NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO Y EN TRÁMITE AL MOMENTO DE RESOLVER EL JUICIO DE GARANTÍAS INSTAURADO CONTRA LA FALTA O ILEGAL EMPLAZAMIENTO, INHERENTE AL PROCEDIMIENTO CUYA NULIDAD SE RECLAMA. NO CONFIGURA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 18/2008. ADRIANA CAMACHO RÍOS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En principio conviene narrar diversas cuestiones que se advierten en las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 373/2005 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado.
1. Adriana Camacho Ríos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los siguientes actos (folios dos y tres del juicio de amparo):
a) Todas las actuaciones del procedimiento identificado con el número de expediente 1185/2004 del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora.
b) El reconocimiento de la cesión de derechos litigiosos, realizado por el actor José María Ibarra Morales a favor de "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable", en dicho expediente, efectuado en auto de quince de febrero de dos mil cinco.
c) La orden de remitir y la remisión de los autos originales (auto de cuatro de marzo de dos mil cinco) a la Notaría Pública Número 10 de Guaymas, Sonora, para que se llevara a cabo "la protocolización de los autos y expedición de título correspondiente".
d) Cualquier acto tendiente a privarla de la posesión material y jurídica de los inmuebles descritos en la escritura pública número 18,070, otorgada ante la fe del notario público número 9 con ejercicio en Mexicali, Baja California.
Los actos referidos fueron imputados al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora y al secretario primero de Acuerdos del órgano jurisdiccional respectivo, como autoridades ordenadoras.
Asimismo, la impetrante de garantías reclamó, de las siguientes autoridades ejecutoras:
- Del actuario primero ejecutor del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de Guaymas, Sonora, la diligencia de emplazamiento efectuada en el juicio 1185/2004.
- Del director de la Oficina del Impuesto Predial y Servicios Catastrales del Municipio de Guaymas, Sonora, cualquier actuación que tuviese por objeto transmitir el dominio de la propiedad de los inmuebles materia del juicio natural, a favor de la empresa "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable", o a cualquier otra persona física o moral.
- Del director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guaymas, Sonora, la inscripción y registro de la escritura pública número 14,213 (sic), relativa a "la protocolización a favor de la empresa denominada ‘La Joya del Mar de San Carlos, S.A. de C.V.’", otorgada ante la fe del notario público número 10 de Guaymas, Sonora, y "cualquier movimiento en los asientos de sus archivos, mediante el cual pase la propiedad a nombre de otra persona, ya sea física o moral".
2. En el apartado destinado a la narración de antecedentes del acto reclamado expuso, en esencia, que (folios cuatro a nueve ídem):
a) Mediante contrato de compraventa celebrado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, entre Claudia Mendoza Ibarra y ella (que se hizo constar en la escritura pasada ante la fe del notario público número 9 con ejercicio en Mexicali, Baja California), adquirió los lotes de terreno 582 y 583 del sector residencial "Caracol" de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora; y la escritura se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
b) La quejosa recibió la posesión material y jurídica de los inmuebles e inició la construcción de la "obra negra" sobre ellos; pero el día veintidós de abril de dos mil cinco, cuando envió a una persona a la oficina municipal respectiva a pagar el impuesto predial, tuvo conocimiento de que los predios se encontraban en trámite "para la inscripción de la nueva empresa propietaria" denominada "La Joya del Mar de San Carlos", por lo que solicitó todas las constancias judiciales existentes, y fue como se enteró de la existencia del procedimiento identificado con el número 1185/2004 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de Guaymas, Sonora, iniciado por José María Ibarra Morales, en su contra, en el que se ejercitó la acción de otorgamiento de escritura y firma de contrato definitivo de compraventa.
Asimismo, la quejosa describió las actuaciones de dicho juicio (que se mencionarán en párrafos posteriores), en el que se advertía que:
a) El emplazamiento se había efectuado en un domicilio que no era el suyo, con una persona que se identificó como su sobrina, por lo que dicha diligencia era ilegal;
b) Una persona llamada también "Adriana Camacho Ríos" había comparecido al procedimiento y se había allanado a las pretensiones del actor, mediante la suscripción de diversas promociones, pero que la firma estampada en ellas no era la suya, como se acreditaría de manera oportuna;
c) Que se había emitido sentencia condenatoria;
d) El actor José María Ibarra Morales había cedido sus derechos litigiosos a la empresa "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable";
e) Los inmuebles materia de la controversia se adjudicaron a la persona moral en mención.
Finalmente, en el mismo apartado de la demanda de garantías, así como en el relativo a los conceptos de violación (folios nueve a doce ibídem), expuso que:
- El juicio civil del que emanan los actos reclamados era "una farsa, por medio de la suplantación de persona de la quejosa, por medio de la simulación de un acto jurídico y por medio de la suplantación y falsificación de las distintas comparecencias ..."
- Era falso que su domicilio fuese el ubicado en el número 15 "B" de la calle Paseo Villa Hermosa, del sector Villa Hermosa de la Comisaría de San Carlos, Sonora (en el cual se efectuó el emplazamiento), toda vez que ella habita en "el número 714 de la calle Herminio Ciscomani, colonia Pitic, código postal 83150 en Hermosillo, Sonora" (por lo que debía considerarse que en el caso el actuario no se había cerciorado que en el domicilio en el que actuaba era el de la quejosa); tampoco era correcto que tuviese una sobrina de nombre "Martha Irelia Martínez Ibarra" (persona con la que se entendió la diligencia). Además, en el auto admisorio de demanda se ordenó el emplazamiento de "Adriana Camacho Cortez", pero con posterioridad ese dato fue corregido oficiosamente por la Juez y por el actuario, a pesar de que el auto de admisión no había sido impugnado.
- El supuesto contrato de promesa de compraventa base de la acción del juicio natural, así como los supuestos recibos de abonos que amparan el pago total de dicha operación no habían sido suscritos por ella; esto es, las firmas estampadas en esos documentos no provenían de su puño y letra.
- La firma estampada en diversas actuaciones y promociones del juicio civil de una persona de nombre "Adriana Camacho Ríos" no correspondían a ella.
- Los bienes materia del juicio consistieron en lotes de terreno entre los que se encuentran casas habitación sin finalizar, y están ubicados en una zona residencial, por lo que la cesión de derechos litigiosos efectuada por José María Ibarra Morales a favor de "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable", era nula de pleno derecho.
3. El Juez señalado como autoridad responsable, al rendir el informe con justificación a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, remitió las constancias que integran el juicio sumario civil 1185/2004, en el que se aprecia que:
a) José María Ibarra Morales demandó de Adriana Camacho Ríos en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción de otorgamiento y firma de contrato definitivo de compraventa el cumplimiento de diversas prestaciones, derivadas de la existencia de un contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes con fecha uno de enero de dos mil dos, sobre los bienes inmuebles ubicados en los lotes 582 y 583 del sector residencial "Caracol Península", de la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora; así como diversos recibos de pago parciales suscritos por Adriana Camacho Ríos, en virtud de las cantidades que le habían sido entregadas por el actor por la compraventa del inmueble (folios ciento cincuenta y ocho a ciento sesenta y dos ibídem).
b) El Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de Guaymas, Sonora, ordenó el emplazamiento respectivo, y la diligencia se efectuó el ocho de octubre de dos mil cuatro. En el acta respectiva, el actuario hizo constar que se constituyó en el domicilio señalado en autos por la parte actora (ubicado en el número 15 "B" Villa Hermosa, calle Villa Hermosa del sector Villa Hermosa, de la Comisaría de San Carlos, Sonora), y que entendió el acto de notificación con la persona de nombre Martha Irelia Martínez Ibarra, quien se identificó con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral y manifestó ser sobrina de la demandada y que el domicilio era el correcto (folios sesenta y nueve y setenta ibídem).
c) "Adriana Camacho Ríos" contestó la demanda mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil cuatro (folios doscientos treinta a doscientos treinta y dos ibídem) y en ella se allanó a la acción intentada.
d) El veintiséis de octubre de dos mil cuatro se dictó sentencia definitiva (folios doscientos setenta y nueve a doscientos noventa y uno ibídem), en la que se declaró procedente la acción y se condenó a la demandada a la firma de la escritura pública definitiva que acreditara como propietario de los bienes a José María Ibarra Morales.
e) El uno de noviembre de dos mil cuatro, Ibarra Morales y "Adriana Camacho Ríos" solicitaron se declarara ejecutoriada la sentencia, petición acordada de conformidad el veintinueve de noviembre de dos mil cuatro (folios doscientos noventa y nueve a trescientos cinco ibídem).
f) Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil cinco, José María Ibarra Morales manifestó su intención de ceder los derechos litigiosos que le correspondían, a la persona moral denominada "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable" (folios trescientos seis a trescientos diez ibídem); "Adriana Camacho Ríos", el cuatro de febrero de dos mil cinco, se dio por notificada de la referida cesión de derechos (folio trescientos cuarenta); y el quince de febrero siguiente la Juez tuvo por hecha la cesión para todos los efectos legales procedentes.
g) El cuatro de marzo de dos mil cinco, la Juez emitió un auto que a la letra dice: "Vista la promoción número 46, se tiene por presentado al C. Jerry E. Theilen, en su carácter de administrador único de la sociedad mercantil ‘La Joya del Mar de San Carlos, S.A. de C.V.’, según lo acredita con ... y toda vez que la demandada Adriana Camacho Ríos, no otorgó a la parte actora ‘La Joya del Mar de San Carlos, S.A. de C.V.’, las escrituras de los bienes inmuebles, es por ello que se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que este tribunal la otorga en su rebeldía, ordenándose remitir los autos originales a la Notaría Pública Número 10, a cargo del notario suplente licenciado Arnulfo Salas Mariscal, con ejercicio y residencia en esta ciudad, a fin de que lleve a cabo la protocolización de los presentes autos y expida el título correspondiente ..."
h) El veintiséis de abril de dos mil cinco, la Juez de primera instancia, ante el secretario de Acuerdos que dio fe, levantó acta, en el sentido de que ante su presencia comparecieron los apoderados legales de Adriana Camacho Ríos, quienes hicieron diversas manifestaciones en cuanto a que el juicio 1185/2004 "había sido simulado", y que dicho juicio "en ningún momento fue notificado a la señora Adriana Camacho Ríos y que las firmas que aparecen en el expediente como de ella no son las auténticas, ya que en ningún momento su representada celebró contrato alguno con el actor de ese juicio ...", entre otras; asimismo, se hizo constar que se tomaron declaraciones a los secretarios de Acuerdos y actuarios que habían intervenido en el procedimiento mencionado y que "ante las manifestaciones hechas por los apoderados legales de la señora Adriana Camacho Ríos, de que el presente juicio fue una simulación y ante la probable comisión de un ilícito, se da vista al Ministerio Público adscrito a este juzgado para que éste a su vez lleve a cabo lo que corresponde, en el entendido de que la persona afectada deberá hacer del conocimiento lo anterior al representante legal competente ..." (folios trescientos setenta y ocho a trescientos ochenta y dos ibídem).
4. La quejosa ofreció las siguientes pruebas (folios ciento cuarenta y cinco; quinientos diecisiete a quinientos cincuenta y seis; quinientos sesenta y cinco a quinientos sesenta y nueve; y novecientos cuarenta a novecientos setenta ibídem):
I. Documentales consistentes en credencial expedida por el Instituto Federal Electoral folio número 0000125579988, con año de registro de mil novecientos noventa y nueve; y licencia de automovilista expedida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sonora folio 16010089, con vigencia a partir del veintiocho de enero de dos mil tres, ambos a nombre de Adriana Camacho Ríos.
II. Testimoniales a cargo de Jesús López Espinoza y Gabriel Ramírez López (posteriormente los deponentes fueron sustituidos por Gilberto Domínguez Parada y María Guadalupe Gil Satow).
III. Documentales privadas consistentes en recibos de servicios expedidos por Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y Agua de Hermosillo.
Todos los anteriores medios de convicción, con el objeto de acreditar que el domicilio de la quejosa desde antes del inicio del procedimiento del que emanan los actos reclamados, se ubicaba en la calle Herminio Ciscomani número 714, colonia Pitic, de Hermosillo, Sonora.
IV. Pericial en materia de grafoscopía, con el fin de que el perito realizara el estudio comparativo de las firmas indubitables (que se estamparían en diligencia especial, así como las que constaban en las identificaciones presentadas por la quejosa) con aquellas cuya autenticidad se cuestionaba, contenidas en diversas promociones que formaban parte del juicio de origen, y algunos de los documentos base de la acción en dicho procedimiento, a saber:
- Contrato de promesa de compraventa con depósito de garantía de uno de enero de dos mil dos.
- Recibos de fechas dos de mayo y quince de octubre de dos mil dos, veintiocho de febrero, treinta de junio, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre de dos mil tres "supuestamente" suscritos por Adriana Camacho Ríos.
- Carta de veinticinco de diciembre de dos mil tres.
- Escrito de contestación de demanda presentado ante el juzgado de origen el catorce de octubre de dos mil cuatro.
- Escrito de "consentimiento expreso de la sentencia definitiva y solicitud de que se declare ejecutoriada", presentado el uno de noviembre de dos mil cuatro.
- Ratificación de comparecencia con identificación ante la presencia judicial de "Adriana Camacho Ríos", de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, en relación con la firma estampada en escrito de uno de noviembre del mismo año.
- Escrito mediante el cual "Adriana Camacho Ríos" "supuestamente" expresó su conformidad con la cesión de derechos efectuada por José María Ibarra Morales a favor de la empresa "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable".
V. Documental pública, consistente en copia certificada expedida por el secretario de Acuerdos de la Agencia del Ministerio Público Segunda Investigadora del Fuero Común (dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora) de la averiguación previa número 236/2005; en especial, del dictamen rendido por los peritos Juan Manuel Díaz García y Carlos Enrique Coira Gil dentro de dicha averiguación, con respecto a las firmas contenidas en diversos documentos que forman parte del expediente civil 1185/2004, y en el cual llegaron a la conclusión de que las firmas dubitables no correspondían al puño y letra de Adriana Camacho Ríos.
La diligencia de desahogo de la prueba testimonial tuvo lugar el doce de mayo de dos mil seis, y en ella los deponentes Gilberto Domínguez Parada y María Guadalupe Gil Satow declararon al tenor del interrogatorio propuesto por la parte quejosa (folios ciento quince a ciento diecisiete del tomo dos del juicio de amparo).
Por otra parte, el veintiséis de abril de dos mil seis se efectuó la diligencia de toma de escritura de la quejosa Adriana Camacho Ríos a fin de que los peritos (Manuel Ramón Esparza Ruiz, designado por la impetrante de garantías, y Carlos Hernández Torres, perito oficial designado por el Juez de Distrito) estuvieran en condiciones de rendir sus dictámenes (folios noventa y nueve a ciento dos ídem). Los dictámenes respectivos obran en folios del ciento treinta y cinco al ciento ochenta y cinco (del perito Manuel Ramón Esparza Ruiz) y del doscientos dieciocho a doscientos veintiséis (el de Carlos Hernández Torres) del tomo dos del juicio de amparo, y los especialistas concluyeron, respectivamente, que: "las firmas que a nombre de la señora Adriana Camacho Ríos aparecen en los documentos fundatorios de la acción y comparecencias procesales del juicio promovido por el señor José María Ibarra Morales, en su contra, en el juicio sumario civil, que se sigue en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, bajo el expediente No. 1185/2004, no fueron hechas por el puño y letra de la señora Adriana Camacho Ríos; es decir, son falsas" y "no proceden por su ejecución, del puño y letra de la C. Adriana Camacho Ríos las firmas que obran a fojas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 26, 68, 69 (reverso) y 93, consistentes en diversas documentales; las cuales fueron descritas en el cuerpo del presente dictamen y que se encuentran dentro del expediente 1185/2004 del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de Guaymas, Sonora".
5. Por su parte, la tercero perjudicada "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable", ofreció las siguientes pruebas:
I. Pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a cargo de Isidoro Cal y Mayor Rodríguez, con fin similar al medio de convicción propuesto por la parte quejosa (folios doscientos setenta y dos a doscientos setenta y seis ibídem).
Sin embargo, dicha prueba fue desechada por el Juez de Distrito, en auto de veintisiete de julio de dos mil seis (folio trescientos once ibídem); y esa determinación fue impugnada en queja por la empresa tercero perjudicada. El recurso mencionado se resolvió por este órgano colegiado, mediante ejecutoria emitida el treinta de enero de dos mil siete (folios doscientos treinta y nueve a doscientos cincuenta y nueve del tomo III del juicio de garantías), en el sentido de declararlo infundado.
II. Documentales públicas consistentes en copia certificada de diversas constancias relativas al "juicio de nulidad por juicio fraudulento", promovido por la quejosa en contra de "La Joya del Mar de San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable", José María Ibarra Morales, la "supuesta Adriana Camacho Ríos", director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, encargado de la Oficina del Impuesto Predial de Servicios Catastrales y del notario público suplente de la Notaría Número 10 con residencia en Guaymas, Sonora, y en el cual solicitó (folios ciento noventa y dos a doscientos dos del tomo II del juicio de garantías, así como legajo de pruebas relativo a las exhibidas por la tercero perjudicada):
a) Declaratoria de nulidad del juicio sumario civil 1185/2004;
b) Declaratoria de nulidad de contrato de promesa de compraventa y recibos de pago relativos;
c) Declaratoria de que Adriana Camacho Ríos es propietaria de los lotes de terreno 582 y 583 del sector residencial Caracol, de San Carlos, Sonora;
d) "Reponer a la señora Adriana Camacho Ríos en la posesión material y jurídica de los inmuebles";
e) Declaratoria de nulidad de la escritura pública 14,123 (sic), pasada ante la fe del notario público suplente de la Notaría Número 10 de Guaymas, Sonora.
f) "Cancelación ‘por ineficacia’ de la escritura pública" referida, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
g) Indemnización por daños y perjuicios, y pago de gastos y costas.
Dicha prueba tuvo como objeto demostrar que en el juicio de amparo se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo.
6. El Juez de Distrito, en la sentencia que aquí se reclama, determinó que:
a) Debía sobreseerse en el juicio, por lo que hacía a los actos reclamados al secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, al actualizarse una causa de improcedencia, en términos de lo previsto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11 de la Ley de Amparo.
b) Por lo que hace al resto de los actos reclamados, el juicio era improcedente de acuerdo con lo establecido por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa había promovido juicio civil ordinario de nulidad por juicio fraudulento (número 1399/2005, admitido a trámite por auto de nueve de enero de dos mil seis), acción que constituía un medio de defensa que tenía como objeto nulificar todo lo actuado en el juicio sumario civil 1185/2004. Por tanto, como dicho juicio podría conducir a la insubsistencia legal de los actos reclamados, era procedente sobreseer en el juicio.
En los dos motivos de agravio la recurrente esencialmente expone que la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que para la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, deben surtirse varios requisitos y algunos de ellos no se cumplieron, pues:
- La quejosa "no podía agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable" por haberse ostentado como tercera extraña a juicio.
- El juicio de nulidad por juicio fraudulento es un procedimiento autónomo e independiente al juicio sumario civil del que emanan los actos reclamados que tiene como objeto conseguir efectos declarativos de diversos documentos y actuaciones; y la causa de improcedencia se refiere a la promoción de recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca dentro de un procedimiento y que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar actuaciones efectuadas en él.
- El acto en contra del cual se pide amparo debe tratarse del mismo en contra del cual se promueva el recurso o medio de defensa, lo cual en el caso no ocurre.
Los motivos de impugnación, mejorados por este órgano de control constitucional en términos de lo previsto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo (porque el juicio de amparo versó, en parte, sobre la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa), son eficaces para lograr la revocación de la resolución reclamada.
El artículo 73, fracciones XII, XIII, XIV y XV, de la Ley de Amparo, a la letra dicen:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.
"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.
"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento;
"XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.
"Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;
"XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;
"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva ..."
La transcripción evidencia que el juicio de garantías es improcedente en los siguientes casos:
- Contra aquellos actos que se consientan de manera tácita; esto es, en contra de los cuales no se promueva el juicio en los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo. Tratándose del amparo contra leyes y en los casos en que en contra del primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa que tenga por objeto su nulificación, revocación o modificación, la promoción del juicio, o del recurso, en su caso, será optativa para el agraviado.
- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo que admitan algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo las excepciones que expresamente se prevén.
- Si se encuentra en trámite ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, y que pudiese resultar en la modificación, nulificación o revocación del acto reclamado.
- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, revisables de oficio según la ley respectiva, o si procede algún recurso, juicio o medio de defensa legal que tenga como objeto modificarlos, revocarlos o nulificarlos, y cuya interposición suspenda los efectos de los actos reclamados sin exigir más requisitos que los que establece la Ley de Amparo.
Las disposiciones mencionadas evidencian la existencia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste, por regla general, en que antes de acudir al juicio de garantías, la parte que se estime agraviada con la emisión del acto de autoridad, debe hacer valer en su contra los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria que tengan la finalidad de revocar, modificar, anular o invalidar dicho acto, según se infiere de la fracción XIII del numeral en cita.
Ignacio Burgoa define al principio de definitividad como (El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, vigésimo séptima edición, México, 1990, página 282): "agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente."
El fundamento y justificación racional de este principio se encuentran en la naturaleza extraordinaria del juicio de garantías, en razón de la cual sólo procede contra actos respecto de los que la ley no conceda remedio alguno, en virtud del que puedan repararse, en vía común, los posibles perjuicios que dichos actos causen; de ahí que para la procedencia del amparo se exija la previa interposición de los instrumentos de defensa que la ley pone al alcance del gobernado. De no ser así, la institución protectora de los derechos fundamentales del gobernado se vería desnaturalizada, pues se traduciría en otro medio ordinario de defensa.
Así, la finalidad de la causa de improcedencia mencionada es preservar la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo y evitar que se tramiten procedimientos de garantías en los que se dirima una situación jurídica que se encuentre en vías de resolución, en función de un medio de defensa interpuesto por el propio quejoso; pues la decisión que ahí se dicte podría tener efectos semejantes a los que derivan de la protección constitucional.
Por tanto, por regla general, si contra los actos que se reclaman en el juicio de garantías procede algún recurso que tenga por efecto su revocación (cambiar la totalidad del criterio de la resolución recurrida), modificación (hacer un cambio parcial en la resolución) o nulificación (dejar insubsistente el acto de autoridad), y el quejoso, previamente a la solicitud de la protección constitucional, no utilizó aquel medio de defensa legal; entonces, el juicio será improcedente, salvo que se esté en presencia de las excepciones que la propia ley de la materia prevé.
Ciertamente, en el caso de la fracción XIII del citado numeral, se prevén diversas excepciones al principio de referencia, a saber: cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o que se trate de cualquiera de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21041-ffbdb990/nulidad-de-juicio-concluido-promovido-por-el-quejoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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