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Modo: Corpus Pro

DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21275
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 213.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala, aun cuando el criterio que se emita sea aplicable en materia común.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cual tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número ********** del ocho de julio de dos mil ocho, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 109 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del diez de julio al cinco de septiembre de dos mil ocho, descontándose los días doce y trece de julio, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de agosto, todos del citado año, por ser sábados y domingos, respectivamente, por ser inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, además del lapso comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil ocho, por ser el primer periodo de vacaciones de este Alto Tribunal, a que se refieren los artículos 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, ya que durante los días en que no tienen lugar actuaciones judiciales, no corren términos.

Por oficio DGC/DCC/835/2008, de fecha 21 de agosto de dos mil ocho, recibido en su fecha, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el consistente en que el auto que niega la denuncia o llamamiento a juicio a terceros, solicitado por la parte actora, puede constituir un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.

CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión del treinta de mayo de dos mil ocho, resolvió el amparo en revisión civil número ********** sustentando en lo que es materia de contradicción, esencialmente lo que a continuación se transcribe:

"... La premisa de la que parte la inconforme consiste en que la jurisprudencia 1a./J. 39/2000, invocada por el Juez de Distrito no puede tomarse como dogma, esto es, que la negativa a llamar a juicio a un tercero solicitada por el demandado no es el único supuesto en que procede el amparo indirecto, sino también cuando esa solicitud le es negada al actor. Alega la recurrente que en la especie se está ante una situación excepcional que impidió a la inconforme ejercer, desde un principio con plena certeza, su acción de indemnización por daño moral como parte actora, en lo relativo a qué persona o personas fueron quienes desplegaron la conducta que derivó en el daño que reclamó en su demanda inicial. Como cuestión previa, debe destacarse, que en toda controversia de carácter civil, esto es, entre particulares, existe una obligación, una persona que debe cumplirla y otra que tiene la facultad o derecho de exigir y lograr ese cumplimiento. La relación que vincula al obligado con quien puede exigirle el cumplimiento, generalmente tiene su origen en un acuerdo de voluntades en el que desde un principio ambas partes conocen e identifican con certeza a su contratante. Sin embargo, existen también eventos ajenos a cualquier acuerdo de voluntades que dan lugar a obligaciones exigibles por determinadas personas. El caso que nos ocupa, se ubica en esta segunda categoría, pues la parte actora en el juicio natural, esto es, la hoy recurrente ********** intentó la acción de origen con base en el daño moral que, en su opinión, le ocasionó la publicación de un anuncio periodístico, en el cual la empresa demandada hizo una oferta de trabajo abierta a personas de sexo femenino cuya edad fluctuara entre los veinticinco y los treinta y cinco años. La inconforme consideró que dicho ofrecimiento de empleo era discriminatorio para ella, dado que por su edad quedaba excluida de la posibilidad de acceder a dicho empleo. Ahora bien, en la especie la inconforme ejerció su acción en contra de las personas que consideró responsables de la publicación de la que se queja, lo cual se desprende del propio anuncio en el que en el recuadro que obra en la parte inferior, se aprecia la información dirigida a las personas interesadas en el empleo debían comunicarse a dos direcciones electrónicas relativas a **********. Así las cosas, la actora, al demandar la indemnización por el daño moral que en su concepto se le causó, lo hizo en contra de la persona que aparecía como oferente del empleo, pues aduce que era de presumirse que dicha oferente fue quien contrató y costeó el anuncio; por consiguiente, debe estimarse que quien tenga la necesidad de reclutar personal, será el interesado en ofrecer el empleo de que se trate y desde luego también de que ese ofrecimiento se haga del conocimiento público y, por consecuencia, será quien realice las conductas encaminadas a lograr la difusión de su oferta, en este caso, a través de un anuncio periodístico. Sin embargo, si se atribuye al anunciante la responsabilidad o autoría del comunicado, y éste niega haber tenido participación en la publicación respectiva, es claro, que la actora pierde en ese momento la certidumbre plena que tenía al demandar a quien consideró responsable de la publicación lesiva en su perjuicio. En tales circunstancias, resulta claro que el acto reclamado sí tiene consecuencias que son de imposible reparación, pues deja a la quejosa sin la posibilidad de ejercer su acción en contra de la totalidad de las personas que, desde un punto de vista lógico, les pudiera resultar el carácter ya sea de demandados o de terceros llamados a juicio, acorde con las consideraciones efectuadas, sin que sea menester obligar a la actora a que inicie juicios diversos porque con ello se infringiría, la garantía individual y derecho a la administración de justicia por los tribunales que conforme al artículo 17 de la Constitución Federal deben estar expeditos para imponérsela pronta y completa. Así las cosas, no se actualiza plenamente la causal de improcedencia invocada por el juzgador federal y en ese tenor, al no advertirse la causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es levantar el sobreseimiento decretado por dicho juzgador y analizar la constitucionalidad del acto reclamado. ..."

QUINTO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) número ********** en sesión del día cuatro de octubre de dos mil uno, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:

"... La resolución anterior constituye el acto reclamado en el juicio de garantías que nos ocupa, en el que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida, determinó desechar por improcedente la demanda de garantías, porque se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 114 de la misma ley, aduciendo al efecto que el acto reclamado consistente en la resolución de fecha tres de julio del año en curso, a través de la cual se confirmó el auto de nueve de mayo del dos mil uno, por el cual no se acordó de conformidad la petición de la parte actora de llamar a juicio a diversos codemandados, no tenía sobre las personas o las cosas una ejecución que fuera de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio biinstancial. Los impetrantes del amparo estiman que la consideración anterior es infundada, ya que, a su parecer, el juicio de garantías en el presente caso resulta procedente de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. Destacando, que ante la existencia de la jurisprudencia citada, no había impedimento legal alguno para que el Juez de Distrito admitiera la demanda, sobre todo porque en el caso, el llamamiento que solicitaron, tenía por objeto integrar plenamente la relación procesal, con todos lo participantes del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria base de la acción. Al respecto debe precisarse que la tesis de jurisprudencia que citan los recurrentes no es aplicable al caso concreto, lo anterior en virtud de que en ella se prevé el supuesto de procedencia del juicio de garantías biinstancial, cuando se niegue al ‘demandado’ el llamamiento a juicio a terceros, circunstancia diversa a la que acontece en el presente asunto, donde los promoventes como parte actora solicitaron al Juez natural, por diversas razones, se llamara a juicio tanto al notario público número ********** en el Distrito Federal Lic. ********** como al fideicomiso constituido por la institución de crédito demandada. En efecto, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia por contradicción de tesis que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el auto que niega la denuncia o llamamiento a juicio a terceros, solicitada por el demandado, constituye un acto de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto, estableciendo que las decisiones que rechazan la denuncia o llamamiento del juicio a terceros provocan una afectación en perjuicio del peticionario de la denuncia, que obligan a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, ello porque al privársele al demandado de que al contestar la demanda denuncie el juicio a un tercero, implica que tenga que agotar todo un procedimiento en todas sus instancias, incluidas el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, para obtener la admisión de la precitada denuncia, pero sobre todo, porque se infringe su garantía individual y derecho a la administración de justicia por los tribunales, que conforme al artículo 17 de la propia Constitución, deben estar expeditos para impartírsela pronta y completa. Como se ve, la garantía que se tutela a favor del demandado y que se estima vulnerada de tal manera que hace procedente el amparo indirecto, no se trastocaría en el caso de que fuese el actor el que solicitara el llamamiento a juicio a terceros, en virtud de que como accionante estuvo en aptitud de decidir, al momento de presentar la demanda, aquéllas personas que serían demandadas y siempre tendrá abierta la posibilidad de incoar un nuevo juicio en contra de quien estimara necesario, lo que evidencia que la negativa de la autoridad a llamar a juicio a las personas que solicita no le provoca, por su carácter de parte actora, perjuicios de imposible reparación, como sí sucede con el demandado, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia en comento, de ahí que la enunciación que de ella realiza el promovente en nada beneficie a sus intereses. Aunado a lo anterior, la distinción entre el llamamiento a juicio a terceros solicitado por el actor y aquel que solicita el demandado se patentiza si tomamos en cuenta que a cada uno le asisten diversas razones para realizar tal llamamiento o solicitud, pues el actor lo que pretende, al solicitar el llamamiento a juicio de otros codemandados, es modificar su pretensión principal. Esto es, modificar el alcance de su demanda inicial, y, lo que se busca con la denuncia de juicio a terceros por parte del demandado, es que forzosamente intervenga un extraño a la relación procesal iniciada, para sujetar a éste a la decisión que se pronuncie en la sentencia, y que ésta pueda surtir efectos de cosa juzgada, no solamente para el demandado sino también para el tercero. Precisada la naturaleza de la institución procesal ‘denuncia de un juicio a terceros’ a que alude la contradicción de tesis ya referida, es evidente que en el presente caso no estamos en presencia de un acto contra el que proceda el amparo indirecto, pues como se dijo la negativa de llamar a juicio a las personas que el actor solicitó no encuadra dentro del supuesto que la tesis de jurisprudencia prevé. Por las razones apuntadas es evidente que las consideraciones emitidas por los promoventes para cuestionar la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito carecen de consistencia jurídica, por lo que el desechamiento decretado por el Juez de Distrito debe prevalecer. ..."

Dicho criterio se reiteró al resolver el amparo en revisión (improcedencia) ********** en sesión del diecisiete de agosto de dos mil seis, en los términos siguientes:

"... De la lectura de los preceptos transcritos se llega al conocimiento de que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, así como cuando se afecten personas extrañas al juicio. De lo anterior se sigue que la irreparabilidad del acto reclamado no se encuentra en función de que el quejoso, parte actora en el juicio de origen, pueda o no llamar al juicio de origen a un tercero como coadyuvante de la parte demandada, pues este aspecto sólo tiene vinculación con el fondo del asunto, mas no con la procedencia del juicio de garantías y para entender lo anterior, es pertinente precisar lo que debemos entender por actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación. Los actos procesales tienen una ejecución irreparable cuando como consecuencia de ellos, puede afectarse de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, ni mediante el amparo directo, por haberse consumado irreversiblemente la violación. En estos casos la Justicia Federal debe intervenir a través del juicio de amparo indirecto ante Juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento. Por el contrario, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos sean meramente formales. La razón de ser de esos derechos encuentra su fin último en su reparabilidad, ya sea a través de la obtención de una sentencia favorable o bien al promoverse el juicio de amparo directo, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son subsanados desapareciendo de la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. Ahora bien, en el momento en que se producen estos actos procesales, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolver la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado, motivo por el cual es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia para combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre y cuando se afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y se haya preparado su impugnación. De este modo, la sentencia de nueve de junio del dos mil seis, dictada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación número ********** que entre otros aspectos revocó el auto de nueve de mayo del mismo año, dictado por la Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, en el juicio ordinario civil número ********** seguido por el quejoso en contra de ********* determinando que no había lugar a proveer de conformidad lo solicitado por el propio impetrante en el sentido de llamar a juicio a la tercera ********* como coadyuvante de la parte demandada, no puede ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que su único efecto será que se continúe con la tramitación del procedimiento y, por ende, no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, ni entraña una violación de carácter eminentemente superior; sino sólo involucra aspectos de naturaleza procesal que pueden o no incidir en el resultado del fallo. Lo anterior resulta comprensible si se tiene en cuenta que como accionante, el ahora recurrente siempre tendrá abierta la posibilidad de incoar un nuevo juicio en contra de quien estime necesario, lo que evidencia que la negativa de la autoridad a llamar a juicio a las personas que solicita el actor no le provoca, por su carácter de accionante, perjuicios de imposible reparación. Luego, es claro que en el caso que nos ocupa, con el acto reclamado no puede producirse de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental protegido por las garantías individuales, sino en todo caso, la violación de derechos que producen efectos formales dentro del proceso. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 del tomo 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). Por el contrario, no es aplicable al caso lo dispuesto por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita el quejoso, del rubro: ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. Se dice lo anterior, porque dicho criterio prevé el supuesto de procedencia del juicio de garantías biinstancial, cuando se niega al ‘demandado’, el llamamiento a juicio a terceros, circunstancia diversa a la que acontece en el presente asunto, donde el promovente, como parte actora, solicitó al Juez natural se llamara a juicio a ********** como coadyuvante de la parte demandada. Además, contrario a lo que se sostiene en los agravios por el recurrente, de la ejecutoria de veinte de septiembre del dos mil, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/98-PS, entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, misma que dio lugar a la jurisprudencia por contradicción de tesis que nos ocupa, se estimó que el auto que niega la denuncia o llamamiento a juicio a terceros, solicitada por el demandado, constituye un acto de imposible reparación, que hace procedente el juicio de amparo indirecto, estableciendo que las decisiones que rechazan la denuncia o llamamiento del juicio a terceros provocan una afectación en perjuicio del peticionario de la denuncia, que obligan a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, ello porque al privarse al demandado de que al contestar la demanda denuncie el juicio a un tercero, implica que tenga que agotar todo un procedimiento en todas sus instancias, incluidas el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, para obtener la admisión de la precitada denuncia, pero sobre todo, porque se infringe su garantía individual y derecho a la administración de justicia por los tribunales, que conforme al artículo 17 de la propia Constitución, deben estar expeditos para impartírsela pronta y completa. ..."

Finalmente, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) ********** el veintiséis de abril de dos mil siete, sostuvo:

"... En principio, debe precisarse que la jurisprudencia que invoca la recurrente, de rubro: ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. No resulta aplicable al caso concreto, en virtud de que en ella se prevé la procedencia del juicio de garantías indirecto cuando se niega al demandado el llamamiento a juicio a terceros; situación que este órgano estima distinta a la que acontece en el presente asunto, en el cual, la promovente en su carácter de actora solicitó al Juez natural llamar a juicio a la cónyuge de uno de los codemandados. Lo anterior es así, pues en efecto, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia por contradicción de tesis aludida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que el auto que niega la denuncia o llamamiento a juicio de terceros, solicitada por el demandado al dar contestación a la demanda, como lo transcribe la propia recurrente, constituye un acto de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto, estableciendo que las decisiones que rechazan la denuncia o llamamiento del juicio a terceros provocan una afectación en perjuicio del solicitante del llamamiento, que obligan a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional; lo anterior, porque al privársele al demandado de que al contestar la demanda denuncie el juicio a un tercero, implica que tenga que agotar un procedimiento en todas sus instancias, incluidas el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, para obtener la admisión de la precitada denuncia, pero sobre todo, porque se infringe su garantía individual y derecho a la administración de justicia por los tribunales, que conforme al artículo 17 constitucional, deben estar expeditos para impartírsela pronta y completa. Como se desprende, la garantía que se tutela a favor de la parte demandada y que se estima vulnerada de tal manera que hace procedente el amparo indirecto, no se trastocaría en el supuesto de que fuese la parte actora quien solicitara el llamamiento a juicio a terceros, en razón de que como accionante, se encontraba en aptitud de decidir, al momento de presentar la demanda, aquellas personas que serían demandadas; máxime que es obligación procesal de la parte actora, de conformidad con lo previsto por el artículo 255, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, proporcionar el nombre y domicilio de todas y cada una de la personas que, en su caso, pretende sean considerados como parte demandada dentro del juicio natural. Aunado a lo anterior, cabe precisar que la actora, siempre tendrá abierta la posibilidad de incoar un nuevo juicio en contra de quien estime pertinente, el cual, será resuelto por los tribunales que conforme a derecho estén expeditos para impartir justicia; y en su caso, de ser procedente su acción y encontrarse en los supuestos previstos por la ley, estará facultada para reclamar de su contraria, lo pertinente a los gastos efectuados durante la tramitación del juicio, lo que evidencia que la negativa del Juez natural de llamar a juicio a la cónyuge del codemandado ********* no le provoca a la recurrente, en su carácter de actora, perjuicios de imposible reparación; lo que sí ocurre con el demandado, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la jurisprudencia en comento. Aunado a lo anterior, cabe precisar que la distinción entre el llamamiento a juicio de la cónyuge del codemandado ********** solicitada por la actora y aquel que solicite el demandado, se patentiza si tomamos en cuenta que a cada uno le asisten diversas razones para solicitar tal llamamiento; ello es así, pues la actora lo que pretende al solicitar el referido llamamiento, es modificar su pretensión principal; esto es, modificar el alcance de su demanda inicial, lo que implica un retraso en la impartición de justicia dentro del juicio incoado en contra de los codemandados señalados en su escrito inicial de demanda, la cual, junto con el escrito de contestación de demanda, deberá ser resuelta de manera completa en el momento procesal oportuno; situación diversa que acontece cuando la denuncia de juicio a terceros es solicitada por la parte demandada, pues en este caso, lo que se pretende es que forzosamente intervenga un extraño a la relación procesal iniciada, para sujetarlo a la decisión que se pronuncie en la sentencia, y que ésta pueda surtir efectos de cosa juzgada, no solamente para el demandado, sino también para el tercero que se pide se llame a juicio. Precisada la naturaleza de la institución procesal ‘denuncia de un juicio a terceros’ a que alude la contradicción de tesis referida, es evidente que en el presente caso, no estamos en presencia de un acto contra el cual proceda el amparo indirecto, pues como se mencionó en líneas que anteceden, la negativa de llamar a juicio a la persona que la actora solicitó, no encuadra dentro del supuesto que la tesis de jurisprudencia prevé. Por las razones apuntadas, resulta obvio que las manifestaciones emitidas por la recurrente para cuestionar la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, carecen de consistencia jurídica, por lo que el desechamiento decretado por el Juez de Distrito debe prevalecer. ..."

Dicho criterio dio origen a la tesis cuyos datos de localización, rubro, texto y precedente, a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XV, febrero de 2002

"Tesis: I.12o.C.13 C

"Página: 795

"DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO LA PARTE ACTORA ES QUIEN LA SOLICITA. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, rigen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2000, emitida al resolver la contradicción de tesis 114/98-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 17, con el rubro: ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, ha sostenido que el auto que niega la denuncia o llamamiento a juicio a terceros solicitada por la parte demandada, constituye un acto de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto, afirmando que las decisiones que rechazan la denuncia o llamamiento a juicio a terceros, provocan una afectación en perjuicio del peticionario de la denuncia que obligan a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional. Caso contrario sucede cuando el llamamiento a terceros lo solicita el actor, pues en ese caso no se actualiza

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21275-36530ad5/denuncia-del-juicio-a-terceros-solicitada-por-cualquiera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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