PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE EL ACTOR REVELE Y DEMUESTRE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, QUE DEBE SER DE NATURALEZA ORIGINARIA Y NO PRECARIA O DERIVADA.
AMPARO DIRECTO 500/2008.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Es fundado, en lo esencial, el único concepto de violación hecho valer, suplido en sus deficiencias conforme a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción III, en relación con el 227, ambos de la Ley de Amparo, así como en concordancia con las consideraciones que sustentan la ejecutoria que dirimió la contradicción de tesis 133/98, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito, lo que propició la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.", publicada en la página 197, Tomo XI, mayo de 2000, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pues si en ella dicho más Alto Tribunal de la República definió -en síntesis- que el ejidatario, los posesionarios regulares y los irregulares de parcela, son sujetos de derechos agrarios individuales, inconcuso deriva que es procedente suplir a favor del quejoso la deficiencia de su queja, al estar demostrado en el juicio subyacente que es posesionario reconocido de la parcela materia de la litis.
Para estar en condiciones de establecer los hechos sujetos a estudio, es pertinente precisar -a guisa de cuadro procesal- los antecedentes materia de la controversia de origen, de conformidad con lo siguiente:
I. **********, por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil cinco, ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI en el Estado, aquí señalado como autoridad responsable, demandó en la vía de controversia agraria a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de **********, Municipio de **********, Michoacán, las siguientes prestaciones: "A) La prescripción adquisitiva, así como todos y cada uno de los derechos inherentes a esta calidad dentro del Ejido **********, del Municipio de **********, Michoacán. B) Que se ordene a la Asamblea General de Ejidatarios de **********, del Municipio de **********, Michoacán, que se me reconozcan en lo subsiguiente y sin limitación alguna los derechos y obligaciones que se derivan de la acción planteada y se me incorpore al núcleo agrario que representan en mi calidad de ejidatario. C) Como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Registro Agrario Nacional, haga las anotaciones en los libros correspondientes sobre la prescripción accionada, así como la expedición del certificado correspondiente que me acredite la calidad demandada." (foja de la 1 a la 4).
II. La acción puesta en ejercicio, entre otros, se fundó en los siguientes hechos: "Primero. El suscrito **********, soy originario y vecino del poblado de **********, perteneciente al Municipio de **********, Michoacán ... Segundo: Consecuente con lo anterior me he desarrollado, crecido y trabajado dentro del Ejido de **********, del citado municipio, y de manera ininterrumpida, pública, pacíficamente y a título de dueño he poseído, usado y usufructuado una parcela ejidal, que con los frutos de sus cultivos desde siempre me han permitido sostener a mi familia, parcela cuya superficie aproximada es de 15-155-58 hectáreas, con las siguientes colindancias: Norte: Con **********; Sur: Con **********; Oriente: Con **********; Poniente: Con **********. ... Además como lo menciono en el proemio de este escrito soy vecino del núcleo agrario de que se trata, lo que acredito debidamente con la constancia, expedida por el jefe de tenencia de **********, Municipio de **********, Michoacán, documental de la cual se desprende que el suscrito tengo en posesión de esta parcela desde el año de 1968 mil novecientos sesenta y ocho ... Tercero. Es de hacer del conocimiento de su señoría mi intención en todo momento en cada circunstancia de mi forma de vida para cumplir con las obligaciones que nuestra comunidad ejidal tiene, por lo que a fin de dar cabal cumplimiento a ellas ejercitó (sic) la presente acción para que conforme al cuerpo normativo que regula al derecho agrario, se me reconozca mi calidad de posesionario por el tiempo y las condiciones de ley, así como la calidad de ejidatario de conformidad a lo dispuesto en la misma legislación al que regula además de la certeza jurídica de la tierra, la forma en que se regulará su tenencia así como los derechos y obligaciones de los ejidatarios del país además de las acciones que los justiciables del medio rural, podemos ejercer ante el órgano jurisdiccional ... Quinto. Como lo señalé en el primero de los hechos el suscrito soy originario y vecino de este poblado, y de su ejido en el cual he trabajado la parcela ejidal cuya posesión ostento desde el año de 1950, mil novecientos cincuenta, posesión que se ha venido dando de manera continua, pública, pacífica, de buena fe y sin perjuicio de terceros y de manera ininterrumpida." (foja de la 1 a la 4).
III. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil cinco, el Tribunal Agrario responsable admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a la asamblea demandada y señaló las doce horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria (fojas 3 a 6).
IV. En la fecha señalada para la audiencia de ley, **********, por conducto de su asesor jurídico, manifestó: "... Que a mi asistido se le reconoció la parcela ciento treinta y que lo que reclama en esencia es que se le reconozca la calidad de ejidatario, ya que en la Asamblea Dura o del Procede se le reconoció como posesionario y que no tiene problema con la superficie que se le asignó que es la que corresponde y también deseo aclarar que mi asistido promovió un juicio en el año dos mil tres donde demandé el reconocimiento de calidad de ejidatario, sentencia que no me fue favorable y que no impugné en amparo." (foja 10).
V. En dicha audiencia, el tribunal responsable acordó: "... Téngase a la parte actora por hechas las aclaraciones a su demanda, en donde expresa que lo que reclama es el reconocimiento de ejidatario." (foja 10).
VI. Por escrito de once de enero de dos mil seis, el quejoso expuso: "... Por medio del presente escrito vengo a ampliar mi escrito inicial de demanda, que entablé en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de **********, Municipio de **********, Michoacán, representada por los CC. ********** y **********, en cuanto presidente del comisariado ejidal, secretario y tesorero respectivamente, solicitando se emplace y se corra traslado ejercitando la acción principal sobre reconocimiento de calidad de ejidatario del Ejido de **********, Municipio de **********, Michoacán." (fojas de la 45 a la 47).
VII. En la misma fecha, al continuar con el desahogo de la citada audiencia, también en uso de la voz el asesor jurídico del quejoso expuso: "... En este acto y por escrito a nombre de mi representado, hago la ampliación de demanda solicitando que en esta misma audiencia se corra traslado a la parte demandada, misma que ratifico en todas y cada una de sus partes, siendo todo lo que deseo manifestar ..."; petición que se acordó favorablemente en la misma fecha, pues sobre el particular se consideró: "... Téngase por ratificado el escrito inicial de demanda y por formulada ampliación." (fojas 41 y 42).
VIII. En la audiencia de ley de uno de febrero de dos mil siete, la parte actora -hoy quejoso- en uso de la palabra manifestó lo siguiente: "... ratifico en todas y cada una de sus partes la demanda presentada por mi poderdante así como las ampliaciones de la misma." (foja 334); a lo cual el Tribunal Agrario acordó: "... Primero. Se tiene por ratificando el escrito inicial de demanda y el adicional presentado por el actor **********." (foja 335).
De los anteriores antecedentes se advierte que el ahora quejoso, **********, ejercitó en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de **********, Municipio de **********, Michoacán, las acciones siguientes:
a) La de prescripción adquisitiva; y,
b) La de reconocimiento de su calidad de ejidatario.
En torno a la segunda de las citadas acciones, identificada bajo el inciso b), consta que la autoridad señalada como responsable la declaró improcedente en la sentencia constitutiva del acto reclamado, pues en los considerandos cuarto y quinto de la misma declaró operante la excepción de cosa juzgada hecha valer por la demandada, al considerar que tanto en el juicio agrario registrado con el número 404/2003 de su índice, como en el de origen, identificado con el expediente 571/2005, la parte actora "... **********, demanda a la Asamblea General de Ejidatarios del poblado **********, Municipio de **********, Michoacán, en esencia lo mismo, es decir, que se le reconozca la calidad de ejidatario en el referido núcleo de población, es decir que, en ambos juicios existe identidad de las partes así como que interviene con la misma calidad y la acción que se ejercita en ambos juicios es en esencia la misma."
Asimismo, la acción de prescripción positiva la declaró improcedente en el diverso considerando sexto de la sentencia reclamada, por considerar que el actor no reveló en sus escritos de demanda y ampliación a ésta cuál fue la causa generadora de su posesión, no obstante -concluyó- que estaba obligado a ello, habida cuenta que:
"... es indispensable indicar pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se llevo (sic) a cabo el acto jurídico que anima al poseedor a conducirse como ejidatario, lo que no se reveló en el caso de estudio; además, debe acreditar dicha causa, ya que si no explica los términos y condiciones en que se verifico (sic) el acto jurídico por virtud del cual entro (sic) a poseer, es claro que no estará en condiciones de demostrarlo, puesto que en esa hipótesis faltaría la materia misma de la prueba ... Por causa generadora de la posesión, debe entenderse todo caso jurídico, verbal o escrito, que produzca consecuencias de derecho y que le legitime al poseedor para comportarse ostensible y objetivamente como ejidatario, mediante la realización de actos que revelen su dominio o mandato sobre el inmueble para hacerlo suyo, sin importar que ese acto no se hubiere hecho constar en documento alguno, también resulta cierto, se insiste, que no basta que el poseedor se considere asimismo subjetivamente, como propietario y/o ejidatario y afirme tener ese carácter, sino que es necesaria la prueba objetiva del origen de su posesión, para que el juzgador este (sic) en aptitud de establecer si ésta es en concepto de ejidatario, originaria o derivada, de buena o mala fe, y a partir de qué momento debe contarse el plazo para usucapión."
Las consideraciones precedentes resultan ilegales, infractoras de las garantías que prevén a favor del quejoso los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que parten de una infracción a las leyes fundamentales que rigen el procedimiento subyacente.
En efecto, el artículo 48 de la Ley Agraria dispone:
"Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.
"El poseedor podrá acudir ante el Tribunal Agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente.
"La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva."
De la disposición transcrita, ciertamente se desprende que quien haya poseído tierras ejidales "en concepto de titular de derechos de ejidatario", que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.
Luego, para que se entienda satisfecha la posesión "en concepto de titular de derechos de ejidatario", que como requisito para la usucapión contempla el apuntado normativo, es menester que el actor revele (y demuestre) la causa generadora de su posesión; entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre la unidad de dotación de que se trate, a fin de estar en aptitud de dilucidar primeramente si en realidad su posesión es o no "en concepto de titular de derechos de ejidatario", para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habrá de operar la prescripción, según sea el caso de posesión de buena o mala fe.
Lo anterior, porque una recta interpretación del precepto en comento, conlleva a establecer que dicha institución se encuentra reservada para aquellos cuya posesión de tierras ejidales sea de naturaleza originaria (en eso se traduce la connotación de "en concepto de titular de derechos de ejidatario"), y no para los que las detentan de manera precaria o derivada.
Así lo ha considerado este propio Tribunal Colegiado en su tesis aislada XI.2o.6 A, la cual aquí se reitera y aparece publicada en la página 895, Tomo III, junio de 1996, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. POSESIÓN ‘EN CONCEPTO DE TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO’ PARA QUE PROSPERE LA. El artículo 48 de la Ley Agraria en vigor dispone, entre otras cosas, que quien haya poseído tierras ejidales ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. Luego, para que se entienda satisfecha la posesión ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, que como requisito para la usucapión contempla el apuntado normativo, es menester que el actor revele (y demuestre) la causa generadora de su posesión; entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre la unidad de dotación de que se trate, a fin de estar en aptitud de dilucidar primeramente si en realidad su posesión es o no ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habrá de operar la prescripción, según sea el caso de posesión de buena o mala fe. Lo anterior, porque una recta interpretación del precepto en comento, conlleva a establecer que dicha institución se encuentra reservada para aquellos cuya posesión de tierras ejidales sea de naturaleza originaria (en eso se traduce la connotación de ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’), y no para los que las detentan de manera precaria o derivada."
Inclusive, es de señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la disposición jurídica a estudio, concluyó que si bien no exige la comprobación de un justo título para poseer, sí establece el deber de acreditar la causa generadora de la posesión, pues ello es necesario para conocer la calidad con la que se ejerce, es decir, si es originaria o derivada, si es de buena o mala fe, y la fecha cierta a partir de la cual ha de computarse el término legal de la prescripción, como se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 207/2004, consultable en la página 675, Tomo XXI, enero de 2005, materia administrativa, registro 179,504, del propio Semanario y Época que dispone:
"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO TÍTULO. Conforme al artículo 48 de la Ley Agraria, la prescripción adquisitiva de parcelas ejidales depende de la actualización de ciertas condiciones ineludibles, consistentes en que la posesión se haya ejercido por quien pueda adquirir la titularidad de derechos de ejidatario; que se haya ejercido respecto de tierras ejidales que no sean de las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas; que la posesión haya sido pacífica, pública y continua por los plazos que señala la ley; y que se ejerza en concepto de titular de derechos de ejidatario. Como se advierte, la ley no exige un ‘justo título’ para poseer, entendido éste como el que es, o el que fundadamente se cree, bastante para transferir derechos agrarios sobre la parcela o parte de ella, pues aun el poseedor de mala fe, que es el que entra en posesión sin título alguno o el que conoce los vicios de su título, puede adquirir la titularidad de tales derechos por prescripción. Sin embargo, lo anterior no implica que no deba acreditarse la causa generadora de la posesión, pues ello es necesario para conocer la calidad con la que se ejerce, es decir, si es originaria o derivada, si es de buena o mala fe, y la fecha cierta a partir de la cual ha de computarse el término legal de la prescripción."
De lo expuesto se sigue que la revelación de la causa generadora de la posesión constituye un presupuesto lógico necesario para poder entablar la litis y seguir el procedimiento agrario con certidumbre, al tratarse de un requisito previsto en el artículo 806 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria de acuerdo con su artículo 2o., para la integración de la acción de prescripción adquisitiva a que alude el numeral 48 del ordenamiento citado en segundo lugar, por lo que -como lo consideró legalmente la responsable- es menester que ese dato conste expresamente en el escrito de demanda inicial para que, en virtud de los emplazamientos respectivos, las partes interesadas (demandado, comisariado ejidal y colindantes) estén en aptitud de manifestar y probar lo que a su derecho convenga en la audiencia de ley.
Ahora, el artículo 181 de la Ley Agraria categóricamente establece que presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los subsane dentro del término de ocho días.
En ese sentido, se concluye que si en el caso concreto la parte actora omitió externar la causa generadora de la posesión, indiscutiblemente que ello no era motivo legal para que al dictarse la sentencia reclamada la autoridad responsable declarara improcedente la acción de prescripción llevada a juicio, al menos por ese motivo.
Antes bien, como aquella situación se ubica dentro de las hipótesis a que se refiere el invocado artículo 181 de la Ley Agraria, al quedar comprendida en la expresión "... o se hubiere omitido en ella (la demanda o comparecencia) alguno de los requisitos previstos legalmente ..."; es incontrovertible que la abstención de mérito era susceptible de ser subsanada por el actor con motivo del requerimiento que al efecto realizara el Tribunal Agrario.
Luego, si así no ocurrió puesto que, como se dijo, al fallarse en definitiva el asunto declarando la improcedencia de la acción, ello se traduce en una infracción a lo ordenado en dicho precepto legal, lo que a su vez genera una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición de conformidad con el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, al afectarse las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo.
La conclusión precedente se corrobora si se tiene en cuenta que de lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 84/99, 2a./J. 134/99 y 2a./J. 7/98, de rubros: "ACCIÓN AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL."; "DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO." y "ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN AGRARIA, PROCEDENCIA DE LA. EL ANÁLISIS DE SUS ELEMENTOS ES MATERIA DE LA RESOLUCIÓN DE FONDO, POR LO QUE SE IMPONE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO INSTAURADO.", respectivamente, se arriba a la conclusión de que por existir similitud entre la materia agraria y la laboral en lo concerniente a la prevención oficiosa que debe realizar el órgano jurisdiccional para que el actor subsane y aclare su demanda cuando ésta adolezca de irregularidades u omisiones, el Tribunal Unitario Agrario está obligado, al recibir la demanda, a interpretarla en su integridad, a subsanar de oficio las deficiencias en sus planteamientos de derecho al tenor de lo ordenado en el último párrafo del artículo 164 de la Ley Agraria, y a señalar al promovente los defectos u omisiones de su escrito inicial, previniéndolo para que los corrija dentro del término de ocho días, de acuerdo con lo dispuesto por el ya indicado numeral 181 del mismo ordenamiento.
Por compartirla, se invoca la tesis XII.1o.26 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en la página 1768, Tomo XX, julio de 2004, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL ACTOR, AL RECIBIR LA DEMANDA O AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA DE LEY, PARA QUE REVELE LA CAUSA GENERADORA DE SU POSESIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. De lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 84/99 y 2a./J. 134/99, de rubros: ‘ACCIÓN AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL.’ y ‘DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO.’, respectivamente, se arriba a la conclusión de que por existir similitud entre la materia agraria y la laboral en lo concerniente a la prevención oficiosa que debe realizar el órgano jurisdiccional para que el actor subsane y aclare su demanda cuando ésta adolezca de irregularidades u omisiones, el Tribunal Unitario Agrario está obligado, al recibir la demanda, a interpretarla en su integridad, a subsanar de oficio las deficiencias en sus planteamientos de derecho al tenor de lo ordenado en el último párrafo del artículo 164 de la Ley Agraria, y a señalar al promovente los defectos u omisiones de su escrito inicial, previniéndolo para que los corrija dentro del término de ocho días, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 181 del mismo ordenamiento. Sobre lo anterior ilustra el contenido sustancial de la circular 3/92, emitida por el Tribunal Superior Agrario, publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de mil novecientos noventa y tres, en la que se precisan los casos que dan lugar a la prevención para que el actor aclare o enmiende el escrito de demanda, así como los lineamientos que deben observar los Tribunales Unitarios Agrarios ante esa situación. Bajo esta tesitura, se tiene que la revelación de la causa generadora de la posesión constituye un presupuesto lógico necesario para poder entablar la litis y seguir el procedimiento agrario con certidumbre, al tratarse de un requisito previsto en el artículo 806 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria de acuerdo con su artículo 2o., para la integración de la acción de prescripción adquisitiva a que alude el numeral 48 del ordenamiento citado en segundo lugar, por lo que es menester que ese dato conste expresamente en el escrito de demanda inicial para que, en virtud de los emplazamientos respectivos, las partes interesadas (demandado, comisariado ejidal y colindantes) tengan el tiempo suficiente para enterarse de esa enmienda y estén en aptitud de manifestar y probar lo que a su derecho convenga en la audiencia de ley; esto es así, porque la omisión de externar la causa generadora de la posesión indiscutiblemente se ubica dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 181 de la Ley Agraria, al quedar comprendida en la expresión ‘... o se hubiere omitido en ella (la demanda o comparecencia) alguno de los requisitos previstos legalmente ...’, abstención que es susceptible de ser subsanada por el actor con motivo del requerimiento que al efecto realice el Tribunal Agrario, por lo que de no acontecer así y fallarse en definitiva el asunto declarando la improcedencia de la acción, es inconcuso que se infringe lo ordenado en dicho precepto legal, lo que se traduce en una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición de conformidad con el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, al afectarse las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo."
Por ende, si la parte actora fue omisa en revelar la causa generadora de su posesión, la autoridad señalada como responsable no estaba en condiciones de pronunciarse sobre el momento a partir del cual comenzó a correr el término de prescripción previsto en el invocado artículo 48 de la Ley Agraria, que a su juicio fue el quince de junio de dos mil cinco, o sea, cuando -según constancias- la Asamblea General de Ejidatarios del poblado de **********, Municipio de **********, Michoacán, asignó en calidad de posesionario la parcela ejidal cuya prescripción adquisitiva pretende el quejoso.
Ello es así, en razón a que fue la propia responsable quien reconoció que: "... Por causa generadora de la posesión, debe entenderse todo acto jurídico, verbal o escrito, que produzca consecuencias de derecho y que le legitime al poseedor para comportarse ostensible y objetivamente como ejidatario, mediante la realización de actos que revelen su dominio o mandato sobre el inmueble para hacerlo suyo, sin importar que ese acto no se hubiere hecho constar en documento alguno ..."; de donde se sigue que indebidamente supeditó el inicio del cómputo de la acción de prescripción a aquel documento, cuando el quejoso ni siquiera fue preciso en indicar cuál fue el acto jurídico (causa generadora de la posesión) por virtud del cual detenta en posesión la parcela materia de la litis. En tal virtud, mediante la prevención correspondiente, previamente debió dársele la oportunidad para que manifestara cuál es, en realidad, la causa generadora de su posesión y la fecha a partir de la cual la detenta, teniéndose presente que el término prescriptivo, en todo caso, debe generarse a partir del reconocimiento que de esa acción hizo la Ley Agraria en vigor, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/94 proveniente de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, que dice:
"PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA, PARA COMPUTAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY AGRARIA, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA EL TIEMPO DE POSESIÓN ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ACTUAL. (27 DE FEBRERO DE 1992). Para el cómputo de los plazos de cinco y diez años, que para efectos de la prescripción señala la ley, según sea la posesión de buena o mala fe, se debe tomar en cuenta únicamente el tiempo que se ha poseído la tierra ejidal, a partir de la entrada en vigor de la Ley Agraria, y no así el tiempo de posesión anterior a la vigencia de ésta, toda vez que, la Ley Federal de la Reforma Agraria, no contemplaba esta figura jurídica como medio para adquirir derechos agrarios, sino que en su artículo 75 negaba la posibilidad de prescripción adquisitiva de derechos agrarios, por lo que éstos no eran susceptibles de adquirirse por prescripción. Además, el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Agraria establece las circunstancias para interrumpir la prescripción positiva, de lo que se advierte que el término para que opere corre junto con la posibilidad de interrumpirlo, estimar que el tiempo de posesión anterior a la entrada en vigor de la ley, es computable para el plazo de prescripción positiva, dejaría al ejidatario que perdió la posesión sin la posibilidad de interrumpir ese plazo en forma alguna; amén de que constituiría una aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 14 constitucional." (No. registro: 206,322. Jurisprudencia. Materia: Administrativa. Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 84, diciembre de 1994. Página: 20).
Tampoco obsta la diversa consideración realizada por el Tribunal Agrario, en el sentido de que para que la parcela materia de la litis fuera objeto de la acción de prescripción hecha valer, se necesitaba que estuviese "... debidamente identificada a través de los trabajos técnicos previstos en el numeral 56 de la Ley Agraria, se requiere que dicha parcela cuya prescripción se demanda, hubiera correspondido a un ejidatario legalmente reconocido y en su caso, de proceder, la prescripci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21167-c66c137c/prescripcion-adquisitiva-en-materia-agraria-para-que-opere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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