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SEGURO SOCIAL, PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, ES INCOMPATIBLE CON LA JUBILACIÓN, A PESAR DE HABERSE RECONOCIDO LA ÚLTIMA ANTES DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE A MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, A UN TRABAJADOR DEL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 624/2008. · Registro digital (IUS): 21128
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: METLIFE AFORE, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, , Pág. 1130.

AMPARO DIRECTO 624/2008. METLIFE AFORE, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los transcritos motivos de inconformidad, que por razón de orden lógico jurídico se estudian en diverso orden al que fueron planteados, son infundados en una parte y fundados en otra.

En el primer concepto de violación se dice que la responsable omitió respetar las formalidades esenciales del procedimiento al abstenerse de llamar a juicio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la "Consar", no admitiendo concurriera a la secuela del procedimiento a manifestar lo que a su interés correspondiera, atento a su ámbito competencial, pues la secretaría es competente para regular y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad en materia de Afores, que realiza por conducto de dicha comisión, con atribución para emitir actos unilaterales, coercitivos y obligatorios; como órgano administrativo desconcentrado de la secretaría tiene por objeto establecer los mecanismos, criterios y procedimientos para el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro previstos en las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en su caso, proporcionar el soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas, operar los mecanismos de protección a los intereses de los trabajadores cuentahabientes, y efectuar la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, de las sociedades de inversión que manejen recursos de las subcuentas de retiro y de sus sociedades operadoras, así como de cualesquiera otra entidad financiera que participe en los referidos sistemas, por lo que el comparecer a juicio no sólo permitiría que manifestara lo que a sus atribuciones correspondería, sino que permitiría asegurar la "disponibilidad de resolución ante dicha autoridad", amén de que podríamos estar en presencia de un litisconsorcio pasivo, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la "Consar", ha establecido circulares en las que establece una serie de lineamientos que entran en conflicto con la pretensión de actora, por lo que la participación de estas autoridades es fundamental.

Lo anterior es infundado, toda vez que en el escrito de contestación la razón que expresó el demandado, ahora quejoso, al pretender que la emisora del acto impugnado llamara a juicio como tercero interesado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, fue para que manifestara lo que a su interés correspondiera y se pronunciara sobre la aplicabilidad de la normatividad que la actora "... pretende hacer en el presente juicio, máxime que dicha entidad es garante de la aplicación y respeto de la normatividad respectiva entre la Afores, y sobre todo, porque ésta es el organismo regulador, quién podrá emitir su opinión respecto a la pretensión que la actora plantea a esta H. Junta, lo anterior a efecto de que este órgano cuente con el mayor número de elementos que le permita aplicar la correcta norma abstracta al caso que nos ocupa ..." (foja 73).

Lo expuesto por la sociedad ahora quejosa como motivo para que fuera llamada como tercero interesado a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es ineficaz, toda vez que a las partes corresponde relatar los hechos en el escrito de demanda, de contestación y en la etapa de demanda y excepciones, así como acreditar, en su caso, los presupuestos de la acción, así como las defensas y excepciones hechas valer; en tanto que a la autoridad le corresponde efectuar un análisis de los expuesto por las partes, el estudio de las pruebas correspondientes, determinar su valoración, y decir y aplicar el derecho.

En consecuencia, la Junta actuó correctamente al no haber llamado a juicio como tercero interesado a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, puesto que ésta, conforme a la litis planteada, no se advierte que tuviera que deducir algún derecho ya que las partes en el juicio natural no le reclamaron ningún hecho, ni prestación; además de que tampoco se encuentra facultada para determinar en el juicio de origen sobre la normatividad aplicable al caso concreto, ya que, como se dijo, ésta es facultad exclusiva de la responsable, como lo establecen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que todo lo alegado resulte infundado; además de que la sociedad quejosa no combate en su integridad lo determinado por la resolutora para no acceder al llamado a juicio de la citada comisión como tercero interesado, puesto que, al respecto, para ello consideró:

"... En relación con el llamamiento que formula Metlife Afore, S.A. de C.V., como presunto tercero interesado en contra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, toda vez que se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin personalidad jurídica propia, y el marco jurídico que regula esta última se encuentra dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, por lo que esta Junta no tiene facultad jurisdiccionalmente para sancionar a la misma, con independencia de que dicho organismo no podría ser afectado con la resolución que esta Junta emita, pues no se le está demandando ninguna prestación, con fundamento en el art. 690 de la Ley Federal del Trabajo ..." (foja 98 del expediente laboral).

Lo razonado por la Junta no es impugnado por el ahora quejoso, sobre todo cuando consideró que a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro no le afectaría el laudo que se llegara a dictar, de conformidad con lo establecido en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, por consiguiente, además, resulta inoperante lo alegado en este aspecto por la sociedad quejosa, ya que sus argumentos, esencialmente, van encaminados a evidenciar la necesidad de que la citada comisión comparezca a juicio para vigilar la aplicabilidad de la normatividad relativa a las "Afores", sin exponer algún argumento jurídico que impugne lo determinado por la emisora del acto impugnado.

Por otra parte, debe decirse que el inconforme no expresa motivo o razón alguna del porqué fue incorrecto que la autoridad responsable le desechara el informe que debía rendir la "Consar", habida cuenta que sólo refiere que no fue admitida dicha probanza, lo que se traduce en una simple afirmación que al no fundarla en razonamientos jurídicos resulta inoperante.

En la especie, tiene aplicación, por analogía, la tesis de jurisprudencia de la anterior Cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 71, Volúmenes 139-144, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón."

En cambio, resulta fundado lo afirmado por Metlife Afore, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su tercer motivo de inconformidad, cuando dice que la actora no tiene derecho a la devolución de las aportaciones de seguridad social por cesantía en edad avanzada y vejez.

En el caso, es pertinente señalar que el argumento expuesto por el quejoso es suficiente para poner en evidencia que de lo que se duele es de que la Junta responsable determinó condenarla a pagar a la trabajadora actora los recursos de su cuenta individual, sin que tuviera derecho para ello al no cumplir con los requisitos legales necesarios, por lo que este tribunal considera que debe tenerse por satisfecha la causa de pedir para estudiar el concepto de violación.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 63/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 323, Tomo VIII, Novena Época, septiembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor, los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

En efecto, de los autos que integran el juicio laboral del que emana el acto reclamado se obtiene que la trabajadora actora, en su escrito de demanda, reclamó a Metlife Afore, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo siguiente:

"... el pago de las aportaciones de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), que hasta el 9 de noviembre de 2006 arroja la cantidad de $90,833.11 (noventa mil ochocientos treinta y tres pesos con once centavos M.N.), aportaciones realizadas a partir del 1o. de julio de 1997 ..." (foja 1 del expediente laboral).

En tanto que al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, le reclamó:

"... la transferencia de los fondos de vivienda régimen 97, que deberá hacer este instituto a la administradora Metlife Afore, S.A. de C.V., de acuerdo con los artículos 40 y 43 de la Ley del Infonavit, para su entrega a mi representada ..." (foja 2 del expediente laboral).

En relación con los hechos en que sustentó su petición, en lo concerniente, puntualizó que: "... I. La actora Ernestina Velázquez Sánchez cuenta con R.F.C. VESE541112BK2, comenzó a laborar para el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del 16 de marzo de 1979, teniendo como número de inscripción y afiliación el 01745476398, con número de matrícula 2813742 y laborando a últimas fechas en la Subdirección Médica U.M.F. 93, Cerro Gordo, Edo. de Mex., con la categoría de Aux. de Enf. Salud Púb., con un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes; tiempo en el que estuvo inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y haber laborado 27 años, 4 quincenas y 7 días. II. La actora Ernestina Velázquez Sánchez, desde el 1o. de noviembre de 2006 disfruta de una jubilación por años de servicio, en términos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, derivado de la contratación colectiva; jubilación que es superior en más de un treinta por ciento a la pensión garantizada a que hacen referencia los artículos 170 y 190 de la Ley del Social ..." (foja 2 del expediente laboral).

Por otro lado, la quejosa al producir contestación a los reclamos de su contraparte le negó acción y derecho para ello, señalando que la trabajadora, conforme al artículo 190 de la Ley del Seguro Social, para que adquiera derechos a una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón derivado del contrato colectivo de trabajo, debe ser autorizado y registrado ante la "Consar".

La Junta responsable en el laudo que por esta vía se combate, determinó condenar a Metlife Afore, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pagar a la actora, entre otras, el concepto de retiro 97, cesantía y vejez, cuota social y vivienda 97, más los rendimientos que se generen hasta la cumplimentación de lo mandado.

Así las cosas, debe decirse que asiste razón a la quejosa en relación a los argumentos que esgrime tendentes a poner en evidencia la improcedencia de la acción intentada por la operaria, al no acreditar los presupuestos de la misma.

Lo anterior es así, en atención a las siguientes consideraciones:

Primeramente, cabe señalar que este tribunal advierte que la Junta responsable, en su calidad de autoridad reguladora del procedimiento, debió analizar de oficio la procedencia de la acción intentada por la trabajadora, aquí tercero perjudicada, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, número 6, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, cuyos rubro y texto son:

"ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción."

Así, cabe establecer que los artículos 167, 168, 169 y 190 de la Ley del Seguro Social, estatuyen:

"Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro."

"Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán: I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador. II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente. III. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la contribución del Estado será igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales de estos ramos, y IV. Además, el Gobierno Federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, la que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado. El valor del mencionado importe inicial de la cuota social, se actualizará trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

"Estas cuotas y aportaciones al destinarse, en su caso, al otorgamiento de pensiones, se entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social."

"Artículo 169. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta ley y demás disposiciones aplicables. Estos recursos son inembargables y no podrán otorgarse como garantía. Lo anterior no será aplicable para los recursos depositados en la subcuenta de aportaciones voluntarias.

"Artículo 190. El trabajador o sus beneficiarios que adquieran el derecho a disfrutar de una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, que haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que la administradora de fondos para el retiro, que opere su cuenta individual, le entregue los recursos que lo integran, situándolos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión en los términos del artículo 157 o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada."

Así mismo, el numeral 157, primera parte, de la misma legislación al que remite el diverso 190, establece:

"Artículo 157. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada ..."

Por su parte, los artículos 154 y 162 de la propia legislación estatuyen:

"Artículo 154. Para los efectos de esta ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad. Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo cuarto de este título."

"Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de mil doscientas cotizaciones semanales. En caso que el asegurado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este título."

Así, resulta pertinente indicar que los recursos que integran las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores, que conforme a los numerales antes transcritos son de su propiedad, están integrados, por cuanto se refiere a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de manera tripartita, esto es, con las aportaciones del trabajador, del patrón y del Estado.

En el mismo orden de ideas, la propiedad de los referidos recursos a que se refiere el artículo 169 de la Ley del Seguro Social está sujeta a modalidades restrictivas y de protección, las que consisten en que el trabajador sólo podrá disponer de los recursos de su cuenta individual cuando se cumplan los supuestos para que nazca el derecho de obtener una pensión de esa naturaleza; de manera tal que podrá solicitar la entrega de los recursos de su propiedad cuando reúna los requisitos que establezcan los ordenamientos respectivos para cada uno de los supuestos para los que fueron creadas las subcuentas de retiro y de vejez, es decir, cuando se encuentre en la hipótesis a que aluden los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, y conforme lo establece el diverso 190 de esa propia norma.

Por otro lado, también debe indicarse que los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez constituyen una prerrogativa establecida a favor de los trabajadores, incorporados a su esfera jurídica como consecuencia del trabajo personal y subordinado que presta al patrón; se trata de un patrimonio afectado a un fin determinado, a saber, el que cuando los trabajadores cumplan con los requisitos para gozar de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, tengan derecho a que les sean entregados los fondos de su cuenta individual mediante un seguro de renta vitalicia, retiros programados, o en su defecto, que cubiertos dichos requisitos se les haga entrega en una sola exhibición de tales recursos.

Además, debe ponerse de manifiesto que corresponde al demandante acreditar que se encuentra en los supuestos de la norma para reclamar la devolución de los recursos que integran su cuenta individual, al constituir los presupuestos de la acción que, en su caso, la harían procedente y, por lo tanto, corresponde a él soportar la fatiga probatoria de acreditar que reúne los requisitos de los multirreferidos artículos 154, 162 y 190 de la Ley del Seguro Social.

Cabe invocar, en apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que se transcribe enseguida:

"ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA. Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente, los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz."

Ahora bien, en el caso concreto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que gozan de una pensión jubilatoria, estableció que si bien los fondos que integran los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, son propiedad del trabajador y constituyen un patrimonio afectado a un fin determinado, no menos verdad es que esa afectación está sujeta a las restricciones previstas en la propia Ley del Seguro Social; que tomando en consideración que conforme al régimen de jubilaciones y pensiones integrante del contrato colectivo de trabajo, la pensión de jubilación que el instituto otorga a sus trabajadores comprende también la de vejez y, por ende, al recibir aquel derecho en su doble carácter de asegurados y trabajadores, dicho instituto queda relevado del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada; atendiendo además al carácter tripartita de la integración de esos fondos, resulta indudable que a éstos no les sea aplicable lo que dispone el artículo 190 de la Ley del Seguro Social para la devolución de los fondos relativos a cesantía en edad avanzada y vejez; como se observa del contenido de las ejecutorias que dieron origen a las jurisprudencias que sustentaron la extinta Cuarta Sala y la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera, publicada con el número 590, página 481, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "SEGURO SOCIAL, LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA (LEY DEL SEGURO SOCIAL) ES INCOMPATIBLE CON LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL."; y la segunda, consultable con el número 2a./J. 148/2007, en la página 618, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y DE VEJEZ, CORRESPONDIENTES A SU CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO."

Misma que en la parte relativa de la ejecutoria que le dio origen estableció textualmente:

"... De lo anterior, se desprende que la justificación de la medida consistente en que los montos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y de vejez, sean entregados al Gobierno Federal, obedece a que la Constitución Federal prevé derechos relacionados con los seguros de vejez y de cesación involuntaria de trabajo a favor de los trabajadores y que como se ha indicado, constituyen a su vez, una obligación por parte del patrón para otorgarlos, carga de la cual queda relevado al entregar las aportaciones correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que fue creada con el fin de hacer más eficiente la recaudación de las aportaciones patronales y su transmisión a los trabajadores de acuerdo con la intención del Constituyente, y que conforme al nuevo esquema de pensiones, queda a cargo de una administradora de fondos para el retiro la entrega de la pensión correspondiente mediante la disposición de la cuenta individual del trabajador. En este sentido, los montos de dichas cuentas servirán para que cuando los trabajadores cumplan con los requisitos para gozar de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, puedan disponer de esos fondos mediante un seguro de renta vitalicia, o mediante retiros programados, con lo cual se pretende que pase los últimos años de su existencia con los satisfactores mínimos, afrontando la contingencia social del retiro con los recursos propios acumulados en su cuenta individual durante toda su vida productiva, de manera que cuando esto suceda y el trabajador decida acogerse a los beneficios de la Ley del Seguro Social derogada, la pensión a favor del trabajador estará a cargo del Gobierno Federal, de ahí la justificación de que los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y de vejez sean transferidos al Gobierno Federal. Tal conclusión igualmente fue arribada por esta Sala en el amparo en revisión 1918/2005, resuelto en sesión de tres de febrero de dos mil seis, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en la que el trabajador se acogió a los beneficios de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y siete, obteniendo una pensión de cesantía en edad avanzada, y en el que se indicó: ‘... que al encontrarse el quejoso en las hipótesis normativas contenidas en los mencionados artículos tercero y undécimo (transitorios de la Ley del Seguro Social), cobra vigencia el duodécimo (transitorio del citado ordenamiento), de forma tal que la pensión de que disfruta en la actualidad y que el propio trabajador escogió, derivada del esquema establecido por la ley derogada, se encuentra a cargo del Gobierno Federal, de ahí la justificación de que los recursos que afirma ha sido privado, se hayan transferido al Gobierno Federal.’. Además, no debe pasar inadvertido que el Gobierno Federal, en observancia de los derechos de previsión social que el Órgano Reformador instituyó en favor de los trabajadores, participa en el financiamiento de los seguros de cesantía en edad avanzada y de vejez, como se advierte de la lectura de las fracciones II y III del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, por lo que es comprensible que los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y de retiro le sean transferidos, pues de conformidad con el duodécimo transitorio de la citada ley, las pensiones que se otorguen en términos de la anterior Ley del Seguro Social, estarán a su cargo, lo que deja claro que esos montos servirán para financiar las pensiones de los trabajadores que se retiren de la vida activa conforme la citada legislación derogada, pues quienes lo hagan u opten por el régimen actual, disfrutarán de su pensión a través de la disposición de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. El nuevo sistema de pensiones acabado de reseñar, no es distintamente aplicable a los trabajadores del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no existe disposición expresa que así lo disponga, sin embargo, debido a la peculiar naturaleza sui géneris de dicho instituto, en la que no puede pasarse por alto que opera primordialmente con recursos públicos, provenientes de las cuotas obrero-patronales, que son consideradas como contribuciones, y de las aportaciones a cargo del Gobierno Federal mediante el presupuesto de egresos, debe atenderse a la forma en que a aquéllos se les otorga la jubilación por años de servicio y cómo ha enfrentado el legislador y el Gobierno Federal ese tema. La jubilación como derecho que adquiere el trabajador de adquirir una pensión como agradecimiento por la lealtad demostrada al haber laborado determinados años en servicio de su patrón, no está prevista en la Constitución Federal, ni se aprecia como una prestación legal establecida en la Ley del Seguro Social, por lo que en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha sustentado que la jubilación, se trata de una prestación extralegal, fundada en el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores, por ello su integración y monto no deben buscarse en la ley, sino en las determinaciones o cláusulas relativas a los contratos de trabajo. Así, se advierte de las siguientes jurisprudencias: ‘JUBILACIÓN. ES UN DERECHO EXTRALEGAL. La jubilación es una prestación exclusivamente contractual que no está regida por el artículo 123 constitucional, por cuyo m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21128-8a414d7d/seguro-social-pension-de-cesantia-en-edad-avanzada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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