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AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO COMBATIRSE EN UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 893/2006. · Registro digital (IUS): 21261
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 36.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 893/2006.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se trata de un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que omitió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del capítulo II, artículo 16, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. El recurso de revisión se presentó dentro del término legal de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que la sentencia recurrida se notificó por lista el día ocho de mayo de dos mil seis, mientras que el aludido recurso se interpuso el día veintidós de mayo siguiente, por lo que descontándose los días nueve, por estar surtiendo efectos la notificación de mérito, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo, por corresponder a sábados y domingos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta que la interposición del recurso se realizó el noveno día de los diez que se tenían para ello, toda vez que el plazo transcurrió del día miércoles diez de mayo al martes veintitrés de mayo siguiente.

TERCERO. La quejosa expresó como agravios, los que a continuación se sintetizan:

a) Que en los conceptos de violación expuestos ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, relativos al juicio de amparo directo 263/2006, se planteó la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, concepto que a criterio de la quejosa, se omitió su estudio totalmente.

b) Que el considerando cuarto de la sentencia del Tribunal Colegiado, en el cual se resolvió lo referente al tema de constitucionalidad planteado, no se encuentra ajustado a derecho, ya que considera que en el caso no existe cosa juzgada, ni tienen aplicación los criterios utilizados por el referido tribunal, los cuales se identifican con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO."(1) y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD POR EL MISMO QUEJOSO.",(2) criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en su dicho a los Magistrados no les corresponde la razón, porque el amparo se concedió para efectos y para ordenar la anulación de la resolución que constituye el acto reclamado y, por tanto, no se puede hablar de cosa juzgada.

c) Que el juicio de amparo 236/2006, fue la etapa procesal para plantear el tema de inconstitucionalidad referente al artículo 16, fracción I, del Código Penal, mismo que se le aplicó a la quejosa, toda vez que los dos amparos anteriores y el recurso de queja fueron para efectos.

d) Que la problemática de inconstitucionalidad se debe analizar por este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público, y por contravenir el espíritu de la Constitución, los tratados internacionales y el principio de supremacía constitucional, y no puede ser ajeno a la litis, ya que se puede invocar mientras no haya sentencia ejecutoriada.

CUARTO. Esta Primera Sala considera que los agravios expuestos por la quejosa son por una parte infundados y por otra inoperantes, en virtud de las consideraciones que a continuación se expresan.

De los antecedentes que informan a la sentencia ahora impugnada, sintetizados en el resultando tercero de la presente ejecutoria, destaca que la peticionaria de amparo interpuso un primer juicio de garantías, en contra de la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, mismo que registró con el número 338/2004.

En el acto reclamado en ese juicio de amparo se reiteraron las consideraciones de la sentencia de primera instancia, al tener por acreditado el cuerpo del delito y la responsabilidad de la hoy quejosa, por los delitos de homicidio y lesiones, con la peculiaridad de que en la sentencia de segunda instancia se incrementó la pena.

La quejosa promovió un segundo juicio de amparo en contra de la sentencia dictada en cumplimiento del citado juicio de garantías 338/2004, mismo que se registró bajo el número 594/2005 y, finalmente, promovió el juicio de amparo 263/2006 del cual deriva el presente recurso de revisión, en contra de la resolución dictada en acatamiento al recurso de queja 92/2005, derivado de la misma causa penal, en el cual hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, lo que a decir del Tribunal Colegiado de Circuito no aconteció en el primer juicio de amparo.

En primer lugar es necesario precisar que, tal como lo manifiesta la propia recurrente en los conceptos de violación expresados en el juicio de amparo directo 263/2006, ella tenía diecisiete años cuando cometió el ilícito, pues adujo "... que la quejosa tenía una edad de 17 años diecisiete años (y a juicio de la responsable) tiene un madurez mental para discernir, criterio que no comparto por estar en la adolescencia tendiente a entrar en la mayoría de edad y que no analizó (la responsable) y tomó en consideración que en igual forma corrió el mismo riesgo que todos los lesionados ...", (foja 18 del juicio de amparo 263/2006) y agregó en su cuarto concepto de violación que: "... Existe una violación manifiesta al artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la responsable violó por completo en perjuicio de la quejosa los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 133 constitucionales, en relación con el artículo 53, fracción I de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que en la fecha en que sucedieron los hechos, la quejosa contaba con 17 diecisiete años de edad, al violarse también los Tratados Internacionales, en especial con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal del Estado de Michoacán, por la inconstitucionalidad del mismo, ya que contraviene lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, y como acto de aplicación en la sentencia definitiva de segunda instancia que se impugna mediante el presente juicio de amparo, cuando se confirma la sentencia de primera instancia dictada por el tribunal de origen ..." (foja 23 del juicio de amparo 263/2006).

La edad con la que contaba la sentenciada al momento de cometer los ilícitos penales en cuestión, no pasó desapercibida para el tribunal de segunda instancia, pues según lo informó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo directo 263/2006, "... el Magistrado responsable, al individualizar la pena impuesta a la peticionaria del amparo, no omitió considerar la edad de diecisiete años, alegada por la representación social en los agravios, pues atendió a ella como circunstancia que le desfavorece, al considerar que debido a la misma no tenía la experiencia necesaria para conducir un automóvil, tan es así que no presentó licencia para manejar, como se asentó en el parte informativo de tránsito, visible a fojas 9 y 10 del proceso. ..." (foja 74 vuelta del juicio de amparo 263/2006).

Por tanto, desde que se instauró el proceso penal en contra de la quejosa y, en especial, desde que se le declaró penalmente responsable de los delitos de homicidio y lesiones, contó con la oportunidad de acudir al juicio de amparo, en el cual estuvo en condiciones de plantear la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 16. Son causas de inimputabilidad:

"I. La condición de persona menor de dieciséis años. ..."

Así, desde el primer amparo directo en revisión 338/2004 que promovió en contra de la sentencia dictada en segunda instancia, pudo impugnar la inconstitucionalidad del precepto legal que desde el momento de la instauración del proceso penal y, especialmente, desde que se le declaró penalmente responsable, le causaba el perjuicio que aduce, consistente en que para el derecho civil una persona es mayor de edad a los dieciocho años y, en cambio, en materia penal, lo es desde los dieciséis años, siendo que a su juicio lo anterior es contrario a la Constitución Federal y a diversos Tratados Internacionales.

Por tanto, a juicio de esta Primera Sala no había motivo alguno para esperar hasta la promoción del juicio de amparo directo identificado con el número 263/2006, cuya resolución es materia de esta instancia, para hacer valer la inconstitucionalidad de la norma jurídica del Estado de Michoacán que prevé la edad a partir de la cual una persona es penalmente responsable. En consecuencia, tal y como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el artículo debe considerarse consentido e inoperantes los conceptos de violación expresados en relación con esta cuestión.

Apoya a la anterior determinación el contenido del artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."

"Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"...

"IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.

"Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia; ..."

Del análisis de los preceptos transcritos se deduce que al no poder sobreseerse en el juicio de amparo directo respecto de una ley cuya aplicación fue consentida, puesto que la misma no tiene el carácter de acto reclamado, lo que procede es declarar inoperante el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley que se formule dentro de los conceptos de violación.

Así, dentro de la sistemática instituida en la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, de tal suerte que si no se combate el primer acto se reputa consentido. Aunque, en principio, el argumento anterior es válido para los Jueces de Distrito, lo cierto es que también es aplicable al amparo directo, según se explicó.

La consideración expuesta encuentra sustento por el hecho de que el juicio de amparo interpuesto ante los Tribunales Colegiados de Circuito es de carácter restrictivo y lógicamente si se promueve en contra de una sentencia en la que se aplica una norma y ésta no se cuestiona como inconstitucional, tal problema resulta ajeno a la litis y el tribunal de amparo tiene que resolver sobre el punto de que la quejosa ha aceptado la inconstitucionalidad de ese precepto, sin que pueda introducirlo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la de amparo en la que tal precepto no fue materia de análisis, por no haberse planteado dentro de los conceptos de violación la inconstitucionalidad del dispositivo.

Lo anterior significa que no es jurídicamente aceptable que los quejosos promuevan varios juicios de amparo directo y en el último expresen la inconstitucionalidad de un precepto si ya desde el primer acto reclamado éste se aplicó y les causó perjuicio, ya que de otra manera, se contrariaría la sistemática del amparo derivada de los artículos analizados.

Sustentan la consideración que precede las tesis que a continuación se transcriben, sustentadas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de este Alto Tribunal respectivamente, cuyo contenido comparte esta Primera Sala, y que son de rubro y texto siguiente:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 115-120, Primera Parte

"Página: 127

"LEYES, AMPARO CONTRA IMPROCEDENCIA. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro del término que la propia ley señala; el mismo artículo especifica que cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley que ya se ha aplicado al quejoso, éste puede optar por interponer inmediatamente el amparo, o bien, agotar los recursos o medios ordinarios de defensa legal que tenga a su alcance, pero en caso de que se decida por lo último, debe interponer la demanda de garantías, dentro del término legal de quince días, que se cuenta a partir del en que se hubiere notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa legal; es decir, que en todo caso debe presentarse la demanda a partir de que el acto de aplicación sea definitivo, pues de no hacerlo así, se entiende consentida la ley y el amparo es improcedente. De lo anterior se sigue que cuando el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional se contenga en un fallo definitivo dictado en una contienda de carácter judicial y el quejoso interponga en su contra amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, alegando cuestiones de mera legalidad y una vez resuelto tal amparo interponga nueva demanda de garantías reclamando la ley, ésta resulta improcedente, ya que los interesados debieron impugnar la propia ley, dentro de los quince días en que se notificó el laudo o sentencia, en la misma demanda que interpusieron ante el Tribunal Colegiado de Circuito y no esperar a que se tramitara y fallara el primer amparo, puesto que el último acto de aplicación no lo fue la ejecutoria del Tribunal Colegiado, dado que dicho amparo directo sólo tuvo por objeto analizar la legalidad del procedimiento judicial que culminó con la resolución definitiva y determinar si se violaron o no garantías, pero no constituye una instancia más."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, septiembre de 1997

"Tesis: 2a. CII/97

"Página: 408

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO. En amparo directo se puede válidamente alegar la inconstitucionalidad de un precepto legal dentro de los conceptos de violación de la demanda, siempre que dicho precepto haya sido aplicado en la sentencia o en el procedimiento por primera vez, de tal suerte que si el quejoso tuvo la oportunidad de plantear dicha inconstitucionalidad en un amparo anterior donde el precepto se aplicó en su perjuicio por primera vez, debe considerarse que en el segundo o ulterior juicio de amparo que promueva, el concepto de violación respectivo será inoperante, ya que el precepto legal fue consentido."

Por las razones que anteceden, los agravios planteados por la quejosa resultan infundados.

En adición a lo expuesto conviene precisar que si en un segundo amparo se combate una sentencia dictada en acatamiento de una sentencia recaída a un amparo anterior en el que no se objetó un precepto que ya se había aplicado a la quejosa y que no fue atacado de inconstitucional, jurídicamente no es posible introducir ese cuestionamiento en contra de la nueva sentencia, toda vez que el problema de constitucionalidad no formó parte de la litis del amparo anterior, ya que en los conceptos de violación no se hizo valer la inconstitucionalidad de la norma aplicada en la sentencia reclamada, no pudiéndose examinar ese problema por el tribunal de amparo, toda vez que había sido consentida.

En el mismo sentido se pronunció la Segunda Sala de este Máximo Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 1405/2002, bajo la ponencia del Ministro Juan Díaz Romero, fallado en sesión de ocho de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos. De este asunto derivó la tesis que correctamente aplicó el Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo penal número 263/2006, que es de rubro y contenido siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, enero de 2003

"Tesis: 2a. CCV/2002

"Página: 726

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD POR EL MISMO QUEJOSO. Si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis; y, si lo hace, el concepto de violación respectivo será inoperante."

En ese orden de ideas, en nada beneficia a la recurrente su argumentación en el sentido de que, dada la concesión de los amparos anteriores era sólo para efectos y no con plenitud de jurisdicción, por lo que no había operado el principio de cosa juzgada; lo anterior porque el Tribunal Colegiado no fundó su ejecutoria en la figura jurídica de la "cosa juzgada", sino en la causal de improcedencia consistente en el consentimiento tácito de la norma que ahora se impugna, al no haberse planteado el tema de constitucionalidad en el primer juicio de amparo, por lo que en ese aspecto los agravios son inoperantes al no combatir lo sustentado en la sentencia recurrida.

Tampoco cobran relevancia los efectos de las diversas sentencias concesorias de amparo, esto es, si se confirió o no plena jurisdicción a la responsable, pues lo cierto es que desde los conceptos de violación de la primera demanda de amparo era preciso plantear la inconstitucionalidad de la ley que sirvió de presupuesto al proceso penal, y al no demostrar que así fue, entonces debe decirse que precluyó su derecho para hacerlo en ulterior instancia.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, que es del tenor siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VII, abril de 1991

"Tesis: 3a./J. 16/91

"Página: 24

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

Toda vez que en el presente caso, los agravios planteados resultan ser por una parte infundados y por otra inoperantes en los términos ya indicados y que no se advierte queja deficiente que suplir, queda firme la sentencia recurrida y se niega el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Queda firme la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... en contra de la autoridad y del acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente José Ramón Cossío Díaz. Ausente el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández.

_______________

1. "En amparo directo se puede válidamente alegar la inconstitucionalidad de un precepto legal dentro de los conceptos de violación de la demanda, siempre que dicho precepto haya sido aplicado en la sentencia o en el procedimiento por primera vez, de tal suerte que si el quejoso tuvo la oportunidad de plantear dicha inconstitucionalidad en un amparo anterior donde el precepto se aplicó en su perjuicio por primera vez, debe considerarse que en el segundo o ulterior juicio de amparo que promueva, el concepto de violación respectivo será inoperante, ya que el precepto legal fue consentido."

2. "Si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis; y, si lo hace, el concepto de violación respectivo será inoperante."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21261-f720acdd/amparo-directo-son-inoperantes-los-conceptos-de-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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