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Modo: Corpus Pro

ASAMBLEA SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS. EL PLAZO PARA IMPUGNAR SUS DECISIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA, PARA LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS Y POSESIONARIOS REGULARES INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DE AQUÉLLA, CON INDEPENDENCIA DE QUE NO HAYAN ESTADO PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 320/2008. · Registro digital (IUS): 21228
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 814.

AMPARO DIRECTO 320/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resulta ineficaz el único concepto de violación, sin que se advierta motivo alguno para suplir el mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 76 Bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo.

En él, el quejoso aduce que se viola en su perjuicio lo establecido por el artículo 14 constitucional, toda vez que no se cumplieron las formalidades del procedimiento, ya que la autoridad responsable no analizó ni valoró concienzudamente las pruebas ofrecidas.

Que es erróneo lo resuelto por la autoridad responsable de que ha prescrito su derecho para ejercitar la acción de nulidad de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y titulación de solares urbanos, de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete, ya que cuando las parcelas en dicha asamblea quedan sin asignar, el término previsto por el artículo 61 de la Ley Agraria no tiene aplicación, por lo que se puede promover en cualquier tiempo y forma.

Que la parte demandada se allanó a todas sus pretensiones sin que se le diera el valor probatorio correspondiente, lo cual lo deja en un total estado de indefensión, además de que tampoco se valoró la constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal.

Invoca para apoyar su dicho, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "ALLANAMIENTO Y CONFESIÓN. AMBAS INSTITUCIONES TIENEN EN COMÚN EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA, SIN EMBARGO LA PRIMERA TAMBIÉN ACEPTA LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN Y LA APLICABILIDAD DEL DERECHO, SIMPLIFICANDO CON ELLO EL PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN CON MAYOR EXPEDITEZ (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." y la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "COMISARIADOS EJIDALES, CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR. SU APRECIACIÓN EN EL JUICIO AGRARIO."

Que lo deja en estado de indefensión el que la autoridad responsable no haya valorado correctamente las pruebas ofrecidas y no haberlas relacionado.

Como se adelantó, resulta ineficaz el anterior concepto de violación.

De la lectura realizada a la demanda agraria que dio origen al juicio natural del cual emana la sentencia reclamada, se advierte que el quejoso ********** demandó ante el tribunal agrario responsable, la nulidad del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, correspondiente al ejido de San Andrés Azumiatla, Municipio y Estado de Puebla, de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, únicamente en la parte en que se asignó la parcela número 348 como parcela ejidal, y como consecuencia de ello, que se le reconociera el mejor derecho para usar, gozar y disfrutar dicha superficie.

Para tal efecto, el impetrante de garantías manifestó en el capítulo de hechos de su demanda agraria, lo siguiente:

"1. Soy ejidatario legalmente reconocido del ejido San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado de Puebla, tal y como lo acredito con el acta de la cual solicito su nulidad relativa, y soy el legítimo titular de la parcela objeto de este juicio de acuerdo a la constancia de posesión de fecha 17 de diciembre de 2005, expedida por los integrantes del comisariado ejidal y en la cual describe las medidas y colindancias, así como también la superficie. 2. Con fecha 29 de mayo de 1997, se celebró en el ejido denominado San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado de Puebla, la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales en la cual mi parcela 348 que vengo poseyendo quedó asignada como parcela ejidal en forma errónea, toda vez que dentro (sic) de dicha parcela me encuentro poseyéndola y trabajándola, de este hecho tiene pleno conocimiento el comisariado ejidal y el cual se encuentra en acuerdo para que dicha parcela me sea reconocida como titular, por tener la posesión desde el 19 de agosto de 1952, tal y como lo demostraré en su momento procesal oportuno. 3. Por lo anterior acudo a este H. Tribunal a efecto de que se me reconozca la parcela identificada con el número 348 por ser el legítimo titular a (sic) cual en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales quedó como parcela ejidal." (foja 2 del juicio agrario).

Ahora bien, como quedó precisado en la transcripción de la sentencia reclamada, el Tribunal Unitario Agrario responsable declaró prescrita la acción intentada por el hoy quejoso en contra del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y solares urbanos de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete, celebrada en el poblado de San Lorenzo Azumiatla, Municipio y Estado de Puebla, específicamente en la parte en que se asignó la parcela número 348 como parcela ejidal, por haber transcurrido en exceso el término de los noventa días naturales que establece el artículo 61 de la Ley Agraria.

Tal determinación de la autoridad responsable es correcta por lo siguiente:

El artículo 61 en comento, establece:

"Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva."

De lo transcrito, destaca que la asignación de tierras ejidales por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario por aquellos que se sientan perjudicados por la misma; y ésta será firme y definitiva cuando no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea.

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial 2a./J. 116/2003, sostuvo que si el acuerdo de la asamblea en que se asignan tierras no es impugnado dentro del plazo de noventa días opera la prescripción, extinguiéndose el derecho del actor sobre las tierras asignadas.

Tal criterio jurisprudencial aparece publicado en la página noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, siendo del tenor siguiente:

"EJIDOS. SI EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA EN QUE ASIGNAN TIERRAS NO ES IMPUGNADO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS OPERA LA PRESCRIPCIÓN, Y PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL AGRARIO. El artículo 61 de la Ley Agraria, al fijar un plazo de noventa días naturales para la impugnación de los acuerdos de la asamblea ejidal en que se asignan tierras, establece un plazo para ejercer el derecho a que las asignaciones sean modificadas o revocadas, pues de lo contrario, éstas quedarán firmes y serán definitivas al haberse extinguido el derecho del actor sobre las tierras asignadas; de ahí que la naturaleza de la excepción que puede configurarse en el juicio agrario correspondiente sea la de prescripción, por fundarse en hechos extintivos que inciden sobre el derecho a solicitar o reclamar las tierras o parcelas asignadas por la asamblea. En congruencia con lo anterior y en atención al principio de suplencia de la queja que rige los procesos agrarios, se concluye que dicha prescripción podrá ser analizada de oficio por el tribunal que conozca del juicio, ya que corresponde a su función fijar la litis allegándose de todos aquellos elementos necesarios para resolverla, sean o no aportados por las partes."

En el caso en particular el actor en el juicio agrario ********** (quejoso), ostenta la calidad de ejidatario reconocido del poblado de San Andrés Azumiatla, Municipio y Estado de Puebla, según se desprende del informe rendido por la delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado mediante oficio D'RAN/723 de dieciséis de abril de dos mil ocho (foja 130 del juicio agrario), y de la relación de ejidatarios contenida en la propia acta de asamblea impugnada (fojas 25 a 82 del juicio agrario); documentos en los que se reconoce al impetrante esa calidad, debido a que en la asamblea de mérito le fueron asignadas las parcelas 364 y 1440, así como un porcentaje de uso común del 0.093%, habiéndose expedido por esa razón los certificados parcelarios números 163739 y 163740 y de uso común 51924.

Luego, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Agraria, el hoy quejoso tuvo un plazo de noventa días naturales para impugnar las determinaciones de la asamblea a partir del día siguiente en que se realizó la misma (dos de julio de mil novecientos noventa y siete), en concreto aquella determinación de asignar a la parcela número 348 como parcela ejidal y no como suya (foja 51 del juicio agrario), siendo dicha decisión equivalente a una negativa que obliga al tribunal agrario a pronunciarse en cuanto al fondo.

Por su contenido jurídico, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 4/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, Novena Época, página noventa y cinco, que dice:

"ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE ASIGNAR LAS PARCELAS Y SOLARES URBANOS, PUDIENDO IMPUGNARSE ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SUS DETERMINACIONES, INCLUSIVE AQUELLAS EN QUE ‘DEJA EN CONFLICTO’ O ‘A SALVO LOS DERECHOS’ DEL SOLICITANTE, PORQUE TALES DECISIONES EQUIVALEN A UNA NEGATIVA QUE OBLIGA A DICHO TRIBUNAL A PRONUNCIARSE EN CUANTO AL FONDO. En términos de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley Agraria, la asamblea general de comuneros o ejidatarios es el órgano supremo del ejido, a la que compete, entre otros asuntos, determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar y reconocer el parcelamiento económico o de hecho, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes; por tanto, es a dicho órgano a quien corresponde la asignación de tierras, parcelas y solares. Ahora bien, si la mencionada asamblea, al resolver, deja ‘en conflicto’ una determinada parcela o solar, o ‘a salvo los derechos’ del solicitante, tales determinaciones u otras similares equivalen a una negativa, de modo que los afectados podrán impugnarla, en términos de lo dispuesto en los artículos 61 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ante el Tribunal Unitario Agrario, el que está en aptitud de pronunciarse en cuanto al fondo."

Así, es correcta la consideración del tribunal responsable al determinar prescrita la acción de nulidad de la mencionada acta de asamblea, en tanto que es extemporáneo el ejercicio de la mencionada acción, pues no se hizo dentro del término de noventa días a que se contrae el artículo 61 de la Ley Agraria, en confrontación con la fecha en que presentó la demanda de nulidad que lo fue el cinco de marzo de dos mil siete, esto es, transcurrieron nueve años, ocho meses y tres días desde que se celebró la asamblea impugnada, por lo cual se situó en la hipótesis del señalado normativo 61 de la Ley Agraria.

No es óbice para lo anterior, que la autoridad responsable haya mencionado que el actor, por haber comparecido a la asamblea, debió haber ejercitado su acción dentro de los noventa días contados a partir del día siguiente de su celebración, siendo que en la lista de asistencia de ejidatarios no obra la firma del quejoso.

Empero, aun cuando el actor no haya estado presente en la asamblea, el referido plazo le sigue computando en la forma que se comenta, pues los acuerdos obligan a todos los integrantes del núcleo por igual, inclusive a los ausentes, en términos del artículo 27 de la Ley Agraria, que dice:

"Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea."

Permitir lo contrario, haría nugatorio dicho numeral, pues bastaría que cualquier integrante reconocido del ejido no asistiera a la asamblea para que con posterioridad alegara el desconocimiento de los acuerdos tomados y a la par de ello el inicio del cómputo respectivo para impugnarlos, bajo la idea de que a partir de ese momento se hace sabedor o tiene conocimiento de aquéllos, lo que es jurídicamente inaceptable, pues los integrantes del ejido que no participaron en la toma de acuerdos tendrían cada quien un distinto inicio de término para los efectos de su impugnación, lo que sería tanto como consentir que cada ausente de la asamblea decida en qué momento los acuerdos se tornan impugnables.

Por su contenido jurídico, se cita la jurisprudencia 2a./J. 50/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de dos mil, página ciento noventa y siete, que dice:

"POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS. De conformidad con lo que disponen los artículos 12, 14, 15, 16, 20, 48, 71, 79, 80 y 101 de la Ley Agraria; 30, 34, 37, 38, 40, 52 y 53 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el ejidatario, los posesionarios regulares y los irregulares de parcela, son sujetos de derechos agrarios individuales; sin embargo, mientras los dos primeros pueden asistir y participar con voz y voto en las asambleas sobre asignación de tierras, los posesionarios irregulares no tienen oportunidad de intervenir en ellas; en tal virtud, cabe decir que para el ejidatario y los posesionarios regulares, el cómputo del plazo de noventa días para impugnar la resolución de la asamblea sobre asignación de tierras a que se refiere el artículo 61 de la Ley Agraria, inicia a partir del día siguiente de la fecha de la misma, a diferencia de los posesionarios irregulares para quienes el cómputo de dicho plazo, no debe iniciar, necesariamente a partir de esa fecha, sino desde que conocieron o se hicieron sabedores de la resolución, en razón de que por su carácter, no son citados ni tienen obligación de comparecer a la asamblea."

También se invoca la tesis VI.3o.A.206 A, de este Tribunal Colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil doscientos noventa y dos, que dice:

"ASAMBLEA SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS. EL PLAZO PARA IMPUGNAR SUS DECISIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA, PARA LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS Y POSESIONARIOS REGULARES LES CORRE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DE AQUÉLLA, CON INDEPENDENCIA DE QUE NO HAYAN ESTADO PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 50/2000, visible en la página ciento noventa y siete del Tomo XI, mayo de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.’, determinó que a los ejidatarios, comuneros y posesionarios regulares, el plazo para impugnar las determinaciones de la asamblea sobre asignación de tierras les corre a partir del día siguiente a su celebración, en tanto que dichos sujetos pueden asistir y participar en ella con derecho de voz y voto. Conforme a lo asentado por el Alto Tribunal en la jurisprudencia aludida y en la ejecutoria de la que deriva, los posesionarios irregulares no tienen obligación de asistir a las asambleas del ejido, pero sí se surte ese deber para los ejidatarios, comuneros y posesionarios regulares por contar con el derecho de participación. Ante tal deber, el artículo 22 de la Ley Agraria establece que el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios, mientras que, por su parte, el numeral 27 de la misma legislación, en lo que importa, dispone que las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. De ahí que si todos los ejidatarios participan en la asamblea y las decisiones que como órgano supremo se tomen son obligatorias para ausentes y disidentes, en consecuencia, es de concluirse que a pesar de no haber participado en la reunión, no obstante tener el derecho de voz y voto, los acuerdos obligan a todos los integrantes del núcleo por igual y la posibilidad de impugnación comienza a correr a partir del día siguiente a aquel en que tuvo verificativo. Pensarlo de distinta manera haría nugatorio el contenido del artículo 27 de la Ley Agraria, pues bastaría que cualquier integrante reconocido del ejido no asistiera a la asamblea para con posterioridad alegar el desconocimiento de los acuerdos tomados y a la par de ello el inicio del cómputo respectivo para impugnarlos, bajo la idea de que a partir de ese momento se hace sabedor o tiene conocimiento de aquéllos, lo que es jurídicamente inaceptable; luego, los integrantes del ejido que no participaron en la toma de acuerdos tendrían cada quien un distinto inicio de término para los efectos de su impugnación, lo que sería tanto como consentir que cada ausente de la asamblea decida en qué momento los acuerdos se tornan impugnables."

Por último, resultan inatendibles los argumentos expuestos por el quejoso relacionados con el fondo del asunto, tales como:

- Que la autoridad responsable no analizó ni valoró concienzudamente las pruebas ofrecidas.

- Que la parte demandada se allanó a todas sus pretensiones sin que se le diera el valor probatorio correspondiente, lo cual lo deja en un total estado de indefensión, además de que tampoco se valoró la constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal. Invoca para apoyar su dicho, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "ALLANAMIENTO Y CONFESIÓN. AMBAS INSTITUCIONES TIENEN EN COMÚN EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA, SIN EMBARGO LA PRIMERA TAMBIÉN ACEPTA LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN Y LA APLICABILIDAD DEL DERECHO, SIMPLIFICANDO CON ELLO EL PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN CON MAYOR EXPEDITEZ (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." y la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "COMISARIADOS EJIDALES, CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR. SU APRECIACIÓN EN EL JUICIO AGRARIO."

- Que lo deja en estado de indefensión el que la autoridad responsable no haya valorado correctamente las pruebas ofrecidas y no haberlas relacionado.

En efecto, son inatendibles dichas manifestaciones relacionadas con el fondo del asunto, pues al haberse declarado prescrita la acción de nulidad del acta de asamblea impugnada, el tribunal responsable estaba imposibilitado jurídicamente para avocarse al estudio del fondo del asunto, incluyendo de las pruebas ofrecidas.

Por ilustrativa, se invoca la tesis jurisprudencial número 405 de la entonces Cuarta Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página trescientos treinta y cinco, del Apéndice 2000, Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"PRESCRIPCIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO.-Cuando una Junta de Conciliación y Arbitraje considere operante la excepción de prescripción alegada con respecto a determinada acción, resulta innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del asunto en cuanto a esa acción se refiere."

Sin que sea óbice que en la sentencia reclamada la autoridad responsable haya esgrimido razonamientos de fondo en cuanto a la posesión de la parcela en conflicto y efectuado la valoración de diversas pruebas (documental, pericial y testimonial) para tal efecto.

Lo anterior, porque tal proceder de la responsable sólo se hizo para restar eficacia probatoria al allanamiento que expresaron los integrantes del comisariado ejidal, pero aunado a la diversa consideración de que la confesión por parte de la demandada (comisariado ejidal) no eximía a la actora de probar todos los elementos de su acción ni a ese tribunal responsable de examinar si la acción era o no procedente, invocando para apoyar su dicho, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que lleva por rubro: "ALLANAMIENTO. NO SIEMPRE ES CAUSA DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."

Y tal conclusión de la responsable en el sentido de que el allanamiento del comisariado ejidal no hacía procedente la acción, es correcta, porque doctrinalmente, el allanamiento procesal se entiende como "una actitud que puede asumir el demandado capaz frente a una demanda judicial, en la que se conforma expresa e incondicionalmente con el contenido de la pretensión que se le reclama" (Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo A-C, Editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, México, dos mil cinco, página ciento sesenta y cinco).

Esto es, el allanamiento tiene que ver con la aceptación de la pretensión del demandante, no con la aceptación de la procedencia de la acción intentada, que son dos aspectos distintos.

En las relatadas condiciones, al resultar ineficaz el único concepto de violación que adujo el quejoso en su demanda de amparo, y no advertirse motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja a favor del impetrante, procede negar el amparo solicitado.

Por último, respecto a los alegatos formulados por el tercero perjudicado, comisariado ejidal del poblado de San Andrés Azumiatla, Municipio y Estado de Puebla, debe destacarse que no es dable hacer mayor pronunciamiento, pues los mismos no forman parte de la litis en esta vía constitucional, al tenor de la jurisprudencia P./J. 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO."

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en la sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil ocho, dictada en el expediente agrario 111/07.

Notifíquese, regístrese con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Enrique Zayas Roldán, Jaime Raúl Oropeza García y Alejandro de Jesús Baltazar Robles, bajo la ponencia del segundo de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 1 a 9, 12 a 23, 27, 61 y 62 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Nota: Las tesis de rubros "ALLANAMIENTO Y CONFESIÓN. AMBAS INSTITUCIONES TIENEN EN COMÚN EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA, SIN EMBARGO LA PRIMERA TAMBIÉN ACEPTA LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN Y LA APLICABILIDAD DEL DERECHO, SIMPLIFICANDO CON ELLO EL PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN CON MAYOR EXPEDITEZ (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", "COMISARIADOS EJIDALES, CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR. SU APRECIACIÓN EN EL JUICIO AGRARIO." y "ALLANAMIENTO. NO SIEMPRE ES CAUSA DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, claves I.6o.C.316 C, Tomo XIX, junio de 2004, página 1409 y VI.2o.102 A, Tomo VI, agosto de 1997, página 689 y Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 193-198, Sexta Parte, página 24.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21228-705438b9/asamblea-sobre-asignacion-de-tierras-el-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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