SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias corresponde a la materia de trabajo especialización de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima pues la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 105/2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. A continuación se transcribirá la parte relativa de las sentencias en las que se plasmaron los criterios posiblemente contradictorios, para determinar si se actualizan los supuestos de existencia de contradicción de tesis establecidos por la jurisprudencia de este Alto Tribunal.
I. Sentencia pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el once de julio de dos mil siete, en el amparo en revisión 636/2007.
De la ejecutoria se obtiene que por escrito presentado el diez de enero de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ********** por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la directora general de Servicios Educativos Iztapalapa de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Secretaría de Educación Pública, consistentes en la inconstitucionalidad de la expedición de la disposición 6.1.2., relativa a las plazas que no podrán ser incluidas en las solicitudes de la compensación económica, derivada de las disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal, conforme a lo establecido en el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, y su aplicación.
La quejosa adujo, esencialmente, que el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al emitir el numeral 6.1.2. de las disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal, conforme a lo establecido en el artículo 9, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, transgredió en su perjuicio la garantía de competencia prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 74, fracción IV y 89, fracción I, del mismo ordenamiento, toda vez que sin motivo ni fundamento legal alguno excluye para solicitar la compensación económica a las plazas del personal académico, investigador, docente y directivo de los modelos de educación básica, media superior y superior, sin que dicha exclusión se encuentre establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, pues dicho presupuesto jamás hace distingo alguno entre los servidores públicos de la administración pública federal, dado que las únicas condiciones que establece para ser beneficiario consisten en prestar sus servicios en dicha administración y manifestar su deseo de separación; con lo cual dicha disposición va más allá de su fuente de origen.
Asimismo, argumentó que con la emisión de la disposición 6.1.2., el titular responsable se atribuye la facultad legislativa, que en el caso sólo corresponde a la Cámara de Diputados, única que puede examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y, por ende, modificarlo; aunado a que del artículo 9, fracción III, del aludido presupuesto, no se desprende facultad expresa que le confiera la potestad para determinar qué servidores públicos de la administración pública federal quedan excluidos de los beneficios que otorga el programa de retiro voluntario.
Igualmente, alegó que la autoridad creadora de las disposiciones reclamadas, se excedió en sus facultades reglamentarias consistentes única y exclusivamente en detallar y pormenorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, dado que nunca debió haber rebasado a dicho presupuesto, por ser la normatividad de origen la que le delegó la facultad creadora de dichas disposiciones; además de que dentro de las limitaciones que establece el artículo 9, fracción III, del mencionado presupuesto, no se encuentra distinción alguna de los servidores públicos de la administración pública federal que podrían ser beneficiados con la citada compensación, sino únicamente se refirió a aquellos que decidan voluntariamente separarse del servicio que prestan.
La demanda de garantías se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal donde se formó el expediente 852/2007 y se admitió a trámite mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil siete. Seguido el juicio, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional en la que dictó sentencia, autorizada el veintiocho de mayo de dos mil siete, en cuyo punto resolutivo determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa.
El Juez de Distrito, previo análisis del artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 y del numeral 6.1.2, reclamado, consideró que las aludidas disposiciones excluyeron de la posibilidad de solicitar la compensación económica por conclusión en definitiva de la prestación de servicios en la administración pública federal, a las plazas del personal académico, investigador, docente y directivo de los modelos de educación básica, media superior y superior; determinación que, como lo aduce la quejosa, deviene inconstitucional, toda vez que el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estableció dicha posibilidad para los servidores públicos que decidieran concluir en definitiva la prestación de sus servicios en la administración pública federal, sin hacer limitación alguna respecto a las plazas que podían gozar de ese derecho; de tal manera que las disposiciones referidas de ninguna forma podían ir más allá de lo estipulado en el presupuesto de egresos que les había dado origen; y al hacerlo resultan violatorias de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual los reglamentos sólo pueden desarrollar y completar en detalle la ley, sin que puedan exceder el alcance de sus mandatos, limitarlos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente ésta su medida y justificación.
Inconformes con esa sentencia, tanto el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la directora general de Servicios Educativos Iztapalapa, de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Secretaría de Educación Pública, interpusieron recurso de revisión.
De ese recurso correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el número 636/2007, resuelto en sesión del once de julio de dos mil siete en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
Las consideraciones de esa sentencia son, en lo conducente, las que enseguida se trasuntan:
"QUINTO. Dada la similitud de los agravios formulados por los recurrentes titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y directora general de Servicios Educativos Iztapalapa, de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Secretaría de Educación Pública, su estudio se realizará de manera conjunta.
"En una parte de su primer agravio, los recurrentes aducen que el Juez de amparo no observó que se actualizaron las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que (sic) reclamó por la vía constitucional un acto que pudo ser impugnado previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o la Secretaría de la Función Pública, por lo que al no agotar dichas instancias, no (sic) cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías.
"Es infundado el argumento hecho valer por los recurrentes, por las siguientes consideraciones:
"El artículo 73, fracciones XIII y XV, de la Ley de Amparo establece:
"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.
"‘Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.
"‘...
"‘XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’
"De la anterior transcripción, se advierte que tratándose de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley común para revocar, anular o modificar el acto de autoridad, lo que constituye el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías; lo anterior, salvo que se esté en algún caso de excepción a dicho principio.
"De igual forma, es de referir que conforme a dicho principio, es suficiente que en cualquier ley se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad.
"En este contexto, los actos reclamados en el presente asunto consisten en la expedición de las Disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal, conforme a lo establecido en el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, en específico su punto 6.1.2., así como la aplicación del mismo, que se tradujo en la emisión del oficio DGSEI D.G./214606, de doce de diciembre de dos mil seis, mediante el cual la directora general de Servicios Educativos Iztapalapa, de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Secretaría de Educación Pública le informó a la quejosa que es improcedente su solicitud de que se le incorpore en el programa de conclusión de prestación de servicios antes citado.
"Por lo que al reclamarse la constitucionalidad de un ordenamiento de carácter general, se actualiza una de las excepciones al principio de definitividad.
"Para constatar lo anterior, es conveniente citar la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo XII, julio de dos mil. Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.’
"Como se observa, las excepciones al principio de definitividad, son las siguientes:
"1. Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan.
"2. Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación.
"3. Los actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución.
"4. Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal.
"5. Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación.
"6. Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.
"7. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra.
"8. Los actos que carezcan de fundamentación.
"9. Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal.
"De lo anterior, se determina que en el caso, al reclamarse el oficio DGSEI D.G./214606, de doce de diciembre de dos mil seis, emitido por la directora general de Servicios Educativos Iztapalapa, de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Secretaría de Educación Pública, con motivo del primer acto de aplicación de las Disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal, conforme a lo establecido en el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, en específico su punto 6.1.2., se actualiza una de las excepciones para agotar el principio de definitividad, determinados por nuestro Máximo Tribunal, ya que se reclama un ordenamiento de carácter general y abstracto, que para efectos de la procedencia del presente asunto se le aplicarán las reglas del amparo contra leyes, conclusión a la que también llegó el Juez a quo, por lo resulta infundado el argumento sustentado por los recurrentes.
"Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 70/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 234, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, a continuación se transcribe: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes.’
"Además de que las disposiciones que por esta vía se combaten no provienen de una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, de ahí que devienen infundadas las causales de improcedencia invocadas por los ahora agraviados.
"Sin que resulte acertada la afirmación de los recurrentes en el sentido de que las disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal, únicamente impactan a la quejosa en su relación laboral, por lo que no se emitieron en una relación de Estado a particular, sino en una relación de patrón a trabajador y, por ello, no es procedente el juicio de garantías para combatir dichos lineamientos, toda vez que contrario a lo que (sic) afirman los agraviados, los citados lineamientos que regulan la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal son disposiciones de observancia general y fueron emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por mandato expreso de la ley y regula (sic) una situación que trasciende en forma abstracta y durante todo el tiempo de su vigencia a todos los gobernados que se ubiquen en los supuestos que contempla (sic), de lo que se colige que presenta (sic) el elemento de imperatividad que caracteriza a un acto de autoridad, de ahí que las acciones ejercidas por la quejosa en el juicio de amparo indirecto fueron motivadas precisamente por la aplicación de la citada normatividad que fue emitida de (sic) motu proprio por la responsable, es decir, sin opinión del justiciable e implica, que el gobernado no pueda revertirla por sí, amén de que no existe ningún vínculo laboral que ligue a la quejosa con el ahora agraviado titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egreso (sic) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ..."
En consecuencia, el Tribunal Colegiado analizó el fondo del asunto y resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa en los términos de la resolución recurrida.
No se requiere transcribir la parte conducente de las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo en revisión 766/2007, 856/2007 y 876/2007, porque las consideraciones en torno a la procedencia del juicio de amparo indirecto son similares a las transcritas anteriormente.
II. Sentencia pronunciada el veintitrés de diciembre de dos mil ocho, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo en revisión 105/2008.
"... Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado procede al examen de la causa de improcedencia que en el caso advierte, derivada del hecho de que mediante el juicio de amparo indirecto el quejoso combate la inconstitucionalidad de las ‘Disposiciones para la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008’ emitidas por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía que resulta improcedente por los motivos que a continuación se exponen.
"Para una mejor comprensión de lo antes afirmado, es preciso realizar las siguientes consideraciones:
"********** de profesión maestro de educación primaria y con categoría de director de escuela en dicho nivel educativo, promovió juicio de amparo impugnando la constitucionalidad de la emisión de las ‘Disposiciones para la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008’ y señaló como autoridad responsable emisora a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como autoridad responsable ejecutora a la coordinadora sectorial de educación primaria en el Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Educación Pública que invocando su existencia, provisionalmente, no accedió a su solicitud de retiro definitivo de la administración pública federal.
"La fracción II del artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 antes referido, es del siguiente tenor:
"‘Artículo 5. El gasto programable previsto para el Ramo General 23 provisiones salariales y económicas, sujeta a las siguientes reglas:
"‘...
"‘II. Las dependencias y entidades podrán solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con cargo a los recursos del Ramo General 23 provisiones salariales y económicas o al mecanismo de pago correspondiente, se apliquen medidas para cubrir una compensación económica a los servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de sus servicios en la administración pública federal, sin perjuicio de las prestaciones que les correspondan en materia de seguridad social. Dichas medidas se sujetarán a lo siguiente:
"‘a) Las plazas correspondientes a los servidores públicos que concluyan en definitiva la prestación de sus servicios en la administración pública federal, se cancelarán en los términos de las disposiciones aplicables;
"‘b) Las dependencias, con cargo a los ahorros que generen en sus respectivos presupuestos de servicios personales por la aplicación de las medidas, deberán restituir anualmente y a más tardar en el ejercicio fiscal 2010, en los plazos y condiciones que señalen las disposiciones aplicables, los recursos correspondientes a las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos a su cargo. En caso contrario, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descontará los recursos correspondientes de las ministraciones posteriores de la respectiva dependencia.
"‘En los mismos términos, las entidades solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las adecuaciones a sus respectivos presupuestos por el monto que hayan utilizado para cubrir las compensaciones a los servidores públicos a su cargo. En caso contrario, dicha secretaría realizará las adecuaciones presupuestarias por los montos que correspondan;
"‘c) Los recursos restituidos serán destinados a mejorar la meta de balance presupuestario;
"‘d) Los ahorros generados, una vez descontado el monto correspondiente para restituir los recursos utilizados en las medidas a que se refiere esta fracción, podrán destinarse a los programas de la dependencia o entidad que haya generado dicho ahorro y a la implantación y operación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal, siempre y cuando no implique la creación de plazas ni la contratación de personal eventual o de personas físicas por honorarios ni puestos de libre designación ni aumente el presupuesto regularizable de los subsecuentes ejercicios fiscales;
"‘e) El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos a que se refiere esta fracción.
"‘En su caso, las medidas a que se refiere esta fracción podrán autorizarse para la liquidación de los servidores públicos que correspondan y los gastos asociados a ésta, así como a los pagos que se originen como consecuencia de la desincorporación de entidades o de la eliminación de unidades administrativas de las dependencias, en los términos de las disposiciones aplicables, sujetándose en lo conducente a lo dispuesto en los incisos de esta fracción.
"‘Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, podrán aplicar las medidas a que se refiere esta fracción, previo convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cancelen las plazas correspondientes y restituyan los recursos en los términos del inciso b) de esta fracción; asimismo, podrán destinar los ahorros que resulten a sus programas, siempre y cuando no implique la creación de plazas ni la contratación de personal eventual o de personas físicas por honorarios ni aumente el presupuesto regularizable de los subsecuentes ejercicios fiscales. Las medidas previstas en esta fracción 4 (cuarta sección) (sic) Diario Oficial jueves 13 de diciembre de 2007 podrán aplicarse, en los mismos términos, al personal federalizado de los sectores educación y de salud, previo convenio que celebre el Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, con las entidades federativas, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’
"Para regular lo anterior y en uso de las facultades que le otorga el artículo (sic) 31, fracciones XIV y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 65, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 128 del reglamento de esta ley, así de como el diverso (sic) numeral 62, fracción XXXI del reglamento interior de esa dependencia, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las ‘Disposiciones para la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008’.
"Tales disposiciones contienen el tipo de personal que se encuentra excluido del beneficio de la compensación económica y en particular su fracción II, indica que entre ese personal se encuentran académicos, directivos de los modelos de educación básica, media superior y superior, así como docentes e investigadores y como motivo de esta exclusión se establece que ello se debe a que ‘... son plazas que por las funciones que tienen asignadas los servidores públicos que las detentan, se consideran sustantivas y necesarias para desarrollar las actividades que se encomiendan a este tipo de personal, salvaguardando con ello, la buena marcha, calidad y la prestación del servicio o los bienes que se producen. ...’
"Establecido el origen del tipo de norma cuya constitucionalidad se combate, conviene precisar si las ‘Disposiciones para la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008’, por su naturaleza, son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto.
"Considerada como la Norma Suprema que rige la vida de una nación, la Constitución establece los límites mínimos y máximos conforme a los cuales la ley, los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21705-69b415f7/servidores-publicos-de-la-administracion-publica-federal-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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