INTERÉS JURÍDICO DEL RECURRENTE PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EN UN JUICIO DE NULIDAD LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ESTUDIA ALGÚN CONCEPTO DE ANULACIÓN Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDE EL AMPARO POR CUESTIONES DE LEGALIDAD, OMITIENDO EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 801/2006. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto primero, fracciones I y II, inciso b) y primero transitorio del Acuerdo Plenario 5/1999, así como el punto cuarto del diverso Acuerdo Plenario 5/2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve y veintinueve de junio de dos mil uno, respectivamente, toda vez que, el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que se planteó la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, no se requiere de la intervención del Pleno debido a que no se establece un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional o de interés excepcional.
SEGUNDO. En el caso, la sentencia recurrida emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, fue notificada por lista a las partes el seis de marzo de dos mil seis.
El término de diez días para la interposición del recurso de revisión correspondiente, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del ocho de marzo de dos mil seis al veintidós del mismo mes y año, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve y veintiuno de marzo, por ser días inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tales términos, en virtud de que el escrito de revisión se presentó el veinte de marzo de dos mil seis, es inconcuso que se hizo valer en tiempo.
TERCERO. Como cuestión previa, es preciso distinguir los antecedentes del caso:
1. Con fecha catorce de octubre de dos mil tres, **********, en representación de **********, demandó la nulidad de la resolución, con número de oficio 324-SAT-30-II-3-2-7216, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Coatzacoalcos, mediante la cual se determinó, a la empresa, un crédito fiscal por la cantidad total de **********, por concepto de contribuciones omitidas, accesorios y multas.
2. La demanda de nulidad quedó radicada en la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente número **********.
La Sala Fiscal, con fecha diez de mayo de dos mil cuatro, resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, únicamente por lo que se refirió a la multa impuesta con fundamento en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva resolución en la que al determinar la multa de conformidad con el precepto legal señalado, tomara en consideración el monto de las contribuciones omitidas sin actualizar.
3. En contra de la resolución anterior, la empresa quejosa interpuso demanda de amparo, misma que fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito.
En la demanda referida la quejosa planteó la inconstitucionalidad de los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación por transgredir la garantía de audiencia y los principios de proporcionalidad y equidad tributarias; y la de los artículos 46-A y 77, fracción I, inciso c), del mismo ordenamiento.
El cuerpo colegiado referido, con fecha seis de mayo de dos mil cinco, resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
El Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que resultaban fundados y suficientes para otorgar el amparo, los conceptos de violación por medio de los cuales la empresa quejosa arguyó que la Sala Fiscal desestimó ilegalmente sus conceptos de impugnación, del quinto al décimo primero, al no haber ofrecido y exhibido una prueba pericial contable.
Lo anterior, en virtud de que el Tribunal Colegiado señaló que la Sala Fiscal perdió de vista que no era necesaria la probanza referida, pues el quejoso alegó la ilegalidad de la resolución de la autoridad fiscalizadora y no así las operaciones aritméticas realizadas en la resolución impugnada.
4. En cumplimiento a dicha ejecutoria, con fecha dos de junio de dos mil cinco, la Sala Fiscal emitió una nueva resolución mediante la cual, una vez estudiados los conceptos de violación omitidos, resolvió reconocer la validez de la resolución impugnada, así como de las multas impuestas en la misma, excepto las multas sustentadas en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, respecto de las que ya había declarado su nulidad, para el efecto de que la autoridad emita una nueva en la que al determinar las multas tome en consideración el monto de las contribuciones omitidas sin actualizar.
5. En contra de la anterior resolución, con fecha siete de julio de dos mil cinco, la empresa demandó el amparo y protección de la justicia, materia del presente recurso, del cual conoció el mismo órgano colegiado que del primer amparo interpuesto por la empresa.
Con fecha dos de marzo de dos mil seis, el cuerpo colegiado dictó sentencia en la cual resolvió negar el amparo y protección constitucional solicitados.
6. En contra de dicha resolución, la empresa quejosa interpuso el recurso de revisión en estudio.
CUARTO. Las consideraciones necesarias para resolver el presente recurso son las siguientes:
A. La quejosa en sus conceptos de violación sostuvo, en materia de constitucionalidad, en síntesis, lo siguiente:
i. Señala la quejosa que la autoridad responsable viola los artículos 16 y 22 constitucionales, al confirmar la resolución de la autoridad fiscal que impone una multa excesiva.
Sostiene que se le impuso una multa excesiva, pues se basó en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, precepto que es contrario al artículo 22 constitucional, ya que toma dos elementos para la fijación de la multa: dejar de enterar la contribución y la inflación, situación que va más allá de lo razonable en relación con la conducta que se pretende castigar.
Arguye la quejosa que la Sala Fiscal reconoció la inconstitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que lo procedente era que declarara la nulidad lisa y llana de la resolución y no para efectos.
ii. Señala la recurrente que la sentencia viola el artículo 22 constitucional, ya que permite la aplicación de un monto fijo como multa a otra sanción ya impuesta.
Sostiene que en la sentencia de la Sala Fiscal se consideró que la resolución de las autoridades fiscales no contraviene el artículo 22 constitucional, al imponerse la multa prevista por el artículo 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, con lo que viola dicho precepto constitucional.
Arguye la quejosa que el artículo 77 mencionado prevé una multa excesiva, pues se aumenta un 50% sobre la contribución omitida cuando ya se había impuesto una multa, la prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que representaba el 70% de la contribución omitida actualizada.
Sostiene que dicha sanción va más allá del posible daño que se le pueda causar al Estado, además de que la misma supera las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito.
Arguye que no es óbice a lo anterior el hecho de que la autoridad tributaria impusiera el monto mínimo establecido en el precepto reclamado, ya que el artículo resulta inconstitucional por sí mismo, pues contiene una multa excesiva.
iii. Señala que se vulnera el artículo 16 constitucional, pues la sentencia se basa en el artículo 46-A, que es contrario a la garantía de inviolabilidad de domicilio, al permitir la ampliación del plazo hasta por dos ocasiones, sin establecer los supuestos y las razones por las que se permitirá dicha ampliación, lo que genera un acto totalmente discrecional y arbitrario por parte de la autoridad.
iv. Señala la quejosa que la sentencia es violatoria de los artículos 14 y 31, fracción IV, constitucionales, ya que se permite la aplicación de los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación, que son contrarios a los principios de audiencia, equidad y proporcionalidad tributarias.
Sostiene la quejosa que dichos preceptos violan la garantía de audiencia, ya que en ninguno se permite al contribuyente saber la causa de la determinación presuntiva, y en su caso se efectúe un procedimiento específico en el que exponga sus argumentos jurídicos y ofrezca pruebas y alegatos.
Arguye que no es óbice a lo anterior, el hecho de la existencia de una visita, ya que la misma es independiente al procedimiento de la determinación presuntiva.
La recurrente sostiene que el artículo 60 del Código Fiscal de la Federación contraviene la garantía de equidad tributaria, al permitir la aplicación de un factor fijo como presunta utilidad bruta del 50%, a pesar de que los contribuyentes sean diferentes.
Señala que el mencionado artículo 60 referido, viola la garantía de proporcionalidad, al permitir que, en caso de que no se pueda determinar el costo de los bienes, se considere a todos los contribuyentes una utilidad bruta del 50%, porcentaje que es ajeno a su real situación económica.
Sostiene que no es óbice a lo anterior, el hecho de que se trate de una determinación presuntiva, ya que debería contener lineamientos generales, estableciendo porcentajes en razón a los ingresos que se declaren, el tipo de actividad y el régimen en el que se tribute.
Argumenta la quejosa que el legislador, en contravención con el Texto Constitucional "presume" que las empresas sólo pueden generar una utilidad bruta del 50%, sin que dicho factor guarde relación con los porcentajes de utilidad que se pueden obtener en ese momento.
Señala que en los casos en los que una empresa no llegara a dicho nivel de utilidad se daría un pago en exceso, constituyéndose una violación sobre su patrimonio, ya que dificultaría su actividad económica.
v. Sostiene la quejosa que la sentencia impugnada viola los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, ya que permite la aplicación de los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación, que violan dichos preceptos constitucionales.
Arguye que los preceptos reclamados vulneran la garantía de certeza jurídica, ya que no se establece de manera clara la obligación de la autoridad tributaria de aplicar la determinación presuntiva, sólo de forma excepcional y ante la imposibilidad de verificar la verdadera situación fiscal del contribuyente.
Señala la quejosa que el hecho de que no se establezca de manera precisa que la autoridad primero debe determinar sobre una base cierta, y ante la imposibilidad de no poder revisar la verdadera situación fiscal del causante aplicar una base presunta, es violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, ya que la autoridad puede aplicar indiscriminadamente el procedimiento, sin revisar de forma exacta la situación fiscal del contribuyente, con lo que podría determinarse una contribución que no guarde relación con su capacidad económica, dándose de tal manera un trato inequitativo respecto de otros contribuyentes que se dediquen a la misma actividad.
vi. Sostiene la quejosa que la sentencia combatida al confirmar la validez de una resolución que permite la aplicación de los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación, viola los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, sobre todo al desnaturalizar el objeto del impuesto al valor agregado.
Arguye la quejosa que lo dispuesto por dichos preceptos desnaturaliza la esencia del impuesto al valor agregado, ya que se crea una base ficticia y ajena a la capacidad contributiva, pues no se señala en los procedimientos la forma en la que se presenta el plus valor a los bienes enajenados o a los servicios prestados, determinándose un crédito fiscal por la supuesta omisión de contribuciones, por lo que el objeto del impuesto no son los actos en sí, sino el plus valor adicionado a los bienes y servicios.
Que lo anterior es inequitativo, ya que unos sujetos se ven beneficiados de pagar realmente el impuesto al valor agregado sobre un plus valor, éstos son a los que se les aplica un procedimiento de determinación presuntiva.
B. Las consideraciones del Tribunal Colegiado del conocimiento, para negar el amparo respecto a los planteamientos de constitucionalidad, en síntesis, son los siguientes:
i. El órgano colegiado calificó de inoperantes los agravios por los que la quejosa alude a la aplicación, en su perjuicio, de los artículos del Código Fiscal de la Federación por ser inconstitucionales, ya que ello tuvo que haberse impugnado en revisión en contra de la resolución del primer amparo, según lo establecen las tesis cuyos rubros son: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EN ÉL SE PLANTEA UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE SU ESTUDIO Y AMPARA POR LEGALIDAD, EL QUEJOSO TIENE LA CARGA DE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PARA QUE SE DECIDA AQUELLA CUESTIÓN, PUES DE LO CONTRARIO YA NO PODRÁ REPLANTEARLA EN UN AMPARO SUBSIGUIENTE." y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE SI SE IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, DESESTIMANDO EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD."
Señala que no obsta a lo anterior, el hecho de que la primera de las tesis señaladas haya participado en la contradicción de tesis número 37/2003, de donde surgió una jurisprudencia, pues no le quita vigencia a la misma, ya que la cuestión de que la impugnación, por medio de revisión a una sentencia de amparo directo, en donde se haya omitido el estudio de la constitucionalidad, no fue materia de la contradicción.
ii. Sostiene el órgano colegiado que es inoperante el concepto de violación por el que señala la quejosa que se violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 50, 234, fracción I, 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, al valorar la confesión expresa de la autoridad, ni la documental pública (acta parcial de inicio de la visita), pues no combate las consideraciones torales de la sentencia, ni sostienen por qué considera que se violaron dichos artículos.
iii. Considera que es inoperante el concepto de violación por el que la quejosa reitera su concepto de impugnación relativo a la imposición de una doble sanción, ya que no se combatieron los argumentos de la Sala respecto de que fueron dos las conductas que se sancionaron, sin que ello se satisfaga por la introducción de un elemento novedoso al señalar que fueron tres las multas, lo cual no se propuso en la demanda de nulidad.
iv. Sostiene que son inoperantes los conceptos de violación en los cuales, señala la quejosa, que se determinó una multa excesiva, así como que es ilegal la determinación presuntiva de adquisiciones y utilidades, que se fijaran sobre la base del cincuenta por ciento, que no se refieren al costo con el que opera la empresa, aun aplicando los principios contables más aceptados, ya que son los mismos conceptos de anulación planteados en la demanda de nulidad y, por ende, no combate las consideraciones de la Sala Fiscal en la sentencia reclamada.
v. Por lo que se refiere al concepto de violación en el cual la quejosa sostiene que fue juzgada dos veces, pues la entidad local ya había revisado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y después la autoridad federal lo hizo, es inoperante por ser un argumento novedoso.
El cuerpo colegiado sostiene la misma consideración en lo referente al concepto de violación por el que la quejosa señala que la aplicación de los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación desnaturalizan el objeto del impuesto.
vi. Por otro lado, señala el Tribunal Colegiado del conocimiento que es infundado el concepto de violación por el que señala la quejosa que la Sala responsable debió declarar la nulidad lisa y llana, al considerar que la autoridad se había basado en un precepto declarado como inconstitucional.
Que lo anterior es así, ya que la resolución recurrida sólo se fundó en dicho precepto en cuanto a la imposición de multas, como accesorios de los créditos fiscales principales determinados en ella, siendo que la nulidad se declaró precisamente tomando en consideración la jurisprudencia que define el efecto que se debe dar a la multa según el artículo 76, fracción II.
vii. El órgano colegiado consideró infundado el concepto de violación en el que la quejosa sostuvo que se le aplicó retroactivamente una jurisprudencia, pues ésta se emitió con posterioridad a la controversia objeto del juicio, ya que este Alto Tribunal ha señalado que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad de la ley.
C. Los agravios expresados por la recurrente consistieron, en síntesis, en lo siguiente:
i. Señala la recurrente que la sentencia viola los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, así como los artículos 16 y 17 constitucionales, ya que se omitió el estudio de los conceptos de violación hechos valer en contra de los artículos 46, 46-A, 55, 56, 60, 76, fracción II y 77, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en los cuales arguyó su inconstitucionalidad.
Que contrario a lo señalado por el cuerpo colegiado, sus conceptos de violación no fueron ni podían ser planteados en contra de la primera resolución emitida por el mismo Tribunal Colegiado en el amparo directo **********, ya que en la sentencia que resolvió el mismo no se estudiaron los conceptos de violación de constitucionalidad planteados, pues no podían ser objeto de revisión porque se iba a subsanar el procedimiento en el juicio de nulidad.
Señala la quejosa que el órgano colegiado en su primera sentencia, para no abordar dichos conceptos de violación se basó en la jurisprudencia de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."
Sostiene la recurrente que el cuerpo colegiado no atendió a los términos de dicha jurisprudencia, pues no entró al estudio de los conceptos de violación sin causa alguna, lo que implicaba no darle un mayor beneficio, quebrantando el principio de exhaustividad de las sentencias de amparo, y violando el artículo 17 constitucional.
Arguye que el Tribunal Colegiado en el primer amparo directo presentado omitió el estudio de los argumentos relativos a la inconstitucionalidad de leyes al considerar que los argumentos de legalidad implicaban un mayor beneficio, y en el segundo amparo directo declaró inoperantes los argumentos por considerar que los mismos ya habían sido consentidos, al no reclamarlos en el primer amparo.
Sostiene la recurrente que no le son aplicables los criterios cuyos rubros son: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EN ÉL SE PLANTEA UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE SU ESTUDIO Y AMPARA POR LEGALIDAD, EL QUEJOSO TIENE LA CARGA DE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PARA QUE SE DECIDA AQUELLA CUESTIÓN, PUES DE LO CONTRARIO YA NO PODRÁ REPLANTEARLA EN UN AMPARO SUBSIGUIENTE." y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE SI SE IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, DESESTIMANDO EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.", que invoca el Tribunal Colegiado del conocimiento, ya que, por un lado, los mismos ya fueron superados y, por el otro, en el caso en concreto, a diferencia de lo que ocurrió en las ejecutorias que originaron dichas tesis, nunca se abordó el estudio de los conceptos de violación, ya que no se entró al fondo del asunto, sino sólo se ordenó reponer el procedimiento.
Señala que lo anterior vulnera el artículo 16 constitucional, ya que el Tribunal Colegiado del conocimiento aplica dos tesis aisladas, siendo que ya existe jurisprudencia.
Arguye la recurrente que se viola el artículo 17 constitucional, ya que nunca fue escuchada ni vencida en juicio antes de que se hiciera efectivo el acto de privación, ya que en el primer amparo no se resolvieron los aspectos de fondo, y en el segundo, tampoco al considerar que tuvieron que haberse combatido en el primero, siendo que eso no era posible, ya que sólo se repuso el procedimiento.
Sostiene la recurrente que al quedar sin efectos la sentencia emitida por la Sala Regional del Golfo por vicios del procedimiento, la nueva sentencia es un nuevo acto de aplicación de las leyes, por lo que es procedente la interposición del juicio de amparo.
ii. Señala la recurrente que la resolución viola el artículo 22 constitucional, ya que permite la aplicación de un monto fijo como multa a otra sanción ya impuesta.
Sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento omitió el estudio, acerca de que en la sentencia de la Sala Fiscal consideró que la resolución de las autoridades fiscales no contraviene el artículo 22 constitucional, al imponerse la multa prevista por el artículo 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, con lo que viola dicho precepto legal.
Arguye la recurrente que el artículo 77 mencionado prevé una multa excesiva, pues se aumenta un 50% sobre la contribución omitida cuando ya se había impuesto una multa, la prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que representaba el 70% de la contribución omitida actualizada.
Sostiene la recurrente que dicha sanción va más allá del posible daño que se le pueda causar al Estado, además de que la misma supera las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito.
Arguye que no es óbice a lo anterior el hecho que la autoridad tributaria impusiera el monto mínimo establecido en el precepto reclamado, ya que el artículo resulta inconstitucional por sí mismo, pues contiene una multa excesiva.
iii. Señala la recurrente que el cuerpo colegiado al no entrar al estudio de los conceptos de violación vulnera el artículo 23 constitucional, al consentir la aplicación del artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
Sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento olvida que el artículo 23 constitucional prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito, y que dicho principio es aplicable tanto a la materia penal, como a la administrativa, tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal.
Arguye la recurrente que al momento en el que el órgano colegiado omitió el estudio de los conceptos de violación en cuanto a la constitucionalidad de los preceptos reclamados, confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional, en donde se contraviene el artículo 23 constitucional al consentirse la aplicación del artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad hacendaria determinó diferencias por concepto de impuesto al valor agregado, además de imponer recargos y multas sobre las diferencias, por el ejercicio de dos mil uno, siendo que dicho ejercicio ya había sido objeto de revisión por otra autoridad fiscal.
Señala la recurrente que el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación es violatorio del artículo 23 constitucional, ya que permite que se practique una visita domiciliaria respecto de los mismos ejercicios y contribuciones.
iv. Arguye la recurrente que la sentencia recurrida viola los artículos 14 y 31, fracción IV, constitucionales, ya que permite la aplicación de los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación, que son contrarios a "los principios de audiencia, equidad y proporcionalidad".
Sostiene que dichos preceptos violan la garantía de audiencia, ya que en ninguno se permite al contribuyente saber la causa de la determinación presuntiva, y en su caso se efectúe un procedimiento específico en el que exponga sus argumentos jurídicos y ofrezca pruebas y alegatos.
Señala que no es óbice a lo anterior, el hecho de la existencia de una visita, ya que la misma es independiente al procedimiento de la determinación presuntiva.
Arguye la recurrente que el artículo 60 del Código Fiscal de la Federación, contraviene la garantía de equidad tributaria, al permitir la aplicación de un factor fijo como presunta utilidad bruta del 50%, a pesar de que los contribuyentes sean diferentes.
Señala que el mencionado artículo 60 viola la garantía de proporcionalidad, al permitir que, en caso de que no se puedan determinar el costo de los bienes, se considere a todos los contribuyentes una utilidad bruta del 50%, porcentaje que es ajeno a su real situación económica.
Sostiene que no es óbice a lo anterior, el hecho de que se trate de una determinación presuntiva, ya que debería contener lineamientos generales, estableciendo porcentajes en razón a los ingresos que se declaren, el tipo de actividad y el régimen en el que se tribute.
Argumenta la recurrente que el legislador en contravención con el Texto Constitucional, presume que las empresas sólo pueden generar una utilidad bruta del 50%, sin que dicho factor guarde relación con los porcentajes de utilidad que se pueden obtener en ese momento.
Señala que en los casos en los que una empresa no llegara a dicho nivel de utilidad se daría un pago en exceso, constituyéndose una violación sobre su patrimonio, ya que dificultaría su actividad económica.
v. Sostiene la recurrente que el cuerpo colegiado al no estudiar los conceptos de violación referentes a que los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación violan los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, confirma la sentencia de la Sala Fiscal, por lo que también vulnera dichos preceptos constitucionales.
Arguye que los preceptos reclamados vulneran la garantía de certeza jurídica, ya que no se establece de manera clara la obligación de la autoridad tributaria de aplicar la determinación presuntiva sólo de forma excepcional y ante la imposibilidad de verificar la verdadera situación fiscal del contribuyente.
Señala la recurrente que el hecho de que no se establezca de manera precisa que la autoridad primero debe determinar sobre una base cierta, y ante la imposibilidad de no poder revisar la verdadera situación fiscal del causante aplicar una base presunta, es violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, ya que la autoridad puede aplicar indiscriminadamente el procedimiento sin revisar de forma exacta la situación fiscal del contribuyente, con lo que podría determinarse una contribución que no guarde relación con su capacidad económica, dándose de tal manera un trato inequitativo respecto de otros contribuyentes que se dediquen a la misma actividad.
vi. Sostiene la recurrente que el órgano colegiado al no estudiar los conceptos de violación referentes a que los artículos 55, 56 y 60 del Código Fiscal de la Federación violan los preceptos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, confirma la sentencia de la Sala Fiscal, por lo que también vulnera dichos preceptos constitucionales, sobre todo al desnaturalizar el objeto del impuesto al valor agregado.
Arguye la recurrente que lo dispuesto por dichos preceptos desnaturaliza la esencia del impuesto al valor agregado, ya que se crea una base ficticia y ajena a la capacidad contributiva, pues no se señala en los procedimientos la forma en la que se presenta el plus valor a los bienes enajenados o a los servicios prestados, determinándose un crédito fiscal por la supuesta omisión de contribuciones, por lo que el objeto de impuestos no son los actos en sí, sino el plus valor adicionado a los bienes y servicios.
Señala la recurrente que lo anterior es inequitativo, ya que unos sujetos se ven beneficiados de pagar realmente el impuesto al valor agregado sobre un plus valor, éstos son a los que se les aplica un procedimiento de determinación presuntiva.
vii. Sostiene la recurrente que se vulnera su garantía de legalidad, ya que el cuerpo colegiado no fundó ni motivó las razones por las que no entró al estudio de su concepto de violación.
Arguye que la sentencia recurrida viola los principios que estable el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que se pretende que la misma cubra al mismo tiempo la contribución anual y los pagos provisionales del mismo tributo que sólo son a cuenta del mismo.
Señala que el órgano colegiado realizó la indebida aplicación de la jurisprudencia citada por el mismo, acerca de los pagos provisionales, ya que considera que dicha tesis permite que se determinen dichos pagos y la contribución anual, aunque ya se haya presentado la declaración del ejercicio y se haya establecido tal contribución, siendo que, señala la recurrente, dicha jurisprudencia hace referencia a una situación particular de no poder determinarse los pagos provisionales bajo ciertos supuestos planteados ante este Alto Tribunal.
Argumenta que lo anterior es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, ya que aun cuando se ha determinado la contribución anual con sus accesorios, se pretende que además se realicen los pagos a cuenta y sus accesorios.
Sostiene que se pretende se pague dos veces la misma contribución, ya que con la determinación del impuesto ya se está cubriendo la posible contribución omitida.
Arguye que del mismo modo, la autoridad había determinado la actualización, recargos y multas sobre la supuesta contribución anual omitida, lo que constituye un doble cobro, pues ya se había cubierto la misma, y el hecho de que se tengan que volver a cubrir dichos conceptos por los pagos provisionales es violatorio de la garantía de proporcional
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22815-df196944/interes-juridico-del-recurrente-para-interponer-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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