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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ EL ACTO RECLAMADO, QUE POR REGLA GENERAL SON DE ESTUDIO PREFERENTE, DEPENDEN DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLA REALIZÓ LA RESPONSABLE, POR EXCEPCIÓN, DEBE ANALIZARSE ÉSTA PRIMERO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 317/2007. · Registro digital (IUS): 22559
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2832.

AMPARO DIRECTO 317/2007. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son ineficaces en una parte e infundados en otra, por las razones que se vierten a continuación:

En síntesis, señala que la Sala responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales y 237 del Código Fiscal de la Federación, bajo la óptica de que la sentencia materia del acto reclamado omitió atender a todos y cada uno de los conceptos de nulidad expuestos en la demanda de origen, concretamente que sólo se analizó una parte del inciso A) del primer concepto de impugnación, omitiéndose el estudio del resto, al igual que de lo señalado en los diversos incisos B), C), E) y F) y el segundo concepto de nulidad.

Precisa que en los citados puntos adujo que el artículo 17, fracción X, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, no prohíbe la devolución de saldo a favor y debe considerarse permitida pues para estimar lo contrario debía establecerse expresamente en la ley la prohibición, como sucede en las diversas fracciones VI y VII de ese ordenamiento, estimando innecesaria la precisión del referido derecho y que el numeral 22 del Código Fiscal de la Federación dispone que deben devolverse las cantidades que procedan conforme a la legislación fiscal.

Que en la sentencia no se atendió al argumento de la interpretación armónica y sistemática de las fracciones VI, VII y VIII, en relación con la X del mencionado artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación, ni al señalamiento de que del decreto por el que se otorgó el estímulo a que alude la última de tales fracciones se puede deducir tácitamente la procedencia de la devolución de que se trata, así como que el fin último de la disposición es impulsar el autotransporte, pues de lo contrario el contribuyente que adquirió combustible en el país seguiría en desigualdad respecto del precio obtenido por quien lo adquirió en el sur de Texas, Estados Unidos de América, omitiéndose también el análisis del argumento de que para la interpretación debe acudirse supletoriamente a los principios generales del derecho, a la teleología, naturaleza y objetivos de la norma.

Manifiesta que en el segundo concepto de nulidad combatió la falta de fundamentación y motivación de la resolución tildada de nula, en tanto determinó que el artículo 17, fracción X, de la Ley de Ingresos de la Federación no contempla el derecho a la devolución de que se trata y que éste se encuentra dirigido a un grupo específico de contribuyentes; empero, no precisó a qué tipo de contribuyentes se refirió.

Alude que no se atendieron sus alegatos y que lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación es inaplicable en tanto que el multicitado numeral 17, fracción X, de la Ley de Ingresos de la Federación, no establece la imposición de ninguna carga fiscal, sino un beneficio o estímulo, por lo cual estima válido aplicar cualquier método de interpretación jurídica para desentrañar el sentido de la ley, incluyendo los principios generales del derecho.

Señala que en la época en que la parte quejosa se aplicó el beneficio de que se trata no existía disposición que lo prohibiera, como sí se estableció con posterioridad en la adición del artículo 25-A del Código Fiscal de la Federación, de fecha veintinueve de junio de dos mil seis, en que se determinó que la aplicación de los estímulos fiscales únicamente puede realizarse hasta por el monto de las contribuciones que resulten a cargo de los contribuyentes, agregando que tal circunstancia confirma su apreciación y que además lo hizo valer en la demanda, empero no fue considerado por la Sala.

Manifiesta que es inexacta la apreciación de la responsable en el sentido de que el mencionado artículo 17, fracción X, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2003, determine que las cantidades que se tiene derecho a acreditar correspondan al impuesto especial sobre producción y servicios que inicialmente pagaron los contribuyentes al adquirir diesel, pues el estímulo fiscal ahí previsto corresponde al acreditamiento de la diferencia de precios del diesel en México con el de la zona sur de Texas, Estados Unidos de América.

Refiere que la sentencia materia del acto reclamado es incongruente, en la medida que, por un lado, considera que se puede generar y se generó un saldo a favor, lo cual es contrario a lo determinado por la autoridad fiscal en la resolución administrativa y, por otra parte, resuelve confirmar dicha resolución. Adicionalmente, indica que la litis planteada consistía en dilucidar sobre la procedencia de la devolución del saldo a favor obtenido y no la determinación del saldo a favor.

En su segundo concepto de violación manifiesta que el primer acto de aplicación de la norma impugnada se actualizó en su perjuicio con el dictado de la resolución que le negó la devolución del saldo a favor, habiendo optado por combatirla por los medios ordinarios de defensa, esto es, el juicio de nulidad.

Señala que la fracción X del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2003 es inconstitucional, en tanto que el beneficio ahí contenido no aplica de igual manera para todos los contribuyentes sin justificación alguna; que la teleología de la norma obedece a la necesidad de impulsar la actividad del autotransporte de efectos ante la competencia que se tiene con personas residentes en los Estados Unidos de América, quienes pueden prestar el mismo servicio que los nacionales pero obteniendo el combustible a precios más bajos que los de nuestro país y que la intención del legislador fue igualar las condiciones de los residentes en México con los del país vecino del norte.

Precisa que la concepción del numeral en el sentido de limitar el beneficio ahí establecido, conlleva un trato desigual respecto de los contribuyentes al sujetarlos a la medida en que generen un cargo o impuesto sobre la renta, pues quien tenga una carga impositiva por la totalidad de la diferencia de precios del combustible, entre un país y otro, puede recuperar el cien por ciento del beneficio y quien lo genera por cantidad inferior no podrá utilizar el cien por ciento del beneficio, estimando que tal situación no guarda relación con el objeto del beneficio y no es justificable en tanto que el respeto a la garantía de igualdad consiste en que no se limite el uso del beneficio, de modo que todos los beneficiados puedan disfrutarlo en igual medida, es decir, en su totalidad, por el monto de las diferencias del precio del diesel que el numeral establece.

Ahora bien, congruente con las tesis 2a. CXIX/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 395 del Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.", y la diversa P. XLIII/94, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, página 41, de rubro: "REVISIÓN. CUANDO LA OPERANCIA DEL ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEPENDE DE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBA DARSE A LA MISMA, DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE ESTA CUESTIÓN.". Por regla general, en los juicios de amparo directo se analiza en primer término, el aspecto de constitucionalidad planteado, pues de considerarse inconstitucional la norma en que se fundó el acto reclamado, se concedería el amparo para que se dejara insubsistente y se emitiera otro en el que la autoridad responsable ya no podría fundar en dicha norma, generando mayores beneficios que una protección de garantías respecto de la resolución reclamada por violación al principio de legalidad, para lo cual, en principio, debe precisarse si la sentencia materia del acto reclamado se apoyó en la norma que se tilda de inconstitucional, ello en razón de que el supuesto contrario acarrearía la inoperancia de los argumentos de inconstitucionalidad planteados.

En la especie, de las constancias del juicio de origen y concretamente de la sentencia materia del acto reclamado, se advierte que sí se fundó en la fracción X del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003; en ese contexto y atendiendo a que los conceptos de violación del planteamiento de inconstitucionalidad de ese numeral se hacen depender de la interpretación que del mismo realizó la autoridad responsable en la sentencia materia del acto reclamado, habida cuenta que consideró que el citado precepto no contempla el derecho a la devolución de cantidades que resultaran a favor del contribuyente en virtud del beneficio fiscal ahí establecido, por lo que, previo al análisis del planteamiento de inconstitucionalidad, este órgano colegiado habrá de pronunciarse sobre la citada interpretación de la responsable, ya que de resultar incorrecta, lo procedente sería conceder el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y se emitiera uno nuevo con base en la interpretación que de la norma fijara este tribunal, lo cual, por razones obvias, haría innecesario el pronunciamiento sobre su constitucionalidad.

Tiene aplicación, en lo sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 107/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 299, Tomo XXIV, agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY NO PUEDE DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. III/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 10, sostuvo que entre las cuestiones constitucionales materia del recurso de revisión en amparo directo, se encuentra la de fijar el justo alcance de la norma impugnada, por lo que al conocer este Alto Tribunal de dicho recurso, debe partir de su propia interpretación, con independencia de que sea diversa a la del Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del amparo directo. En ese sentido, la inconstitucionalidad de la ley no puede derivar de la interpretación que de ella realizó la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, o el Tribunal Colegiado al resolver las cuestiones de legalidad hechas valer en el amparo directo o en la revisión fiscal, en tanto que la inconstitucionalidad de una norma depende de sus características propias y de circunstancias generales."

Ahora bien, es inexacta la apreciación de la quejosa, en el sentido de que la Sala omitiera el análisis de todos y cada uno de los motivos de nulidad que hizo valer en su demanda, toda vez que del considerando tercero de la sentencia se advierte que la responsable señaló realizar su estudio de manera conjunta por su estrecha relación y precisó que la litis en el juicio se constriñó a determinar si procedía la devolución de cantidad proveniente del estímulo fiscal establecido en la fracción X del artículo 17 de la indicada Ley de Ingresos de la Federación. Al análisis del numeral advirtió que otorga un beneficio a las personas que adquirieron diesel para su consumo final y para uso automotriz en vehículos destinados exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, consistente en el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios contra el impuesto sobre la renta o impuesto al activo a cargo.

Asimismo, consideró que de la interpretación armónica de los artículos 22 y 25 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el fisco federal está obligado a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, y que los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar los impuestos a cargo a través del acreditamiento de los estímulos fiscales, concluyendo que dicho acreditamiento tiene naturaleza de compensación de un crédito a cargo contra otro a favor derivado de un estímulo fiscal. Que de conformidad con el segundo de los citados numerales, un impuesto se tiene por efectivamente pagado cuando el sujeto activo entera al fisco el importe del crédito fiscal, entre otras formas, a través del acreditamiento de estímulos fiscales.

Determinó que si bien en la especie se pagaron impuestos por medio de acreditamiento, la fracción X del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, no especifica la procedencia de la devolución del saldo que pudiera surgir como consecuencia de la aplicación del estímulo fiscal ahí concedido y, por ello, declaró válida la resolución objeto del juicio de nulidad.

Al efecto señaló que de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, interpretado a contrario sensu, las autoridades no están obligadas a devolver cantidades que no procedan conforme a las leyes, y si el mencionado numeral no prevé expresamente que los contribuyentes tengan derecho a solicitar devolución de saldos a favor, la autoridad hacendaria no está obligada a devolverlos, en tanto que la obligación se surte únicamente sobre cantidades determinadas expresamente en la ley. Precisó que no es obstáculo la inexistencia de prohibición y del principio jurídico de que lo no prohibido está permitido, considerando que de conformidad con el artículo 5o. del citado código, las normas fiscales son de aplicación estricta.

De ahí que contrariamente a lo señalado por la parte quejosa, la Sala sí atendió a las causas de nulidad expuestas en el juicio natural, toda vez que si bien no las precisó, las analizó en su conjunto, y de manera genérica expuso los razonamientos por los que consideró infundadas las inconformidades relativas, citando los preceptos y el criterio jurisprudencial en que fundó su determinación; de ahí que es inexacto que la sentencia resulte contraria al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.

No pasa desapercibido para este tribunal el señalamiento hecho en la sentencia respecto de que el impuesto sobre producción y servicios acreditable es el monto que inicialmente pagaron los contribuyentes al adquirir diesel, y que vía estímulo fiscal tienen derecho a acreditar, en tanto que el derecho que concede el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, en su fracción X, consiste en el acreditamiento respecto del monto que resulte necesario para que en el mes de que se trate, el precio del diesel, sin considerar impuesto al valor agregado, sea equivalente al precio promedio del mes anterior de dicho combustible en la zona sur de Texas, Estados Unidos de América, sin incluir el impuesto al valor agregado o a las ventas que en su caso se aplique en esa zona, esto es, que podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta o el activo a cargo la diferencia entre el costo del mencionado combustible en México y el de la zona sur de Estados Unidos de América; sin embargo, tal circunstancia, la aplicación del estímulo, se encuentra sujeta por el propio numeral a los cálculos correspondientes que realice la autoridad tributaria a fin de determinar el factor aplicable, precisando que éste se aplicará sobre el monto del impuesto especial sobre producción y servicios que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que expidan las agencias o distribuidoras autorizadas, de modo que éste es tomado en cuenta por la autoridad al efecto.

No obstante lo anterior, la determinación a que arribó la responsable no radica en dicha consideración, por lo cual deviene ineficaz el concepto de violación relativo.

Igual consideración debe hacerse respecto de que la autoridad administrativa señaló en la resolución que el beneficio de que se trata se encuentra dirigido a un grupo específico de contribuyentes, y que no precisó a qué tipo de contribuyentes se refirió, toda vez que la quejosa no indica el motivo por el cual dicha aseveración le irrogue perjuicio o la razón por la cual debiera estimarse que es equivocada tal determinación.

En otro aspecto, se abordan los conceptos de violación referentes a la interpretación del artículo 17, fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, mismos que resultan en una parte infundados y en otra inoperantes, según se verá a continuación.

El citado numeral establece lo siguiente:

"Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2003, se estará a lo siguiente:

"I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades de los sectores agropecuario y forestal, consistente en permitir el acreditamiento de la inversión realizada contra una cantidad equivalente al impuesto al activo determinado en el ejercicio, mismo que podrá acreditarse en ejercicios posteriores hasta agotarse. Igual estímulo se otorgará para el sector forestal en lo relativo a inversiones en protección, conservación y restauración cuando se refieran a construcción de torres contra incendios, caminos forestales, viveros de alta productividad, brechas corta fuego, equipo y mobiliario contra incendios, laboratorios de sanidad, habilitación y pagos de jornales a brigadas contra incendios forestales.

"II. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los contribuyentes residentes en México que se dediquen al transporte aéreo o marítimo de personas o bienes por los aviones o embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, en los siguientes términos:

"a) Tratándose de aviones o embarcaciones arrendados, acreditarán contra el impuesto al activo a su cargo, el impuesto sobre la renta que se hubiera retenido de aplicarse la tasa del 21% en lugar de la tasa del 5% que establece el artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a los pagos por el uso o goce de dichos bienes, siempre que se hubiera efectuado la retención y entero de este impuesto y que los aviones o embarcaciones sean explotados comercialmente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes.

"b) En el caso de aviones o embarcaciones propiedad del contribuyente, el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplicará por el factor de 0.1 tratándose de aviones y por el factor de 0.2 tratándose de embarcaciones, y el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos contribuyentes respecto de dichos bienes conforme al artículo mencionado.

"Los contribuyentes a que se refiere esta fracción que hubieran ejercido la opción a que se refiere el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo, podrán efectuar el cálculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto lo dispuesto en esta fracción.

"Los contribuyentes a que se refiere esta fracción, no podrán reducir del valor del activo del ejercicio las deudas contratadas para la obtención del uso o goce o la adquisición de los aviones o embarcaciones, ni aquellas que se contraten para financiar el mantenimiento de los mismos, por los que se aplique el estímulo a que la misma se refiere.

"III. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los almacenes generales de depósito por los inmuebles de su propiedad que utilicen para el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías, consistente en permitir que el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplique por el factor de 0.2; el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos contribuyentes respecto de dichos bienes, conforme al artículo mencionado.

"Los contribuyentes a que se refiere esta fracción, que hubieran ejercido la opción a que se refiere el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo, podrán efectuar el cálculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto lo dispuesto en esta fracción.

"IV. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en el monto total del impuesto que hubiere causado.

"V. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo por el monto total del mismo que se derive de la propiedad de cuentas por cobrar derivadas de contratos que celebren los contribuyentes con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública.

"VI. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y minero que adquieran diesel para su consumo final y siempre que dicho combustible no sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en:

"a) Maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras.

"b) Vehículos marinos y maquinaria utilizada en las actividades de acuacultura.

"c) Tractores, motocultores, combinadas, empacadoras de forraje, revolvedoras, desgranadoras, molinos, cosechadoras o máquinas de combustión interna para aserrío, bombeo de agua o generación de energía eléctrica, que se utilicen en actividades de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas; cría y engorda de ganado, aves de corral y animales; cultivo de los bosques o montes, así como en la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos.

"d) Vehículos de baja velocidad o bajo perfil, que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas, y siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Asimismo, los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras, independientemente del sector al que pertenezcan, podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción.

"VII. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

"a) Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel. Para estos efectos, el monto que dichas personas podrán acreditar será el que se señale expresamente y por separado en el comprobante correspondiente.

"En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que los contribuyentes antes mencionados podrán acreditar, será el que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores comercialicen a esas personas. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este inciso.

"b) Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas señaladas en el inciso c) de la fracción VI de este artículo, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el inciso anterior.

"Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.

"El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o, en su caso, contra el impuesto al activo, que se deba enterar, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general de a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"VIII. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere el inciso c) de la fracción VI del presente artículo, podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción VII que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que el mismo se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

"Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución, serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a $654.82 mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las secciones I o II del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,309.65 mensuales.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior, a más tardar el 31 de enero de 2003.

"Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a $654.82 mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de $6,905.56 mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del capítulo VII del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,309.65 mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de $13,091.11 mensuales.

"Las cantidades en moneda nacional establecidas en los párrafos anteriores, se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará los resultados de la actualización en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de los meses citados. La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del siguiente.

"Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos del inciso c) de la fracción VI de este artículo, distinguiendo entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicho inciso, del diesel utilizado para otros fines. Dicho registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

"Para obtener la devolución a que se refiere esta fracción, se deberá presentar la forma oficial 32 de devoluciones, ante la Administración Local de Recaudación que corresponda, acompañada de la documentación que la misma solicite, así como la establecida en la presente fracción.

"El derecho para la recuperación mediante acreditamiento o devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no lo acredite o solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

"Los derechos previstos en esta fracción no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

"IX. Para la aplicación del estímulo a que hace referencia el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente:

"a) Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien tendrá voto de calidad en la autoriza

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22559-7bdbbb5d/amparo-directo-cuando-los-conceptos-de-violacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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