RESERVA DE DERECHOS. LOS JUECES ESTÁN FACULTADOS PARA REALIZARLA EN LOS JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES CUANDO NO ANALIZARON EL FONDO DE UN LITIGIO. ORDINARIO MERCANTIL. EN EL JUICIO RELATIVO LOS JUECES NO DEBEN ABSOLVER O CONDENAR A LAS PARTES SI NO ANALIZARON EL FONDO DE LA CONTIENDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano emisor de uno de los criterios en contienda.
TERCERO. Posturas contendientes.
1. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el amparo directo 61/2008, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"En otro orden, en el segundo concepto de violación el quejoso se duele porque en la sentencia reclamada, al revocarse la de primera instancia, la cual había considerado procedente la acción, acogiéndose lo pedido en la demanda, para ahora resolverse lo contrario; luego, bajo ese proceder, la Sala debió pronunciarse si en el caso resultaba o no procedente dejar a salvo los derechos de su parte para hacerlos valer en la forma estimada conducente.
"Resulta ineficaz el concepto de violación.
"Si bien es cierto, la sentencia dictada por la Juez Décimo Segundo de Paz Civil en el Distrito Federal, consideró correcta la vía ordinaria mercantil en donde la parte actora acreditó su acción y la parte demandada no demostró sus excepciones y defensas; como una consecuencia lógica de la declaratoria en cuestión, se condenó a la institución bancaria enjuiciada a la devolución del importe del título de crédito llevado a juicio.
"En lo tocante a las costas, se consideró que no había lugar a su condena por no encontrarse en los supuestos previstos en los numerales 1082 y 1084 del Código de Comercio.
"Como puede distinguirse, al estimarse procedente la acción emprendida se hizo la correspondiente condena en contra de la demandada.
"En cambio, en la segunda instancia, por virtud del recurso de apelación promovido por el banco demandado, la Sala responsable revocó dicha resolución, para ahora declarar improcedente la acción y absolver de las prestaciones incoadas a **********, y tampoco se hizo especial condena en costas.
"Sin embargo, la Sala responsable, al realizar tal declaración, se abstuvo de señalar si en el caso deberían quedar a salvo o no los derechos de la parte actora; sobre lo cual el quejoso estima debió existir un pronunciamiento.
"Este tribunal de amparo considera que resulta ineficaz la manifestación del quejoso, en cuanto a que en el caso debió existir una declaración de la Sala responsable en la cual determinara si era o no factible que los derechos del actor debieran reservarse para ser promovidos en una controversia ulterior.
"Sobre el caso, debe partirse de la siguiente premisa fundamental.
"El principio de legalidad subsistente en todo Estado de derecho, atiende al siguiente apotegma: los gobernados pueden realizar todo aquello no prohibido por la ley, mientras las autoridades únicamente pueden hacer aquello para lo que la ley les faculta expresamente.
"Asimismo, el principio de legalidad es uno de los fundamentos esenciales del derecho público, conforme al cual, todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas vigentes que determinen un órgano competente y un conjunto de materias bajo su jurisdicción.
"Este principio de legalidad, en nuestro caso, se encuentra inmerso en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, tales disposiciones acopian que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; lo cual revela que, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho. Igualmente, todo acto o procedimiento jurídico efectuado por las autoridades del Estado, deben tener su apoyo estricto en una norma legal, la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de nuestra Constitución.
"Esta forma de razonar encuentra su apoyo en la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y de la garantía de fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, asumida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2004-PS, la cual establece lo siguiente:(1)
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto "de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.’
"En el caso, el principio de legalidad dispuesto en la Constitución resulta un imperativo categórico tratándose de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como de quien se reclama la sentencia dictada en el toca de apelación 109/2007/2, por ser una autoridad del Estado, con independencia de corresponder al ámbito local, por lo cual, debe entenderse que solamente está facultada para realizar una determinada actuación, pero siempre y cuando para ello existe un fundamento legal, en este supuesto, dentro del ordenamiento mercantil, por tratarse de una controversia sometida dentro de la vía ordinaria, como lo es el Código de Comercio.
"Si su actuar fuera distinto, es decir, en contra del principio de legalidad señalado, provocaría que, impugnado un acto de la naturaleza descrita (con transgresión de dicho principio), por medio de los recursos ordinarios procedentes, y luego agotar su oposición en la vía constitucional por no haberse resarcido el daño causado, el tribunal de amparo del conocimiento tendría la ineludible obligación de atender el concepto de violación, y de encontrarlo fundado, proceder en consecuencia, otorgando el amparo para constreñir a la autoridad a emitir sus resoluciones en el estricto ámbito de su competencia, fundando y motivando su resolución.
"De tal suerte, este Tribunal Colegiado, tomando en cuenta la cuestión interpretativa enunciada, llega a la conclusión de que al inexistir una disposición específica dentro del Código de Comercio, aplicable para los juicios promovidos en la vía ordinaria mercantil, la cual disponga la obligación para la responsable de obrar en un determinado sentido, en este caso, para emitir una declaratoria dejando a salvo los derechos de las partes, bajo el argumento de no haber ingresado al estudio de fondo de la cuestión principal propuesta, debe estimarse legal la sentencia de la autoridad, quien, acatando el principio de legalidad supradicho, se abstiene de realizar algún pronunciamiento en ese sentido, lo cual se obtiene de la interpretación sistemática y funcional de los siguientes preceptos.
"El artículo 1325 del Código de Comercio dispone lo siguiente:
"‘La sentencia deberá ser clara, y al establecer el derecho debe absolver o condenar.’
"En tanto, el diverso numeral 1326 del mismo ordenamiento, establece lo siguiente:
"‘Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el demandado.’
"Por tanto, las sentencias dentro del orden mercantil, de conformidad a dichas disposiciones, deben observar los siguientes requisitos:
"a) Deben ser claras.
"b) Al establecer el derecho, deben absolver o condenar.
"c) Cuando el actor no pruebe su acción, será absuelto el demandado.
"Dentro de estas hipótesis, es inexistente una disposición para dar pauta a que, cuando se dicte una sentencia, además de absolver o condenar, a la par, dependiendo del contenido de la resolución, adicionalmente se emita una declaratoria dejando a salvo los derechos del actor para volverlos a ejercer en la vía y términos procedentes.
"Tales parámetros constituyen los indicadores legales que orientan el criterio de este tribunal para sostener que, ante la inexistencia de una disposición aplicable en la vía ordinaria del enjuiciamiento mercantil, se obligue a la autoridad a emitir una declaración dejando a salvo los derechos de una parte. Por ello, inconcuso es, que no puede pesar sobre la autoridad alguna la obligación de hacer pronunciamiento en ese sentido, ni menos aún, a ello puede constreñirla una ejecutoria de amparo.
"En la controversia natural, la resolución de primera instancia declaró procedente la acción, empero, la Sala responsable, en el fallo ulterior, la revocó bajo la consideración esencial de estimar que la acción deducida por el actor resultó improcedente, pues la apropiada era la objeción de pago y no la de nulidad absoluta del cheque.
"Sin embargo, no es dentro de ese juicio ordinario mercantil promovido en donde debe existir un pronunciamiento sobre la subsistencia o no de algún derecho para la parte actora, cuando no obtiene una sentencia de condena, pues la sentencia se debe limitar a absolver o condenar al enjuiciado, con independencia de la causa por la cual se haya considerado procedente la absolución; ello, porque en todo caso, un reconocimiento del fallo en este sentido, es decir, considerar que por las razones en su caso expuestas, ‘se dejaran a salvo los derechos del actor, para hacerlos valer en la forma y términos procedentes’, en el supuesto dado de que habiéndose logrado tal reserva y el actor, con base en ella, volviera a ejercer la acción por segunda vez, ello, de cualquier manera, no vincularía al Juez del segundo controvertido, para estimar, per se, que con base en la reserva de derechos emitida ya no estaría en aptitud para declarar la improcedencia de la acción porque a favor del actor se hubiese constituido ya algún derecho en tal sentido; lo cual incluso aplicaría en sentido inverso, es decir, que aun cuando la declaratoria fuera en el sentido de que no se reservaran tales derechos, en el segundo juicio, el Juez pudiera determinar si lo resuelto en el primero constituyó o no cosa juzgada.
"Pero además, tampoco la inexistencia de esa declaración podría influir para que el actor estuviera o no en aptitud de volver a presentar la demanda una vez superado el obstáculo legal advertido en el primer juicio. Lo cual quiere decir, que existiendo o no un argumento con ese alcance, de cualquier manera, ello no podría sujetar o delimitar a la segunda autoridad para obrar de una determinada forma, ni al actor para abstenerse de acudir nuevamente a juicio, porque todo ello constituye un aspecto de examen sustancial que solamente podrá ser dilucidado una vez que se analice la materia de cada uno de los juicios.
"Por todo ello, en el supuesto de que una acción resultare improcedente por no haber sido la idónea para el reclamo del derecho que el actor considera le asiste, si así lo estima conducente, y con independencia de si hubo o no declaración sobre la citada reserva, no tendrá vedado su derecho a la jurisdicción para volver a intentar su acción, dado que corresponderá al Juez que conozca del juicio quien determine si la primera sentencia se ocupó de estudiar o no alguno o varios de sus elementos que fueran considerados esenciales para su procedencia, o bien, de determinar si se ingresó o no al análisis de fondo de ese derecho conforme a las pretensiones propuestas, o bien si se decidió sobre la causa de pedir, pues sólo a dicho juzgador competería determinar, si conforme a la materia de lo planteado y decidido, existe algún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que pueda ser equivalente a la cosa juzgada, para decidir la segunda controversia, dado que su imperio como juzgador no puede quedar menoscabado o ceñido hasta el límite impuesto en un fallo judicial previo, cuya materia en ese sentido escapaba a las atribuciones del juzgador primigenio, pues ni siquiera bajo el argumento de brindar certeza jurídica a las partes se justificaría tal declaratoria, pese que se tratara de la ausencia de un presupuesto procesal, porque, aun así, ello no obligaría al Juez que conozca del segundo juicio.
"De esta suerte, son ineficaces los conceptos de inconformidad en donde el promovente reclama de la responsable que debió emitir un pronunciamiento dejando a salvo sus derechos, pues como se observa, tal declaración excedería el ámbito de sus atribuciones; en todo caso, la procedencia de la demanda en un segundo momento, dependerá del examen que realice el Juez a quien corresponda conocer de la misma, y será éste quien estará en aptitud de valorar, si por el contenido del primer pronunciamiento, era factible o no estimar que quedaron o no a salvo los derechos del actor para formularlos en la forma estimada conveniente.
"En este mismo entendido, resultan inoperantes los conceptos de violación, donde el quejoso expone que como en el juicio original no formó parte de la litis la acción de objeción de pago, y al no ingresarse al estudio de fondo de la cuestión debatida, es claro que no existe un pronunciamiento sustancial, incluso, con el apoyo de diversos criterios acerca de las sentencias de fondo y las sentencias que dejan a salvo los derechos.
"Lo anterior, porque como se ha dicho, no es en el acto reclamado donde privaba la obligación para la responsable de emitir una declaración sobre la reserva de derechos, sino que, en su caso, ello sería materia de análisis dentro del eventual juicio que se promueva, y será en esa instancia donde se decidiría, si la determinación del primer controvertido realmente se vinculó con el fondo del derecho deducido o no.
"Por tanto, de conformidad con el criterio de este tribunal, si en un determinado juicio promovido en la vía ordinaria mercantil, la parte actora, ya sea en primera o segunda instancia no consigue una sentencia de condena favorable para sus intereses, sino una declaración sobre la improcedencia de su acción, bajo el supuesto de que la acción deducida debió ser otra, el examen sistemático y funcional de los artículos 1325 y 1326 del Código de Comercio, los cuales en esencia disponen que las sentencias deben ser claras al establecer el derecho y deben absolver o condenar, son inconducentes para imponer una obligación a esas autoridades sobre un pronunciamiento acerca de si los derechos del actor deben quedar a salvo para ejercerlos en la forma y términos que estime convenientes. Lo anterior, porque además de exceder el ámbito de sus atribuciones, en todo caso, una declaración del fallo en este sentido, es decir, que por las razones en su caso expuestas, se dejaran a salvo los derechos del actor para hacerlos valer en la forma y términos procedentes, aun así, tal declaración pudiera traducirse en una falsa expectativa para el actor, puesto que en el supuesto dado de que habiéndose logrado tal reserva y, el actor, con base en ella, volviera a ejercer una nueva acción, aquella declaración no vincularía al Juez del segundo controvertido para estimar, per se, que con base en la reserva de derechos emitida ya no estaría en aptitud para declarar la improcedencia de la acción porque a favor del actor se hubiese constituido ya algún derecho en tal sentido; lo cual incluso aplicaría en sentido inverso, es decir, que cuando la declaratoria fuera en cuanto a que no se reservaron tales derechos, o incluso, sin declaración en ningún sentido, en el segundo juicio no habría obstáculo para que el juzgador determinara si lo resuelto en el primero constituyó o no cosa juzgada, puesto que el examen de tal figura procesal corresponde hacerlo, en su caso, dentro de ese segundo juicio contradictorio, y no en uno anterior. De ahí que al no existir un fundamento legal para realizar la declaración sobre dicha reserva de derechos, inconcuso es, tampoco existe la obligación de efectuarla, ni aun bajo la premisa de brindar certeza jurídica a las partes, pues, de hacerlo, además de infringirse el principio de legalidad traducido en que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en una norma jurídica vigente, tampoco equivaldría a una verdadera certeza acerca de la existencia o no del derecho a favor del actor."
De la resolución de este asunto, derivó la siguiente tesis aislada:
"RESERVA DE DERECHOS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL JUZGADOR CARECE DE OBLIGACIÓN PARA HACER TAL DECLARACIÓN EN LA SENTENCIA, PUES NINGÚN PRECEPTO LEGAL SE LA IMPONE, AUNADO A QUE, DE HACERLO, TAL PRONUNCIAMIENTO NO SERÍA VINCULATORIO PARA EL DIVERSO JUZGADOR QUE EVENTUALMENTE CONOCIERA DE UNA POSTERIOR CONTROVERSIA. Si en un determinado juicio promovido en la vía ordinaria mercantil, la parte actora, ya sea en primera o segunda instancia no consigue una sentencia de condena favorable para sus intereses, sino una declaración sobre la improcedencia de su acción, bajo el supuesto de que la acción deducida debió ser otra, el examen sistemático y funcional de los artículos 1325 y 1326 del Código de Comercio, los cuales en esencia disponen que las sentencias deben ser claras al establecer el derecho y deben absolver o condenar, son inconducentes para imponer una obligación a esas autoridades sobre un pronunciamiento acerca de si los derechos del actor deben quedar a salvo para ejercerlos en la forma y términos que estime convenientes. Lo anterior, porque además de exceder el ámbito de sus atribuciones, en todo caso, una declaración del fallo en este sentido, es decir, que por las razones en su caso expuestas, se dejaran a salvo los derechos del actor para hacerlos valer en la forma y términos procedentes, aun así, tal declaración pudiera traducirse en una falsa expectativa para el actor, puesto que en el supuesto dado de que habiéndose logrado tal reserva y, el actor, con base en ella, volviera a ejercer una nueva acción, aquella declaración no vincularía al Juez del segundo controvertido para estimar, per se, que con base en la reserva de derechos emitida ya no estaría en aptitud para declarar la improcedencia de la acción porque a favor del actor se hubiese constituido ya algún derecho en tal sentido; lo cual incluso aplicaría en sentido inverso, es decir, que cuando la declaratoria fuera en cuanto a que no se reservaron tales derechos, o incluso, sin declaración en ningún sentido, en el segundo juicio no habría obstáculo para que juzgador determinara si lo resuelto en el primero constituyó o no cosa juzgada, puesto que el examen de tal figura procesal corresponde hacerlo, en su caso, dentro de ese segundo juicio contradictorio, y no en uno anterior. De ahí que al no existir un fundamento legal para realizar la declaración sobre dicha reserva de derecho, inconcuso es, tampoco existe la obligación de efectuarla, ni aun bajo la premisa de brindar certeza jurídica a las partes, pues, de hacerlo, además de infringirse el principio de legalidad traducido en que todo ejercicio de potestades debe sustentarse en una norma de jurídica vigente, tampoco equivaldría a una verdadera certeza acerca de la existencia o no del derecho a favor del actor."(2)
2. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 2949/2004, determinó lo siguiente:
"En efecto, son fundados los motivos de inconformidad expuestos por la institución quejosa en cuanto refieren la incongruencia de la sentencia dictada por la Sala responsable al revocar la de primer grado y absolver al demandado de las prestaciones reclamadas por existir irregularidades en el procedimiento para ejecutar el documento base de la acción, porque, como lo alegó el promovente del amparo, dicha autoridad debió dejar a salvo los derechos de la actora quejosa para hacerlos valer en otro procedimiento en el que se subsanaran las omisiones advertidas.
"En efecto, la Sala responsable para revocar la sentencia de primer grado y proceder a la absolución del demandado de las prestaciones reclamadas, consideró que la institución fiduciaria, ahora quejosa, en las diligencias de jurisdicción voluntaria número 291/2001 del índice del Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, promovidas en cumplimiento a lo pactado en la cláusula séptima denominada ‘Procedimiento convencional de enajenación’, del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía celebrado entre ********** como fideicomitente, ahora tercero perjudicado, y **********, y **********, como fiduciario, no satisfizo el procedimiento ahí indicado, ya que la notificación al citado ********** se hizo mediante edictos sin obrar causa justificada que revelara la necesidad de realizarla de esa forma y no en su domicilio, razón por la cual se incumplió con uno de los requisitos de procedibilidad convenidos por las partes.
"Como puede apreciarse de lo anterior, la Sala responsable en momento alguno analizó el fondo de la controversia planteada, sino que únicamente se limitó a determinar la inexistencia de un requisito de procedibilidad pactado por las partes litigantes, para la enajenación del bien dado en fideicomiso, es decir, puso de manifiesto un motivo que le impidió estudiar la cuestión sometida a su consideración por falta de uno de los presupuestos procesales necesarios para ello, de tal forma que no pudo emitir decisión alguna respecto a la controversia planteada.
"De esta manera, si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 1325 y 1326 del Código de Comercio, sólo se autoriza en las sentencias dictadas en los juicios mercantiles a absolver o condenar, y a absolver necesariamente al demandado cuando el actor no probare su acción, a menos que se trate de la excepción prevista en el artículo 1409 de ese ordenamiento para los juicios ejecutivos; sin embargo, de la interpretación armónica de los dos preceptos citados en primer término se colige que la sentencia dictada en uno u otro sentido, implica necesariamente el examen de fondo de la controversia planteada, pues conforme al artículo 1326 invocado se deberá absolver al demandado cuando el actor no pruebe su acción, pero cuando dicho examen no es posible por no encontrarse satisfechos los presupuestos procesales necesarios, como pueden ser el haber prosperado alguna excepción que impide la integración de la relación procesal entre las partes, la insatisfacción de algún requisito de procedibilidad de la acción, o de procedencia de la vía, etcétera, es innegable que no procede la absolución del demandado dado que no hubo examen alguno sobre el fondo de la controversia planteada, sino que, en tal caso, al no existir prohibición alguna en la legislación mercantil mencionada, debe la autoridad judicial dictar sentencia en la que declare la existencia de tal impedimento y deje a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la forma que corresponda, donde satisfaga los presupuestos procesales que permitan el examen de fondo del asunto.
"Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la página doscientos cincuenta y uno del Tomo VII, compilación del mes de abril de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava Época, que dice:
"‘SENTENCIA EN JUICIO MERCANTIL. PUEDE CONDENAR, ABSOLVER O RESERVAR DERECHOS. Aunque los artículos 1325 y 1326 del Código de Comercio sólo establecen la atribución del juzgador para absolver o condenar al demandado, también es verdad que los preceptos de referencia dan por sentado, en las hipótesis que contienen, que la sentencia resuelve una relación procesal correctamente integrada, al referirse a que el demandado debe ser absuelto cuando el actor no pruebe su acción; pero si aquella relación, en el procedimiento del que emana el acto reclamado, no llegó a integrarse debidamente, ante la ausencia de legitimación de la parte actora, y ello trae como consecuencia que se dejen a salvo los derechos del titular del documento fundatorio, para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, debe estimarse apegado a derecho lo resuelto por el juzgador en ese sentido.’
"En las condiciones anotadas, lo procedente es conceder la protección constitucional para el efecto de que: 1. deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. en su lugar emita otra; 3. en la que reitere lo resuelto respecto del incumplimiento del procedimiento convencional pactado por las partes en el contrato de fideicomiso y en consecuencia deje a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la forma que a su interés convenga."
De la resolución de este asunto, derivó la siguiente tesis aislada:
"SENTENCIA EN JUICIO MERCANTIL. PUEDE DEJAR A SALVO DERECHOS AL NO EXISTIR PROHIBICIÓN EN LA LEGISLACIÓN MERCANTIL. Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 1325 y 1326 del Código de Comercio, sólo se autoriza en las sentencias dictadas en los juicios mercantiles a absolver o condenar, y a absolver necesariamente al demandado cuando el actor no probare su acción, a menos de que se trate de la excepción prevista en el artículo 1409 de ese ordenamiento para los juicios ejecutivos; sin embargo, de la interpretación armónica de los dos preceptos citados en primer término, se colige que la sentencia dictada en uno u otro sentido implica necesariamente el examen de fondo de la controversia planteada, pues conforme al artículo 1326 invocado deberá absolverse al demandado cuando el actor no pruebe su acción, pero cuando dicho examen no es posible por no encontrarse satisfechos los presupuestos procesales necesarios, como pueden ser el haber prosperado alguna excepción que impide la integración de la relación procesal entre las partes, la insatisfacción de algún requisito de procedibilidad de la acción, o de procedencia de la vía, etcétera, es innegable que no procede la absolución del demandado, dado que no hubo examen alguno sobre el fondo de la controversia planteada, sino que, en tal caso, al no existir prohibición alguna en la legislación mercantil mencionada, debe la autoridad judicial dictar sentencia en la que declare la existencia de tal impedimento y deje a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la forma que corresponda, donde satisfaga los presupuestos procesales que permitan el examen de fondo del asunto."(3)
CUARTO. Procedencia. En primer lugar, debe precisarse que, como ha sostenido en reiteradas ocasiones esta Suprema Corte, no es obstáculo para la procedencia de entrar al estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis el hecho de que los criterios en disputa no constituyan jurisprudencia.(4)
QUINTO. Existencia o inexistencia de la contradicción. Sentado lo anterior, entraremos a examinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
1. Para determinar que existe una contradicción de tesis, es necesario verificar, en primer lugar, que las posiciones comparadas se sitúen en un mismo plano de análisis, esto es, que en la resolución de cada uno de los asuntos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21209-036bf3fd/reserva-de-derechos-los-jueces-estan-facultados-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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