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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ IMPEDIDO PARA ANALIZAR VIOLACIONES PROCESALES CUANDO SE RECURRE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 331/2007. · Registro digital (IUS): 21914
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 1909.

AMPARO DIRECTO 331/2007. **********

CONSIDERANDO:

QUINTO. El concepto de violación que se analizará resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en la medida que se estudia en términos de la jurisprudencia 109, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 86, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

En principio, cabe destacar que el presente asunto resulta procedente, en virtud de que si bien es cierto que la resolución reclamada fue emitida en cumplimiento a la concesión de amparo otorgada en el diverso juicio de garantías ********** también lo es que, como se observa de antecedentes, a la responsable se le dio plenitud de jurisdicción para resolver; según se advierte de la parte conducente de la ejecutoria de dicho juicio, que dice: "... Consecuentemente, en términos del arábigo 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede en la especie es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deje insubsistente la resolución de seis de febrero de dos mil siete, pronunciada en el toca de apelación ********** y con plenitud de jurisdicción, emita otra como en derecho corresponda ..."

Por compartir el criterio, se cita la jurisprudencia 865, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a foja 592, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "JUICIO DE GARANTÍAS, ES PROCEDENTE CONTRA LA CUMPLIMENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO SE OTORGA PLENITUD DE JURISDICCIÓN. Es procedente el juicio de garantías contra la resolución que dé cumplimiento a una ejecutoria de amparo, cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la responsable para resolver determinados aspectos alegados por las partes en el juicio de garantías, aun cuando pudiera estimarse que parte de los argumentos expuestos en los conceptos de violación, actualicen el supuesto del recurso de queja, pues no es factible, desde el punto de vista jurídico, dividir la continencia de la causa."

También cabe invocar, la tesis de este órgano colegiado visible a foja 814, Tomo XIV, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: "SENTENCIAS. CONGRUENCIA DE LAS. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los considerandos de la misma aplican elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o no son congruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues esto provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances."

Por otro lado, debe señalarse que lo resuelto por la autoridad responsable, atañe a una cuestión de índole procesal, por tratarse de un caso análogo al establecido por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder."

Se dice lo anterior, pues según se observa de la sentencia reclamada, la Sala para resolver dejando insubsistente el fallo de primer grado examinó, entre otros, el auto de tres de febrero de dos mil cinco, en el que según sostuvo, la Juez natural acordó tener por finalizado, por ministerio de ley, el juicio de desocupación y pago de rentas; concluyendo que como el mismo no había sido impugnado, fue ilegal que dicha juzgadora siguiera con el procedimiento y dictara sentencia definitiva.

Al respecto, aduce el quejoso, en esencia, que el fallo de segundo grado deviene ilegal, pues el tribunal de alzada está impedido para conocer de cuestiones procesales, citando en su apoyo la jurisprudencia intitulada: "APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA SENTENCIA."

Lo anterior resulta sustancialmente fundado, por lo siguiente:

En el caso a estudio, el artículo 478 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, dice lo siguiente: "Artículo 478. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la sentencia."

De lo anterior se advierte que en el precepto de mérito se establece como objeto del recurso de apelación, la confirmación, revocación o modificación de la sentencia o auto dictado en primera instancia.

De la naturaleza jurídica del recurso de apelación destacan como características del mismo: 1) Que su objeto, tal como se establece en el precepto transcrito, es revocar o modificar la sentencia dictada en primera instancia; y, 2) Que en dicho recurso no existe el reenvío, de tal manera que el tribunal de apelación debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, los errores u omisiones en que haya incurrido la ad quem en la sentencia apelada.

Por ende, si el objeto del recurso es que el superior revoque o modifique la resolución apelada, no pueden introducirse para su examen cuestiones extrañas a ese objeto, en la especie, ocuparse del análisis de violaciones procesales, pues considerando que el objeto del recurso es revocar o modificar la sentencia apelada, su examen se limita a analizar los errores u omisiones cometidos en éstos, lo cual excluye los cometidos fuera de los mismos como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar a la Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda considerarse que el tribunal de alzada deba sustituirse a la a quo a fin de subsanar tal violación procesal, toda vez que su función es revisora.

Sin que obste a lo anterior que el diverso numeral 508 del aludido código adjetivo de la materia exprese: "Artículo 508. La sentencia de segunda instancia sólo tomará en consideración los agravios expresados, sin que pueda fundarse en teorías o en doctrinas, que no hayan sido propuestas en los agravios y en su contestación, ni citadas en la sentencia recurrida."

Se dice que no es obstáculo dicho arábigo, pues si bien es cierto que ordena a las Salas Civiles de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que al conocer del recurso de apelación se pronuncien sobre los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir el precepto si son de índole procesal o sustantiva, también lo es que atendiendo a las consideraciones mencionadas en los párrafos precedentes, debe concluirse que en el recurso de apelación no pueden analizarse las violaciones procedimentales que se planteen en los agravios; además de que tampoco de ningún otro precepto del mencionado ordenamiento procesal se advierte la posibilidad de que la ad quem se ocupe del análisis de dichas violaciones. Así pues, aunque el apelante ********** expuso el agravio respectivo, como lo aduce el peticionario, el tribunal de alzada estaba impedido de analizarlo.

En iguales términos se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil, que resolvió la contradicción de tesis 8/99, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

En efecto, en dicha ejecutoria se sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Debe precisarse que la presente contradicción de criterios se reduce a determinar si, de conformidad con el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el tribunal de alzada tiene obligación de examinar en la apelación del fallo de primer grado, las violaciones procesales que se planteen en los agravios, pues lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con relación a la preparación del juicio de amparo a la luz de los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 161, fracción II, de la Ley de Amparo, no fue abordado de modo alguno por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, lo cual hace evidente la inexistencia de contradicción en este aspecto. El mencionado artículo 423, es del tenor siguiente: ‘Artículo 423. El recurso de apelación tiene por objeto que la Sala Civil del tribunal, confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados.’. De lo anterior se advierte que en el precepto de mérito se establece como objeto del recurso de apelación, la confirmación, revocación o modificación de la sentencia o auto dictado en primera instancia. Ahora bien, de la naturaleza jurídica del recurso de apelación destacan como características del mismo: 1) que su objeto, tal como se establece en el precepto antes transcrito, es confirmar, revocar o modificar la sentencia dictada en primera instancia; y 2) que en dicho recurso no existe el reenvío, de tal manera que el tribunal de apelación debe examinar y resolver con plenitud de jurisdicción los errores u omisiones en que haya incurrido el a quo en la sentencia apelada. Así, si el objeto del recurso es que el superior confirme, revoque o modifique la resolución apelada, no pueden introducirse para un examen cuestiones extrañas a ese objeto, constituyéndose, por tanto, la materia del recurso, con los agravios expuestos contra la resolución recurrida y las consideraciones que la sustentan. Todo lo anterior pone de manifiesto la inexacta interpretación que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito hace del artículo 423 transcrito, en el sentido de que la Sala de apelación se debe ocupar del análisis de violaciones procesales, pues considerando que el objeto del recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia apelada, su examen se limita a analizar los errores u omisiones cometidos en éstos, lo cual excluye los cometidos fuera de los mismos como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además al no existir reenvío, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda considerarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar tal violación procesal, toda vez que su función es revisora. En tales condiciones, si bien es verdad, como lo señala el mencionado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ordena a las Salas Civiles de Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, que al conocer del recurso de apelación se pronuncien sobre los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir el precepto si son de índole procesal o sustantiva, lo cierto es que atendiendo a las consideraciones mencionadas en los párrafos precedentes, debe concluirse que en el recurso de apelación no pueden analizarse las violaciones procedimentales que se planteen en los agravios; además de que tampoco de ningún otro precepto del mencionado ordenamiento procesal se desprende la posibilidad de que la ad quem se ocupe del análisis de dichas violaciones ..."

De lo anterior emanó la jurisprudencia 1a./J. 8/2001, de la propia Primera Sala, visible a foja 5, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil uno, que dice: "APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios."

La anterior conclusión toma mayor fuerza, si se observa de autos que el proveído de tres de febrero de dos mil cinco, en que la Sala responsable sostuvo su conclusión, no fue el único evento procesal respecto del tópico de que se trata.

En efecto, de constancias se advierte que mediante proveído de dos de septiembre de ese mismo año (desde luego, con posterioridad al citado), la actual Juez del conocimiento, con motivo de la promoción presentada por el actor, aquí quejoso, citó a las partes para oír sentencia (foja cuatrocientos noventa y nueve).

Inconforme, el demandado interpuso revocación, recurso que fue admitido el seis de octubre siguiente (fojas quinientos siete a quinientos nueve), el cual fue resuelto el treinta de enero de dos mil seis, en el sentido de no revocar el auto de dos de septiembre señalado, por el que, como se precisó, citó la Juez a las partes para oír sentencia; ello bajo la consideración sustancial de que se observaba de constancias que el actor promovió dos acciones distintas y acumuladas, en la especie: la desocupación y entrega del bien arrendado, y el pago de rentas, por lo que el lanzamiento cumplido con motivo del incidente que se promovió, no impedía resolver sobre el pago de rentas reclamadas, que no sólo constituye un derecho sino un elemento del contrato (fojas quinientos setenta y cinco y quinientos setenta y seis).

De esta manera es claro que la Sala se ocupó indebidamente de una cuestión de índole procesal envuelta, incluso, por diverso proveído y resolución de revocación señalados, en tanto que, como se dijo, se encuentra impedida para tal efecto, habida cuenta que en términos del artículo 161, fracción II, de la Ley de Amparo, la reiteración del aspecto procesal en cuestión (auto de tres de febrero de dos mil cinco), a través de los agravios que el apelante, aquí tercero perjudicado, hizo valer en la apelación contra la sentencia definitiva, sólo tiene como finalidad preparar su estudio en el juicio de amparo, mas no con el objeto de que sean analizados por la Sala Civil correspondiente, en consecuencia, no existe precepto legal que permita u obligue al tribunal de alzada a conocer en la apelación, en contra de la sentencia de fondo, violaciones de carácter procesal, porque la reiteración de aquéllas en los agravios sólo es con la finalidad de dar cumplimiento con el requisito de naturaleza formal que prevé el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Carta Magna.

Por su aplicación al caso, también conviene invocar la jurisprudencia número I.6o.C. J/46, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1706 del Tomo XIX, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil cuatro, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LA AD QUEM DE ANALIZARLAS EN LA ALZADA. No existe precepto legal alguno que obligue al tribunal de alzada a que en la sentencia de segundo grado, analice violaciones de carácter procesal, dado que el objetivo primordial de que se haga la reiteración de aquéllas en los agravios que se expresen en el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en la primera instancia, sólo es con la finalidad de dar cumplimiento con el requisito de naturaleza formal que prevé el artículo 107, fracción III, inciso a), de nuestra Ley Fundamental."

En las anteriores condiciones, ante lo sustancialmente fundado del concepto de violación examinado, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución de dos de julio de dos mil siete, emitida en el toca de apelación ********** y, en su lugar, emita otra en la que se abstenga de examinar la violación procesal aducida por ********** materia de esta ejecutoria; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción pase a examinar los restantes agravios y resuelva conforme a derecho corresponda.

Lo anterior hace innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad, en términos de la jurisprudencia número VI.2o. J/316, sostenida por este Tribunal Colegiado, antes de su especialización, visible a foja 83 de la Gaceta 80 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre estos."

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracciones III y IX, de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en el penúltimo párrafo del considerando quinto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto que reclamó de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia dictada el dos de julio de dos mil siete, en el toca ********** que dejó insubsistente la pronunciada por la Juez Décimo Segundo de lo Civil de Puebla, en el expediente ********** relativo al juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas, promovido por el hoy quejoso, en contra de **********.

Notifíquese, envíese testimonio de esta resolución a la autoridad responsable, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente la tercera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21914-9a49c852/apelacion-el-tribunal-de-alzada-esta-impedido-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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