CAREOS CONSTITUCIONALES. SON ILEGALES LOS DESAHOGADOS ENTRE EL INCULPADO Y LAS RESTANTES PERSONAS QUE DECLARARON EN EL PROCESO CUANDO INCORRECTAMENTE SE LES DENOMINE "PROCESALES" Y SE REALICEN OFICIOSAMENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL O A PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
AMPARO DIRECTO 211/2007.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación aducidos por el impetrante de garantías son infundados por las razones jurídicas que enseguida se exponen.
Antes de realizar el análisis de los conceptos de violación aducidos, este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues con las actuaciones remitidas por la autoridad responsable ordenadora, en apoyo de su informe justificado, se acredita que la sentencia reclamada deriva de la prosecución contra el sentenciado de la causa ... formada con motivo de que el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra por el delito contra la salud en la modalidad de comercio (en su hipótesis de venta), del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con los diversos numerales 193, párrafo primero y 13, fracción II (autor material), del Código Penal Federal; como se desprende del pliego de consignación con detenido respectivo.
El dieciséis de enero de dos mil tres se radicó la averiguación previa número ... con motivo de que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra del quejoso como probable responsable del delito mencionado, ratificándose su detención con fundamento en el artículo 16, párrafo sexto, constitucional; al día siguiente el impetrante de garantías rindió declaración preparatoria, haciéndosele saber su derecho de nombrar defensor, mismo que ejerció al designar al defensor público federal, quien lo asistió en esa diligencia; también aparece que quedó enterado del motivo de su detención, el delito que se le atribuía, la naturaleza y causa de la imputación, que no tenía derecho a gozar de la libertad provisional bajo caución, el nombre de las personas que declararon en su contra, así como el derecho de carearse con ellas si así lo solicitaba, a ser juzgado antes de un año, de que se le recibirían todas las pruebas que ofreciera, que tenía derecho a no declarar conforme a lo establecido por el artículo 20, apartado A, fracción II, constitucional, y expresó que no reconocía las firmas de su declaración ministerial, por no ser puestas de su puño y letra, ni ratificó el contenido de la misma, pues no dijo lo ahí narrado y se reservó su derecho a hacerlo con posterioridad; el Juez del proceso resolvió la situación jurídica dentro del plazo constitucional el diecinueve de enero siguiente, dictando auto de formal prisión contra el quejoso al estimarlo probable responsable en la comisión del ilícito supracitado; declaró abierto el proceso sumario y le indicó que tenía el término de tres días para optar por el procedimiento ordinario; ordenó la identificación administrativa del procesado, recabar el informe de ingresos anteriores a prisión que registrara y realizar el estudio de personalidad; y giró oficio al Instituto Federal Electoral, remitiéndose copia certificada de dicha resolución para los fines de su competencia, es decir, para los efectos de la suspensión de los derechos políticos del inculpado durante la tramitación de su proceso penal, resolución que fue notificada a las partes; con lo anterior se desprende que la otrora inconforme se le notificó del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
No pasa inadvertido que el procesado interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado en su contra, del que por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Unitario responsable, quien lo resolvió mediante sentencia de veintiséis de marzo de dos mil tres, dictada en el toca ... en la que confirmó la resolución recurrida.
El defensor público federal ofreció, mediante escrito recibido en la oficialía de partes del juzgado de origen el veintisiete de enero de dos mil tres, las pruebas consistentes en: ampliaciones de declaración del inculpado, de los policías ... (de este testigo tanto el defensor particular como el inculpado y el Ministerio Público se desistieron) ... de los testigos ... las testimoniales de descargo de ... (de esta última tanto el defensor particular como el inculpado se desistieron, en virtud de que era menor de edad y sus padres no quisieron asistirlo); por su parte, el Ministerio Público ofreció, a través de escritos recibidos en la oficialía de partes del juzgado indicado el doce de febrero y tres de diciembre siguiente, como pruebas las que a continuación se señalan: las ampliaciones de declaración del procesado, de los agentes captores, la instrumental de actuaciones y la pericial en materia de grafoscopía; el Juez de la causa ordenó, con fundamento en los artículos 41 y 265, en relación con el 150, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, la celebración de los careos procesales en diligencia por separado entre:
1. La testigo ... y el agente captor ...
2. El testigo ... y el agente captor ...
3. El procesado ... y el agente captor ...
4. Los agentes federales ...
5. El agente captor ... y la testigo ...
6. El sentenciado ... y el agente captor ...
7. El testigo ... y el procesado ...
8. La testigo ... y el ahora quejoso.
9. El testigo ... y el sentenciado de mérito.
Asimismo, los careos supletorios entre la testigo ... los agentes ... y el procesado.
Y los careos constitucionales solicitados expresamente por la parte reo (foja 573) entre el entonces inculpado y los agentes captores ...
A excepción de los medios de prueba de los cuales se desistieron las partes, los restantes se desahogaron.
Visto lo anterior, no pasa inadvertido que en el presente asunto se desahogaron "careos procesales" entre el acusado con los agentes captores, así como los testigos ... diligencias que este tribunal considera incorrectas, en razón de que conforme a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción IV, los careos constitucionales surgen entre el inculpado y las personas que deponen en su contra y sólo proceden cuando lo solicita el procesado o su defensor, en tanto que los careos procesales conforme al artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción.
De donde se advierte que para la práctica de careos constitucionales se requiere la solicitud del inculpado, con independencia de que las declaraciones de los testigos de cargo y el indiciado resulten contradictorias, en virtud de que el mandato constitucional no requiere que exista contradicción alguna, en virtud de que su naturaleza jurídica es que el inculpado tenga cara a cara a quien depone en su contra, lo conozca, le conteste la imputación e, incluso, le pueda formular las preguntas que estime conducentes para su defensa.
Así las cosas, es inconcuso que no podía ordenarse por el Juzgado de Distrito de mérito la práctica de careos constitucionales entre el quejoso y los elementos policíacos bajo el concepto de "careo procesal" de manera oficiosa.
Lo anterior es así, porque de la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que en todo proceso penal, cuando el inculpado lo solicite será careado en presencia del Juez con quien deponga en su contra; así como del análisis de las razones legislativas que dieron origen a la reforma realizada al precitado enunciado constitucional, publicada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de agilizar los procedimientos penales, con la exclusión de la oficiosidad en el desahogo de dicha diligencia, a cambio del requerimiento de petición de parte; es evidente que los careos constitucionales constituyen una garantía constitucional del inculpado, quien es el único facultado para solicitar sostenerlos con los que declaran contra él, a efecto de que conozca a quienes lo acusan y cuestionarlos sobre la imputación, en ejercicio del derecho de defensa.
En cambio, del contenido del artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales se desprende que los careos procesales no comparten la misma naturaleza, al constituir un derecho procesal que garantiza la mayor posibilidad de la defensa del inculpado, quien pudiera resultar beneficiado, a partir de dilucidarse las contradicciones sustanciales entre lo depuesto por otras personas, de ahí que deban practicarse oficiosamente por la autoridad judicial.
Por tanto, es ilegal el desahogo de careos, con la incorrecta denominación de "procesales", cuando se realizan, como en el caso concreto, de manera oficiosa por la autoridad judicial, con el argumento de que existen contradicciones entre el inculpado y las restantes personas que declaran en el proceso, en virtud de que únicamente en los careos constitucionales es donde puede intervenir como confrontante el inculpado, siempre que lo realice en ejercicio de la garantía individual de derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional solicitada por el impetrante del amparo para que se reponga el procedimiento, pues el resultado de dichas diligencias practicadas entre el quejoso y los testigos referidos no afectan sus defensas al no trascender al resultado de la sentencia reclamada, ya que aun prescindiendo de los careos procesales incorrectamente ordenados y desahogados, los cuales, desde luego carecen de eficacia probatoria, los restantes elementos de convicción resultan suficientes para acreditar el delito y la responsabilidad penal del peticionario de garantías en su comisión, según se precisará en el capítulo relativo; y, en tratándose de los denominados "careos procesales" con los policías captores, aunque se dejaran sin efecto, existen las diversas diligencias de careos constitucionales solicitadas expresamente por la parte reo (foja 573) con los agentes captores ... que fueron los que se tomaron en cuenta por la ordenadora.
Ilustra el anterior criterio, aplicada por analogía, al existir la misma razón jurídica que en el juicio de amparo indirecto, la jurisprudencia 1a./J. 65/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 336, del rubro y texto siguientes:
"PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico."
Mediante auto de catorce de noviembre de dos mil tres, en virtud de que no quedaba prueba pendiente de desahogo, se declaró agotada la instrucción y en diverso proveído de trece de enero de dos mil cuatro se decretó el cierre de instrucción; por último, el Ministerio Público exhibió sus conclusiones acusatorias, por su parte, la defensa particular formuló sus conclusiones de forma extemporánea, por lo que se tuvieron por formuladas de inculpabilidad; luego, se celebró la audiencia de derecho el diez de marzo de dos mil cuatro; en esas condiciones, se evidencia que el procesado tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que estimara conducentes a su defensa, asistido de su defensor y de alegar en su favor.
Posteriormente, el Juez responsable, con los datos que informan la causa, dictó sentencia definitiva el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, contra la que el licenciado ... defensor particular del acusado, interpuso recurso de apelación dentro del plazo legal, lo que motivó la apertura del toca ... tramitada la segunda instancia en todas sus fases se dictó la sentencia combatida, en la cual la responsable ordenadora expresó los razonamientos lógico jurídicos que la llevaron a concluir que los hechos encuadran en la hipótesis de las normas que invocó; todo ello conforme a las disposiciones contenidas en las leyes sustantiva y adjetiva penales aplicables, por cierto, expedidas con anterioridad al hecho delictuoso que se imputa al justiciable, en donde el primer ordenamiento legal contempla y sanciona el evento delictivo por el que se le fincó el juicio de reproche, ante y por una autoridad judicial previamente establecida, es decir, se dictó la resolución que dilucidó en definitiva las cuestiones debatidas en el proceso.
Resulta aplicable la jurisprudencia 218, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
En efecto, con apoyo en los antecedentes procesales relatados, se colige que, en la especie, la autoridad responsable ordenadora cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento para llegar al respectivo juicio de reproche en contra del quejoso, imponiéndole la pena privativa de libertad señalada en el resultando primero de esta ejecutoria, por estar dentro de los parámetros que para el delito contra la salud en la modalidad de comercio (en su hipótesis de venta), del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, la ley penal prevé, expresando los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a concluir que el hecho se enmarca en las hipótesis de las normas que invocó, por lo que, en particular, para llegar al dictado de la sentencia reclamada, se insiste, se cumplieron los requisitos esenciales exigidos por la ley para el caso de un proceso penal, respetándose las garantías de legalidad y seguridad jurídica que los artículos 14 y 16 constitucionales establecen a favor del sentenciado.
Por otra parte, aunque no se aduce concepto de violación expreso por el quejoso, este Tribunal Colegiado considera que en cuanto al acreditamiento del delito y la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, en principio, la sentencia reclamada sí satisface las garantías de legalidad y seguridad previstas en el artículo 16, párrafo primero, constitucional, es decir, el requisito de fundamentación que consiste en citar los preceptos legales que tipifican la figura delictiva por la que se instruyó el proceso penal al ahora quejoso, y los dispositivos normativos que establecen los principios de valoración de los elementos de convicción que a la ordenadora le sirvieron de fundamento para llegar a la conclusión de que se acreditó el delito y la plena responsabilidad penal del justiciable en su comisión, atento a que en los términos estimados en el fallo reclamado, tiene la posibilidad jurídica de conocer la idoneidad y alcance conferido a cada uno de ellos, o sea, las normas jurídicas generales que prevén la situación jurídica abstracta que permite su individualización, justificándose así la procedencia del acto privativo.
Así también, en cuanto al segundo de los presupuestos que integran el deber constitucional que se comenta, referente al requisito de la motivación, éste se constató a través de la lectura de los razonamientos expuestos por el Tribunal Unitario responsable en los considerandos cuarto, quinto y sexto, para acreditar la necesidad de dar nacimiento al acto de gobierno respectivo, en la inteligencia de que las razones se apreciaron que son idóneas, suficientes y congruentes con la norma o normas legales aplicadas al caso particular sometido a su arbitrio o ámbito de facultades decisorias, que permitieron al gobernado inconforme conocer tanto el fundamento como la naturaleza intrínseca del mandamiento, de tal forma que está en aptitud de defenderse adecuadamente.
Ante esa tesitura, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad son una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de combatir tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen.
Precisado lo anterior, se reitera, que la sentencia reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, toda vez que de la lectura de su parte considerativa se advierte que el ad quem citó los preceptos legales aplicables al caso, así como también se encuentran plasmados los argumentos lógico-jurídicos a través de los cuales realizó su juicio valorativo respecto del hecho delictivo atribuido al sentenciado de que se trata, atento a los principios reguladores de la justipreciación de las pruebas contenidos en los preceptos legales 284, 285, 286, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, acerca de las circunstancias fácticas que informan el sumario para concluir que resultaba procedente estimar, de conformidad con el numeral 168 del mismo ordenamiento adjetivo, acreditado el delito contra la salud en la modalidad de comercio (en su hipótesis de venta), del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193 y 13, fracción II (los que los realicen por sí), todos del Código Penal Federal, así como la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, con apoyo en los medios de prueba ampliamente reseñados en el acto reclamado (y que más adelante se relacionará en atención a su contenido para evitar repeticiones innecesarias), consistentes en el parte informativo elaborado el catorce de enero de dos mil tres y signado y ratificado por los agentes de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República ... con el visto bueno de ... (fojas 8 a 10); las ampliaciones de declaración a cargo de ... realizadas el cuatro de julio de dos mil tres (fojas 348, 349, 350, 351, 352 y 353 a 357); la fe ministerial realizada el quince de enero de dos mil tres, respecto de cinco envoltorios de papel blanco que contenían la sustancia blanca al parecer cocaína y un billete de cincuenta pesos (foja 18); las periciales oficiales en materia de química y grafoscopía (fojas 44 y 580 a 584); el estudio de personalidad relativo al sentenciado (fojas 121 y 122); la declaración ministerial de ... realizada el quince de enero de dos mil tres y la ampliación a la misma (fojas 38, 39, 309 y 310); las testimoniales de descargo emitidas por ... (fojas 212 a 217); reseña e individual dactiloscópica correspondiente a ... remitida por el subdirector de identificación humana de la Subdirección de Sistemas Tradicionales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (fojas 101 a 103); oficio sin número, signado por el encargado de la Subdirección de Control de Información de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (foja 104); telegrama remitido por el jefe del Departamento de Registro de la Secretaría de Gobernación (foja 105); declaración ministerial del ahora quejoso, emitida el quince de enero de dos mil tres, su preparatoria y ampliación de declaración (fojas 33 a 35, 72 a 74, 239 y 240); careo procesal celebrado entre la testigo ... y el agente aprehensor ... (foja 523); careo procesal celebrado entre el testigo ... y el agente aprehensor ... (fojas 524 y 525); careo procesal celebrado entre el agente aprehensor ... y el agente aprehensor ... (foja 529); careo procesal celebrado entre la testigo ... y el agente aprehensor ... (foja 530); careo constitucional celebrado entre el sentenciado y el agente aprehensor ... (foja 537); y el careo constitucional celebrado entre el procesado y el agente aprehensor ... (foja 537); medios de prueba que informan la causa, que fueron valorados correctamente por la ordenadora responsable en atención a su particular naturaleza jurídica e individualmente considerados en cuanto a su eficacia e idoneidad para acreditar, por una parte, los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito materia del juicio de reproche y, por otra parte, en su conjunto integraron la prueba circunstancial o indiciaria para constatar la plena responsabilidad penal del acusado de que se trata, ya que permitieron al Tribunal Unitario llegar a la convicción de que:
Aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de enero de dos mil tres, en la calle ... número ... colonia ... delegación ... el ahora quejoso ... vendió a ... un envoltorio de papel color blanco que contenía sustancia sólida color beige, clasificada mediante pericial oficial en materia de química como clorhidrato de cocaína, en el precio de cincuenta pesos; conducta que se le atribuye haber consumado en calidad de autor material, a título doloso, en forma instantánea, al intercambiar el envoltorio por el dinero en efectivo asegurado, sin contar con autorización de la Secretaría de Salud y con la cual puso en peligro el bien jurídicamente tutelado por la norma que, en la especie, lo es la salud pública.
Resulta aplicable la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En ese contexto, lo aducido vía conceptos de violación, atento a su estrecha relación, se examinará de forma conjunta, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 79 de la Ley de Amparo, y sobre el particular se advierte que son infundados, en razón de que de la lectura de las constancias que integran la causa y las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada se desprende, en discrepancia a la pretensión del quejoso, que no se le condenó con prueba insuficiente, pues se les otorgó correctamente valor de indicios a los medios de prueba de cargo que integraron la prueba circunstancial plena para tener por acreditada su responsabilidad penal en la comisión del delito por el que se le fincó el juicio de reproche, es decir, no se aprecia la indebida valoración probatoria, ni la inexacta aplicación de la ley penal adjetiva, en virtud de que el Tribunal Unitario responsable justipreció el parte informativo, suscrito y ratificado por los elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República ... con el visto bueno de ... de cuyo contenido se aprecia, los dos primeros agentes mencionados, en ejercicio de sus funciones, circulaban sobre ... colonia ... delegación ... aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, cuando observaron a una persona del sexo masculino que al percibir su presencia trató de darse a la fuga; calles más adelante interceptaron a ... se identificaron como agentes federales de investigación, le solicitaron les permitiera efectuarle la revisión corporal, accedió voluntariamente, entregándoles un envoltorio de papel color blanco, les indicó que era piedra de cocaína, que acababa de comprar por la cantidad de cincuenta pesos, a ... alias ... de la que proporcionó su media filiación; cuando no encontraba a ... la compra a los hijos de ésta ... quienes vendían la droga en la calle ... esquina con calle ... frente a una clínica dental, en el inmueble con fachada azul rey, un zaguán negro y la ventana del mismo color, durante las veinticuatro horas; cuando dichas personas no tenían "mercancía" se la compraba al ahora quejoso, en la calle ... número ... colonia ... en esa virtud, su superior les ordenó realizaran vigilancia discreta para detectar la venta de droga; posteriormente, a ese lugar llegó otra persona del sexo masculino, quien se acercó a la ventana del multicitado domicilio, observaron que introducía la mano al interior del inmueble, retirándose de inmediato de manera apresurada; calles más adelante lo interceptaron, se identificaron con quien dijo llamarse ... quien voluntariamente les entregó un envoltorio con las mismas características del anterior, además, coincidió en la forma de compra y la media filiación descrita en líneas superiores de quienes se la vendían desde hacía tiempo en la misma cantidad; continuaron la investigación, regresaron al domicilio de ... en donde vieron a ... quien realizó la misma operación, por lo que calles adelante al tratar de interceptarlo se detuvo en la calle ... número ... colonia ... e intercambió objetos con otro individuo del sexo masculino, procedieron a interceptarlos de inmediato ... les indicó que al no venderle ... pues le manifestó "que en esos momentos no le podía vender ya que andaba la federal trabajando en la zona", como sabía que el sentenciado también vendía cocaína, ya que desde hace más de un año le había comprado en la precitada dirección, se dirigió a ese lugar, donde fue asegurado con el envoltorio que en esos momentos le compró en cincuenta pesos, que tenía en su mano derecha, en tanto que el ahora quejoso trató de introducirse al interior de su bolsa del lado derecho los cincuenta pesos que le había pagado ... entregándoles voluntariamente dos envoltorios con la misma sustancia, que él se dedicaba a la venta de cocaína desde hacía más de un año y medio, que según su dicho, se la proporcionaba ... alias ... de la que dio la media filiación, que por cada envoltorio ella le pagaba la cantidad de diez pesos y que toda la mercancía la tenía dentro de su domicilio ubicado en el domicilio precitado; lo anterior se relacionó con la ampliación de declaración de ... donde ratificó su parte informativo; al interrogatorio respondió, en lo que interesa: viajaban en un vehículo tipo pick-up blanco; la visibilidad no era buena porque estaba oscuro; el tiempo transcurrido desde el momento en que vieron a ... llegar al domicilio de ... al momento en que se encontró con el procesado, fue aproximadamente cinco a diez minutos; no tuvo a la vista a ... desde el momento en que llegó a la casa de ... al en que fue con el procesado, porque su compañero ... fue quien lo siguió y el declarante iba en el vehículo atrás de su compañero; al momento en que ... y el procesado intercambiaron objetos se encontraba aproximadamente a veinte metros; el procesado se tornó nervioso al momento en que les entregó voluntariamente los dos envoltorios, al momento de ser detenido intentó resistirse, pero se calmó; no vio cuando el procesado y ... intercambiaron la droga por el dinero, ya que escoltaba a su compañero y fue él quien se percató de dicho intercambio; observó los objetos encontrados al procesado y a ... en el mismo lugar de los hechos, porque su compañero le indicó lo que había asegurado; cuando su compañero le dijo eso se encontraba junto al procesado y a ... aproximadamente a medio metro; los trasladaron a la agencia del Ministerio Público escoltados por los otros compañeros; asimismo, se adminiculó la ampliación de declaración de ... quien ratificó el parte informativo; al interrogatorio respondió: no recordaba en dónde se encontraba en el momento en que ... le manifestó que fue con el procesado a comprar la droga, porque ... alias ... no le había vendido droga porque estaba la federal; la visibilidad en el lugar era regular porque había alumbrado público; transcurrieron de quince a veinte minutos aproximadamente, desde el momento en que ... llegó a la casa de la ... hasta que fue detenido; nunca lo perdió de vista desde que partió del lugar mencionado, hasta que se encontró con ... ya que lo siguió a pie; en esos momentos su compañero le brindaba seguridad a una distancia prudente; interceptó a ... y al procesado en el momento en que intercambiaban una grapa por un billete de cincuenta pesos, de lo cual se percató a un metro o metro y medio aproximadamente; la visibilidad en ese lugar era muy buena para el declarante, porque aun cuando e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20511-3b8e365b/careos-constitucionales-son-ilegales-los-desahogados-entre-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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