DEMANDA LABORAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE CUANDO DE SU TEXTO SE ADVIERTA QUE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE DEMANDADO AL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA DIVERSA A AQUELLA EN LA CUAL PRESTABA SUS SERVICIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO TERCERO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias corresponde a la materia de trabajo especialización de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima pues la formuló uno de los Magistrados que integran el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Enseguida se transcribirá la parte relativa de las sentencias en las que se plasmaron los criterios posiblemente contradictorios, para determinar si en el caso se actualizan los supuestos de existencia de contradicción de tesis establecidos por la jurisprudencia de este Alto Tribunal.
I. Sentencia pronunciada el diez de abril de dos mil tres, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo 2957/2003.
Esta ejecutoria se sustenta en las consideraciones que enseguida se trasuntan:
"Los conceptos de violación expresados por la quejosa, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones:
"Swemy Belem Fragoso Martínez, demandó del Gobierno del Distrito Federal, el pago de la cantidad de $900.00 (novecientos pesos 00/100 M. N.), por concepto de salarios devengados, que dice se le adeuda, por la beca de programa ‘Promotor Comunitario Condominal’, correspondiente al periodo del doce de octubre al diez de noviembre de dos mil.
"Como hechos de su demanda, manifestó que el día quince de mayo del año dos mil, fue aceptada con el puesto de promotor social comunitario (como becaria), adscrita a la Procuraduría Social (Prosoc) del Distrito Federal, para participar en el programa ‘Promotor Comunitario Condominal’, con horario de cuatro horas diarias de lunes a viernes, a partir de las nueve horas; que por necesidades del servicio laboraba los días sábados; que sus labores consistían en elaborar programas para dar a conocer las funciones y estructura de la citada Procuraduría; que el día veintinueve de noviembre del año dos mil, se percató que no se le había depositado el pago correspondiente al último programa; que al investigar el porqué de esa irregularidad, se le informó que ya se le había dado de baja y por tanto de la lista de pago; que ante tal injusticia, dice la quejosa, ocurrió, ante el responsable del programa, y al externarle su situación, le indicó que consiguiera las listas de asistencia en donde se señalara que estaba dada de baja, que al tratar de conseguir dichas listas, se le informó que ya se habían entregado al responsable de la Dirección de Administración e Informática de la Prosoc, quien a su vez le informó que tomaría un tiempo para encontrar dichas listas en la Dirección General de Empleo y Capacitación, ya que al parecer en su archivo no se encontraban; que después de unos días, el siete de diciembre de dos mil, se le informó que esas listas habían sido alteradas, ya que uno de los responsables del programa, había desconocido su firma en el periodo del doce de octubre al diez de noviembre de ese año; que después de lo anterior, el día trece de diciembre del mencionado año, se le citó en las Oficinas de la Dirección General de Capacitación y Empleo de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se le interrogó nuevamente, sin solucionar su problema; transcurrido el tiempo, sin que se le pagara, no obstante que cubrió la asistencia al programa, su instructor presentó un escrito dirigido a la directora de Control de Becas de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal, señalando las irregularidades, tales como la no entrega a tiempo de la documentación para el ‘vaciado’ de asistencia y faltas, no presentarse a las actividades que se tenían que realizar en el programa, la comparación de la lista de asistencia y falta que realmente había entregado y la alteración del contenido de ésta, en cuanto a la falta del pago de su salario y la falsificación de su firma; que al no recibir respuesta del escrito dirigido a la mencionada directora de Control de Becas, el veinte de diciembre del dos mil dos, su instructor, junto con otros funcionarios, dirigió un escrito a la procuradora social del Distrito Federal, solicitando su intervención para que se le pagara el periodo del doce de octubre al diez de noviembre del dos mil dos, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta alguna, violando los artículos 32, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 82, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.
"El Gobierno del Distrito Federal, por conducto de su apoderado legal, al contestar la demanda, negó acción y derecho a la actora para hacer su reclamo, toda vez que no existió ninguna relación de trabajo, pues dicha accionante, prestó sus servicios únicamente para el organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonios (sic) propios, que se rige por su propia ley, como lo es la Procuraduría Social del Distrito Federal, como lo manifiesta la demandante en el hecho 1 de su demanda, por lo cual es procedente se le absuelva al dictarse la resolución definitiva.
"La Sala responsable, con fecha veintinueve de noviembre del dos mil dos, dictó el laudo que ahora se combate, en el que una vez analizadas y valoradas las pruebas allegadas al juicio por ambas partes, concluyó que en términos del artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y no obstante que la actora logró acreditar el derecho a recibir la prestación reclamada, el demandado probó, que la relación laboral se dio directamente entre la actora y la Procuraduría Social del Distrito Federal, ya que mediante el análisis del artículo 2o. de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, se desprende que dicho organismo descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, por consiguiente, determinó absolver al Gobierno del Distrito Federal de la prestación reclamada, por no ser la autoridad responsable de la relación laboral en el presente asunto.
"La quejosa, en sus conceptos de violación, alega que el laudo reclamado viola sus garantías consagradas en los artículos 14 y 16, constitucionales, pues contravino el procedimiento burocrático, al no fundar lo señalado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que si el Gobierno del Distrito Federal señaló que el vínculo laboral se dio con la Procuraduría Social del Distrito Federal, organismo público descentralizado, para mejor proveer, la Sala, debió llamar a juicio a dicha procuraduría; que si el Gobierno del Distrito Federal, no solicitó se llamara a juicio a la Procuraduría Social del Distrito Federal, es indudable que no acreditó las excepciones que invocó, por lo que la responsable debió condenarlo de ‘las prestaciones reclamadas’, por tal motivo, debe concedérsele el amparo solicitado, a fin de que se reponga el procedimiento y se llame a juicio a la referida procuraduría, o en su caso se condene al Gobierno del Distrito Federal.
"Los conceptos de violación en análisis, como ya se adelantó, resultan infundados, pues la Sala del conocimiento no estaba obligada, para mejor proveer, como lo sostiene la amparista, (sic) llamar a juicio a la Procuraduría Social del Distrito Federal, porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no contiene precepto alguno, que así lo establezca, independientemente de que la propia actora, únicamente señaló como demandado al Gobierno del Distrito Federal, por tal razón, y como de la lectura íntegra de dicha demanda, no se advierte irregularidad alguna para que la Sala responsable, estuviera obligada a prevenir a la actora, hoy quejosa, para que corrigiera o subsanara la mencionada demanda, además de que en la referida ley burocrática, no existe disposición alguna que establezca la obligación de la Sala, para llamar a juicio a alguna dependencia u organismo que no haya sido señalado como demandado.
"En otro aspecto, también dichos conceptos resultan infundados, porque si bien es cierto que el Gobierno del Distrito Federal, a quien la actora, aquí impetrante de garantías, señaló como único demandado, al contestar la demanda, sostuvo que la relación laboral únicamente se dio entre la accionante y la Procuraduría Social del Distrito Federal, también es verdad, que ello se debió a que la propia trabajadora, ahora quejosa, en su escrito inicial de demanda señaló que dependía de dicha procuraduría; en tal virtud, el Gobierno del Distrito Federal, no tenía por qué solicitar a la Sala responsable que se llamara a juicio a la referida Procuraduría Social del Distrito Federal, porque en el caso, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no prevé ninguna (sic) disposición legal en la que se le obligue a formular dicha solicitud.
"En otro orden y a mayor abundamiento, si bien el artículo 138, de dicha ley burocrática, establece la facultad para que los Magistrados, puedan solicitar mayor información para mejor proveer, ello únicamente se refiere para allegarse pruebas en el juicio, cuando estimen que es necesario contar con mayor información para resolver, también es cierto, que esa facultad es de carácter discrecional y potestativa, por así señalarlo el vocablo ‘podrán’, que determina con toda precisión la naturaleza discrecional de la facultad en cuestión, de lo que se sigue que si los mencionados funcionarios no hacen uso de la misma, con ello no se conculcan garantías individuales de la actora, ahora quejosa."
Las consideraciones sustento de esa ejecutoria dieron origen a la tesis I.7o.T.75 L que a continuación se transcribe:
"DEMANDA LABORAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ESTÁN OBLIGADAS, PARA MEJOR PROVEER, A LLAMAR A JUICIO A DIVERSO DEMANDADO, CUANDO LA PARTE ACTORA NO LO HAYA SEÑALADO EXPRESAMENTE. Cuando en la demanda laboral la parte actora señale como demandada a determinado organismo o institución, y tanto del contexto de ella como del ocurso de contestación a la misma se advierte que el vínculo laboral se dio con una diversa, sin que el actor la hubiere señalado como tal, esta omisión no debe considerarse como una irregularidad para que la autoridad del conocimiento esté constreñida a prevenir a la parte actora para que la corrija o la subsane; además, las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no tienen la obligación de llamar a juicio a un organismo o institución no señalados como demandada, porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contiene disposición alguna que así lo establezca."(3)
II. Sentencia pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión del doce de noviembre de dos mil siete, en el amparo directo 20353/2007.
El Tribunal Colegiado sostuvo, en lo conducente:
"Previo al estudio de los conceptos de violación, a continuación se destacan los antecedentes relacionados con la presente litis constitucional.
"Santiago Leyva González demandó del Gobierno del Distrito Federal su reinstalación como peón con funciones de jardinero especializado en viveros, de base, desempeñando sus funciones en parques y jardines en la Delegación Miguel Hidalgo, con un horario de labores de 7:00 (siete) a 15:00 (quince) horas de lunes a viernes, percibiendo como salario quincenal el de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). En el capítulo de hechos narró que ingresó al servicio del Gobierno del Distrito Federal el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa, como peón, en aquél entonces adscrito a la Subdelegación de Obras, en la Unidad de Parques y Jardines, y desde entonces estaba considerado como trabajador de base, como lo acreditaba con las constancias de labores de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno. Que el treinta de abril de dos mil cinco, al intentar registrar su asistencia a las 7:00 (siete) horas, Armando Medina, quien se ostentaba como el encargado del registro de asistencia le manifestó que ‘ya no tenía caso que me presentara a laborar, en razón de que me encontraba despedido’, por lo que fue objeto de un despido injustificado, amén de que no se le instrumentó acta administrativa en donde se le hiciera (sic) constar los motivos por los cuales se le despidió ni se le dio la oportunidad de argumentar defensa en su favor, así como presentar testigos de descargo, por lo que el demandado violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"El Gobierno del Distrito Federal negó derecho al actor para reclamar lo que pretendía y señaló que de la demanda laboral se advertía la confesión del actor en el sentido de que prestó sus servicios para la Delegación Política Miguel Hidalgo, con lo cual se desvirtuaba la existencia de cualquier relación de tipo laboral o jurídica con ese ente, manifestación que debería tomarse en cuenta en términos de lo dispuesto por el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, e insistió que negaba de manera lisa y llana la existencia de la relación de trabajo. Agregó que el actor prestó sus servicios para la Delegación Miguel Hidalgo y que fue dado de baja definitiva el veinte de septiembre de dos mil dos, después de haberse levantado un acta administrativa el nueve de julio de dos mil dos, por haber incurrido en faltas injustificadas durante más de veinticuatro días, ubicándose en el supuesto establecido en la fracción I del artículo 46 de la ley burocrática y del artículo 15, fracción IV, de las Condiciones Generales de Trabajo, por lo que era falso que hubiese prestado sus servicios con posterioridad a la fecha señalada. Asimismo indicó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal en términos de lo dispuesto por los artículos 122 constitucional, 2o., 7o. y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, exclusivamente es el titular del órgano ejecutivo local y encargado de la administración pública del Distrito Federal, por lo que debería absolvérsele de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, ya que entre dicha dependencia y el actor no existía relación de trabajo. También opuso la excepción de prescripción en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para demandar la reinstalación, pues señaló que sin conceder razón al actor, también debía considerarse que la Delegación Miguel Hidalgo lo dio de baja el veinte de septiembre de dos mil dos, por lo que su derecho para demandar nació el veintiuno siguiente, y feneció el veinte de enero de dos mil tres, por lo que al presentar su demanda el veintiséis de agosto de dos mil cinco, había transcurrido en exceso el término prescriptivo de cuatro meses que señalaba el numeral citado.
"Finalmente, la Sala resolutora absolvió al Gobierno del Distrito Federal de todas las prestaciones que le reclamó Santiago Leyva González, al estimar que dicho demandado acreditó su excepción de falta de acción y derecho con la confesional a cargo del actor de la que se derivó que prestó sus servicios para la Delegación Miguel Hidalgo y que esta última lo dio de baja en forma definitiva el veinte de septiembre de dos mil dos, y que el nueve de julio de ese año, se le instrumentó acta administrativa con motivo del abandono de empleo en que incurrió y que a partir del veinte de septiembre de dos mil dos, dejó de prestar servicios para la Delegación Miguel Hidalgo; asimismo, señaló que conforme a lo dispuesto por los artículos 122, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 3o. y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 117, fracción IX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 5o., fracción IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concluía que la relación jurídica laboral con el actor debía entenderse establecida única y exclusivamente con el titular de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal y no con el jefe de Gobierno, toda vez que si bien éste era el titular de la administración pública y a él correspondían las actividades propias del Distrito Federal, también lo era que el actor no prestó sus servicios para la Jefatura del Distrito Federal sino para la Delegación Miguel Hidalgo, siendo que en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, así lo había manifestado el actor en su escrito inicial de demanda al señalar que se desempeñó en funciones de parques y jardines en la Delegación Miguel Hidalgo, con clave de cobro S12029, lo cual se corroboraba con las respuestas positivas que dio en el desahogo de su confesional, siendo que el titular de la Delegación Miguel Hidalgo en términos del artículo 5, fracción IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal tenía facultades para nombrar y remover a los directores ejecutivos, directores de área y demás personal de las unidades administrativas y de apoyo técnico-operativo de las áreas adscritas a ellas, lo cual se robustecía con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que preveía que la relación jurídica de trabajo se entendía establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores de base a su servicio, y que por lo tanto el vínculo de trabajo de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal cuando se encontraban adscritos a una demarcación política se establecía con el titular de ésta, consideración que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 138/2006, de rubro ‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS EN QUE LABORAN Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO.’, y en consecuencia, absolvió de las prestaciones que le fueron reclamadas al Gobierno del Distrito Federal, pues estableció que la relación de trabajo se dio entre el titular de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal y el actor.
"Inconforme con ese laudo, Santiago Leyva González promovió el presente juicio de garantías, en el que dijo que la Sala responsable contravino sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que si del juicio laboral se desprendía que el actor laboró para la Delegación Miguel Hidalgo, entonces la negativa de no llamarla a juicio como quedó plasmado en el acuerdo respectivo, teniendo únicamente como demandado al Gobierno del Distrito Federal, resulta una violación al procedimiento burocrático y a la impartición de justicia y, que independientemente de ello, para mejor proveer y no dejarlo en estado de indefensión debió llamar a juicio al titular de la delegación en comento, y al no hacerlo contravino lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"Es infundado el alegato esgrimido; cuando en la demanda laboral la parte actora señala como demandado a determinado organismo o institución, y tanto del contexto de ella como del ocurso de contestación a la misma se advierte que el vínculo laboral se dio con una diversa, sin que el actor lo hubiere señalado como tal, dicha omisión no puede considerarse como una irregularidad para que la autoridad laboral esté constreñida a prevenir a la parte actora para que corrija o subsane la demanda, puesto que las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no tienen la obligación de llamar a juicio a un organismo o institución no señalados como demandados, porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contiene disposición que así lo establezca, de tal modo, que si en el caso, de la demanda laboral se advierte que el actor se desempeñó en la Delegación Miguel Hidalgo, y no para el Gobierno del Distrito Federal quien fue señalado como patrón en forma general, es inconcuso que la referida Sala carecía de facultades para prevenir al actor para que enderezara su acción o llamara a juicio al titular de la delegación, de ahí que lo alegado en tal sentido, deviene infundado, dado que se trata de un procedimiento jurisdiccional que es de estricto derecho, y en ese sentido, el Estado en su función jurisdiccional debe tutelar los derechos subjetivos de los particulares y resolver las controversias que le son puestas a su conocimiento atendiendo a la circunstancia de que dicho aparato jurisdiccional sólo puede moverse a instancia de parte, de lo que se sigue que no puede ir más allá de lo que las partes pretenden o plantean; por tanto, si quien se dice titular de un derecho público subjetivo promueve su acción en contra de uno, dos o más demandados, el órgano jurisdiccional debe constreñirse a seguir el juicio contra los señalados por el accionante, pero a él no le corresponde establecer contra quien más debe ejercitarse la acción, ya que ésta es una facultad exclusiva del actor, de ahí que no sea dable prevenirlo para que precise si desea tener o no como demandado a diversa persona física o moral o institución a la que señaló en el escrito inicial de demanda.
"Tiene apoyo el anterior razonamiento en la tesis sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ..."
III. Sentencia pronunciada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el quince de marzo de dos mil siete, en el amparo directo 1418/2007.
El Tribunal Colegiado consideró:
"No se estudian los argumentos antes transcritos, porque se advierte una violación al procedimiento, la cual se estudia supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en aplicación de la jurisprudencia número 2a./J. 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es como sigue: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR, OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’
"En efecto, del expediente del juicio laboral número 4713/03, del que deriva el acto reclamado, aparece que el actor ahora quejoso enderezó la respectiva demanda en contra del ‘Gobierno del Distrito Federal’, como se advierte de lo siguiente:
"‘... Que por medio del presente escrito, vengo a demandar al Gobierno del Distrito Federal ... el pago y cumplimiento de las siguientes: Prestaciones: A) Condenar al demandado a otorgarme el nombramiento con categoría de base de la plaza de Asistente en Mantenimiento Automotriz, número 8002241, nivel 120, que vengo cubriendo desde el 16 de marzo de 1997 de manera ininterrumpida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en consecuencia se me otorguen y reconozcan los derechos previstos en las condiciones generales de trabajo vigentes entre el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores como trabajador sindicalizado y se me realicen los descuentos que correspondan por concepto de cuota sindical ...’, lo cual hace que tal demanda sea obscura o irregular, pues, si el artículo 129, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece a ese respecto lo siguiente: ‘Artículo 129. La demanda deberá contener: ... II. El nombre y domicilio del demandado; ...’; y si por otra parte, el artículo 2o. de la propia ley establece, en lo que interesa: ‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio ...’, la Sala responsable debió estimar que, el enderezamiento de la referida demanda, en forma general o abstracta, en contra del ‘Gobierno del Distrito Federal’, no se ajustaba a las disposiciones legales en cita, precisamente porque dicho gobierno, como abstracción o como un todo, no es una ‘dependencia’ y menos aún es un ‘titular’ para los efectos de tales preceptos, si se toma en cuenta, por un lado, que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa: ‘Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.’, lo que significa que el ejercicio del Gobierno del Distrito Federal está seccionado o dividido, y, por el otro, que, de acuerdo con lo que concatenadamente disponen todos los preceptos citados, la relación jurídica de trabajo de quienes laboran para las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, se entiende establecida, para los efectos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el titular de la dependencia en la que se preste el servicio; con la circunstancia de que, en el caso de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, su situación dentro de la administración pública del Distrito Federal está definida o establecida tanto en el Estatuto de Gobierno, como en la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Distrito Federal, cuando en sus artículos 87 y 2o. establecen, respectivamente: ‘Artículo 87. La administración pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública centralizada. Asimismo, la administración pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones señaladas en el presente estatuto y en las leyes.’ y ‘Artículo 2o. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la administración pública centralizada. En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la administración pública central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal. Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine. Los organismos descentralizados, las empresas de participación, estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos son las entidades que componen la administración pública paraestatal’; lo cual es importante destacar ante la circunstancia de que: a) en su escrito inicial de demanda, el actor ahora quejoso dijo laborar en la Secretaría de Transportes y Vialidad (Dirección de Apoyo Vial), ocupando el puesto de asistente en Mantenimiento Automotriz, y, por otra parte, demandó el otorgamiento de nombramiento de base en la plaza con igual denominación -Asistente en Mantenimiento Automotriz-, y b) en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que dice: ‘Artículo 5o. Además de las facultades que establece la ley, los titulares de las dependencias tienen las siguientes facultades: ... IV. Nombrar y remover libremente a los directores ejecutivos, directores de área y demás personal de las unidades administrativas y de apoyo técnico-operativo dependiente de las áreas adscritos (sic) a ellos’, corresponde a los ‘titulares de las dependencias’ nombrar a su personal.
"Por tanto, si la demanda laboral no fue enderezada en contra del titular de alguna dependencia, sino, en forma general o abstracta, en contra del Gobierno del Distrito Federal, la Sala responsable debió estimar que ello constituía una irregularidad en tal demanda y prevenir al actor para que la aclarara, corrigiera o completara, por ser evidente que no satisfacía en forma cabal el requisito previsto por el artículo 129, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el diverso artículo 2o. de la propia ley, de los que se despre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21010-2018fb73/demanda-laboral-las-salas-del-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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