VIOLACIÓN PROCESAL. SE ACTUALIZA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO, NO REPONE TODO EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA DILIGENCIA EN LA CUAL SE ADVIRTIÓ LA IRREGULARIDAD PROCEDIMENTAL Y EMITE UN NUEVO LAUDO, CON BASE EN LAS PRUEBAS QUE QUEDARON INSUBSISTENTES.
AMPARO DIRECTO 1301/2007. **********.
CONSIDERANDO:
VI. Merecen análisis preferente las transgresiones procesales que se hacen valer, porque de actualizarse resultaría innecesario el estudio del fondo de la litis constitucional.
El apoderado de la actora hoy quejosa, alega en esencia, que la responsable admitió las pruebas ofrecidas por el demandado, aduciendo erróneamente que tienen el carácter de probanzas en contrario, cuando la manera en que el enjuiciado las ofreció, no fue en términos del artículo 879, de la Ley Federal del Trabajo, lo cual vulneró las garantías individuales de la peticionaria, trascendiendo al resultado del laudo, ya que si bien dicho numeral prevé que cuando al enjuiciado se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, puede ofrecer las pruebas que estime pertinentes en la etapa relativa, también lo es que la ley es clara y precisa al establecer los tres supuestos en los cuales procede tal figura, pero la forma del ofrecimiento de pruebas, realizada por el **********, no se ubica en ninguno de ellos, sino que las propuso de manera directa, pretendiendo acreditar hechos que no alegó en el momento procesal oportuno, sin embargo, la resolutora las admitió en forma indebida y sin considerar que en el juicio no existen hechos controvertidos.
Este Tribunal Colegiado de Circuito, de la mencionada argumentación advierte que la inconforme alude a la hipótesis de la fracción III del precepto 159, de la Ley de Amparo, cuyo contenido reza: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; ..."
Aclarándose que si bien la inconformidad no se refiere a las probanzas de la hoy peticionaria, sino a las de su contraparte, es susceptible de examinarse como vulneración a las normas del procedimiento, al señalar que se perjudica su interés jurídico, lo cual es acorde con la jurisprudencia de la desaparecida Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 14/88, publicada con el número 454, en la página 389, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que informa:
"VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. PROCEDE RECLAMAR LA VIOLACIÓN RESPECTIVA EN AMPARO DIRECTO. Si la Junta recibe las pruebas de la contraparte del quejoso violando en perjuicio de éste, las normas del procedimiento, el quejoso puede reclamar esas violaciones en amparo directo, de conformidad con la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, la cual establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Como se ve, la fracción III prevé dos supuestos en los que pueden alegarse en amparo directo las violaciones relacionadas con el ofrecimiento de pruebas: El primero, cuando en el juicio ordinario los elementos de convicción son ofrecidos por el quejoso y no se le reciben legalmente; el segundo, cuando los ofrecen otras partes distintas del quejoso, y, en perjuicio de éste, no se reciben conforme a la ley; tal distinción es válida si se tiene en cuenta que la primera hipótesis de dicha fracción utiliza el pronombre ‘le’, con el cual obviamente se refiere al quejoso, mientras que la segunda no lo utiliza, por lo que debe entenderse que se refiere a las demás partes distintas del peticionario de garantías. En consecuencia, como la disposición legal de que se trata, expresamente prevé el caso en que debe alegarse la referida violación en cita en amparo directo, esta Cuarta Sala, con fundamento en los artículos 192, parte final y 194, último párrafo, de la Ley de Amparo, modifica su criterio anterior contenido en la tesis jurisprudencial 341 (Compilación 1985, Quinta Parte), para adoptar el expuesto."
El concepto aludido resulta infundado, porque de la audiencia trifásica del seis de mayo de dos mil cuatro y la resolución de la reserva sobre admisión de pruebas, del diecisiete de noviembre de dos mil seis, que ya firmaron todos los integrantes del tribunal, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal, en el juicio de garantías número DT. 894/2006, que la actora promovió en contra del primer laudo (fojas 27-28 y 144-145), se advierte que la autoridad, en forma legal, tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas del demandado, ya que observó las disposiciones de los artículos 232, 233, fracción V, 235, 236 y 237, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
En efecto, la audiencia que fue celebrada el seis de mayo citado, en la que compareció la parte demandada a ofrecer pruebas, se reproduce a continuación, para ilustrar el análisis del tema:
Se suprimieron cinco imágenes.
Los numerales 232, 233, fracción V, 235, 236 y 237, de la ley citada establecen:
"Artículo 232. La audiencia a que se refiere el artículo 229 de esta ley constará de tres etapas:
"I. De conciliación;
"II. De demanda y excepciones, y
"III. De ofrecimiento y admisión de pruebas.
"La audiencia se iniciará con o sin la comparecencia de las partes. Las ausentes podrán intervenir cuando se presenten, siempre que el tribunal no haya emitido el acuerdo correspondiente."
"Artículo 233. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:
"...
"V. Si las partes no concurren o no llegaren a un acuerdo, se les tendrá por inconformes con todo arreglo conciliatorio y se pasará a la etapa de demanda y excepciones."
"Artículo 235. La etapa de demanda y excepciones se llevará a cabo aun cuando no concurran las partes. Si el actor no comparece a la audiencia, se tendrá por reproducido en vía de demanda su escrito inicial. Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda."
"Artículo 236. Al concluir la etapa de demanda y excepciones se pasará inmediatamente a la de ofrecimiento y admisión de pruebas."
"Artículo 237. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes:
"I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte, y aquél, a su vez, podrá objetar las del demandado;
"II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. En el caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez días hábiles siguientes, a fin de preparar, dentro de este lapso, las pruebas correspondientes a tales hechos; y
"III. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el tribunal resolverá inmediatamente sobre su admisión."
Ahora bien, como el apoderado del enjuiciado no compareció a las etapas de conciliación, demanda y excepciones de la audiencia de ley, procedió que la resolutora le hiciera efectivo el apercibimiento decretado, teniéndole por inconforme con todo arreglo conciliatorio, y contestada la demanda en sentido afirmativo, como lo prevén los artículos 233, fracción V y 235 transcritos; sin embargo, debido a que después de iniciar la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, se hizo constar que en ese acto compareció el representante del demandado, fue legal que después de que la actora propuso las correspondientes, el apoderado del ********** ofreciera sus probanzas y objetara las de su contraria, ya que la juzgadora no había dictado el acuerdo respectivo, actualizándose así la hipótesis prevista en el numeral 232 aludido.
Además, aun cuando el enjuiciado no asistió al periodo de demanda y excepciones, generando que se le tuviera por contestado el libelo inicial en sentido afirmativo, resultaba procedente que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, propusiera las que estimara convenientes, a fin de acreditar que no existió el despido y que no eran ciertos los hechos afirmados en el primer ocurso, dado que corresponden a dos de las tres hipótesis previstas por el precepto 235 referido, e incluso, con fundamento en el mismo, el apoderado del Ayuntamiento indicó, que "... se ofrecen como pruebas en contrario, tendientes a acreditar la inexistencia del despido que aduce la actora en su escrito inicial de demanda, así como que tampoco son ciertos los hechos afirmados por dicha actora en su demanda ..." (fojas 27 vta. 28).
En esas condiciones, el ofrecimiento de las pruebas del enjuiciado, se ubicó en las hipótesis que establece el numeral 235, de la ley burocrática local.
Consecuentemente, se reitera, la juzgadora en forma legal admitió los elementos de convicción del **********, en la resolución de la reserva sobre admisión de pruebas, del diecisiete de noviembre de dos mil seis.
Por otro lado, la inconforme argumenta, en síntesis, que en el desahogo de la confesional a su cargo, la responsable calificó las posiciones articuladas por el demandado, en forma indebida, en particular la número 4, en virtud de las razones que la peticionaria precisa.
Es inatendible dicho planteamiento, dado que el desahogo de tal probanza, consta en la audiencia del primero de septiembre de dos mil cuatro, sin embargo, quedó sin efectos debido a que este tribunal, en la ejecutoria dictada el diecinueve de octubre de dos mil seis, en el juicio de garantías número DT. 894/2006, promovido por la actora en contra del primer laudo, concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable "... deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a partir del acuerdo de fecha once de junio de dos mil cuatro, dictando otro proveído en su lugar, en el que subsane la irregularidad precisada en esta ejecutoria." (foja 141 vta.), lo cual cumplió la juzgadora el diecisiete de noviembre de dos mil seis (foja 144); por ende, ya no generó efectos jurídicos lo vinculado con la calificación de las posiciones y el desahogo de la confesional a cargo de la accionante, máxime cuando no consta que hubiera sido desahogada con posterioridad a la reposición del procedimiento mencionado.
Con independencia de los argumentos relativos al fondo del asunto, este Tribunal Colegiado de Circuito en suplencia de la deficiencia de la queja, regulada en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, advierte que por diversos motivos, se configura la violación procesal establecida en la fracción III del precepto 159, de la misma legislación, conforme a los razonamientos siguientes:
1. **********, demandó al **********, el pago de indemnización constitucional, salarios caídos y otras prestaciones, apoyándose en los hechos que narró, entre ellos, que el dieciocho de noviembre de dos mil tres, fue despedida del empleo en las circunstancias narradas.
2. En la audiencia del seis de mayo de dos mil cuatro, ante la incomparecencia del enjuiciado, se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo (foja 27).
A continuación, se turnó a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual asistió el apoderado del **********.
La actora en el escrito relativo, propuso la confesional a cargo del demandado; la confesional para hechos propios a cargo de **********; la inspección ocular en los términos precisados; las documentales correspondientes a las copias de los recibos de pago salarial puntualizados, así como su cotejo; la instrumental derivada del juicio 951/2002; la presuncional e instrumental (fojas 11-15).
Sin embargo, en tal audiencia desistió de algunos de los incisos de la inspección ocular y de la probanza número 4 (foja 27 vta.).
El representante del demandado, ofreció la confesional a cargo de la actora; la testimonial a cargo de testigo 1, testigo 2 y testigo 3; la instrumental; la presuncional; y la copia del recibo de nómina del primero al quince de noviembre de dos mil tres (foja 21).
Las partes formularon las objeciones respectivas.
La autoridad se reservó el acuerdo sobre la admisión de las probanzas (foja 29).
3. El once de junio de dos mil cuatro, resolvió dicha reserva, pero al calce de la actuación, no constan las firmas del ********** y del ********** denominado ********** (fojas 30-31).
4. Desahogadas las pruebas y agotado el procedimiento, el treinta de marzo de dos mil seis, la juzgadora dictó un primer laudo (fojas 84-89).
5. Al no estar de acuerdo con el fallo, la accionante promovió en este órgano jurisdiccional, el juicio constitucional número DT. 894/2006, en cuya ejecutoria del diecinueve de octubre de dos mil seis, otorgó el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable "... deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a partir del acuerdo de fecha once de junio de dos mil cuatro, dictando otro proveído en su lugar, en el que subsane la irregularidad precisada en esta ejecutoria."
Tal determinación la sustentó, en lo conducente, en que: "... del examen a las constancias que integran el sumario relativo al juicio laboral de origen, particularmente de la simple vista del auto de once de junio de dos mil cuatro, en el que se provee sobre la reserva decretada en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia trifásica y se acordó acerca de las probanzas propuestas por los contendientes, se aprecia que la autoridad responsable vulneró el contenido del artículo 229 de la ley burocrática local, pues en tal proveído falta la firma de dos de los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, esto es, la del ********** y del ********** denominado **********."
6. La resolutora, en acatamiento a la ejecutoria indicada, pronunció el acuerdo que se reproduce enseguida:
Se suprimieron tres imágenes
7. El veintidós de noviembre ulterior, la responsable acordó de conformidad, el escrito de **********, en el cual renunció al cargo de apoderado del **********; el ocurso de **********, ********** e **********, en el que se apersonaron con el carácter de apoderados del demandado, en términos de la carta poder exhibida; y la promoción del **********, en la que solicito copia certificada del laudo (foja 153).
8. El ocho de diciembre de dos mil seis, se notificaron a las partes, los acuerdos del nueve y diecisiete de noviembre (fojas 154-155).
9. El dieciocho de diciembre siguiente, la resolutora apoyándose en que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, ya que las restantes se desahogaban por su propia naturaleza, concedió a las partes el término precisado, para que formularan por escrito sus alegatos, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se les tendría por perdido el derecho para alegar (foja 156).
10. El dieciocho de enero de dos mil siete, en atención a que los contendientes no formularon sus alegatos, se les aplicó el apercibimiento relativo, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos al **********, para que efectuara el proyecto de laudo (foja 157).
11. El treinta y uno de julio posterior, la juzgadora dictó un segundo fallo (fojas 158-161), que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional.
12. El cinco de junio del mismo año, este Tribunal Colegiado de Circuito tuvo por cumplida la ejecutoria, dictada en el juicio de garantías DT. 894/2006.
Ahora bien, como ya se estableció, este órgano jurisdiccional, el diecinueve de octubre de dos mil seis, en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo DT. 894/2006, promovido por la actora **********, concedió la Protección Federal solicitada, para el efecto de que la responsable "... deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a partir del acuerdo de fecha once de junio de dos mil cuatro, dictando otro proveído en su lugar, en el que subsane la irregularidad precisada en esta ejecutoria." (foja 141 vta.).
Al respecto, la autoridad el diecisiete de noviembre de dos mil seis, pronunció resolución con la cual manifestó que daba cumplimiento al fallo protector, e incluso, al principio de la misma puntualizó: "I. En cumplimiento a la ejecutoria, se deja insubsistente el laudo emitido por este tribunal en fecha treinta de marzo de dos mil seis, y se repone el procedimiento a partir del acuerdo de fecha once de junio de dos mil cuatro, referente al auto de admisión de pruebas, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." (foja 144); enseguida, para resolver la reserva decretada, en la audiencia del seis de mayo, acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, admitiendo algunas y desechando otras en los términos descritos, también señaló fechas y horas para los respectivos desahogos, advirtiendo este Tribunal Colegiado, que las fechas son incongruentes, ya que son anteriores a las de la propia resolución, porque corresponden a los meses de agosto y septiembre de dos mil seis.
De lo precisado, se advierte que la responsable después de la mencionada resolución, no siguió con la secuela procesal, desahogando las pruebas aportadas al juicio que así lo requerían, ya que únicamente aparece el acuerdo del veintidós de noviembre ulterior, en relación con los tres escritos presentados, las diligencias del ocho de diciembre, mediante las que se notificó a las partes, los acuerdos del nueve y diecisiete de noviembre, el auto del ocho de diciembre, en el que se les otorgó término para formular alegatos y el del dieciocho de enero de dos mil siete, en el que se les tuvo por perdido el derecho para realizarlos, turnando los autos para la elaboración del proyecto de laudo; por consiguiente, se actualiza la transgresión procesal consignada en la fracción III del numeral 159, de la Ley de Amparo, ya que aun cuando la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio constitucional DT. 894/2006, precisó que reponía el procedimiento a partir del acuerdo del once de junio de dos mil cuatro, después de acordar lo vinculado con el ofrecimiento de las pruebas de las partes, asimismo, señalar fechas y horas para los desahogos respectivos, se reitera, ya no continuó con el procedimiento, es decir, no desahogó las probanzas que admitió y así lo requirieran, limitándose a dictar el laudo, basándose para ello en el examen y valoración, de pruebas jurídicamente inexistentes, al haber quedado insubsistentes con motivo de la mencionada reposición procesal, lo que implica la trascendencia respecto a lo determinado en el fallo en perjuicio de la quejosa.
Este órgano jurisdiccional, sostuvo similar criterio al resolver, entre otros, el juicio de garantías número DT. 773/2005, promovido por **********.
En este orden de ideas, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo combatido y reponga el procedimiento, proveyendo lo relativo para el desahogo de las probanzas y la continuación del procedimiento como corresponda.
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 76, 77, 78, 80 y 190, de la Ley de Amparo; 35, primer párrafo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO. Para el efecto precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en el laudo dictado el treinta y uno de julio de dos mil siete, en el expediente laboral 132/2004.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que integran los Magistrados, presidente Arturo García Torres, José Luis Guzmán Barrera y Alejandro Sosa Ortiz, siendo relator el segundo de los nombrados.
En términos de los artículos 3, fracciones I, II, III y XIV, inciso c), 8, 9, 13, fracción V, 14, fracción IV, 15 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en el artículo 85, párrafo cuarto, del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22995-b1da52d5/violacion-procesal-se-actualiza-si-la-autoridad-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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