DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA O RESARCIMIENTO ECONÓMICO. PROCEDE A FAVOR DE QUIEN ACREDITE SER EL LEGÍTIMO PROPIETARIO DE LOS BIENES.
REVISIÓN FISCAL 167/2008. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son por una parte, infundados y por la otra, fundados los agravios de la autoridad recurrente.
En efecto, en el juicio de origen se demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, de trece de agosto de dos mil cuatro, emitido por el administrador de la Aduana de Colombia, en el cual se resolvió de manera definitiva el procedimiento administrativo AVV800040120, instaurado en su contra.
El administrador local jurídico de Guadalupe, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, contestó la demanda, en donde solicitó se decretara el sobreseimiento en el juicio, o bien, reconocer la validez de la resolución impugnada.
Por escrito de trece de septiembre de dos mil seis, el actor Marcos Guerrero Valdez amplió su demanda de nulidad y la autoridad demandada contestó dicha ampliación, asimismo, planteó el incidente de falsedad de documentos, respecto a la firma que calza el escrito de ampliación.
El cinco de febrero de dos mil ocho, la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvió el incidente de falsedad de documento, en el sentido de declararlo procedente pero infundado y confirmó en todas sus partes el auto de once de octubre de dos mil ocho, mediante el cual se tuvo al actor por ampliando la demanda de nulidad.
Posteriormente, el cuatro de marzo de dos mil ocho, la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvió en definitiva el juicio de nulidad 9/06-06-01-9, en cuyos puntos resolutivos se estableció lo siguiente:
"I. Ha resultado infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad, por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee en el presente juicio.
"II. La parte actora acreditó su pretensión, en consecuencia:
"III. Se declara la nulidad lisa y llana, de la resolución impugnada descrita en el resultando primero de este propio fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero anterior ..."
Como apoyo a su determinación, la Sala Fiscal en el considerando segundo de la sentencia reclamada, se avocó al estudio de una causa de improcedencia que la autoridad demandada sostuvo en su contestación, en el sentido de que se actualizaban los supuestos de los artículos 8o., fracción IV y 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que en el juicio de nulidad interpuesto en contra del oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, del trece de agosto de dos mil cuatro, emitido por la Aduana de Colombia, Tamaulipas, es extemporáneo en razón de que el referido ocurso le fue notificado a la actora por estrados, el día veinticuatro de agosto de dos mil cuatro, por lo que al día dos de enero de dos mil seis, que se interpuso el juicio de nulidad, ya había transcurrido en exceso el plazo de cuarenta y cinco días, a que alude el diverso 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
A este respecto, la autoridad responsable adujo que analizados los argumentos de las partes, estimó infundada la causa de improcedencia planteada por la autoridad, porque del análisis de la documental que obra agregada a foja 63 del expediente, exhibida por la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, ordenó la práctica de una notificación por estrados del oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, del trece de agosto de dos mil cuatro, emitido por la Aduana de Colombia, Tamaulipas, señalando que tal determinación tuvo como fundamento lo dispuesto por los artículos 20, fracciones I y XII y 22, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como los artículos 134, fracción I y 139 del Código Fiscal de la Federación, que de lo anterior denota que la notificación por estrados no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues si bien es cierto que como lo dice la autoridad, la orden en la que se contiene la notificación por estrados, no es un acto administrativo que deba satisfacer los requisitos del artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no puede soslayarse el hecho de que, de la legalidad de la notificación que se practica, depende del conocimiento que un particular tenga sobre un acto administrativo, por lo que su trascendencia es tal que de ser ilegal esa notificación, son nugatorios los derechos de defensa del particular.
Agregó la Sala Fiscal, que contrario a lo que aduce la demandada, la notificación del veinticuatro de agosto de dos mil cuatro, es ilegal pues está apoyada en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, mas no en el diverso 150, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, numeral conforme al que, la autoridad aduanera apercibirá al actor a que de no señalar domicilio dentro de la circunscripción territorial de la Aduana de Colombia, la notificación respectiva se hará por estrados. Que a foja 11 del expediente, obra agregada el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVV800040120 de diecinueve de julio de dos mil cuatro, de la que se desprende que Marcos Guerrero Valadez, al ser requerido para que señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones, indicó no contar con domicilio dentro de la circunscripción de esa Aduana.
Además precisó la Sala Fiscal, que era ilegal que la autoridad haya notificado al actor por estrados, pues aun cuando señaló que ello se debe a que "el contribuyente no se localiza y no tiene domicilio cierto ni propio para oír y recibir notificaciones ubicándose en el supuesto del artículo 134, fracción I y 139 del Código Fiscal de la Federación", no puede soslayarse el hecho de que dicha notificación por estrados, debió fundarse en el artículo 150 de la Ley Aduanera, por ser el numeral aplicable.
Señaló la Sala Fiscal, que en aras de no dejar en estado de indefensión al actor, no puede dejar de lado el escrito que presentó el trece de septiembre de dos mil cuatro, documental de la que se advierte que la actora señaló como domicilio el ubicado en avenida Constitución 241 poniente, colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León, el que aun cuando no se encuentra dentro de la circunscripción territorial de la Aduana de Colombia, lo cierto es que sí acudió ante ésta en términos del artículo 150 de la Ley Aduanera a señalar nuevo domicilio, en el que en todo caso la autoridad podía notificar el acto debatido. Por lo que, debe tenerse al actor como sabedor del acto el dieciséis de agosto de dos mil seis, fecha en que se le corrió traslado de ley del referido acto, junto con el acuerdo de diez de julio de dos mil seis, por el que se tuvo por contestando la demanda.
Contra lo anterior, aduce la autoridad inconforme en su primer agravio, que del análisis que se realice de la sentencia recurrida, se advierte que es contraria a derecho y a lo previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al declarar infundada la causa de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la representación fiscal, considerando únicamente los argumentos expuestos por la actora, omitiendo las consideraciones invocadas en la contestación a la ampliación de demanda, que la autoridad apreció equivocadamente los hechos al considerar, que con el simple hecho de que en la constancia de notificación por estrados, no se cite el artículo 150 de la Ley Aduanera, la misma es ilegal.
Señaló la recurrente, que como lo argumentó en la contestación de demanda y en la ampliación, mismos que el a quo omitió estudiar, se demuestra que la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho, aunado a que la constancia de notificación de la resolución antes referida, no constituye un acto de molestia al particular, ni una resolución o acto administrativo que le depare algún perjuicio, por lo que dicho documento no debía cumplir con los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, no obstante la claridad y contundencia de sus argumentos, la Sala resolutora de manera por demás flagrante decide hacer caso omiso de sus argumentos y valora únicamente lo vertido por la actora. Que la Sala se limitó a allanarle el camino a la actora, aceptando su infundado argumento en el sentido de que la constancia de notificación por estrados de ocho de septiembre de dos mil cuatro, es ilegal por una falta de fundamentación.
Adujo la inconforme, que lo incongruente e ilegal del fallo que se impugna, se hace más evidente con el hecho de que la propia a quo, reconoce que la constancia de notificación no es un acto administrativo que deba satisfacer los requisitos del artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para luego manifestar que la constancia de notificación es ilegal por no estar debidamente fundada. Que la Sala Fiscal no sólo omitió valorar los argumentos y precedentes hechos valer por la representación fiscal, y que además, la presunción de legalidad de los actos de autoridad asentados en la constancia de referencia jamás fue desvirtuada, que incluso el a quo, pasó por alto que no existe precepto legal alguno que expresamente señale que los actos como dicha constancia deba cumplir con los requisitos que exige. Que la constancia de notificación por estrados constituye únicamente el documento a través del cual se le da a conocer al contribuyente la resolución determinante del crédito, por tanto, resulta infundado el proceder de la Sala Fiscal al manifestar que la constancia de notificación por estrados es ilegal, toda vez que en la misma no se citó el artículo 150 de la Ley Aduanera, ya que en el supuesto jamás concedido, de que la constancia de referencia adoleciera del vicio aducido, dicha circunstancia en nada afecta a los intereses de la actora.
Además aduce la recurrente, que la Sala resolutora apreció de manera equivocada los hechos, así como los preceptos aplicables al caso concreto, al exigir que las constancias de notificación, cumplan con mayores requisitos de los que expresamente piden las leyes. Que del análisis del escrito de ampliación de demanda, de doce de septiembre de dos mil seis, interpuesto por el actor, advertirá que éste alegó de manera genérica el que la constancia de notificación era ilegal, al no señalar el fundamento legal del porqué se realizó la notificación por estrados, sin embargo, nunca precisó el numeral específico que según él debía invocarse. Por lo que el pronunciamiento por parte de la Sala Fiscal es totalmente apartado de derecho, toda vez que el a quo se encuentra adicionando indebidamente un valor agregado a los argumentos planteados por la actora en su escrito de demanda, con lo cual se violenta por segunda ocasión el principio de congruencia, ya que el actor jamás planteó su argumento en los términos que lo señala la Sala Fiscal; aunado a lo anterior, como se hizo constar en la contestación de demanda y la ampliación de demanda, la notificación por estrados de la resolución impugnada, se realizó completamente apegada a derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley Aduanera, al no haber señalado el actor domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad aduanera.
Sostuvo también el inconforme, que si la autoridad fiscal fundó legalmente la notificación por estrados en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, actuó de manera correcta, puesto que no se encontraba obligado a citar como fundamento de esa actuación el artículo 150 de la Ley Aduanera, y que no es óbice a lo anterior, el hecho de que la actora haya acudido ante la autoridad aduanera el trece de septiembre de dos mil cuatro, presentando un escrito en el que señalaba como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida Constitución 241 poniente, colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León, en virtud de que como lo reconoce la Sala en el fallo impugnado, el domicilio no se encuentra dentro de la circunscripción territorial de la Aduana de Colombia, por lo que no es procedente que se encuentre exigiendo un derecho que no le asiste, al pretender que se efectuara la notificación en dicho domicilio, toda vez que en términos del artículo 150 de la Ley Aduanera, no dejan lugar a dudas que, cuando el particular no señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad aduanera, las notificaciones deben realizarse por edictos. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la Sala Fiscal omitió observar el hecho notorio de que, el actor no sólo no manifestó el referido domicilio para oír y recibir notificaciones en el momento procesal oportuno, esto es, en el momento del levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sino que lo hizo una vez efectuada la notificación por estrados, esto es, atendiendo a la fecha en que la notificación por estrados surtió efectos y la fecha en que el contribuyente acudió ante la autoridad aduanera, es decir, con una diferencia de cinco días, después de la notificación por estrados.
Aduce el inconforme, que la Sala Fiscal responsable dejó de observar los principios de exhaustividad y congruencia, en virtud de que omitió pronunciarse respecto de los argumentos hechos valer por la representación fiscal, pasó por alto las disposiciones legales aplicables, incurrió en contradicciones e incluso llegó al extremo de adicionar o mejorar los argumentos planteados por la actora, en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Los argumentos anteriores son infundados, ya que contrariamente a lo que sostiene el inconforme es inexacto que la Sala Fiscal responsable haya transgredido en su perjuicio el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la sentencia que emitió el Tribunal Fiscal, se fundo en derecho y resolvió sobre las pretensiones del actor deducidas en la demanda en relación con la resolución impugnada y la contestación de demanda, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
Siendo por tanto incorrecta la afirmación de la recurrente en el sentido de que la autoridad responsable no haya tomado en consideración los argumentos expuestos por la demandada en la contestación y la contestación a la ampliación de demanda, lo que se advierte del contenido de la sentencia impugnada, que para mayor claridad enseguida se transcribe la parte conducente:
"Dice la autoridad en su oficio de contestación a la demanda, que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, en virtud de que se actualizan los supuestos de los artículos 8o., fracción IV y 9 fracción (sic) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que el juicio de nulidad interpuesto en contra del oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, de 13 de agosto de 2004, emitido por la Aduana de Colombia, Tamaulipas, es extemporáneo, ello en razón de que el referido ocurso fue notificado a la actora por estrados el día 24 de agosto de 2004, por lo que al 2 de enero de 2006, fecha en que se interpuso el juicio de nulidad en su contra, ya había transcurrido en exceso el plazo de cuarenta y cinco días a que alude el diverso 13 de la citada ley. La parte actora en su escrito inicial de demanda, señala que el oficio impugnado no le ha sido notificado, manifestando desconocerlo en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precisando que, con fecha 13 de septiembre de 2004, presentó ante la Aduana de Colombia un escrito en el que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Constitución No. 241 Poniente, esquina con Cuauhtémoc, colonia Centro de Monterrey, Nuevo León. La autoridad al contestar la demanda, sostiene que el oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, de 13 de agosto de 2004, emitido por la Aduana de Colombia, fue notificado a la actora por estrados el día 24 de agosto de 2004, con fundamento en el artículo 150 de la Ley Aduanera. La actora al formular su ampliación a la demanda, adujo en los agravios primero y segundo, que es ilegal la notificación por estrados, en virtud de que la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, no señala el fundamento mediante el cual se determina la notificación por estrados, ni las razones por la que se notificó de esa forma, además de que, tampoco funda su competencia para ordenar la notificación por estrados. La autoridad al contestar la demanda, señala que son infundados los agravios del actor, en virtud de que los requisitos de fundamentación y motivación a que alude el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, sólo debe satisfacerse en los actos administrativos que deben notificarse a los particulares, por lo que si la constancia de notificación por estrados no es un acto de esa naturaleza, la demandada no está obligada a satisfacer esos requisitos. Que la notificación fue realizada por estrados, en virtud de que en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVV800040120, de 19 de julio de 2004, la actora manifestó no contar con domicilio dentro de la Aduana de Colombia, por lo que se atendió a lo dispuesto por el artículo 150, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera. Que la notificación cuestionada encuentra sustento en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación. Por último, la demandada aduce que la facultad para efectuar la notificación por parte de la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, está apoyada en los artículos 20, fracciones I y XXII y 22, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Analizados los argumentos de ambas partes, esta Sala estima infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad, por lo siguiente: Del análisis a la documental que obra agregada a foja 63 del expediente que se resuelve y que se valora en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, exhibida por la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, ordenó la práctica de una notificación por estrados de oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, de 13 de agosto de 2004, emitido por la Aduana de Colombia, señalando que tal determinación tenía como fundamento lo dispuesto por los artículos 20, fracciones I y XII y 22, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, entre otros, los cuales expresamente señalan: ‘Artículo 20. Compete a la Administración General de Recaudación: ... XXII. Notificar sus actos, los que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos, solicitud de informes y otros actos administrativos, que no sean competencia de otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. ...’ ‘Artículo 22. Compete a las Administraciones Locales de Recaudación, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes: ... II. Las señaladas en las fracciones II, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIII, XLV y XLVII, así como aplicar la política, los programas, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo a que se refiere la fracción I del artículo 20 de este reglamento. ...’. Lo anterior denota que por disposición del Ejecutivo Federal, quien tiene la facultad para notificar la resolución que determina un crédito fiscal, es la Administración Local de Recaudación, atribución que le es reconocida a la Administración Local de Recaudación, dentro de su circunscripción territorial, por lo que la Administración Local de Recaudación de Guadalupe, sí está facultada para llevar a cabo la notificación por estrados cuestionado. Ahora, la autoridad también señaló como fundamento los artículos 134, fracción I y 139 del Código Fiscal de la Federación, que expresamente señalan: ‘Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. Personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave que el Servicio de Administración Tributaria le proporcione para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. ...’ ‘Artículo 139. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado el documento.’. De lo antes transcrito se colige que el legislador previno que las notificaciones de los actos administrativos se practicarían personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos, precisándose, además, que las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales, para lo que la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo, teniéndose como fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente al primer día en que se hubiere fijado o publicado el documento. Lo anterior denota, que la notificación por estrados no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues si bien es cierto como lo dice la autoridad, que la orden en la que se contiene la notificación por estrados, no es un acto administrativo que deba satisfacer los requisitos del artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no puede soslayarse el hecho de que, de la legalidad de la notificación que se practica, depende el conocimiento que un particular tenga sobre un acto administrativo, vamos, su trascendencia es tal, que de ser ilegal esa notificación, son nugatorios los derechos de defensa del particular. Así las cosas, los suscritos Magistrados estiman que, contrario a lo que aduce la demandada, la notificación de 24 de agosto de 2004, es ilegal, pues está apoyada en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, mas no en el diverso 150, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, numeral conforme al que, la autoridad aduanera apercibió al actor a que de no señalar domicilio dentro de la circunscripción territorial de la Aduana de Colombia, la notificación respectiva se haría por estrados. En efecto, el artículo 150 de la Ley Aduanera indica: ‘Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley. ... Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará; que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, siempre que en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana.’ De lo antes transcrito, se advierte que el legislador previno que en el caso de que al levantarse el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, el interesado que habiendo sido requerido para señalar un domicilio dentro de la circunscripción territorial de la Aduana respectiva, señale uno que se encuentre fuera de esa circunscripción o bien, que se niegue a firmar el acta respectiva, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. A foja 11 del expediente que se resuelve y que se valora en términos del diverso 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, obra agregada el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVV800040120 de fecha 19 de julio de 2004, de la que se desprende que Marcos Guerrero Valadez, al ser requerido para que señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones, indicó no contar con domicilio dentro de la circunscripción de esta Aduana. Tomando en consideración lo anterior, resulta ilegal que la autoridad haya notificado al actor el acto impugnado por estrados, pues aun cuando señala que ello se debe a que el contribuyente no se localiza y no tiene domicilio cierto ni propio para oír y recibir notificaciones, ubicándose en el supuesto del artículo 134, fracción I y 139 del Código Fiscal de la Federación, no puede soslayarse el hecho que dicha notificación por estrados, debió fundarse en el artículo 150 de la Ley Aduanera, por ser el numeral aplicable dadas las circunstancias que se presentaron en la especie. En aras de no dejar en estado de indefensión al actor, este tribunal no puede dejar de lado el escrito que éste ofrece como prueba de su intención, presentado el día 13 de septiembre de 2004, según sello de recibido estampado por la Aduana de Colombia (foja 17 del expediente), documental de la que se advierte que la actora señaló como domicilio el ubicado en la avenida Constitución No. 241 Poniente esquina Cuauhtémoc, colonia Centro en Monterrey, Nuevo León, el que, aun cuando no se encuentra dentro de la circunscripción territorial de la Aduana de Colombia, lo cierto es que, sí acudió ante ésta, en términos del artículo 150 de la Ley Aduanera, a señalar un nuevo domicilio, en el que, en todo caso, la autoridad podía válidamente notificar el acto debatido. En las relatadas consideraciones, debe tenerse al actor como sabedor del acto debatido el 16 de agosto de 2006, fecha en que se le corrió el traslado de ley del referido acto junto con el acuerdo del 10 de julio de 2006, por el que se tuvo por contestada la demanda y se le concedió el término para formular su ampliación a la demanda. Así las cosas, la acción de nulidad fue interpuesta dentro del plazo de ley, por lo que no procede decretar el sobreseimiento del presente juicio."
Como puede advertirse, la Sala responsable para resolver que era improcedente la causa de sobreseimiento invocada por la autoridad demandada en su contestación, tomó en consideración los alegatos de ambas partes y resolvió la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos propuestos por los involucrados, por lo que es evidente que se cumplió con el principio de congruencia que debe de imperar en las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal.
Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene el inconforme, es inexacto que la Sala Fiscal haya apreciado equivocadamente los hechos al considerar que el simple hecho de que la constancia de notificación por estrados, no cite el artículo 150 de la Ley Aduanera, la misma es ilegal.
El argumento anterior es infundado, pues contrariamente a lo que sostiene el inconforme, se conviene con la Sala Fiscal en el sentido de que la notificación del acto impugnado llevada a cabo por medio de estrados resultó ilegal, pues del análisis de la documental que obra a foja 63 del juicio de nulidad, que fue valorada en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que fuera exhibida por la autoridad demandada, se advierte que la Administración Local de Recaudación de Guadalupe ordenó la notificación por estrados del oficio número 326-SAT-19-861-IV-002573, de trece de agosto de dos mil cuatro, emitido por la Aduana de Colombia, señaló que tal determinación tenía como fundamento los artículos 20, fracciones I y XII y 22, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como el artículo 134, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, los preceptos del reglamento señalan la facultad de la Administración General de Recaudación para notificar un crédito fiscal, atribución que le es reconocida al administrador local de recaudación dentro de su circunscripción territorial; por su parte, los numerales del código tributario establecen que las notificaciones de los actos administrativos se practicarán personalmente, por correo certificado o ele
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21276-3ab518f9/devolucion-de-mercancias-embargadas-con-motivo-del-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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