Corpus
Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE MEJORAS Y EDIFICACIONES REALIZADAS A UN INMUEBLE. ES VÁLIDA LA CLÁUSULA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO EN LA QUE EL COMPRADOR RENUNCIA A RECIBIRLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2006-PS. · Registro digital (IUS): 21158
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 190.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Quinto Menor del Primer Circuito Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, que se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En el caso que nos ocupa la denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, del Juez Quinto Menor del Primer Circuito Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León que fue autoridad responsable en los juicios de amparo materia de la presente contradicción de tesis; por tanto, queda patente que quien realiza la denuncia tiene legitimación para hacerla.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio aislado:

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXII, septiembre de 2005

"Tesis: 1a. LV/2005

"Página: 295

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva.

"Contradicción de tesis 161/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz."

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver con fecha veinticuatro de agosto de dos mil seis, el juicio de amparo directo número 253/2006, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Se impone precisar que, a ese respecto, el impetrante cuestiona lo decidido en el considerando noveno de la sentencia protestada en donde, mediante un análisis oficioso, el Juez responsable determinó la invalidez de la cláusula octava del contrato de compraventa del inmueble base de la acción, en cuanto dicho pacto establecía estipulaciones ‘más onerosas para la parte compradora’, al pretender la vendedora deslindarse de su obligación de indemnizar a la compradora por las construcciones que esta última efectuara en el inmueble; a la par de declarar la responsable que debían los contratantes, como efecto necesario y derivado de la rescisión que declaraba, restituirse recíprocamente las prestaciones derivadas del contrato, debiendo entonces el comprador desocupar y entregar a la actora el inmueble objeto físico de la operación, además de pagar por su uso un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización también fijada por peritos, por el deterioro que sufriera la cosa; en tanto que la vendedora debía restituir las cantidades pagadas por el comprador, así como los intereses legales que sobre las mismas se hayan originado. Ahora, contrario a lo sostenido en su premisa por el quejoso, debe decirse que atento a la propia tesis de jurisprudencia que en apoyo y fundamento a lo que resolvía citó en su fallo la autoridad responsable, el artículo 2205 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que contempla y regula los efectos de la rescisión del contrato de compraventa, sí constituye una norma prohibitiva, siendo en consecuencia irrenunciable. Efectivamente, la jurisprudencia de referencia es la 71/2005, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que puede consultarse en la página 142, del Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ‘RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA. EFECTOS. APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1840 Y 2311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe). Por su parte, de la resolución que concluyó el expediente de contradicción de tesis número 5/2005-PS, aparecen las consideraciones jurídicas que, para evidenciar la calidad de prohibitiva que se ha otorgado a aquel numeral 2205 del Código Civil, se transcriben enseguida: (se transcribe). Se observa de la sentencia transcrita en lo conducente que, para resolver el punto de contradicción sometido a su decisión, el más Alto Tribunal del país necesariamente hubo de atender la naturaleza del precepto jurídico que determina los efectos que tiene la rescisión de un contrato de compraventa. Lo anterior porque, precisamente partió de la diferenciación entre los efectos previstos a ese respecto (rescisión) por el legislador y la facultad que se otorgó al particular para convencionalmente acordar el pago de una pena, según impuso a este último supuesto el mero interés particular, mientras que estableció el interés del Estado para el caso de actualizarse aquella rescisión, en pro de proteger al comprador de su vendedor. De ahí que, en el estudio mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó de prohibitivo aquel numeral 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto disponía los efectos que derivarían, para el caso de la rescisión del contrato de compraventa; estableciendo para ello que dicha disposición normativa constituía una excepción al principio de libertad contractual, debido a la evolución del derecho, en que el Estado se vio obligado a intervenir en las convenciones contractuales con el fin de que en ellas impere la equidad, defendiendo a la parte débil contra una pretensión injustificada del vendedor, que abusando de la necesidad, ignorancia o imprevisión del comprador obtendría un lucro excesivo y evidentemente desproporcionado a las prestaciones a que se obligaba. Otorgando así el Alto Tribunal, en conclusión, a las previsiones contenidas en aquella norma jurídica, la calidad de orden público e irrenunciable. Todo lo anterior hace que, como se anticipó, en el caso concreto se desvanezcan las afirmaciones de la parte quejosa pues, como lo llegó a declarar expresamente aquella Primera Sala del más Alto Tribunal, si el precepto que contempla los efectos restitutorios de la rescisión participa de una naturaleza imperativa y prohibitiva, no podría entonces pactarse de forma válida en aquella cláusula octava del contrato base de las acciones las obligaciones ‘más onerosas’ de que habló el Juez responsable, ni eludir dicha autoridad la declaración de aquellos efectos de la rescisión que emitía; imponiéndose además aclarar que dicho numeral 2205 del Código Civil de la entidad (habiéndolo aplicado la autoridad responsable en su texto anterior a la reforma verificada en el año dos mil), presenta el mismo texto que el numeral 2311 del Código Civil que interpretó en aquella tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo entonces ese el motivo jurídico -analogía- por el cual en la especie se aplicó por la responsable dicha jurisprudencia. En el entendido de que la parte quejosa no eleva punto de queja que, desde alguna distinta óptica de las cosas, controvierta la exacta aplicación que la autoridad hizo, a lo específicamente pactado en aquella cláusula, de lo estatuido en aquel precepto legal que prevé el caso de la rescisión y sus efectos; ni aún a los alcances y/o interpretación que se hizo de ésta última norma legal por la responsable. De manera que, en consecuencia, no pueden tener aplicación en la especie los artículos 6o. y 7o. del Código Civil que señala como fundamento de su dolencia la parte quejosa, según disponen esos preceptos lo siguiente: (se transcribe). Ello porque, si el Juez responsable consideró desatendidas las imposiciones contenidas en aquella norma prohibitiva; indudablemente que debía estimar nulos los actos que desconocían esa norma, según establece el artículo 8o. del mismo Código Civil de la entidad que: ‘Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.’. De ahí que no podría establecerse de forma válida -por haberse reconocido la celebración del contrato por ambas partes contendientes, además de no impugnarse y haberse beneficiado el demandado con la tenencia del inmueble- que el pacto correspondiente solamente se trataría de derechos particulares que los contratantes renunciaron de forma válida y clara, sin perjuicio a terceros. Obteniéndose de lo explicado, a la postre, que no se ponga de manifiesto la aplicación inexacta que se asegura al caso hizo el Juez responsable del artículo 897 del Código Civil. Robusteciendo la no posibilidad de inobservar una norma prohibitiva, en la forma en que lo estableció la responsable, es el caso citar la tesis aislada que emitió la ya extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 44, del Cuarta Parte, tomo XC, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe: ‘COMPRAVENTA. ES IRRENUNCIABLE EL ARTÍCULO 2205 DEL CÓDIGO CIVIL QUE SEÑALA LAS CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe). Sin que a lo anterior obsten las apreciaciones que se elevan por el quejoso en torno a ciertas disposiciones del Código Civil que aluden a la celebración de un contrato con un objeto lícito, así como a las causas de invalidación de los contratos; toda vez que, por una parte, no fue la ilicitud en el objeto del acuerdo de voluntades lo que advirtió el Juez responsable, sino la ineficacia de una específica cláusula que vulneraba una disposición prohibitiva que imponía los efectos para el caso de rescisión; y por otra parte, no fueron las causas de nulidad que señala el impetrante, aquellas de que se ocupó la autoridad responsable. Tampoco beneficia al impetrante las aseveraciones que por igual vierte, en el sentido de que aquella cláusula del contrato no tendría eficacia mientras subsistiera el cumplimiento de las obligaciones asumidas recíprocamente por los contratantes, según alude a que el contrato fue oneroso con estipulación de provechos y gravámenes recíprocos; toda vez que el texto de aquella norma prohibitiva, no contempla casos de excepción, ni está sujeta a condiciones o requisitos, de ahí que intrascendente sea al caso que lo pactado en el contrato sólo se actualizara una vez que se dejaran de cumplir las obligaciones ahí asumidas. Y los diversos preceptos que, también citados por la parte quejosa, se refieren a las reglas que rigen en materia de contratos, contemplados en el mismo Código Civil de la entidad; por igual ningún beneficio le acarrean, en la medida en que esas disposiciones, por sí mismas y al contemplar aspectos distintos, no dejan de lado la necesaria observancia y aplicación de la norma prohibitiva antes citada. Por lo mismo que se menciona en el párrafo anterior, es que las tesis que se reproducen en el pliego de inconformidades -relativas a la interpretación de las cláusulas de los contratos y a la ley que los rija al momento de su celebración- tampoco pueden producir provecho a sus intereses; pues lo resuelto en la sentencia reclamada no se circunscribió a un problema de interpretación de las cláusulas de un contrato, para advertir su alcance, sino a la determinación del porqué una específica parte de ese clausulado vulneraba una norma prohibitiva. En tanto que lo mismo sucede con las demás tesis transcritas por el quejoso -en primer orden-, relacionadas con la renuncia que en los contratos puede hacerse sobre derechos privados, pues ya se vio como el fundamento (jurisprudencia) que empleó la responsable le derivó en la conclusión de que precisamente se desatendía una norma irrenunciable, de carácter prohibitivo, no estándose entonces en el supuesto de la existencia de un mero interés particular. Deduciéndose de lo acabado de explicar que, contrario a lo sostenido, no pudo la responsable estar desatendiendo indebidamente a los planteamientos y soluciones contenidas en las tesis que se reproducen en el amparo en estudio. Por otra parte, es infundada la aseveración inicial que, relacionándola con la declaración de nulidad emitida en la sentencia protestada, se efectúa sobre que pasó la responsable ‘por alto la forma y términos que las partes contratamos para emitir condenación de otorgamiento de prestaciones recíprocas’; pues, en una primera aseveración, la impetrante señala que las cláusulas del caso concreto no causan afectación a terceros, siendo que, ya se determinó en líneas anteriores, la norma aplicada por la responsable participa de la naturaleza de orden público y prohibitiva, resultando entonces irrenunciable. Igualmente, si con posterioridad la impetrante señala que no tenía facultades la responsable para hacer la declaratoria de nulidad que efectuó, derivado de que el objeto del contrato es lícito y no resulta afectación a terceros; es claro que se desvanece esa aseveración, según se ha hablado del carácter prohibitivo del ya citado artículo 2205, y de que el juzgador responsable habló de una cláusula del contrato, no así de su objeto principal de celebración. Siendo de agregarse, por relacionarse con esto último referido (y que además sirve de énfasis en lo dicho líneas atrás, sobre la intrascendencia que al caso tiene el cumplimiento de disposiciones que regulan ciertos aspectos de la celebración de los contratos, si lo que se actualizó en el caso fue la inobservancia de una norma prohibitiva), que la existencia de buena fe entre los celebrantes del acto jurídico -según aduce el impetrante que se pactó la inexistencia de mala fe, dolo, miseria, error o ignorancia-, deviene sin trascendencia en tratándose, como en el caso, del supuesto en que se desacata una norma prohibitiva de orden público, pues es en esos casos, como ya se explicó antes, en que interviene a través del legislador la voluntad del Estado para evitar el aprovechamiento del vendedor en perjuicio del comprador, sucumbiendo entonces de esa forma el mero interés de los particulares, y con ello, la posibilidad de que deba atenderse preponderantemente en un litigio lo pactado sobre la no existencia de dolo, mala fe, error, etcétera ..."

Al resolver los juicios de amparo directo 252/2006, 367/2006 y 285/2006 en sesiones de diez de agosto, veintiocho de septiembre y veinticuatro de agosto todas de dos mil seis, respectivamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito sostuvo las mismas consideraciones.

B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el veintitrés de agosto de dos mil seis, el juicio de amparo directo número 149/2006/3, consideró lo siguiente:

"... Así es, ese tema 3, se centra en determinar si el derecho de la parte compradora a ser indemnizada en caso de edificaciones en el lote materia del contrato, es o no renunciable. Al respecto, cabe señalar, como se indicó, que a la aquí quejosa se le condenó, en la sentencia que constituye el acto reclamado, a indemnizar a la compradora en los términos de los artículos 894 y 897 del Código Civil en el Estado, o sea que resultó improcedente su prestación reclamada en el inciso c). Que en el contrato base de la acción las partes pactaron que en caso de rescisión del contrato de mérito, la vendedora no se obligaba a indemnizar a la compradora si ésta efectuaba edificaciones en el lote materia del contrato de compraventa. La cláusula de mérito, es del tenor literal siguiente: ‘Novena. Declara la parte vendedora que no adquiere ninguna obligación ni se obliga a indemnizar de ninguna forma a la parte compradora si ésta efectúa construcciones en el lote de terreno objeto del presente contrato y la misma parte compradora rescinde el mismo, asimismo, se entiende y se acuerda expresamente por ambas partes que si la parte vendedora rescinde este contrato por alguna de las razones expresadas en anteriores cláusulas, se deslinda de cualquier obligación de indemnizar a la parte compradora por motivo de construcciones, edificaciones o mejoras que se hubieran hecho al lote objeto del presente contrato siendo única y exclusivamente responsabilidades la parte compradora dichas mejoras y las cantidades que hubiere recibido la vendedora por conceptos de pagos parciales hechos por la compradora quedarán a favor de la vendedora por concepto de daños y perjuicios renunciado expresamente la parte compradora a cualquier reembolso por motivo de la rescisión que haya sido causado por su propio incumplimiento al presente contrato ...’. Es decir, de la transcripción de la cláusula que antecede se desprende que ambas partes convinieron: a) Que la vendedora no se obligaba a indemnizar a la compradora si ésta efectuaba edificaciones en el lote materia del contrato. b) Que en esa medida, se deslindaba de cualquier obligación de indemnizar a la compradora con motivo de construcciones, edificaciones o mejoras. Ahora bien, la quejosa sostiene medularmente en sus conceptos de violación que, la responsable, indebidamente pasó por alto la forma y términos en que las partes pactaron el contrato de compraventa base de la acción. Que lo anterior, porque del clausulado del referido contrato de compraventa, en específico de la cláusula novena del pacto rescindido, claramente se advierte que las partes pactaron la forma de obrar respecto a edificaciones o mejoras en caso de rescisión y no obstante ello se le condenó a indemnizar a la compradora bajo la premisa de que, conforme al artículo 6o. del Código Civil para el Estado de Nuevo León, las partes no pueden renunciar a los derechos que, aunque sean privados, afecten directamente el interés público o perjudiquen derechos de tercero. Circunstancias que, aduce la quejosa, no acontecieron en la especie, ya que conforme a los numerales 1693, 1694, 1729,1736 y 1748 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, la voluntad de las partes es la que impera en los contratos y que, si bien, existe la limitante que al efecto establece el referido numeral 6o. del código en consulta, en el caso no aplica, porque la renuncia que se estableció en el contrato de compraventa en comento, no invade esferas jurídicas de terceros ni transgrede el interés público, sino que solamente infiere afectación única y exclusivamente en la esfera de los contratantes que intervinieron en dicho contrato, de ahí que estima que no procedía la aplicación de los artículos 894 y 897 del Código Civil. A juicio de este órgano colegiado, los anteriores conceptos de violación son fundados. En efecto, este tribunal considera que el derecho de la parte compradora a ser indemnizada en caso de edificaciones en el lote materia del contrato, es renunciable y, por ende, el pacto de voluntades en tal sentido, contrario a lo que resolvió la responsable, surte efectos. En primer término, cabe destacar que, el Juez de la causa, para llegar a la conclusión de que los derechos de la compradora no podían ser objeto de renuncia, partió de las premisas de que, conforme al artículo 6o. del Código Civil para el Estado de Nuevo León, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla y de que, conforme al diverso 2205 del citado código, las partes no pueden pactar prestaciones más onerosas de las que establece el referido numeral. Que por ende, al tratarse de una obligación más onerosa de las que establece el numeral 2205 del Código Civil en consulta, la renuncia de la compradora para que en caso de rescisión se le indemnizara si edificaba en el inmueble materia de la compraventa, es nula. Por lo que señaló la responsable, si el numeral 897, establece que el dueño del terreno podrá hacer suya la obra que se edifique en el mismo, previa indemnización ‘... no es dable deslindar de esa responsabilidad a la promovente por la sola manifestación plasmada en el contrato, pues se reitera que ésta no puede estar por encima de la ley ...’. Lo anterior, como se indicó, no se estima ajustado a derecho. A efecto de ilustrar la decisión a la cual se arriba, ante todo, conviene tener presente a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, el alcance del artículo 2205 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. En resumen, el artículo 2205 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en principio, establece que en el caso de rescisión de la compraventa, ambas partes deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho, de lo que se deduce que el vendedor debe restituir el dinero que haya recibido como parte del precio, y el comprador debe devolver la cosa objeto de la compraventa. Como prestación accesoria, el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir del comprador el pago de un alquiler o renta fijada por peritos, lo que se deriva del uso y disfrute del bien objeto de la compraventa, por lo que es evidente que siempre que se haya entregado la cosa, el vendedor podrá exigir la citada prestación. De igual manera el comprador que hubiere entregado parte del precio, siempre podrá exigir del vendedor los intereses legales del dinero que entregó; y, del último párrafo de dicho precepto se infiere que en un contrato de compraventa se pueden estipular convenciones a cargo del comprador de la naturaleza a que se refiere el propio numeral en los párrafos anteriores, esto es, las que se refieren a la restitución de las prestaciones (tanto principales como accesorias) que fueron dadas entre las partes y es con respecto a tales convenciones que se limita la libertad de contratación, ya que en las mismas no deben imponerse más obligaciones (de restitución) al comprador que las expresadas. Así, contrariamente a lo considerado por la autoridad responsable, la nulidad a que se refiere el precepto legal invocado, obedece a las consecuencias naturales en toda rescisión del contrato de compraventa de que se trate, y es respecto a ese tipo de cláusulas que se contempla su nulidad, mas no así por la renuncia a recibir alguna indemnización por edificaciones en el inmueble materia del contrato de mérito, en la medida que es una prestación diversa de aquellas a las que se refiere la parte final del artículo 2205 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y, por tanto, no es correcto que se pudiera declarar su nulidad en términos de este último precepto, pues es distinta de las prestaciones a que éste se refiere. Ahora, si bien, el Juez de la causa, en la sentencia que constituye el acto reclamado precisó que, la renuncia de las partes a que, en caso de rescisión, se indemnizara a la compradora si edificaba en el inmueble, atenta con lo establecido en el artículo 6o. del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en lo relativo a que, la voluntad de las partes no puede eximir la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Sin embargo, el aludido precepto establece una salvedad, consistente en que los particulares pueden renunciar a sus derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. En efecto, de la disposición en comento, se advierte un concepto fundamental cuya interpretación dará margen a establecer la legalidad de lo resuelto por la autoridad responsable, puesto que bajo las premisas en que se sustenta el interés público derivará si los derechos a que renunció la demandada, son de aquellos que afectan ese interés. Así se tiene, que según la definición de ese concepto contenida en la enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, editorial Porrúa, tomo IV, México, dos mil dos, página seiscientos treinta y tres, por interés público debe entenderse el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. De manera adicional, es conveniente mencionar que dicho concepto se encuentra vinculado con el diverso de orden público, que según la obra citada en su tomo V, página trescientos cincuenta y uno, se define en la dogmática jurídica como el conjunto de instituciones que identifican o distinguen el derecho de una comunidad; principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, pues el concepto social está por encima de la autonomía de la voluntad, esto es, el orden público es un mecanismo a través del cual el legislador y, en su caso, el juzgador, impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad. Bajo esta perspectiva, puede decidirse si lo resuelto por la autoridad es legal o no. Del contenido de las cláusulas del contrato de compraventa base de la litis, se advierte que, la voluntad de los contratantes, de renunciar a que, en caso de rescisión, se indemnizara a la compradora, si ésta edificaba en el lote materia del contrato de mérito, atiende exclusivamente a derechos privados. Esto es así, porque el derecho de propiedad y en consecuencia los atributos relativos a la misma, pertenecen al ámbito del derecho privado que es el que regula la ley civil, puesto que si se parte de la premisa de que la propiedad otorga a quien tiene ese derecho el poder jurídico y material sobre una cosa para aprovecharla y disponer de ella, nada impedía que los contratantes se comprometieran en la forma en que lo hicieron, porque tales compromisos no están prohibidos por la ley al no atentar contra el interés colectivo que constituye un obstáculo para la renuncia de derechos. En efecto, es inexacto lo resuelto por el Juez responsable cuando menciona que la renuncia de las partes contraviene lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en la parte en la que establece que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla, porque parte de un falso supuesto, al estimar que el artículo 897, del Código Civil en cita, atiende a cuestiones de orden público, cuando que, los atributos de la propiedad están contemplados por la ley civil, en cuyo artículo primero establece que el citado código, regula los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas, sus bienes y a sus relaciones, lo que implica que la propiedad y sus atributos no tienen una calidad distinta a la reconocida por la propia ley, aun cuando es cierto que la renuncia a esos derechos está limitada a que no se transgreda el interés público, lo que de modo alguno aconteció en la especie, en la medida que, la renuncia de la demandada, está vinculada únicamente a sus intereses y de ningún modo a los de la colectividad o de terceras personas. Máxime, que la compradora exteriorizó su voluntad al momento de celebrar el contrato de compraventa materia del contradictorio, de renunciar a ese derecho, sin que sea válido, en el caso, discutir su procedencia si fue aceptada previamente en sus términos, por los contratantes. Por tanto, si conforme al artículo 1729 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, la voluntad de los contratantes es la suprema ley de los contratos, que pueden poner en ellos las cláusulas que estimen convenientes; y la ley sólo viene en su auxilio para llenar los requisitos esenciales del contrato, según su naturaleza especial, o los que se derivan de ella, dejándoles facultad para renunciar éstas, así conviene a sus intereses, contrario a lo que resolvió la responsable, la renuncia de la norma sustantiva en análisis sí produce efectos, en tanto que esa convención, por sí misma, como se indicó, no se considere que afecte al orden público o interés social. De este modo, son fundados los conceptos de violación de la quejosa, únicamente, en los que aduce que la renuncia al artículo 897 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, no afecta el interés público ni derechos de tercero. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.408 C, que este tribunal comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de dos mil tres, mil veintiocho, q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21158-d026d390/indemnizacion-por-concepto-de-mejoras-y-edificaciones-realizadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.