESA EN EL CORRESPONDIENTE CAPÍTULO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUES DEBE ACUDIRSE A LA REGULACIÓN EXISTENTE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL. Por virtud de la celebración de un contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de las cláusulas contractuales; sin embargo, su fuerza obligatoria no puede limitarse exclusivamente a los señalamientos dispuestos en esas disposiciones integrantes del acto, pues si bien, a priori, las partes deben respetar sus propias estipulaciones, pero también, a poste

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21483-775fd700/arrendamiento-procede-la-condena-a-cubrir-intereses-moratorios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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