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Modo: Corpus Pro

EXTRANJEROS. SU CAPACIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA MORAL NO SE LIMITA POR EL HECHO DE QUE NO ACREDITEN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SUS CONDICIONES Y CALIDAD MIGRATORIA LES PERMITEN REALIZAR TAL ACTO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 180/2008. · Registro digital (IUS): 21237
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 1011.

REVISIÓN FISCAL 180/2008. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La sentencia recurrida, en lo conducente, dice lo siguiente:

"Guadalajara, Jalisco, a treinta de enero de dos mil ocho. Estando debidamente integrada la Tercera Sala Regional de Occidente, para sesionar en los términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los Magistrados Juan Manuel Jiménez Illescas como presidente, Javier Bernardo Gómez Cortés y Georgina Ponce Orozco, como instructora, dando fe como secretario de acuerdos el licenciado Edgard Apolonio Sandoval Berber; apreciando que el administrador local jurídico de Guadalajara Sur, al producir contestación a la demanda formuló causales de improcedencia y, por ende, de sobreseimiento del juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202 y 203 del Código Fiscal de la Federación (contenidos en el título VI, vigente hasta el 31 de diciembre del 2005, aplicable en el presente juicio de conformidad con el diverso cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), se procede a su estudio.

"Aduce el encargado de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, que procede sobreseer el juicio de nulidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el diverso 202, fracción XIV, en correlación con los diversos 200 y 209, fracción II, del citado ordenamiento legal, toda vez que el promovente no acreditó la personalidad con la que se ostenta como representante legal de la persona moral ‘Promotora Paradise, S.A. de C.V.’.

"Causal de improcedencia que este órgano colegiado considera infundada e insuficiente para sobreseer el juicio de nulidad, al desprenderse de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, en específico, la resolución contenida en el oficio 325-SAT-18-A-01048, de 29 de abril de 2005 (fojas de la 23 a la 30 de autos), que el promovente, en términos de lo dispuesto por los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, acreditó la personalidad con la que se ostenta como representante legal de Promotora Paradise, S.A. de C.V.

"Así las cosas, los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, en la parte que interesa disponen:

"‘Artículo 200. Ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar, en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.

"‘La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones ...’

"‘Artículo 209. El demandante deberá adjuntar a su demanda:

"‘...

"‘II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con el que la acredite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando no gestione en nombre propio ...’

"De lo inserto se colige que en tratándose del juicio contencioso administrativo, quien promueva a nombre de otra persona, deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda, ya que es obligación del compareciente adjuntar el documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, o bien, exhibir aquel en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada.

"Con base en lo anterior, al preverse en los aludidos dispositivos jurídicos la posibilidad para quien promueva en nombre de otro, de acreditar que tiene legitimación procesal activa, ya sea mediante la exhibición del documento en el que conste su personalidad o, al través de aquel en el que se demuestre que le fue reconocida por la autoridad demandada; luego entonces, al obrar en autos la resolución impugnada contenida en el oficio 325-SAT-1-A-01048, de 29 de abril de 2005, emitida por el administrador local jurídico de Tepic, Nayarit, de la cual se observa que la autoridad demandada le reconoció a Víctor George Soveringo (textual) Danieli, su carácter de representante legal de la persona moral (foja 23 de autos), ello implica asumir que el promovente en términos de lo estatuido por el artículo 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, acreditó tener interés jurídico para demandar la nulidad de la resolución recurrida en representación de ‘Promotora Paradise, S.A. de C.V.’ Criterio de este órgano colegiado que se apoya en la tesis III-TASR-XIV-278, emitida por la Sala Regional Pacífico-Centro, Tercera Época, publicada en la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de abril de 1995, página 36, que a la letra dice:

"‘PERSONALIDAD. CASO EN EL QUE SE ACREDITA EN EL JUICIO DE NULIDAD. Si bien el artículo 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, establece que el demandante debe exhibir en el juicio de nulidad, el documento con el que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada; también es cierto que cuando la resolución impugnada recayó a un recurso que la autoridad demandada admitió a trámite y resolvió, promovido por la misma persona que interpone el juicio de nulidad, ostentándose en ambos casos como representante de la empresa actora debe admitirse la demanda con base en el segundo supuesto de dicho numeral, aunque la litis se constriña precisamente a determinar si en el recurso el promovente había o no acreditado su personalidad, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión (14).’

"No es óbice para sentenciar lo anterior, los argumentos formulados por las demandadas, porque para considerar que el hecho de que la autoridad demandada le reconociera la personalidad con la que se ostenta a Víctor George Sovernigo Danieli, como representante legal de la persona moral, no es suficiente para resolver que se cumplió con lo dispuesto por los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, sino que resultaba forzoso que el encargado de la defensa jurídica de las demandadas acreditara ante esta juzgadora que el mandato por el cual se le reconoció su personalidad con motivo de la consulta estaba limitado expresamente para la representación de los actos que se debían realizar ante la demandada, por lo que al no hacerlo, sus razonamientos son infundados. Lo que se corrobora incluso del testimonio de la escritura pública 2,501, pasada ante la fe del notario público 2, en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, del cual se desprende que el señor Víctor George Sovernigo Danieli, es apoderado de la persona moral, con facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, conforme lo dispuesto por el artículo 2,554 del Código Civil Federal, lo que implica que tenga legitimación procesal activa para demandar ante este tribunal la nulidad de la resolución combatida.

"No es óbice para resolver lo anterior, lo expuesto por el administrador local jurídico de Guadalajara Sur, en el sentido de que: ‘... el promovente es de nacionalidad extranjera, en específico de nacionalidad canadiense, lo cual se conoció en la instancia administrativa, hecho que exige a ese tribunal que antes de llevar a cabo la atención a la demanda, exija que quien promueva, además de acreditar los requisitos de procedencia del juicio, acredite su legal estancia en el país al momento de presentar su demanda, tal como lo dispone el artículo 67 de la Ley General de Población ...’. Efectivamente, esta Sala considera que lo expuesto no es suficiente para sobreseer el juicio, porque al acreditar el promovente su carácter de representante legal de la persona moral, conforme lo dispuesto por los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, lo conducente era que se admitiera a trámite la demanda de nulidad.

"Aunado a lo expuesto, es importante mencionar que del testimonio de la escritura pública 2,501, pasado ante la fe del notario público 2 de Bucerías, Nayarit, de su contenido se observa, por lo que hace a la legal estancia del promovente en el país, que el notario público se cercioró de ello con la exhibición del documento migratorio FM2 1393145, expedido por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (foja 32 de autos), lo cual es suficiente para que exista la certeza de que el promovente en la fecha de interposición de la demanda estaba legalmente en el país; de ahí que, al acreditar la personalidad con la que se ostenta, lo conducente era que la demandada desvirtuara dicha presunción, por consiguiente, al no evidenciar mediante la exhibición de los medios de convicción idóneos que en la fecha que se interpuso la demanda de nulidad el promovente no estaba legalmente en el país, no procede sobreseer el asunto, siendo lo conducente que esta juzgadora se pronuncie respecto de la cuestión de fondo planteada.

"Asimismo, cabe agregar que el extranjero, por el simple hecho de ser persona, goza de las garantías individuales consagradas en la Constitución, por lo que al estar legitimado para salvaguardar los intereses de la persona moral, puede interponer la demanda de nulidad en su representación, por lo que lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley General de Población no constituye una prohibición para este tribunal de dictar resolución en el presente asunto que es de su competencia, máxime si como ha sido expuesto, el promovente acreditó tener legitimación procesal activa para interponer la demanda de nulidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

"Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202, fracciones I y XIV, 203, fracción II y 236 del Código Fiscal de la Federación (contenidos en el título VI, vigente hasta el 31 de diciembre del 2005, de conformidad con el diverso cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), se resuelve:

"I. Son infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento estudiadas, en consecuencia;

"II. No procede sobreseer el juicio en que se actúa.

"Analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento referidas y al no existir alguna otra cuestión que impida emitir resolución en cuanto al fondo, esta Sala con fundamento en los artículos 236 y 237 del Código Fiscal de la Federación (contenidos en el título VI, vigente hasta el 31 de diciembre del 2005, de conformidad con el diverso cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), procede a dictar sentencia, y;

"...

"CONSIDERANDOS:

"PRIMERO. Esta Tercera Sala Regional de Occidente resulta competente en razón del territorio para conocer del presente juicio, en cumplimiento a la jurisprudencia III-JP-1, del Pleno de la Sala Superior de este tribunal, consultable en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, registro 16,930, Tercera Época, Año IX, No. 108, de diciembre de 1996, página 7, que posteriormente se transcribe, toda vez que la demanda de nulidad fue interpuesta el 1o. de agosto de 2005, esto es, durante la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de diciembre de 1995, la cual, a partir de la reforma publicada en el propio diario el 31 de diciembre de 2000, establecía la competencia de las Salas Regionales en función de la sede de la autoridad demandada, y al encontrarse ubicada dentro de la jurisdicción establecida por los artículos 28 y 29 de la ley en cita; así como en los diversos 23, fracción VII y 24, fracción VII, primero y segundo transitorios del Reglamento Interior de este tribunal, así como en los acuerdos G/30/2005 y G/15/2006, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005 y el 21 de febrero de 2006, respectivamente; igualmente, resulta competente por razón de la materia, ya que la resolución impugnada se encuentra comprendida en la fracción IV del numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; procediendo a resolver este juicio de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes hasta el 31 de diciembre del 2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2005 y vigente a partir del 1o. de enero de 2006; asimismo, la existencia jurídica del acto administrativo materia de esta controversia, se encuentra acreditada en términos de los artículos 93, fracciones I y II, 95, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 197, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (contenido en el título VI, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, que es aplicable de conformidad con el diverso cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), con el ejemplar de la resolución impugnada exhibida por la parte actora, así como por el reconocimiento que de la misma hacen las autoridades demandadas. La jurisprudencia invocada es del tenor literal siguiente:

"‘INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA QUE UNA SALA REGIONAL DECLINE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Conforme a la interpretación armónica de los artículos 218 y 228 Bis del Código Fiscal de la Federación, se desprende que cuando ante una Sala Regional se presente una demanda, ésta deberá cerciorarse de su competencia territorial antes de aceptarla por ser ese el momento procesal oportuno para declinar, en su caso, la competencia. Por lo que admitida la demanda la Sala Regional asume la competencia para conocer del juicio, quedando únicamente en las partes la posibilidad de plantear dicho incidente (1).’

"(Se transcriben precedentes)

"SEGUNDO. Con fundamento en lo previsto por el penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, esta juzgadora, por ser una cuestión de orden público y constituir un presupuesto procesal de esencial pronunciamiento procede de oficio a examinar si la resolución recurrida, se encuentra afectada de una ausencia total de fundamentación y motivación, y si fue emitida por autoridad competente.

"En efecto, el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, en su primero y penúltimo párrafos establece que:

"‘Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"‘...

"‘El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución ...’

"(Lo resaltado es nuestro).

"De la transcripción anterior se desprende la obligación que tiene este tribunal para analizar de oficio: a) si la resolución impugnada se encuentra afectada de una ausencia total de fundamentación y motivación, y b) la competencia de la autoridad que la emitió o, en su caso, aquella que ordenó o tramitó el procedimiento del que derivó; estudio que se realiza no sólo con base en las facultades conferidas a esta juzgadora por el precepto legal transcrito, sino también en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, de la Novena Época, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIV de julio de 2006, en la página 345, cuyos rubro, síntesis y precedentes, versan al tenor literal siguiente:

"‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. En esa virtud, se concluye que el Tribunal citado debe, en todos los casos, examinar esos aspectos y declarar que la resolución no adolece de alguno de ellos, lo cual no requiere de consideraciones exhaustivas, o bien, que en el caso se surte la causal de nulidad correspondiente, expresando, entonces sí, de manera fundada y motivada, las consideraciones que den sustento a su decisión.’

"(Se transcriben precedentes).

"Es importante mencionar que acorde a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, la competencia de la autoridad emisora del acto de molestia es de estudio preferente de manera oficiosa con independencia de que se trate de una ausencia de fundamentación o ésta sea incorrecta o incompleta, lo que se corrobora del análisis efectuado al tercero de los considerandos de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de mérito al resolver la contradicción de tesis 205/2006, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

"Puntualizado lo anterior, por lo que se refiere a la ausencia total de fundamentación y motivación, debe señalarse que no se produce tal ilegalidad en el acto administrativo impugnado, al contar con diversos preceptos legales y razonamientos en los que se sustenta la demandada para su emisión.

"Ahora bien, por lo que hace a la competencia del funcionario que emitió la resolución impugnada, de su contenido se observa, que el administrador local jurídico de Tepic, la fundó así:

"Artículos 1o., 2o., 7o., fracciones X y XIII y tercer transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1 de julio de 1997, modificado mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial los días 4 de enero de 1999 y 12 de junio de 2003, vigente a partir del día siguiente de su publicación;

"Artículos 1o., 2o., 28, primer párrafo, fracción II, en relación con el artículo 26, fracción IX, 39, primer párrafo, apartado A, artículos primero, tercero, cuarto y octavo transitorios del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de marzo de 2001, vigente al día siguiente de su publicación y reformado mediante diversos de fechas 30 de abril de 2001 y 17 de junio de 2003, publicados en el mismo órgano oficial;

"Artículo segundo, segundo párrafo, en el apartado correspondiente a la Administración Local Jurídica de Tepic, con sede en Tepic, Nayarit, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002; reformado mediante diversos de fechas 12 de septiembre y 23 de octubre de 2002, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre y 30 de octubre, ambos de 2002, vigente a partir del día siguiente a su publicación.

"Artículo 33, último párrafo, 34, 37 y 38, del Código Fiscal de la Federación.’

"Fundamentos legales que a juicio de esta Sala, por lo que hace a la competencia territorial, no son suficientes para fundarla, al constatarse del contenido de la resolución impugnada que el administrador local jurídico de Tepic, si bien citó como parte de su fundamentación el ‘artículo segundo, segundo párrafo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002, modificado por acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre y 30 de octubre de 2002’, en el que se precisa la circunscripción territorial en la que las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria ejercerán las facultades materiales; también lo es, que por tratarse de una norma compleja (al no contener apartados, fracciones, incisos o subincisos, y componerse de diversos párrafos, sin que se haga una distinción entre cada uno de ellos), para considerar suficientemente fundada su competencia territorial, debió transcribir la parte correspondiente de dicho precepto, que le confiere la competencia por razón del territorio, para otorgarle la certeza al particular de que la resolución fue dictada dentro del espacio de validez en el cual puede ejercer materialmente sus facultades. Omisión en la que incurrió dicho funcionario, que se traduce en una violación a lo dispuesto por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha de su emisión.

"En efecto, el principio de la debida fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución General de la República, que recoge la fracción III del numeral 38 del Código Fiscal de la Federación, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir los actos de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios; por ende, para estimar satisfechos los extremos del principio en comento, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir los actos de molestia, es necesario que en los documentos que se contengan se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación y, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.

"Resulta aplicable al presente asunto la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de la Novena Época, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de septiembre de 2005, página 310, que a la letra dice:

"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.’

"(Lo resaltado es nuestro).

"‘Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.’

"Asimismo, resulta aplicable al criterio de esta juzgadora que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, de noviembre de 2001, página 31, que a la letra dice:

"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

"‘Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21237-286dbffd/extranjeros-su-capacidad-para-promover-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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