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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. ES AUTORIDAD ORDENADORA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PERO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MATERIAL PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 700/2008. · Registro digital (IUS): 21539
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 890.

AMPARO DIRECTO 700/2008. **********

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. En la especie, la sociedad quejosa, por conducto de sus apoderados, señaló como acto reclamado y autoridades responsables los siguientes:

"... III. Autoridades responsables: Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y ciudadano Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y los CC. Actuarios adscritos al tribunal y juzgado antes mencionados. IV. Acto reclamado: a) Del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, se reclama la sentencia definitiva de fecha 24 de septiembre de 2008, dictada en el toca número **********/2008, esta resolución se reclama hasta este momento procesal con base en el artículo 161 de la Ley de Amparo. b) Del C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se reclama la sentencia definitiva de fecha 21 de mayo de 2008 y la ejecución de la misma, ya que dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia condenándose a nuestra pode (sic) al pago de costas. c) De los CC. Actuarios, adscritos al Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito y al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal se reclama la ejecución de la sentencia definitiva de fecha 21 de mayo de 2008, dictada en el juicio ordinario mercantil **********/2008 (sic), la cual fue confirmada en la segunda instancia, condenando a nuestra poderdante al pago de costas." (folio 5 del expediente en que se actúa).

Atendiendo al planteamiento de la impetrante del amparo, resulta necesario dilucidar sobre la calidad de ordenadoras o ejecutoras, que debe reconocérseles en el presente juicio de garantías a las autoridades señaladas como responsables.

Las partes son quienes figuran en la relación procesal del juicio de garantías activa o pasivamente, al respecto, el artículo 5o. de la Ley de Amparo, indica:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El agraviado o agraviados;

"II. La autoridad o autoridades responsables;

"III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:

"a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;

"b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;

"c) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.

"IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala."

Como se advierte, el numeral transcrito no define lo que debe entenderse por parte sino que la da por entendida, por lo que resulta necesario recurrir a la doctrina para conocer que parte es aquella que tiene interés en que se declare la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley o acto que se reclama en el amparo o también se constituye en un medio regulador de dicho juicio al vigilar que éste se lleve acorde a la Ley de Amparo. Así, tenemos que en el amparo las partes que intervienen en el procedimiento judicial constitucional tienen intereses diversos.

En efecto, el interés del quejoso en el amparo es que se declare la inconstitucionalidad de los actos que reclama; el interés de la autoridad responsable y del tercero perjudicado es la subsistencia del acto que se reclama en el amparo, es decir, que se declare su constitucionalidad; en tanto que el interés del Ministerio Público Federal es que se tramite y resuelva el juicio de amparo acorde con lo que señala la ley de la materia y que se dicte una resolución lo más justa posible.

De conformidad con el tema a tratar en el presente asunto, en la especie interesa el concepto de parte a que se refiere la fracción II del mencionado numeral 5o. de la Ley de Amparo, esto es, la autoridad responsable que puede tener el carácter de ordenadora o ejecutora y para dilucidar cuándo tienen una u otra calidad, es menester comenzar por establecer los siguientes conceptos básicos:

La palabra autoridad auctoritas excluye totalmente la idea de poder y de fuerza, propias de los vocablos latinos potestas e imperium. Después de profundos cambios semánticos, la palabra auctoritas adquiere la connotación de poder y fuerza, cuando Augusto fusiona en su persona, precisamente, la auctoritas y el imperium.

Para los fines de la materia de amparo, es evidente que la palabra autoridad tiene el matiz de poder o fuerza que tienen tanto entidades como funcionarios para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, no debe olvidarse que en sus orígenes el concepto de auctoritas excluye, como ya se indicó, cualquier referencia a la fuerza.

Según la doctrina, la autoridad en nuestros días se entiende como el órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado como violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que está obligado a rendir el informe justificado correspondiente y a defender la constitucionalidad de dicha ley o acto.

Hasta mil novecientos noventa y siete, en el sistema jurídico mexicano se sostuvo que el concepto de autoridad para efectos del amparo comprendía a todas aquellas personas que disponían de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, estaban en posibilidad material de obrar como individuos que ejercieran actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían, como se advierte de los criterios que enseguida se transcriben:

"No. Registro: 335,181

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Quinta Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XLV

"Página: 5033

"AUTORIDAD, CARÁCTER DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En derecho público, se entiende por autoridad, a un órgano del Estado, investido legalmente de la facultad de decisión y del poder de mando necesario para imponer a los particulares sus propias determinaciones, o las que emanen de algún otro órgano del mismo Estado; pero tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal. Así lo ha entendido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo del Sr. Marcolfo F. Torres, en la que textualmente se dice: ‘En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquellas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, sostienen que el término «autoridad», para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; ...’ Encontrándose que el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, según la doctrina antes expresada, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales, debe concluirse que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tenga, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debe atenderse, en el caso de que se trate, a precisar si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, debe considerarse que tiene el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo, pues por ejemplo, la declaración administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto típico de autoridad, y también lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento."

"No. Registro: 206,858

"Materia(s): Administrativa

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IX, febrero de 1992

"Tesis: 3a. VII/92

"Página: 29

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. La autoridad para los efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario; o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ende, de ejercer actos públicos, es decir, en ejercicio del poder de imperio. No todos los órganos del Estado tienen tal carácter de autoridad, sólo aquellos que están investidos con facultades de decisión y ejecución y con poder de imperio en el ejercicio de tales facultades, cuyo desempeño afecte situaciones generales o especiales, jurídicas o fácticas, dentro del régimen estatal. Ahora bien, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es un organismo descentralizado encargado de impartir la enseñanza superior, con personalidad jurídica, patrimonio y plena autonomía en su régimen jurídico, económico y administrativo, según lo previsto por el artículo 1o. de su Ley Orgánica, no puede considerarse como autoridad para los efectos del juicio de amparo en tanto que no es un órgano del Estado depositario del poder público ni realiza actos en ejercicio del poder de imperio."

Este criterio fue interrumpido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ahora establecer que en cada caso debe analizarse si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o no, como autoridad responsable para efectos del amparo porque, con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano de Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, de manera unilateral, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2a./J. 12/2000, resolvió:

"No. Registro: 187,358

"Jurisprudencia

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, marzo de 2002

"Tesis: 2a./J. 12/2002

"Página: 320

"UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado."

Por su parte, el numeral 11 de la Ley de Amparo vigente, define a la autoridad responsable como aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

Así, las características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo, son las siguientes:

- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;

- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y

- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos niveles (federal, estatal o municipal), se habla de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos paraestatales, descentralizados, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo.

De acuerdo a lo anterior, para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de garantías.

Conforme a lo expuesto, no todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, pero que no obedecen necesariamente a una relación de supra a subordinación, como lo son, por ejemplo, sus relaciones laborales. Hipótesis distinta se actualiza en el caso de las universidades que son organismos autónomos y por lo general no son consideradas como autoridades; sin embargo, dado que su existencia se sustenta en una ley, cuando con base en ésta realizan actos unilaterales que les son permitidos y esto acontece en una relación de supra-subordinación, afectando la esfera jurídica de un particular, se estaría en el caso excepcional de que se considere como autoridad responsable para efectos del amparo; pueden citarse como ejemplos: la expulsión de un alumno o impedirle su inscripción.

En este orden de ideas, el concepto de autoridad se encuentra en estrecha vinculación con la naturaleza del acto reclamado, las atribuciones y características mismas de aquel a quien se le imputa la violación de garantías, por ello, será indispensable analizar las particularidades del caso concreto para verificar si se está en presencia de una acción u omisión que contenga las características que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado.

Así, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, será autoridad para los efectos del juicio de garantías la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; como puede observarse, la última parte de este precepto legal restringe el concepto de autoridad en atención a la participación que tenga en el acto lesivo señalado como objeto de estudio en la demanda de amparo.

Luego, dado que la ley de la materia no establece algún concepto de autoridad responsable ordenadora, atendiendo a las raíces etimológicas de dicha palabra se tiene que del latín ordinator-ordinatoris, es el que pone orden, el que ordena, el que arregla. Es un derivado del verbo ordinare, ordenar, poner en regla, regular. El sufijo -dor, indica al sujeto o agente que realiza la acción del verbo.

Para los efectos del amparo la autoridad ordenadora será el órgano del Estado investido de facultades de decisión que expide la ley o dicta una orden o mandato que se estima violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados y sobre el cual está obligado a rendir un informe previo o justificado, dentro del plazo legal, en el que expresará si son o no ciertos los actos que se le imputan. Esto es, se trata de aquella autoridad del Estado que por razón de su jerarquía tiene la facultad para emitir un mandato o una orden que debe cumplirse por la autoridad subalterna y en contra de un gobernado; orden en contra de la cual se promueve el amparo por el agraviado.

Por su parte, dado que la ley de la materia tampoco proporciona el concepto de autoridad ejecutora para los efectos del amparo, remitiéndonos al origen de la palabra ejecutora, tenemos que proviene del latín exsecutio-exsecutionis, acabamiento, ejecución, cumplimiento [en especial de una sentencia], ya constatado en español hacia el año mil cuatrocientos treinta y ocho; este vocablo se compone de la preposición latina ex, que indica origen, procedencia; también puede usarse como un refuerzo que añade idea de intensidad; y el verbo sequor, seguir; el verbo exsequor significa seguir hasta el final, seguir sin descanso, acabar, terminar totalmente una tarea. Así, la autoridad ejecutora es aquella que cuenta con autoridad propia para cumplir algo, ir hasta el final.

Para los efectos del amparo, la autoridad ejecutora es la que ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es decir, aquella que lleva a cabo el mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o decisoria, hasta sus últimas consecuencias; es la que tiene el carácter de autoridad subalterna que ejecuta o trata de ejecutar o ya ejecutó el acto reclamado dictado por la autoridad ordenadora, en virtud de que conforme a las facultades y obligaciones que la ley le confiere le corresponde el cumplimiento de la sentencia, esto es, la actuación inmediata tendente a acatar el fallo definitivo conforme a las consideraciones y resolutivos que contenga.

Precisado lo anterior y reiterando que el artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en la especie, es menester precisar los actos que pueden impugnarse en el juicio de amparo directo dado que en esta vía surgió el planteamiento materia de la presente consulta y para tal efecto, se citan los numerales 107, fracciones III, V y VI de la Constitución Federal y, 158 de la Ley de Amparo:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

"...

"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

"...

"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

"d) ...

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

"...

"VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones; ..."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

De lo anterior, se tiene que la procedencia del amparo directo está limitada expresamente al reclamo de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por ello, la existencia de alguna de esas resoluciones, según el caso, constituye el presupuesto legal en que se finca la procedencia de esta vía.

Por otra parte, los preceptos transcritos precisan las violaciones de garantías susceptibles de invocarse en el juicio de amparo directo, esto es, las que se comentan en las propias sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, así como a las que se lleven a cabo durante el procedimiento, cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido de la resolución definitiva correspondiente.

Luego, la emisión de una resolución definitiva dentro de un proceso judicial (penal, civil o mercantil) o jurisdiccional (administrativo o del trabajo), dictada por el tribunal respectivo, se traduce en el acto que determinará la procedencia en su contra del juicio de amparo directo y al admitir la posibilidad de que en esta vía puedan reclamarse las violaciones de garantías verificadas durante el procedimiento que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido de la sentencia definitiva o laudo reclamado, así como las violaciones cometidas en estas propias resoluciones; dentro de un contexto meramente gramatical propiciaría que se estimara que en el juicio de amparo directo únicamente es posible reclamar las violaciones de garantías procesales y de fondo que puedan jurídicamente influir en el sentido de la sentencia definitiva o laudo de que se trate y que no serían susceptibles de reclamarse en esta vía los actos de ejecución, por ser ajenos a los enunciados expresamente en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal de la República y 158 de la Ley de Amparo.

Por tales motivos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/95, estableció los siguientes criterios jurisprudenciales:

"No. Registro: 200,081

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, mayo de 1996

"Tesis: P./J. 22/96

"Página: 5

"AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS. La interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, así como de los principios de indivisibilidad de la demanda, de celeridad, de concentración y de economía procesal, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de los actos de ejecución de las sentencias definitivas o laudos, cuando se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las resoluciones definitivas indicadas. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver sobre los actos de ejecución respectivos que no se impugnan por vicios propios, debido a que entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquéllos."

"No. Registro: 200,082

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, mayo de 1996

"Tesis: P./J. 23/96

"Página: 24

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES A QUIENES SE ATRIBUYA LA EJECUCIÓN, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO RECLAMADO. Si el amparo directo es procedente contra los actos de ejecución que se impugnan en vía de consecuencia al reclamarse una sentencia definitiva o laudo, en esa medida es procedente designar como responsable a la autoridad a la que se atribuyan tales actos de ejecución, de conformidad con el artículo 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que en su fracción III, dispone: ‘La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21539-b3cdaded/autoridad-ordenadora-y-ejecutora-para-efectos-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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