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FIRMA EN EL CHEQUE. CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN NOTORIA PARA EFECTOS DE LA PRETENSIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 330/2008. · Registro digital (IUS): 21203
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 1230.

AMPARO DIRECTO 330/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Conforme al contenido de la demanda de amparo, los argumentos que produce la quejosa se agrupan por temas que servirán como títulos al presente estudio.

Alteración de litis.

La quejosa aduce que la Sala responsable modifica la litis planteada, por haber omitido mencionar que tanto en la primera prestación de la demanda, como en el hecho 9 de ese escrito inicial, la actora solicitó la nulidad absoluta del título de crédito base de la pretensión.

Estas alegaciones son infundadas.

Para dejar en claro lo anterior, es necesario señalar que, al analizar el primer agravio de apelación, la Sala responsable consideró que aun cuando al principio del apartado de prestaciones de la demanda se reclamó la nulidad absoluta del cheque controvertido, lo cierto era que la actora reclamó también $113,258.35 (ciento trece mil doscientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N.), por el pago indebido que efectuó la demandada. Destacó que en el hecho 8 de la demanda, la enjuiciante refirió que la firma contenida en el cheque es burda, falsa y notoriamente distinta a la suya.

Estas consideraciones motivaron a que el tribunal de alzada concluyera, que la intención de la actora fue la de hacer valer la objeción de pago del título de crédito, sobre la base de que era notoria la falsificación de la firma del librador, tan era así que la demandada no quedó en indefensión y pudo referirse a todo lo que le fue reclamado.

Como se ve, el tribunal de apelación responsable sí consideró que la actora reclamó como primera prestación la nulidad del cheque controvertido; sin embargo, estimó que ello era irrelevante, dado que en la propia demanda se advertía que su intención había sido la de reclamar también la objeción de pago del documento fundatorio de la pretensión, prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cual fue claro también para la demandada, pues pudo sustentar su defensa en que la falsificación de la firma no es notoria.

De ahí que se advierta que en forma congruente, la Sala responsable emitió decisión conforme a las cuestiones planteadas por las partes, sin que haya modificado la litis.

Además, resulta importante destacar, que en conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, el juzgador se encuentra en posibilidad de determinar sobre la verdadera pretensión hecha valer en la demanda, con sustento en las prestaciones reclamadas y en los hechos expuestos en el escrito inicial.

En este asunto, aun cuando la actora adujo, en una parte, que solicitaba la nulidad del título de crédito, lo cierto es que en dicha demanda, la pretensión de nulidad no se fundó en los artículos 224, 225 y 226 del Código Civil Federal, sino en los numerales 1o., 176 y 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otros, así como en criterios de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "CHEQUES, COTEJO DE FIRMA DE LOS. OBLIGACIONES DE LOS BANCOS." y "CHEQUES. FIRMAS FALSAS, NOTORIEDAD DE LAS."

Lo expuesto hace patente que la pretensión realmente ejercitada y resuelta es la de objeción del pago del cheque fundatorio de la pretensión, prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tal como lo consideró la Sala responsable.

De ahí que no quepa aceptar, como lo pretende la quejosa, que la ad quem tergiversó la pretensión de la actora y que suplió la deficiencia en sus planteamientos pues, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1077 mencionado, el juzgador tiene la facultad de determinar sobre la pretensión intentada en la demanda y llevar a cabo un eficaz desempeño en su tarea de impartir justicia.

Notoriedad de la falsificación o alteración de la firma del cheque base de la pretensión.

En relación con este tema, la quejosa sostiene que las firmas que sirvieron para realizar el cotejo, a fin de realizar el pago del título de crédito base de la pretensión no son notoriamente distintas. Por el contrario, en su concepto, debe atenderse a que existen más semejanzas que diferencias entre las firmas.

Agrega que la Sala responsable tuvo que hacer el cotejo mediante "un ojo de perito", fundándose únicamente en su parecer o apreciación y sin considerar que los conocimientos de los empleados bancarios que realizan el cotejo son como los de cualquier persona con nociones simples, por lo que es ilógico exigir el ojo clínico como lo hizo la ad quem.

Estas alegaciones son infundadas pues, con independencia de lo que haya considerado el tribunal de alzada respecto al concepto "notoriedad de la falsificación de la firma", lo cierto es que la falsificación de la firma contenida en el cheque materia de la litis sí es notoria.

El segundo párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé dos diferentes hipótesis, para que el librador pueda objetar el pago realizado de un cheque:

a) Cuando la alteración o falsificación son notorias.

b) Si perdió el esqueleto o talonario, y dio el aviso oportuno del extravío.

En el presente asunto, la objeción de pago se sustenta en la hipótesis a que se refiere el inciso a) anterior.

En este supuesto se requiere demostrar la notoria alteración del cheque o de la falsificación de la firma, la cual se determina mediante una apreciación a simple vista de las diferencias manifiestas entre las firmas, que produzcan la duda razonable de que no son las mismas, y con independencia de que haya similitudes entre las examinadas, pues basta con que alguno de sus rasgos no coincida; pero que por sus características se considere suficiente para determinar una diferencia sustancial en las firmas materia de comparación, para que se estime que el empleado del banco debió rechazar el pago del cheque o adoptar otras medidas de seguridad para contar con elementos que le permitieran determinar que la firma contenida en el mismo fue puesta por el librador.

A este respecto, este Tribunal Colegiado, al emitir la tesis aislada I.4o.C.131 C, cuyo rubro es: "", visible en la página 2531, Tomo XXVI, septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consideró que la falsedad notoria de la firma, como sustento de la pretensión de objeción de pago de cheque efectuado indebidamente por la librada, debe ser entendida como la que admite ser advertida por personas que, por su actividad ordinaria, cuentan con ilustración, destreza o habilidad para identificar firmas falsas en cheques, como pueden ser un comerciante, el factor de un banco, un juzgador, etcétera.

Por tanto, el requisito de notoriedad previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no se refiere al significado gramatical de "notorio", sino que tiene una acepción distinta, por estar dirigida específicamente a cierta clase de sujetos, integrantes de la relación jurídica, generada por el libramiento del cheque, como son los factores o empleados de las instituciones bancarias, encargadas del pago de esos documentos.

La interpretación sistemática de los artículos 77, 91 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito permite advertir normas tendentes a proteger a los usuarios de servicios y actividades bancarias frente a las instituciones de crédito que prestan algún servicio para sus clientes, dentro de las cuales se encuentra la atinente a la preparación de su personal en beneficio de los usuarios.

De ahí que a los empleados o factores de las instituciones bancarias libradas se les exija contar con determinados conocimientos, para poder apreciar las firmas asentadas en los cheques, puesto que el pago de éstos implica proporcionar fondos pertenecientes del librador a los tenedores y, por ende, deben poner especial cuidado en el pago de los mencionados títulos de crédito.

Esto no significa que los empleados bancarios sean peritos en grafología, pues ningún fundamento hay para considerar que deban tener esa calidad. Consecuentemente, para efectos de la correcta interpretación del segundo párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el significado de notoriedad está en el término medio, entre los extremos representados, por un lado, con lo sabido por todos, incluso, los que no conocen la función de las firmas, que se traduce en que la falsificación de la firma debe ser tan burda, que cualquier persona pueda advertirla y, por otro lado, lo sabido únicamente por especialistas, de manera que la falsedad de la firma sólo admita ser determinada por un perito en grafología.

Los empleados bancarios no se hallan en alguno de esos extremos. Lo cierto es que son personas con ilustración, destreza y habilidad para el ejercicio de la función que realizan, ya que el desempeño de la tarea cotidiana les aporta experiencia práctica, además de que cuentan con la preparación que obtienen con los programas de capacitación, proporcionados por las instituciones de crédito, según dispone la ley.

Por tanto, es justificable entender por firma notoriamente falsa en un cheque, la que pueden advertir las personas con las cualidades indicadas, que se encuentran en el referido término medio.

Lo expuesto pone de manifiesto, que para determinar la falsificación notoria de la firma en un cheque, el juicio no debe hacerse solamente sobre la base de llevar una cuenta sobre similitudes y diferencias, y solucionar el problema a través de una operación aritmética, ponderando si son más unas que otras, sino que debe realizarse apreciando en conjunto los signos integrantes de las firmas correspondientes para establecer si son iguales y, como se ha dicho, puede ser que la diferencia se halle en un solo rasgo pero, por tener cierta característica sustancial, puede ser suficiente para estimar, razonablemente, que en la firma del cheque hay una falsificación notoria.

En estas circunstancias, en el tema de que se trata, la notoriedad no es lo público y sabido por todos. De la misma manera, lo claro y lo evidente no debe ser lo que sobre el particular advierta cualquier persona.

De acuerdo a lo que se ha venido exponiendo, ese saber, así como la claridad y la evidencia en lo concerniente en la autenticidad o falsedad de las firmas que consten en un cheque, deben ser percibidos por una clase especial de personas, como son los empleados o factores de la institución librada, encargados de recibir esa clase de títulos valores, presentados a ésta para su pago.

Sirve de apoyo a este criterio la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 422, Tomo CXVI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"CHEQUES, FALSIFICACIÓN DE LAS FIRMAS EN LOS. El elemento de notoriedad de la falsificación de las firmas de un cheque, que da derecho conforme al artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para objetar su pago, debe ser precisamente el que del propio vocablo ‘notorio’; se desprende: público y sabido de todos; sin embargo, si se atiende a que los empleados de los bancos encargados de pagar esos cheque, deben reunir, para garantía de los depositantes de fondos, aptitudes y preparación especiales para apreciar más fácilmente las alteraciones o falsificación de las firmas de los propios documentos, indudablemente que debe juzgarse con mayor rigidez su apreciación, que la que pudiera exigirse de la ordinaria de todas las personas, si la función que los bancos desempeñan en el caso del depósito en cuenta corriente implica su obligación de garantizar y asegurar a los depositantes la guarda de su dinero, facilitando la disposición del mismo, debe pensarse que lo menos que puede exigirse a una institución de esa naturaleza es que utilice los servicios de personal con la aptitud necesaria para el mejor desempeño de la función específica que se le encomiende, y siendo el cotejo de las firmas una cuestión de capital importancia para evitar el pago indebido de cheque, resulta incuestionable que las personas a quienes se encomiende esa función deben tener, si no conocimientos especiales de grafología, sí, cuando menos, la experiencia y conocimientos indispensables para poder distinguir la falsificación de una firma cuando ésta no sea hecha de tal manera que sólo un perito en la materia pudiera distinguirla."

En la especie, el contenido del cheque objeto de litis es el siguiente:

(Se escanea el título de crédito)

La tarjeta de registro de la firma de la libradora es del siguiente tenor:

(Se escanea tarjeta de registro de firma)

Como se advierte, la firma del cheque base de la pretensión es notoriamente distinta a la registrada en la institución bancaria, al menos en los siguientes cuatro elementos objetivos:

1. En la tarjeta de registro se advierte que la firma inicia con una g. Además, el trazo en el que finaliza dicha letra, del lado izquierdo, es alargado y debajo de la misma.

En el cheque materia de la litis, la firma inicia con una I. Del lazo izquierdo de esa letra se observa una q; pero no concluye con algún trazo alargado.

2. En la tarjeta de registro se aprecia que la libradora asienta su nombre: georgina.

En el cheque sólo se observan una secuencia de letras uuu entrelazadas una y; y, finalmente, otra ú.

3. En el registro de firma, el trazo que obra en lado derecho de la firma que se asemeja a una letra l es casi una línea recta, pues la parte superior de dicho trazo se enlaza ligeramente.

En cambio, en el cheque, el enlace de esa letra l es más pronunciado, pues prácticamente se observa un óvalo.

4. En la firma asentada en el cheque se observa, en su parte media, una tilde antes de la letra l a la que se hizo mención en el punto anterior.

En el registro de firma sólo se aprecia un punto que es el de la i que forma el nombre de Georgina.

En conformidad con lo expuesto, no asiste razón a la quejosa, al afirmar la indebida comparación de las firmas hecha por la Sala responsable, pues a simple vista es apreciable, y para establecerlo, dicha autoridad no estaba obligada a precisar además de las diferencias, las similitudes y hacer una ponderación de ambas, o bien, considerar que en conformidad con los dictámenes periciales se trataba de una falsificación por imitación sino, únicamente, advertir su desigualdad.

No es obstáculo a la conclusión arribada, la circunstancia de que el cotejo que realizó el empleado bancario para efectuar el pago, se llevó a cabo a través de medios electrónicos, esto es, en pantallas de computadoras pues, según se vio, las diferencias anotadas entre las firmas analizadas son notorias y se advierten a simple vista, por lo que en las pantallas de las computadoras de la institución bancaria también deben advertirse las diferencias anotadas.

Por tanto, no existe sustento para estimar que la falsificación de la firma contenida en el documento base de la pretensión no es notoria, como lo pretende la quejosa.

Culpa atribuida a la actora.

En otra parte de sus conceptos de violación, la institución bancaria inconforme alega que con las pruebas aportadas a juicio, quedó plenamente demostrada la culpa de la libradora, respecto a la falsificación en la firma contenida en el cheque base de la pretensión, lo que en su concepto es suficiente para que no pueda objetar el pago hecho por la demandada, en virtud de que así lo dispone el primer párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Estas alegaciones no dan lugar a conceder el amparo.

El artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé lo siguiente:

"Artículo 194. La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por éste para objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes.

"Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado.

"Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo, es nulo."

En conformidad con el artículo transcrito, contrariamente a lo que sostiene la peticionaria, la culpa del librador no exime de responsabilidad al banco, cuando la alteración del cheque o la firma del librador son notorias, tal como ocurrió en el caso.

Dicho artículo regula en realidad la responsabilidad de las instituciones de crédito libradas, pues el tema del precepto es la objeción de pago de los cheques. El pago lo realizan las instituciones de crédito, porque tienen los fondos del librador.

El primer párrafo del precepto transcrito prevé una eximente de responsabilidad, si se surten los elementos que deben estar demostrados plenamente.

Esto presupone, en primer lugar, la narración de hechos relevantes, que pongan de manifiesto la existencia de una actitud de culpa del librador.

En segundo lugar, esos hechos deben estar plenamente probados y, por último, debe estar demostrada igualmente, la relación de causalidad entre la culpa mencionada con la alteración del importe del cheque o de la falsificación de la firma del librador.

Sin embargo, conforme al segundo párrafo del precepto transcrito, si la referida alteración o falsificación de la firma del librador son notorias, la institución bancaria librada no se encuentra liberada de responsabilidad, con independencia de que haya existido culpa del librador.

Esto es, mientras el primer párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que la objeción del pago hecho por el librado no puede hacerse valer si el librador ha dado lugar a la alteración en la cantidad del cheque o la falsificación de la firma, el segundo párrafo de este precepto se refiere al caso en que el cheque consta en esqueletos que el librador haya proporcionado al librador y prevé, que cuando la alteración del cheque o la firma en él contenidas sean notorias, el librado no se encuentra liberado de responsabilidad, independientemente de que hayan sido ocasionadas por la culpa del librador, lo que hace patente que en este numeral existen dos supuestos distintos. Tan es así, que esta distinción se aprecia claramente con el punto y aparte que hay entre el primer y segundo párrafos del artículo.

No es obstáculo a lo anterior, lo aducido por la quejosa, respecto a que el mencionado artículo debe relacionarse con el artículo 53 de ese mismo ordenamiento, puesto que este artículo se refiere a un supuesto distinto que no es aplicable al caso concreto.

El artículo 53 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que: "La cancelación del título extraviado o robado no libera a los signatarios de las prestaciones que el mismo les impone. Sólo extingue las acciones y derechos que respecto de éstos puedan incumbir al tenedor del documento, desde que adquieran fuerza de definitivos el decreto de cancelación o la sentencia que deseche la oposición.

"Desde que la cancelación quede firme, por no haberse presentado ningún opositor, o por haberse desechado las oposiciones formuladas contra ella, el que la obtuvo puede reclamar a los signatarios del título el pago de éste, si fuere para entonces exigible, o que le extiendan un duplicado del mismo, si fuere de vencimiento posterior."

Como se observa, este artículo se refiere al caso en que el título ha sido cancelado, lo que presupone un procedimiento de cancelación de un título de crédito por robo o extravío, lo que en la especie no aconteció, dado que según quedó analizado, la pretensión de la enjuiciante se sustenta simplemente en la objeción del pago del cheque que realizó la demandada.

De ahí que no quepa relacionar ese artículo con el numeral 194 de la ley mencionada.

Responsabilidad contractual de la libradora, respecto a la guarda y custodia del talonario de cheques.

En relación con este tema, la quejosa sostiene que la Sala responsable deja de tomar en cuenta que en la cláusula vigésima segunda del contrato de depósito bancario de dinero a la vista, la actora se obligó a guardar y custodiar el talonario de cheques, lo que en su apreciación es suficiente para desestimar la pretensión de objeción de pago.

No asiste razón a la impetrante.

En principio, se destaca que la cláusula que menciona la quejosa no se refiere a la responsabilidad de la cuentahabiente, pues ésta tiene que ver con los estados de cuenta que reciba la cliente.

Sin embargo, del propio contrato se advierte que la cláusula de responsabilidad en realidad es la vigésima cuarta, cuyo texto es el siguiente:

"Vigésima cuarta. Responsabilidad del cliente. El cliente conviene en que, si alguno(s) de (los) cheque(s) que haya depositado para abono en su cuenta y que sea(n) a cargo de otra institución se llegare(n) a extraviar en tránsito, él asume el riesgo de dicho extravío, a menos que éste se deba a culpa o negligencia de ********** por tanto, si ********** entregare o enviare copia de la constancia o comunicación en que el banco librador informe que no ha hecho pago de tales cheques, el cliente deberá reembolsar el importe a ********** si éste ya se lo hubiere acreditado; quedando a cargo del propio cliente las gestiones frente al librador para la reposición del título o pago del importe del mismo. El cliente será responsable de cualquier mal uso que se haga de su clave confidencial de línea ********** y de su NIP de tarjeta de acceso o débito por haber dado a, o permitir, conocer a cualquier tercero dicha clave, y en el caso de tarjetas de acceso, de débito, etc. De igual modo, el cliente será responsable de la integridad, custodia y conservación de los talonarios de cheques que le entregue ********** así como del mal uso que haga de su tarjeta electrónica de acceso o de débito, o de las adicionales cuya expedición solicite. Por tanto, en caso de robo o extravío de alguno(s) de estos instrumentos, el cliente deberá dar aviso de inmediato por escrito, de este hecho a ********** instruyendo acerca de la acción de toma, según convenga a sus intereses; y si sufriere pérdida de cualquier tarjeta electrónica de acceso o de débito, deberá hacerse desde luego la notificación telefónica correspondiente a la empresa denominada Promoción y Operación, S.A. de C.V. (Prosa) y confirmarla por escrito a ********** mediante el formato elaborado para tal efecto que deberá entregar en la sucursal en la cual tiene abierta su cuenta corriente, o en caso excepcional en cualquier otra, dentro de las 72 horas siguientes al aviso telefónico aludido, en el entendido de que, mientras no cumpla con tales obligaciones, será de su cuenta y riesgo el importe de las compras, los cheques cobrados y de las disposiciones en efectivo practicadas con su tarjeta, sin que, por ende, pueda hacer reclamación alguna a ********** por estos conceptos. Independientemente de lo antes establecido, y para proteger al cliente del uso indebido de la tarjeta de acceso o de débito por robo o extravío ********** contratará un seguro que entrará en vigor de manera retroactiva, desde el momento en que se reciba la notificación telefónica, siempre que ésta haya sido confirmada por escrito en los términos establecidos en esta cláusula."

Ahora bien, ya se vio que en el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se prevé la hipótesis de objeción del pago de cheque, atinente a la notoria falsificación de la firma del librador.

La última parte del citado precepto dice que todo convenio contrario a lo dispuesto en el propio numeral es nulo.

Es verdad que en el juicio de donde proviene el acto reclamado nadie se refirió a la nulidad de la cláusula transcrita.

A pesar de esta circunstancia, dicha cláusula no admite servir de base para privar de efectos el segundo párrafo del citado artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En primer lugar, de la misma manera de que nadie ha mencionado la nulidad de la referida cláusula, tampoco forma parte de la litis, la renuncia del librador a lo dispuesto en el precepto citado.

Aunque se adujera la existencia de esa renuncia, es patente que ésta no se produjo, porque si el último párrafo del artículo en comento dispone que todo convenio contrario a lo dispuesto en el propio numeral es nulo, esto pone de manifiesto que lo dispuesto en el precepto contiene normas irrenunciables. Por tanto, lo dispuesto en la cláusula transcrita no conduce a la ineficacia del citado artículo.

Por otro lado, aunque se parta de la base de que la cláusula surte plenos efectos entre las partes, es patente que en ella se dispone algo distinto a lo previsto en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La cláusula es clara en atribuirle al librador toda la responsabilidad en la guarda, custodia y uso de los talonarios entregados por la institución de crédito. La responsabilidad del librador es ilimitada, aunque se trate de falsificación notoria de la firma asentada en el cheque, pues en la cláusula ninguna distinción se hace al respecto. La única manera para que el librador pueda eximirse de esa responsabilidad es la notificación por escrito a la institución de crédito, previamente al pago del cheque.

En cambio, en el primer párrafo del artículo en comento, la responsabilidad del librador se produce solamente, si su culpa ha dado lugar a la alteración o a la falsificación de la firma.

Si la firma es notoriamente falsa, en el precepto no se prevé que el librado se encuentre liberado de responsabilidad.

Si se aplica exclusivamente la ley y ocurre, por ejemplo, que el librador no haya dado aviso oportuno del robo de un cheque y éste es pagado por el librado, a pesar de que el título de crédito sea nominativo y que no se advierta la serie ininterrumpida de endosos, es claro que habría responsabilidad para el banco y ésta absorbería la atribuible al librador, al omitir el aviso oportuno sobre el robo, pues nada tendría que ver el robo del cheque, con el hecho de que él no constara la serie ininterrumpida de endosos que legitimaran al tenedor que presente el cheque para su pago.

En cambio, si se considerara que en el caso es aplicable la cláusula transcrita, debería concluirse que en el caso del ejemplo, el banco se encuentra liberado, por la falta del aviso del robo del cheque.

Lo anterior pone de manifiesto que hay oposición entre lo dispuesto en la ley y lo establecido en la cláusula mencionada.

Aunque se parta de la base de la plena eficacia de la cláusula, esta situación sólo implicaría que hay dos normas que sobre el mismo tema disponen algo diferente.

Ya se vio que no cabe considerar que al aceptar la cláusula en el contrato, el librador haya renunciado a derechos.

Por tanto, simplemente se está ante la presencia de normas opuestas y que, obviamente, son de distinta jerarquía.

Por consiguiente, la cláusula transcrita no es apta para evitar la plena aplicación del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De ahí que no quepa aceptar, que en el presente caso dicha cláusula admita servir de base, para desestimar la pretensión de objeción de pago de cheque sustentada en la notoria falsificación de la firma del librador.

Condena al pago de intereses moratorios.

La quejosa aduce que es ilegal la condena al pago de intereses, porque debió decretarse a partir de que se dictó sentencia y no desde el momento en que se pagó el título de crédito fundatorio de la pretensión.

Estas alegaciones no admiten servir de base para la concesión del amparo.

El artículo 362 del Código de Comercio dispone:

"Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual.

"Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación.

"Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el seis por ciento anual, determinándose el precio de los valores por el que tengan en la bolsa, si fueren cotizables o, en caso contrario, por el que tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento."

En conformidad con el citado precepto, el deudor paga intereses, porque desde el día siguiente al vencimiento del adeudo, el importe de éste debía estar en manos del acreedor, quien desde ese momento debería estar en condiciones de disponer a su voluntad de la suma respectiva. Esto es el deber ser. De ahí que si en contravención a este deber ser, el deudor omite cubrir el adeudo, es claro que el acreedor no puede disponer de su importe y, por este motivo, el referido precepto sirve de base para que le sean cubiertos intereses, a partir de la fecha en que no pudo disponer de su dinero.

Tal y como lo destacó acertadamente la Sala responsable, a partir de que fue pagado indebidamente el cheque de que se ha venido hablando, la titular de la cuenta bancaria, ya no estuvo en condiciones de disponer de las cantidades equivalentes a los importes de los títulos de crédito, no obstante que tenía derecho a disponer de ese dinero en conformidad al contrato celebrado con el banco.

Como se advierte, la titular de la cuenta bancaria tenía derecho a contar con una suma de dinero y la actitud ilícita del banco se lo impidió, situación que es similar a la en que se encuentra un acreedor que no ha recibido una suma de dinero, no obstante haber ocurrido la fecha en que debía hacerse el pago.

De ahí que la condena

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21203-d1384951/firma-en-el-cheque-concepto-de-falsificacion-notoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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