PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. PARA EFECTOS DE SU PAGO NO DEBE COMPUTARSE EL TIEMPO INICIALMENTE LABORADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, TODA VEZ QUE SU RELACIÓN LABORAL SE REGÍA POR LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Y EN ÉSTA NO SE PREVÉ DICHO BENEFICIO.
AMPARO DIRECTO 720/2007. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los anteriores conceptos de violación resultan fundados pero inoperantes en una de sus partes, infundados en otra y fundados en su parte final.
En efecto, es fundado pero inoperante el primer concepto de violación donde el quejoso aduce, en esencia, que la autoridad responsable omitió relacionar y valorar la documental pública consistente en la copia fotostática simple del periódico oficial número 41, de veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, en que se publica el Convenio de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, en contravención al artículo 117 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, limitándose la responsable a analizar solamente las demás pruebas de ambas partes, incluso, el Diario Oficial de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Lo anterior es así, dado que del laudo reclamado se advierte que, efectivamente, la autoridad responsable incurrió en la violación formal de mérito al no relacionar ni valorar la copia fotostática del Periódico Oficial del Estado, de veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, agregado de la foja 54 a la 59 del expediente laboral de origen, en el que se contiene el convenio, que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal y, por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Tamaulipas.
Empero, a ningún fin práctico conduciría conceder la protección constitucional para que la autoridad responsable valore la documental en cita, puesto que ello resultaría ocioso.
Ello es así porque, como la propia quejosa lo reconoce, la autoridad responsable valoró la diversa documental presentada por la demandada consistente en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos y, si bien es cierto que, en cuanto al continente, se trata de publicaciones distintas, por corresponder la presentada por la actora al medio de difusión estatal, mientras que la presentada por la demandada corresponde al ámbito federal, lo cierto es que su contenido es el mismo, puesto que en ambas se plasmó el convenio de referencia, de ahí que, basta la valoración que hizo la responsable de este último, para considerar fútil la violación formal de que se duele la parte quejosa.
En otro orden de ideas, los conceptos de violación inherentes al periodo por el cual pretende la quejosa se tome en cuenta para el cálculo de la prima de antigüedad, estudiados en su conjunto, son infundados.
Dichos motivos de disenso se sustentan, esencialmente, en lo siguiente:
a) Con el convenio aportado en autos se justifica la transferencia que hizo el gobierno federal al estatal de los servicios educativos, donde se incluye el reconocimiento por parte del gobierno estatal de los derechos laborales que la actora tenía cuando laboró en la **********, dentro de los cuales se incluye el reconocimiento de su fecha de ingreso o antigüedad, ya que el gobierno del Estado se sustituyó en la titularidad de la relación laboral que tenía el anterior patrón, respecto de las relaciones jurídicas que existían con el mismo, en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo.
b) Es infundado el dicho de la responsable respecto a que la actora carecía del derecho al pago de la prima de antigüedad cuando laboraba para la ********** por no contemplarse ese beneficio en la ley federal burocrática que regía la relación laboral, ya que, contrario a ello, la antigüedad es un derecho que se va adquiriendo por el simple transcurso de los años laborados y el hecho de no contemplarse en aquella legislación de manera textual, no quiere decir que no se tenga el derecho al pago de la misma además que sería aplicable la Ley Federal del Trabajo que sí contempla dicho beneficio en el artículo 162, ya que el artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado señala la supletoriedad de aquella ley.
c) El apartado B del artículo 123 constitucional ha sido adicionado con la finalidad de otorgar a los trabajadores al servicio del Estado las mismas garantías o derechos laborales que disfrutan los trabajadores de la iniciativa privada, por lo que aun cuando la actora hubiera venido laborando al servicio de la ********** federal, tenía derecho al pago de la prima de antigüedad, reformas que han tenido como objetivo el fijar las bases mínimas de previsión social que aseguren la tranquilidad y bienestar personal, como la de sus familiares, entre las que se encuentra el derecho al pago de la prima de antigüedad, criterio que fue aplicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo **********.
d) Se valora incorrectamente el Periódico Oficial del Estado, ya que con dicha probanza se hubiera condenado a la demandada al pago de prima de antigüedad por todo el tiempo de servicios prestados, incluido el espacio de tiempo que laboró para la **********, ya que en la cláusula quinta se establece que el gobierno estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que se incorporen al Sistema Educativo Estatal en virtud de dicho convenio, además, que el gobierno estatal reconoce y proveerá lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales, incluyendo los de organización colectiva de los trabajadores antes mencionados, lo cual implica que la actora tenía al momento de la sustitución patronal una antigüedad desde el año de mil novecientos setenta y siete.
e) No se valora la confesión expresa y espontánea de la demandada, donde reconoce la sustitución patronal y, por ende, los derechos laborales de la trabajadora, dentro de los cuales se encuentra la fecha de ingreso.
f) Se valora incorrectamente la confesional a cargo del **********, ya que con la misma se acreditó que en virtud del citado convenio se transfirieron los servicios educativos, sustituyéndose el gobierno del Estado en la relación laboral, por lo que procedía el pago de la prima de antigüedad desde el año de mil novecientos noventa y siete.
g) Se valoró incorrectamente la hoja única de servicios expedida por la demandada el veintinueve de junio de dos mil seis, puesto que de la misma se desprende como fecha de ingreso a su servicio el dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y siete, mientras que como fecha de baja el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, concretándose a indicar la responsable que con esa documental "sólo se prueba la relación de trabajo que no fue objeto de controversia y sólo se reafirma el periodo de tiempo que corresponde en el detalle a lo que se denomina hoja de servicio", sin expresar los fundamentos en que apoya su decisión para negarle valor probatorio, siendo que de esa documental se desprende que la demandada reconoció una antigüedad a partir del dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y siete, merced a la sustitución patronal ocurrida con motivo del convenio multicitado, máxime que la demandada al pretender objetar dicha documental expresó "sólo acredita que a la actora le fueron recocidos sus derechos de antigüedad como patrón sustituto en virtud del convenio de transferencia, tan es así que esta hoja de servicios sirvió para concederle el beneficio de la jubilación."
h) Se valoró incorrectamente la copia del Diario Oficial de la Federación, ya que en éste se contiene el mismo texto del convenio multicitado, bastando apreciar el acta de la audiencia de pruebas y alegatos para advertir que la actora hizo suya esa documental, donde se reconoce la sustitución patronal, por lo que es absurdo considerar sólo una antigüedad de la actora de trece años con siete meses a partir de la celebración de ese convenio, cuando del mismo se desprende la sustitución de la relación laboral.
Ahora bien, para arribar a la calificativa de infundados de los anteriores conceptos de violación, es importante tener presente que la trabajadora, aquí quejosa, reclama en el juicio laboral de origen que el pago de prima de antigüedad debe calcularse a partir de la fecha en que inició a laborar en un órgano de la administración pública federal centralizada (Secretaría de Educación Pública), que lo fue el dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y siete, por lo que en esa época, la regulación de sus relaciones de trabajo, emanaba del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, que dice:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores."
Ahora bien, si bien la quejosa laboró para la **********, ese vínculo laboral equiparado sufrió una radical modificación, puesto que, conforme a lo dispuesto en el "Convenio de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica", celebrado por la Federación con el Estado de Tamaulipas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, y en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de mayo siguiente, la titularidad de esa relación laboral fue transferida al Gobierno del Estado, como se desprende de las cláusulas primera y quinta, que disponen:
"Primera. El Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas convienen ejecutar, dentro de las atribuciones que a cada una de las partes corresponden, en términos de la Ley Federal de Educación y demás disposiciones aplicables, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en esta misma fecha por el propio Ejecutivo Federal, por los gobiernos de todos los Estados integrantes de la Federación y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación."
"Quinta. Al entrar en vigor el presente convenio, el Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Publica del Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas, que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal.
"El gobierno estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, reconoce y proveerá lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales incluyendo los de organización colectiva, de los trabajadores antes mencionados.
"El gobierno Estatal garantiza que los citados derechos serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional."
Atento a lo anterior, se advierte que mediante la celebración del citado Acuerdo de Modernización de la Educación Básica se estableció que el gobierno estatal sustituía por conducto de la entidad competente al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal en las relaciones laborales sostenidas con los trabajadores adscritos a los planteles que pasaban a formar parte del sistema educativo estatal.
El organismo que se hace mención en el convenio de referencia, es la Secretaría de Educación, conforme al artículo 31, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, que dispone:
"Artículo 31. A la Secretaría de Educación, además de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de educación que corresponden al Ejecutivo del Estado conforme a lo dispuesto por la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado, las leyes del Congreso de la Unión, la Ley Estatal de Educación y demás disposiciones relativas en la materia;
"...
"V. Cumplir con los convenios y acuerdos que en materia educativa hayan sido suscritos o que se celebren por el Estado con el Gobierno Federal y con los gobiernos municipales; ..."
Por tanto, en el caso particular del Estado de Tamaulipas, las respectivas funciones en materia de prestación de servicios de educación corresponden a la **********.
Así, en el presente caso, con base en los elementos que derivan de los hechos narrados en la demanda, es de considerarse que por efecto del convenio celebrado con motivo del Acuerdo de Modernización de la Educación Básica y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la titularidad de la relación laboral que podría haber vinculado al trabajador con una dependencia del Ejecutivo Federal fue transferida a la Secretaría de Educación de esta entidad federativa, por tanto, el régimen aplicable a tal nexo jurídico es el que deriva de lo dispuesto por el numeral 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes expedidas por las Legislaturas Locales, con base en lo dispuesto por el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias.
Luego, si conforme a lo expuesto, el gobierno del Estado, con motivo de aquel acuerdo, se sustituyó en las obligaciones laborales con respecto a los trabajadores que antes dependían de la **********, es evidente que, por disposición constitucional, las disposiciones que resultan aplicables son las expedidas por la Legislatura del Estado y no por la Federación.
Esto es, la relación de la trabajadora se reguló de la siguiente manera:
a) Del dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y siete, al dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, al amparo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y
b) Del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, cuando se le jubiló, bajo la tutela de la legislación burocrática estatal.
De lo hasta aquí considerado, se estima que cuando la aquí quejosa dependía de la **********, dependiente de la administración pública federal, la relación laboral se regía por el apartado B del artículo 123 constitucional, gozando de los derechos ahí previstos, así como los precisados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
A partir de la celebración del convenio analizado anteriormente, al transferirse la titularidad de los servicios educativos al gobierno del Estado de Tamaulipas, la regulación laboral debe entenderse regida, como ya se vio, por el numeral 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los derechos ahí previstos, a través de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, aunque respetando siempre los derechos laborales compatibles con esta reglamentación, adquiridos por trabajadores que prestaban sus servicios en la **********, antes de la celebración del convenio supracitado.
Este último aspecto también se contempla como garantía de los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente conforme al artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tal y como lo ordena la cláusula quinta del convenio, que, al prever la figura de la sustitución patronal, señala:
"Artículo 41. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.
"El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores."
Así, como ya se apuntó, a partir de la entrada en vigor del convenio que modificó la naturaleza de la relación laboral, los trabajadores gozan de determinados derechos que prevé la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, compatibles con otros previstos en la legislación federal.
En efecto, por lo que hace a la antigüedad, la legislación burocrática local prevé:
"Artículo 33. Son obligaciones del Gobierno del Estado para con sus trabajadores las siguientes:
"I. Preferir en igualdad de condiciones, por categoría, antigüedad, conocimientos, aptitudes, disciplina y puntualidad a los trabajadores que estén prestando sus servicios o los hayan prestado con anterioridad en forma satisfactoria y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón; ..."
"Artículo 43. Los factores escalafonarios se calificarán mediante sistemas adecuados para su evaluación y son los siguientes:
"I. Antigüedad; ..."
Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también contempla el reconocimiento de la antigüedad, específicamente para efectos escalafonarios, como se desprende del contenido de los siguientes artículos:
"Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:
"I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los veteranos de la revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.
"Para los efectos del párrafo que antecede, en cada una de las dependencias se formarán los escalafones de acuerdo con las bases establecidas en el título tercero de esta ley;
"...
"VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las condiciones generales de trabajo, en los siguientes casos. ..."
"Artículo 50. Son factores escalafonarios:
"...
"III. La antigüedad, y
"...
"Se entiende:
"...
"c) Por antigüedad: El tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente, o a otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por la presente ley, siempre que el trabajador haya sido sujeto de un proceso de reasignación con motivo de la reorganización de servicios, o de los efectos de la desconcentración administrativa aun cuando la reasignación tuviere lugar por voluntad del trabajador. ..."
Sin embargo, existen otras figuras jurídicas que no prevé la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como es el caso de la prima de antigüedad.
En efecto, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 27 el derecho de los trabajadores a la prima de antigüedad:
"Artículo 27. Los trabajadores con más de diez años de servicio efectivo tendrán derecho, en caso de retiro voluntario o cuando sean separados de su trabajo, al pago de una prima de antigüedad consistente en doce días por cada año de servicio prestado al Gobierno del Estado, tomándose como base el último sueldo percibido por el trabajador."
Por su parte, del análisis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se advierte precepto que regule alguna figura jurídica similar a la prima de antigüedad prevista en la legislación burocrática local.
Es más, la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la prima de antigüedad, no está prevista en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a la jurisprudencia 664 emitida en la Séptima Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Parte SCJN, página 540, de rubro y texto siguientes:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Tratándose de trabajadores al servicio del Estado, no procede reclamar prima de antigüedad porque la ley federal a ellos aplicable no establece dicha prestación."
Por tanto, al no encontrarse regulada la figura jurídica de la prima de antigüedad en la ley aplicable a los trabajadores en la época en que prestaban sus servicios para la administración pública federal centralizada, sino que éste encuentra su fundamento en la legislación laboral local, resulta inconcuso que nunca se introdujo en su esfera jurídica tal figura, puesto que a pesar de poderse reconocer en un momento dado la antigüedad anterior, no existe la prima de antigüedad para los trabajadores que prestan sus servicios a la federación.
Tampoco puede aceptarse que es un derecho adquirido, ya que por éste debe entenderse aquel derecho "que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico", como lo prevé la tesis 2a. LXXXVIII/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 306, de rubro y texto siguientes:
"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado."
Así, cuando los trabajadores de ********** pasaron a laborar al servicio del **********, sus relaciones laborales se rigen por la ley del trabajo local, ingresando hasta ese momento a su esfera de derechos laborales la figura de la prima de antigüedad establecida en el artículo 27 y, por tanto, sólo para efectos del pago de la multicitada prima, su antigüedad empieza a correr a partir de que los trabajadores ingresan a laborar al servicio del **********, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo de referencia.
Si se considerara lo contrario, es decir, que el tiempo laborado para la administración pública centralizada federal se computara para efecto del pago de la prima citada, no habría fundamento alguno; es más, no cabría la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo a que alude el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que en su momento les reguló, puesto que esta institución no puede implicar una ampliación de las prestaciones del trabajador, ni la creación de figuras inexistentes en la ley burocrática federal.
Sirve de apoyo a dicha conclusión, la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Quinta Parte, correspondiente a los meses de enero a diciembre de mil novecientos ochenta y seis, página 58, de rubro y texto siguientes:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS PRESTACIONES NO PUEDEN SER AMPLIADAS EN APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La supletoriedad que señala el artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, no llega al grado de hacer existir prestaciones no contenidas en la misma ley, pues de considerarlo así, ya no se trataría de una aplicación supletoria sino de una integración de la ley, sobre puntos respecto de los cuales el legislador no ha reglamentado en favor de quienes trabajan al servicio del Estado."
Bajo las anteriores consideraciones se concluye que sólo para efectos del pago de la prima de antigüedad, el cómputo de la antigüedad debe iniciar a partir de que dicho derecho ingresa en la esfera jurídica del trabajador, es decir, en el presente caso, a partir de que el trabajador comienza a prestar sus servicios al **********, merced al convenio celebrado entre éste con el gobierno federal, para la transferencia de los servicios educativos.
De ahí que, sea de estimarse constitucional la determinación del tribunal responsable de considerar que para el cálculo de la prima de antigüedad deban tomarse en consideración sólo trece años con siete meses, puesto que ese lapso corresponde al tiempo transcurrido entre la celebración del multicitado convenio y la jubilación de la actora, ocurrida el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, de ahí que, si bien la actora acreditó con las pruebas que refiere en sus conceptos de violación el hecho relativo a la sustitución patronal, ello no resulta óbice para arribar a la determinación alcanzada, merced a los razonamientos expuestos en párrafos precedentes.
Lo hasta aquí expuesto deriva, esencialmente, de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 11/2004, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 56/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 6, que es del siguiente tenor:
"PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. Los trabajadores que laboraban para la Dirección General de Telégrafos Nacionales o para la Dirección General de Correos, dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no tenían derecho a la prima de antigüedad porque sus relaciones laborales se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), que no establecen dicho beneficio, pero desde que pasaron a laborar para los organismos públicos descentralizados Telégrafos Nacionales (ahora Telecomunicaciones de México), o Servicio Postal Mexicano, sí tienen derecho a la prima de antigüedad conforme al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, ya que dicha relación jurídica se rige por la fracción XXXI, inciso b), punto 1, apartado A, del artículo 123 constitucional, conforme a criterios jurisprudenciales de esta Suprema Corte visibles en las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, agosto de 1995, páginas 41, 59 y 60, y Tomo III, febrero de 1996, página 52 (tesis números P./J. 14/95, P./J. 15/95, P./J. 16/95 y P./J. 1/96); por tanto, debe concluirse que el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal centralizada no debe computarse para efectos de la prima de antigüedad, ya que esa prestación no se contiene en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."
Mismo criterio se sostuvo por este tribunal al resolver los amparos directos ********** y **********, resueltos en ejecutorias de veintinueve de agosto y cinco de septiembre de dos mil siete, respectivamente.
No obsta a lo anterior, la manifestación de la quejosa respecto al criterio que sostiene fue aplicado por el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este circuito, en el amparo directo **********, en primer término, porque ni siquiera lo transcribe, pese a que el artículo 196 de la Ley de Amparo señala, con meridiana claridad, que cuando las partes invoquen una jurisprudencia deberán precisar, por escrito, el número y órgano jurisdiccional que la integró y el rubro y tesis de aquélla, pero además, porque aun cuando existiera tal criterio, el mismo no resulta obligatorio para este tribunal, en términos del diverso ordinal 193 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
En otro orden de ideas, los conceptos de violación cuarto y quinto, en los que se aduce, en síntesis, que la autoridad responsable indebidamente sostuvo que la cuantificación de la condena debía atender al salario señalado por la parte demandada, sup
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22344-a09d2da7/prima-de-antiguedad-de-los-trabajadores-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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