COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CUANDO EXISTAN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SÉPTIMO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el diez de marzo de dos mil ocho, el juicio de amparo en revisión número **********, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación **********, en la que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil del mismo tribunal, en el incidente de liquidación de intereses tramitado para ejecutar el tercer resolutivo de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario mercantil **********, donde la recurrente y quejosa fue la parte actora incidentista, **********, que argumentó que al liquidarse en dicho incidente la condena de intereses, y confirmarse dicha sentencia en apelación, debió condenarse en costas al demandado incidentista. En dicha resolución, el colegiado determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son fundados los agravios formulados por la recurrente. En la especie se duele la inconforme de que la Juez federal interpretó erróneamente el contenido del artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio. Dice que, contrario a lo sostenido por la juzgadora federal el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, no restringe o limita el derecho a cobrar el pago de costas. Agrega que el citado precepto legal, no excluye a los incidentes. Refiere que el artículo mencionado, no precisa que sea exclusivo de sentencias que resuelven el juicio en lo principal, por lo que, en su opinión, es ilegal que el Juez haga esa distinción. Los agravios son fundados. El artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: (se transcribe). Del precepto legal transcrito se evidencia que se refiere a las sentencias en su sentido más amplio, pues no hace distinción alguna entre si son definitivas o interlocutorias, motivo por el cual, en principio, no cabe al juzgador hacer esa distinción; por tanto, como se demostrará debe considerarse que esa regla comprende, por lo general, ambos tipos de fallos. Ahora bien, por incidente no sólo debe entenderse la cuestión que se relaciona con el negocio principal, antes de que sea pronunciada la sentencia, sino también aquéllas que se originen después de la definitiva, como son las tendientes a preparar su ejecución, como es el caso del incidente de liquidación de intereses, y aunque guarden relación con el juicio principal de que provienen, tienen tramitación especial. Lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 1349 del Código de Comercio, que dice: (se transcribe). En efecto, en el juicio principal, la situación jurídica del negocio de la litis queda establecida por las pretensiones del actor, las excepciones del demandado, y en su caso con la reconvención, lo cual en ocasiones se determina en una sentencia definitiva, y, en su caso, la cuantificación del derecho se deja para ejecución de sentencia; así, al faltar la cuantificación, la controversia no termina en su totalidad, y para ello se requiere la existencia de un procedimiento contencioso similar al principal, pero sumario, denominado incidente, en donde se manifiesta la pretensión del que haya resultado vencedor respecto a la cuantificación del derecho, y la oposición de la parte que no le haya favorecido la sentencia definitiva, para lo cual, existe una contraposición de derechos o intereses, con un procedimiento especial semejante al procedimiento natural. En efecto, los artículos 1353 al 1357 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: (se transcriben). De los preceptos legales citados, se advierte que, al igual que en el juicio principal, guardan una tramitación semejante, en virtud de que mediante un escrito inicial se hará valer la pretensión del actor en el incidente; el demandado en el incidente deberá o podrá dar contestación al mismo; en ambas promociones se ofrecerán pruebas debiéndose fijar los puntos sobre los que versarán las mismas; habrá una etapa de admisión y desahogo de pruebas; una etapa para plantear alegatos, y, se citará a las partes para oír sentencia. Asimismo, las resoluciones dictadas en los incidentes, al igual que en el juicio principal, son apelables. Así las cosas, si el incidente de liquidación de intereses constituye un procedimiento en donde las partes dirimen sus derechos, y no existe distinción legal respecto a la naturaleza de la sentencia respecto de la cual procede la condena al pago de costas, entonces, es dable considerar la condena a pagar las causadas en ese incidente, pues de acuerdo al artículo 1082 del Código de Comercio, cada parte será responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan, por lo que la parte a que le hubiera sido adverso el trámite incidente, al existir dos sentencias conformes de toda conformidad, indemnizará a la otra, de lo que ahí se hubiera causado. En efecto, dicho precepto legal dispone: (se transcribe). Así, es dable considerar que las partes son responsables de las costas que pudieran originarse con motivo de las pretensiones que promuevan ante la autoridad judicial, las cuales pueden manifestarse dentro y después de concluido el juicio, como es el caso del incidente de cuantificación de intereses. Ahora bien, la juzgadora federal determinó en la sentencia recurrida, lo siguiente: a) El incidente de liquidación de intereses, sólo se constriñe a cuantificar lo establecido en la resolución definitiva, como resultado de un proceso jurisdiccional, siendo que no puede generar el derecho a cobrar costas, en virtud de que se llegaría al extremo de que cuando se pretenda hacer efectiva la condena relativa a una sentencia definitiva, se imponga una nueva en ese sentido y así sucesivamente, generando una consecución interminable de reclamo de costas. b) La Sala responsable no puede condenar a costas, en el incidente de liquidación de intereses, pues si bien confirmó la sentencia de primer grado, y se está en presencia de dos sentencias conformes de toda conformidad, éstas no resuelven el fondo del asunto principal, sino que están cuantificando lo resuelto en una sentencia definitiva. Consideraciones que este tribunal considera incorrectas, pues como quedó asentado, el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, no distingue el tipo de sentencias, esto es, si derivan de un juicio principal o de un incidente; además, la pretensión del actor será precisamente la cuantificación del derecho ya dilucidado, sobre la base establecida en la sentencia definitiva y, por lo tanto, esa mera pretensión es motivo de controversia por las partes en vía incidental, la cual está sujeta a prueba y a su determinación en una sentencia, aunque ésta sea interlocutoria. Lo anterior se corrobora, si se toma en consideración que el primer párrafo del artículo 1082 del Código de Comercio dispone que cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva, sin que en tal precepto legal, se haga la distinción de que las ‘diligencias’ únicamente se refieran a las promociones del juicio principal. En ese orden, ante la semejanza estructural de los procedimientos de liquidación de sentencia con el proceso principal, es dable considerar procedente, por lo general, la condena en costas en aquéllos, en razón de no ser una parte distinta del juicio natural y no poder considerarlo concluido, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios. De ahí que, tomando en cuenta que el incidente tiene estructura semejante con el juicio principal, entonces, si el Código de Comercio no hace distinción alguna, procede resolver sobre la condena en costas, pues contrariamente a lo sostenido por la juzgadora federal, cada parte será responsable de las que se originen por las diligencias que promuevan. En este orden, es correcta la aseveración que hace el inconforme, en el sentido de que el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, no hace distinción respecto de qué tipo de sentencias admitan la condena en costas, es decir, no precisa que solamente sean aquellas que resuelvan el juicio en el principal; por tanto, si la ley no distingue, entonces no es procedente hacer distinciones. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número I.4o.C.118 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, Novena Época, página dos mil quinientos diez, que dice: ‘CUANTÍA DE LAS COSTAS EN LOS INCIDENTES.’ (se transcribe). Así como la tesis número II.2.C. 158 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, criterio que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época, página mil trescientos ochenta y cuatro, que dice: ‘COSTAS. MATERIA MERCANTIL. PROCEDE LA CONDENA EN SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS IGUAL QUE EN DEFINITIVAS.’ (se transcribe). Atento a lo anterior, resultan inaplicables al caso la tesis de rubro: ‘GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA A LA CONDENA POR NO HABER PROSPERADO LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA.’, en virtud de que en el presente caso, sí prosperó el incidente de cuantificación de intereses, es decir, no se desestimó dicha pretensión tal como lo refiere la tesis en comento, aunado a que no se interpretan los alcances del artículo 1084, fracción IV, con relación al numeral 1082 del Código de Comercio. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que por ‘condenado’ debe entenderse no sólo el enjuiciado, sino el demandante que no obtuvo sentencia favorable a sus intereses; por lo que en ese orden de ideas, también procedería la condena al pago de costas contra el promovente incidental que no obtuviera sentencia favorable y esta fuera confirmada en apelación, pues se estaría en el caso de haber sido condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad. Para determinar los alcances del precepto legal transcrito, es necesario decir que el término ‘condenado’, debe entenderse como aquel contendiente que fue vencido en el juicio, es decir, que no obtuvo lo que pidió, o en su caso, que se le impuso una obligación, lo que revela que la norma está inspirada y ajustada en su extensión a la teoría del vencimiento, que radica en conceptuar parte vencida a aquella que le resulte adverso el resultado del juicio impidiéndole la obtención de sus pretensiones; resultando aplicable al caso, por idéntica razón, la tesis de jurisprudencia número 189, sustentada por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo IV, Parte SCJN, Sexta Época, página ciento veintinueve, que dice: ‘COSTAS, CONDENA EN.’ (se transcribe). Asimismo, este Tribunal Colegiado comparte el criterio contenido en la tesis de rubro: ‘COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, sólo en el aspecto de que el pago de costas en el incidente de liquidación de costas haría interminable el procedimiento de ejecución; sin embargo, la tesis resulta inaplicable al caso, dado que éste versa sobre la procedencia del pago de costas en un incidente de cuantificación de intereses, no de cuantificación de costas. Por otra parte, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio de la tesis de rubro: ‘COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.’, y que citó la Juez de Distrito para resolver, ya que si bien existe identidad temática en relación con la interpretación que este tribunal ha hecho acerca de la posibilidad, o no, de imponer el pago de costas por el trámite incidental de liquidación de intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, también lo es que, de acuerdo con las razones ya expuestas, el numeral 1082 del Código de Comercio dispone que cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen sus pretensiones, sin que se haga distinción en qué etapa del procedimiento se realicen, esto es, si es dentro del juicio o después de concluido, como es el caso del incidente de cuantificación de intereses. Asimismo, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis número I.7o.C.56 C, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y que citó la Juez de Distrito para resolver, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, Materia Civil, Novena Época, página mil novecientos cuarenta y seis, que dice: ‘COSTAS MERCANTILES. SU CONDENA TRATÁNDOSE DE INCIDENTES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).’ (se transcribe). Lo anterior se considera así, toda vez que el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, no dispone que exceptúa de dicha regulación las sentencias dictadas en un incidente, ya que sólo se refiere al término ‘sentencias’, las cuales, en términos de los numerales 1321 y 1323 del mismo ordenamiento, pueden ser definitivas o interlocutorias, estas últimas que resuelven un incidente, tramitado incluso en ejecución de sentencia, para liquidar intereses, en términos de lo ya expuesto, máxime que el precepto citado en primer término no establece distinción entre los incidentes tramitados dentro del juicio principal y los presentados en ejecución de sentencia. En consecuencia, es incorrecto lo resuelto en la sentencia recurrida, ya que si en el incidente de liquidación de intereses, el hoy tercero perjudicado impugnó la resolución interlocutoria que le era adversa y el recurso fue desestimado por la Sala responsable, entonces, en términos del artículo 1082 del Código de Comercio, se hizo responsable de las costas que se originaron, con motivo del recurso que interpuso y su desestimación, por lo que actualizó la hipótesis prevista en el artículo 1084, fracción IV, del citado ordenamiento legal, que dispone que la condenación de costas se hará para el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, la cual comprenderá las costas de ambas instancias. Lo anterior se considera así pues, como ya quedó asentado, la autoridad responsable sí debió haber decretado la condena al pago de costas, en virtud de que confirmó la sentencia por la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de intereses. En síntesis, el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio no restringe o limita el derecho a cobrar el pago de costas sólo por lo que hace al juicio principal, pues no hace distinción en ese sentido; entonces, es procedente la condena en costas en el incidente de liquidación de intereses, ya que éste se promueve con el fin de cuantificar una prestación o derecho reconocidos en la sentencia definitiva, lo cual significa que la controversia no ha concluido en su totalidad. En ese tenor, para tal cuantificación se requiere de un trámite contencioso sumario, denominado incidente, cuyo procedimiento es similar al principal, en términos de los artículos 1348, 1349, 1353 al 1357 del citado ordenamiento, en virtud de que se hará valer la pretensión del incidentista, la oposición que se manifieste en el escrito de contestación, las partes ofrecerán pruebas, habrá periodos respecto de su ofrecimiento, desahogo, planteamiento de alegatos, citación para sentencia, dictado de ésta, y su apelación, y, por tanto, es procedente resolver sobre la condena al pago de las costas causadas en ese procedimiento, ya que de acuerdo al artículo 1082 del cuerpo de leyes en mención, cada parte será responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan, por lo que, de existir dos sentencias conformes de toda conformidad, deberá hacerse la declaratoria correspondiente. El criterio anterior es acorde, en lo conducente, con lo resuelto por este Tribunal Colegiado el veinticinco de febrero del presente año, al fallar el amparo en revisión número RC. 33/2008, interpuesto por **********. En las condiciones anotadas, procede revocar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. En su lugar dicte otra, en la que considere que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio y, por tanto, condene a la parte apelante al pago de las costas generadas en ambas instancias del trámite del incidente de liquidación de intereses."
Las consideraciones planteadas en este asunto dieron origen a la siguiente tesis aislada:
"No. Registro: 169,907
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVII, abril de 2008
"Tesis: I.9o.C.143 C
"Página: 2333
"COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio no restringe o limita el derecho a cobrar el pago de costas sólo por lo que hace al juicio principal, pues no hace distinción en ese sentido; entonces, es procedente la condena en costas en el incidente de liquidación de intereses, ya que éste se promueve con el fin de cuantificar una prestación o derecho reconocidos en la sentencia definitiva, lo cual significa que la controversia no ha concluido en su totalidad. En ese tenor, para tal cuantificación se requiere de un trámite contencioso sumario, denominado incidente, cuyo procedimiento es similar al principal, en términos de los artículos 1348, 1349, 1353 al 1357 del citado ordenamiento, en virtud de que se hará valer la pretensión del incidentista, la oposición que se manifieste en el escrito de contestación, las partes ofrecerán pruebas, habrá periodos respecto de su ofrecimiento, desahogo, planteamiento de alegatos, citación para sentencia, dictado de ésta, y su apelación, y, por tanto, es procedente resolver sobre la condena al pago de las costas causadas en ese procedimiento, ya que de acuerdo al artículo 1082 del cuerpo de leyes en mención, cada parte será responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan, por lo que, de existir dos sentencias conformes de toda conformidad, deberá hacerse la declaratoria correspondiente."
De los autos de la presente contradicción de tesis se advierte que el Colegiado en mención hizo llegar también la ejecutoria derivada del juicio de amparo en revisión RC. 33/2008, así como la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión RC. 201/2008, donde sustentó esencialmente el mismo criterio.
B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el veintiséis de enero de dos mil seis, el juicio de amparo en revisión número **********, donde el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación **********, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, en los autos del juicio especial hipotecario **********; interlocutoria en la que a su vez se declaró improcedente el incidente de liquidación de intereses moratorios. El quejoso y recurrente fue el demandado incidentista, cuya pretensión fue que debía condenarse en costas a la actora incidentista. El Colegiado en mención determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios resultan infundados. Para estimarlo de ese modo, se tienen en cuenta los antecedentes del asunto, la naturaleza de las costas y la regulación legal de éstas. Los antecedentes del acto reclamado ante el Juez de Distrito, son, en lo que interesa, los siguientes: Según consta en el legajo que obra anexo al expediente de amparo, **********, demandó en vía especial hipotecaria de la hoy recurrente, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, así como el de sus convenios modificatorio y definitivo, celebrados entre las partes, como consecuencia del incumplimiento de los pagos pactados. Tramitado el juicio hasta su conclusión se condenó a la ahora recurrente a pagar a su contraria las cantidades de cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil noventa y dos pesos, y ochocientos treinta y ocho mil setenta y tres pesos con treinta centavos, por concepto de suerte principal y costo financiero, respectivamente; asimismo, se le condenó a pagar el importe de los intereses ordinarios y moratorios, sobre la suerte principal mencionada, al tipo pactado en los documentos base de la acción, los que debían computarse desde la fecha en que se causaron y hasta la total solución del adeudo, previa su liquidación y aprobación en ejecución de sentencia. En esa tesitura, una vez que causó ejecutoria la mencionada sentencia definitiva, iniciado el procedimiento de ejecución correspondiente, la parte actora del juicio principal planteó diversas planillas de liquidación de intereses, que no fueron aprobadas, siendo una de ellas, según consta en la foja mil quinientos ochenta y dos a la mil quinientos ochenta y siete del expediente de amparo, la planteada en incidente promovido mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil cinco. En interlocutoria de diez de junio de dos mil cinco, no se aprobó el citado incidente, condenándose además a la actora incidentista, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, al pago de costas originadas con la tramitación del mencionado incidente, por estimar el juzgador que se había conducido con temeridad y mala fe al haber cuantificado incorrectamente la liquidación en mérito, no obstante que en diversas interlocutorias anteriores, le habían sido indicados los términos correctos en que debía realizar su liquidación, a los que no dio cumplimiento, reclamando así una cuantificación injusta, a sabiendas de que resultaba improcedente. Contra la citada interlocutoria, la actora incidentista interpuso recurso de apelación por el que se formó el toca **********, en el que, según consta de la foja mil seiscientos setenta a la mil seiscientos setenta y ocho del expediente de amparo, la Sala responsable confirmó la resolución apelada mediante sentencia de once de agosto de dos mil cinco. Esa sentencia constituye el acto reclamado en el amparo ahora en revisión. Por su parte, el Juez de Distrito analizó la condena en costas que es el punto debatido en revisión, tomando en consideración el propósito de las costas, a la luz del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La interpretación que el Juez de Distrito hizo del mencionado artículo se advierte correcta y, por tanto, fue acertado que estimara fundado el concepto de violación que al respecto expuso la institución quejosa en el amparo, al no actualizarse en la especie, como correctamente lo advirtió el juzgador federal, ninguna de las hipótesis previstas en el mencionado artículo, para que la responsable condenara al pago de costas a la actora del incidente de intereses moratorios origen del amparo. A fin de precisar las consideraciones precedentes y dar exacta respuesta a los argumentos de la recurrente, debe destacarse que la finalidad de la condena en costas generadas en un juicio, es resarcir de las erogaciones en que haya incurrido, por razón del proceso, quien injustificadamente ha tenido que contender ante el órgano jurisdiccional, siendo claro que el impulso del juicio en cualquiera de sus etapas, ocasiona gastos por su desarrollo, incluyendo los honorarios profesionales del licenciado en derecho que les patrocine. En tales condiciones, la condena en costas tiene la naturaleza de una prestación accesoria de aquellas que realmente constituyen la litis en una controversia judicial y nuestra legislación civil, así como la doctrina, la clasifica en tres sistemas, a saber: a) El del vencimiento puro, que puntualiza que todo triunfo en una controversia judicial es ‘per se’, causa generadora y suficiente para imponer una sanción adicional a la parte vencida. b) El de la compensación o indemnización, el cual responde al propósito de restituir a quien injustificadamente ha sido llamado a juicio de las erogaciones, gastos y perjuicios en que hubiere incurrido por razones del proceso. c) El sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante, que establece la aplicación de una pena a quien a sabiendas de que carece de derecho acude a un tribunal provocando la actividad jurisdiccional, la de su contraparte y, en su caso, de terceros que se apersonan en el juicio. Al respecto, el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece: (se transcribe). De ese precepto, se desprende que prevé dos criterios para justificar la condena en costas, a saber: A) Un criterio subjetivo, fundado en la temeridad y mala fe de aquel que litiga a sabiendas de que carece de razón, y cuya conducta se sanciona obligándole a pagar a su contraria los gastos que a esta última le ocasionó el proceso. B) Un criterio objetivo, basado en la regla general de que el vencido en juicio debe pagar las costas del mismo, con independencia de que su conducta haya sido de buena o mala fe, temeraria o no, de tal suerte que las costas representan una indemnización debida al vencedor que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado el vencido. El primer criterio se contempla en el párrafo inicial del citado precepto, mientras que el segundo criterio se prevé también en ese párrafo, pero se regula detalladamente en las cinco fracciones del propio dispositivo legal. La aplicación del criterio subjetivo privilegia el arbitrio del juzgador, mientras que el criterio objetivo se basa en la voluntad de la ley, de manera que basta la actualización de cualquiera de las hipótesis contempladas en el precepto para que se produzca la condena en costas. Igualmente, el precepto legal citado permite advertir que la condena en costas sólo es dable en el universo que el juicio integra, es decir únicamente puede, en su caso, obsequiarse por actuaciones en el juicio principal o por incidentes dentro de éste, o sea, que surjan desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Lo anterior, se confirma al realizar una atenta lectura de la exposición de motivos de la reforma al artículo en cita publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que en lo conducente refiere: (se transcribe). De la exposición de motivos se desprende el propósito legislativo de agilizar el proceso, en beneficio de quien acude ante los juzgadores para solucionar una controversia, y limitando, así como sancionando con el pago de costas, a quien persigue un objetivo diverso, mediante la manipulación, la obtención de ventajas indebidas y el entorpecimiento de los juicios con la consiguiente demora en el dictado de la sentencia. Esto último es de particular trascendencia, ya que permite colegir que si un pronto dictado de la sentencia fue privilegiado por el legislador, la sanción que constituyen las costas está en función directa de ese ánimo agilizador de la resolución conclusiva de la instancia, por lo que sólo pueden producirse dentro del proceso, y no una vez que el mismo ha terminado con la creación de la norma jurídica individualizada que regirá el conflicto de intereses fallado. Estimar lo contrario, como pretende la recurrente, sería contrariar el propósito indicado al permitir una sucesión interminable de condena en costas posteriores a la sentencia definitiva, con otras tantas liquidaciones por ese concepto, lo que haría prolongarse la ejecución de la sentencia produciendo la inadmisible paradoja de obtener un pronto dictado de tal resolución y un inacabable y prolongado procedimiento ejecutivo. No es óbice a lo anterior, las consideraciones que fueron emitidas por la Sala responsable, relativas a que se han planteado diversos incidentes de liquidación de intereses moratorios desestimados por notoriamente improcedentes, pues aun cuando ello fue estimado por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21436-819c3552/costas-procede-su-condena-en-la-interlocutoria-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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